Sistemas electorales

Escribe Carlos R. Baeza

Los sistemas electorales no son más que formas de traducir en bancas los votos de los diversos espacios. Teniendo en cuenta que en los próximos actos electorales del 13 de agosto (PASO) y 22 de octubre (generales) se utilizarán distintos sistemas, analizaremos cuáles son ellos y su forma de distribuir las bancas legislativas.

Senadores nacionales: Dado que la Cámara de Senadores se renueva por tercios cada 2 años, en esta ocasión sobre el total de 72 miembros, solo se elegirán 24 correspondientes a los 3 de las 8 provincias que tienen derecho a dicho recambio. En consecuencia y superado el trámite de las PASO, los espacios que arriben a las generales distribuirán los 3 senadores que corresponden a cada una de esas jurisdicciones utilizando el sistema Grey y que en nuestro país tuviera aplicación a través de la ley Sáenz Peña, también conocida como de lista incompleta y en virtud de la cual, cada espacio sólo presenta dos tercios del total de cargos a elegir de forma tal que el que triunfe llevará ese porcentaje, correspondiendo el tercio restante al que salga segundo (arts. 54 Constitución Nacional y 156 y 157 Cód. Electoral).

Diputados nacionales: La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada dos años por lo cual en esta ocasión se eligen 127 cargos de los cuales a la provincia de Buenos Aires le corresponden 70 diputados y en consecuencia en la boleta aparecerán 35 nombres los cuales serán elegidos por el sistema proporcional D’Hondt que consta de 3 pasos y que exige que los espacios alcancen el 3% de votos válidos (art. 161 Cód. Electoral) Para explicarlo utilizaremos los cómputos de la elección municipal bahiense de 1985 en la cual, al igual que ahora, se renovaban 12 cargos.

Primer paso: se dividen los votos de cada partido desde 1 hasta el total de cargos a elegir (en el ejemplo, 12)

U.C.R. P.J. P.I.

58.389 33.751 10.637

/.1 58.389 33.751 10.637

/.2 29.194 16.875 5.318

/.3 19.463 11.250 3.545

/.4 14.597 8.437 2.659

/.5 11.677 6.750 2.127

/.6 9.731 5.625 1.772

/.7 8.341 4.821 1.519

/.8 7.298 4-218 1.329

/.9 6.487 3.750 1.181

/.10 5.838 3.375 1.063

/.11 5.308 3.068 967

/.12 4.865 2.812 886

Segundo paso: se ordenan los resultados anteriores de mayor a menor hasta el último cargo a elegir.

1) 58.389 7) 11.677

2) 33.751 8) 11.250

3) 29.194 9) 10.637

4) 19.463 10) 9.731

5) 16.875 11) 8.437

6) 14.597 12) 8.341

Tercer paso: Finalmente, se dividen los votos válidos de cada partido por la cifra repartidora, y ello permite distribuir los cargos en disputa.

U.C.R. 58.389/8.341 = 7

P.J. 33.751/8.341 = 4

P.I. 10.637/8.341 = 1

Legisladores provinciales, concejales municipales y consejeros escolares: A nivel provincial, la Cámara de Senadores se compone de 46 miembros y la de Diputados de 92, renovándose la mitad de ambas cámaras cada 2 años (arts. 68. 70 y 78 C. Bs.As.) Dado que la rotación es alternativa, este año de los 46 diputados que se eligen, corresponden a la sexta sección electoral -a la cual pertenece nuestra ciudad- once cargos. Por su parte en el ámbito de nuestra ciudad tanto el Concejo Deliberante que cuenta con 24 miembros así como el Consejo Escolar integrado por 10 consejeros, se renuevan por mitades por lo cual el cuarto tramo de las boletas contendrá 12 concejales y 5 consejeros escolares. Todos ellos serán elegidos mediante el sistema de cuociente (art. 109 ley 5109) que consta de 3 pasos. Utilizaremos el mismo ejemplo.

Primer paso: se divide el total de votos válidos por los cargos a elegir:

128.142/12 = 10.678 (cuociente)

Segundo paso: se dividen los votos de cada partido por el cuociente.

UCR: 58.389 / 10.678 = 5,46

PJ: 33.751 / 10.678 = 3,16

PI: 10.637 / 10.678 = 0,99

Tercer paso: siendo que solo se cubrieron 8 de los 12 cargos, se adjudica uno más a los mayores residuos a saber: UCR: 46 y PJ 16,

Cuarto paso: Quedando 2 cargos sin cubrir, se adjudican a la lista más votada, la UCR, que entonces pasa a tener 8 concejales (5 por cuociente directo; 1 por mayor residuo y 2 por ser el más votado) mientras el PJ queda con los 4 concejales restantes (3 por cuociente directo y 1 por mayor residuo); el PI, al no alcanzar el cuociente por 41 votos, carece de representación a pesar de su caudal electoral.

Cabe señalar que en las elecciones bahienses de 1985 se utilizó, como ocurre desde la década del 40 y se repetirá este año, el sistema de cuociente. De haberse recurrido al sistema D’Hondt el PI habría logrado 1 concejal, lo cual revela el desequilibrio injusto del régimen de cuociente que no obstante ello nunca ha sido modificado, quizá porque ello requiera el voto de senadores y diputados del oficialismo que en definitiva es el único beneficiado de dicho sistema, cuando ante la no cobertura de todos los cargos mediante cuociente y residuo, es a quien se adjudican las vacantes restantes al ser el espacio más votado.

Impactos de las empresas transnacionales en los derechos humanos

Luis Hallazi Méndez

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos en junio del 2011; además decidió establecer un Grupo de Trabajo empresas y derechos humanos, compuesto por cinco expertos independientes elegidos por un periodo de tres años con el mandato de promover la implementación de dichos principios; se estableció también un Foro donde anualmente se discutirían tendencias y desafíos en la implementación de los mismos. Dos de los expertos del Grupo: Michael K. Addo y Dante Pesce están de visita oficial por primera vez en Perú [1], tras una invitación del gobierno peruano.

Sin duda, cada vez es más visible el impacto negativo de las empresas transnacionales sobre los derechos humanos en el mundo entero. El 2005, el Secretario General de las Naciones Unidas, encargó al profesor John Ruggie profundizar al respecto, lo que trajo como resultado en el 2008 el marco de “Proteger, Respetar y Remediar”; sobre estos tres pilares se desarrollan los treinta y un (31) Principios Rectores que rigen este instrumento [2].

El primero está relacionado a la obligación del Estado de proteger los derechos humanos mediante el desarrollo de políticas públicas adecuadas y regulaciones que garanticen derechos fundamentales; el segundo es la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos lo que significa que las empresas deben actuar con debida diligencia[3] para evitar infringir los derechos de terceros y enfrentar los impactos adversos en los que están involucrados y el tercero es la necesidad de buscar el mayor acceso posible por parte de las víctimas a una remediación efectiva que pueda ser judicial o extrajudicial.

En el Perú ponernos a pensar en base a estos tres pilares: Proteger, Respetar y Remediar,  es simplemente chocarnos con una devastadora realidad. Podemos analizar una gama diversa de casos de cómo es la relación de las empresas con los derechos humanos y evidenciaremos que en su gran mayoría ni el Estado protege, ni las empresas respetan y peor aún, en caso de violaciones de derechos ninguno de los dos remedian a las víctimas.

Remitámonos a la situación actual, donde el Estado los últimos cinco años, tanto en el gobierno de Ollanta Humala como en el actual del presidente Pedro Pablo Kuczynski, ambos, han tenido un política agresiva de promoción de la inversión a través de la creación, modificación y derogación de normas jurídicas que flexibilizan procedimientos para el acceso a tierras o debilitan requisitos ambientales; que finalmente colisionan con el marco de protección de derechos humanos, ejemplo de ello es la Ley 30230 o el Decreto Legislativo 1333 recientemente derogado. Esto evidencia que el Estado está lejos de proteger los derechos humanos, sino al contrario realiza acciones concretas que terminan debilitando estándares mínimos de protección de derechos.

Vayamos al ámbito de las empresas que reunidas en gremios empresariales como es el caso de la CONFIEP han ido generando una opinión pública y presión gubernamental que muchas veces es contraría a los derechos humanos. Un caso concreto fue la resistencia a respetar el derecho humano a la consulta previa en actividades mineras, incidiendo en el Estado para que las poblaciones de comunidades campesinas no sean consultadas bajo la excusa de no ser pueblos indígenas [4]. Esta oposición e incidencia directa y pública también  han estado detrás de los cambios normativos denominados “paquetazos”, donde la CONFIEP ha cumplido un rol predominante en generar una corriente de opinión que no toma en cuenta la debida diligencia en los cambios normativos que promueve.

Por otro lado, hay muchos casos en los cuales habiendo habido violación de derechos por parte de empresas o Estado; estás la mayoría de veces no han reparado a las víctimas, un caso con más de 40 años de contaminación petrolera y sin remediación hasta el día de hoy es el de las comunidades de las cuatro cuencas en Loreto; así como este caso se pueden encontrar diversas violaciones contra el derecho a la tierra y territorio; al derecho a la consulta y el consentimiento previo; a un medio ambiente sano; impactos negativos a la salud de los pueblos indígenas. Esto nos lleva a concluir que los Principios Rectores no consideran de manera explícita los derechos diferenciados de los pueblos indígenas.

Más allá de eso los Principios Rectores son actualmente insuficientes para controlar los impactos que las empresas transnacionales están teniendo sobre los derechos humanos y específicamente sobre los pueblos indígenas. Debemos saber que estos principios no son un instrumento jurídico y por tanto no crean obligaciones legales internacionales para las empresas, de la misma manera los principios son débiles con respecto a las obligaciones del Estado, ya que no están ancladas en tratados internacionales. La aplicación de los principios apelan a la voluntariedad de las empresas y estas a su vez prefieren autoregularse a través de sus códigos de ética. Sin embargo el 2014 el Consejo de Derechos Humanos aprobó la resolución presentada por Ecuador y Sudáfrica que busca iniciar negociaciones a nivel mundial para el establecimiento de un instrumento de cumplimiento obligatorio para que las empresas transnacionales respeten los derechos humanos a escala global, aunque hasta ahora no haya muchas noticias al respecto.  

Lo cierto es que para vigilar el cumplimiento de estos principios, dos de sus miembros del Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos, están de visita oficial al Perú, visita que concluyo el 19 de julio, tras 9 días de reunirse con empresas, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil; en este último caso hubo un espacio donde se pudo presentar diversos casos vinculados a vulneraciones de derechos en actividades mineras, de hidrocarburos, agroindustriales, infraestructura, consulta previa, vulneraciones por parte de la empresa a defensores de derechos y violaciones  de los derechos laborales. Para junio del 2018 se espera el informe oficial y final con sus conclusiones y recomendaciones  presentadas ante el Consejo de Derechos Humanos.

Mientras tanto, esperemos que el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos recomiende a las empresas nacionales y transnacionales que sus acciones relacionadas a la incidencia y la gestión de sus intereses (lobbies) no vulnere, ni debilite el marco de protección de derechos humanos. De la misma manera se recomiende al Estado, sea al poder ejecutivo o poder legislativo, que sus acciones legislativas en la promoción de las inversiones privadas y públicas no vulnere, ni debilite el marco de protección del derecho internacional de los derechos humanos.

Notas

[1] Véase Visita oficial: http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21847&LangID=S

[2] Véase los Principios Rectores: http://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1

[3] La debida diligencia es el proceso comercial mediante el cual las empresas identifican activamente, previenen, mitigan y rinden cuentas sobre como manejan y abordan sus impactos negativos potenciales y actuales sobre los derechos humanos.

[4] Véase diversas declaraciones de la CONFIEP: http://www.confiep.org.pe/articulos/comunicaciones/la-consulta-previa-postergara-los-proyectos-mineros

Luis Hallazi Méndez es abogado y politólogo, investigador en derechos humanos. luis.hallazi@gmail.com

Discutir la baja: un comodín diacrónico para el Estado

*Adolescente secuestrado el 31 de enero de 2009 por policías del destacamento de Lomas del Mirador, torturado y desaparecido. El 17 de octubre de 2014 fue hallado enterrado como NN en el cementerio de Chacarita.    El ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano esgrimió en una entrevista en Radio Nacional que el ejecutivo dará la discusión a lo largo del 2017, para que el Congreso trate en el 2018, “lejos de las elecciones”, un proyecto que incluya la baja en la edad de imputabilidad. Claudia Cesaroni, abogada, escritora e investigadora, disipó un error del funcionario que se volcó a medios de comunicación, militantes y opinólogos: no es imputabilidad, es punibilidad o Edad Mínima de Responsabilidad Penal. Se trata de un concepto más amplio que la posibilidad de resultar imputados por un delito. Por una senda institucional, en una instancia de apariencias con debates superficiales e inducidos a la confusión, en el planeta de los medios hegemónicos- sacando de ellos honrosas excepciones de colegas que se esfuerzan por ir más allá- , se debate si los “menores” de 16 años que cometen delitos son responsables igual que un adulto. Quienes acompañamos esta causa pero, además, hemos trabajado o trabajamos en el marco de la ley Provincial 13.298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, sabemos que esa discusión es estéril. El Sistema de Promoción y Protección (SPPDN) contempla que jóvenes en situaciones de vulnerabilidad tengan un resguardo dentro de las instituciones “no tradicionales”. La vulnerabilidad incluye el conflicto con la ley penal, acorde a las reglamentaciones y principios internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional desde 1994. La ley 13.298 sancionada durante el kirchnerismo plantea en la Provincia de Buenos Aires, la creación, o puesta en marcha, de programas sociales que fortalezcan distintos aspectos: identidad, educación, salud, vínculos sociales, trabajo, etc, creando dispositivos administrativos como los Servicios Zonales y Locales. Pegadito al SPPDN, también se crea en la Provincia de Buenos Aires, la ley 13.634 de Responsabilidad Penal Juvenil, estableciendo principios, garantías y plazos procesales de implementación para los niños punibles, desplegando un no acotado número de dispositivos judiciales, que regulan las medidas coercitivas sobre los mismos, pese a que la ley establece en su artículo 36 inc. 4 “Que la privación de libertad sea sólo una medida de último recurso y que sea aplicada por el período más breve posible (…)”. La aplicación y ejecución del SPPDN es y fue, sin embargo, muy precaria, no podemos decir lo mismo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que en la puesta en marcha de la cadena punitiva, se incrementa cada vez más la circulación de niños, niñas y adolescentes de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, al mismo tiempo que se incrementa el endurecimiento en las prácticas judiciales dirigidas hacia estos en relación a los tiempos de permanencia, dónde son alojados y las sentencias que recaen sobre ellos. Una prueba contundente de esto es la expansión de los espacios de encierro absoluto, actualmente llamados Centros de Régimen Cerrado. Desde la implementación de la ley 13.634, se han abierto 8 establecimientos más de los que ya existían, ya sea porque se abrieron nuevos o porque se los ha re-tipificado por su modalidad o régimen.  Esto no es un dato menor a la hora de pensar cual es el lugar que se le da a la Niñez en términos de políticas públicas, pero por sobre todo, cuál es el lugar que el Estado le da a la niñez perteneciente a los sectores más vulnerables. El SPPDN vino a reemplazar a Ley del Patronato, cambiando el paradigma: de menores tutelados por el Estado para resguardarlos del abandono moral o material, con una clara connotación criminalizante sobre los sectores populares, pasando a un Estado que bajo el principio  del “interés superior del niño” debiera garantizar el ejercicio de todos sus derechos, de todos los Niños, Niñas y  Adolescentes. Sin embargo en la cotidianeidad, el acceso a los derechos es precario y hasta inexistente, esto no sólo afecta la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes en vulnerabilidad: también es la contracara del mismo Estado que genera y alimenta la cadena punitiva de forma sistemática y selectiva. La “necesidad” de bajar la edad en la imputabilidad (punibilidad, si queremos ser más amplios) de los menores de 16 años parte de una falacia: sería una necesidad si se hubieran agotado todos los dispositivos previos, pero no funcionan los mecanismos que evitarían que cometan delitos o que los resguardarían de seguir haciéndolo. Ni siquiera en el caso de los que representan, o decían representar, un cambio de paradigma en materia penal juvenil. La construcción social de la figura del “pibe chorro” está compuesta por tres características: “pobre, drogadicto y delincuente”. Fogoneada principalmente por los medios de comunicación hegemónicos, recae con una fuerza brutal sobre los pibes de nuestros barrios, sobre sus familias y sobre los barrios mismos con una clara connotación segregativa, en donde se reclasifica la pobreza: se criminaliza  y estigmatiza a los niños, niñas y adolescentes primeramente por ser pobres. En este contexto, suscribiéndonos a todos los prejuicios instalados: que abundan los delincuentes menores, drogadictos y pobres y que implican alguna cifra de influencia a la hora de instalar y analizar el debate de la inseguridad, esos jóvenes pobres, drogadictos y delincuentes han sido prácticamente inducidos por el Estado a estancarse en esa vida. Así fue que allá por el 2009, mientras nosotros buscábamos con desesperación Luciano Arruga, el entonces gobernador Daniel Scioli, consideró que la falla integral no fue el sistemático desfinanciamiento del SPPDN (trabajadores sin cobrar durante meses, precarización laboral, inexistencia de espacios físicos o en condiciones deplorables para trabajar, falta de recursos materiales, humanos y económicos, etc) sino que la legislación penal juvenil no incluía a los niños de 14 años entre quienes eran responsables adultos de los delitos que cometían. Luciano es un ejemplo siniestro de que la realidad dice lo contrario: el pibe no quería robar y por eso lo mataron. El artículo publicado en Página/12 denominado “Casi no hay chicos que matan”, revela una cantidad de datos: según la Corte Suprema (información relevada hasta 2012) menos del 2 % de los asesinatos en CABA son cometidos por niños y menos del 4% en La Plata y el Conurbano. Existen infinidades de barrios en la Argentina completa, a los que la década que pasó no trajo la prosperidad anunciada y el macrismo destruye con la más perversa de las injusticias: el hambre. Si antes de señalar a los niños, hablamos de responsables adultos, deberíamos comenzar por funcionarios públicos que desde hace años escatiman el acceso a la educación y la salud, obturan como cuello de botella las posibilidades de que en las familias todos tengan todos los días para comer, achican los espacios de recreación para niños, niñas y adolescentes, eso fue y es la inclusión precarizada y a esta le sigue la exclusión social, la desesperación de las familias, que como respuesta reciben la violencia del Estado en todas sus formas, desde las más sutiles hasta las más perversas. El problema no es que el pibe chorea, el problema es que le están robando la niñez a los pibes y pibas, que les suprimen la esperanza, la capacidad de crear, de imaginar, de jugar, que los condenan al hambre y a vivir en la marginalidad. El problema más grande es que los pibes y las pibas de los barrios conviven más con la muerte que con la vida.

Se cumplen 8 años de la desaparición forzada de Luciano Arruga

El 31 de enero del 2009 fue detenido por la Policía Bonaerense en un accionar recurrente contra los pibes de barrios carenciados. Fue encerrado y asesinado por negarse a robar para ellos. Recién el 17 de octubre de 2014 fue encontrado el cuerpo de Luciano, enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita.



Luciano Arruga era un chico más de una zona vulnerable de la provincia de Buenos Aires, allí el accionar de la Policía Bonaerense era simple y claro, como en tantos otros puntos del conurbano: amedrentar a chicos en situación de vulnerabilidad social para que salgan a robar. Luciano tenía 16 años en el momento de su desaparición pero no negó sus principios al rechazar en reiteradas ocasiones ser parte de la mafia que funciona en el interior de la fuerza de seguridad más ruin de nuestro país.

Fue un 31 de enero de 2009 cuando Luciano fue visto con vida por última vez, hacía varios meses que era perseguido y hostigado por miembros de la Policía Bonaerense. Insistían en que robara para ellos, que le garantizaban el arma, la zona liberada y una salida express si llegaba a ser detenido en el hecho. Luciano se negó una y otra vez, el sistema represivo del Estado nacional no pudo corromperlo.

Cuatro meses antes de su desaparición, en septiembre de 2008, fue ilegalmente detenido en el destacamento policial de Lomas de Mirador, y fuertemente golpeado por la policía en la cocina del mismo, mientras que en el hall se encontraba la madre y hermana de Luciano, peleando contra la indiferencia de los policías que le decían que no podían retirarlo porque "no tenían la documentación necesaria". En las 10 horas en que estuvo encerrado, ningún fiscal de menores se acercó al lugar en donde se ejercía un acto de violencia institucional atroz.

Los intentos por entorpecer la investigación y la búsqueda de Luciano fueron moneda corriente desde un primer momento. En la madrugada del 31 de enero de 2009, al no aparecer en su casa, luego de haber salido a la noche hacia la casa de su hermana, la familia comenzó a buscarlo por el barrio. Fueron al destacamento y a otras comisarías y hospitales de la zona pero le decían que no estaba. Cinco días después, la familia, que no cesaba de buscarlo, presentó un hábeas corpus, pero la justicia lo rechazó.

La fiscal Roxana Castelli derivó la investigación en manos de la propia Bonaerense, por lo que las pistas falsas, la información trucha y el desvío de datos fueron moneda corriente. Nada nuevo en el típico accionar de la fuerza. 

En un principio la causa fue caratulada como averiguación de paradero, y recién años después se logró cambiarla a "Desaparición forzosa”. El 17 de octubre de 2014 fue encontrado el cuerpo de Luciano, enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. Supuestamente enterrado en mayo de 2009 después de un accidente automovilístico en la autopista General Paz.

La criminalización de la juventud y de los sectores vulnerados y desprotegidos por el propio accionar de la clase política vuelve a ser tema de debate en estos días, en donde el Gobierno intenta impulsar -con apoyo de otros sectores de la oposición- la baja en la edad de imputabilidad. Luciano se ha convertido en una bandera de resistencia para muchos pibes como él y otros de distinta procedencia pero con una sola idea clara: combatir al sistema represivo de un Estado que actúa en connivencia con las mafias que se encuentran al interior de quienes supuestamente deben proteger a la gente.

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) en su archivo anual sobre la situación represiva nacional del 2016 indica que una persona es asesinada cada 25 horas por gatillo fácil por parte de las distintas fuerzas policiales (Gendarmería, PSA, PFA, la Policía Bonaerense, Prefectura, etc.), y desde la asunción del gobierno de Cambiemos son 241 las personas asesinadas.

A Luciano Arruga lo desapareció el Estado y lo mató la Policía. Si no existe la memoria, todo lo nuestro es suicida.

Disparan contra la prensa, disparan contra el pueblo

Hace 20 años una patota de la policía bonaerense mató al compañero José Luis Cabezas. Fueron dos décadas de impunidad. Los asesinos no eran “manzanas podridas”. Todo el cajón estaba podrido. Y lo sigue estando. Las fuerzas policiales están corrompidas y ejercen violencia contra el pueblo.

Repudiamos el “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad ante manifestaciones públicas” con el que la ministra Patricia Bullrich cercena el derecho a la protesta y ataca la libertad de expresión pretendiendo encerrarnos en una “zona determinada”, es decir en un corralito. Mientras tanto, cada vez más seguido nos encontramos con policías filmando tanto a manifestantes como a trabajadores de prensa.

Rechazamos el “Protocolo de actuación para la protección de la actividad periodística”, firmado a espaldas de las organizaciones de trabajadores de prensa: es perverso pretender que informemos sobre nuestro trabajo periodístico a quienes gestionan el crimen organizado y reprimen a los que luchan.

Sufrimos una escalada represiva. No quieren que camarógrafos, reporteros gráficos ni ningún trabajador de prensa esté presente cuando balean, gasean, apalean, lastiman y detienen.

La policía de la Ciudad debutó reprimiendo a los vendedores ambulantes de Once. Ese día también descargaron su violencia tirando una bomba de estruendo a donde había varios fotógrafos, resultando herido el compañero Rubén Paredes, de diario Crónica. No es casualidad. En los dos últimos encuentros nacionales de mujeres, en Mar del Plata y en Rosario, las respectivas policías provinciales reprimieron a las manifestantes y se ensañaron con quienes estaban sacando fotos. Lo mismo sucedió en la represión del Hospital Borda. Todavía esperamos el juicio a los policías metropolitanos que durante el desalojo a la Sala Alberdi dispararon balas de plomo e hirieron a dos fotógrafos de la Red Nacional de Medios Alternativos.

Al reprimir a la prensa buscan generar condiciones de impunidad para disparar y golpear a manifestantes. El ajuste que el gobierno de Mauricio Macri está descargando sobre las espaldas de la clase trabajadora sólo cierra con represión. Como ejemplo, nuestra propia situación: recientemente difundimos un relevamiento que señala la aterradora cifra de 1300 despidos en prensa durante 2016, sólo en la Ciudad de Buenos Aires.

En los últimos días reprimieron a inundados en Pergamino y San Nicolás y a feriantes en Mendoza. El mismo día que lanzaron su festival de xenofobia y discriminación contra los “manteros”, gendarmería y policía de Chubut ejercieron terrorismo de estado contra los mapuches de la Lof en Resistencia de Cushamen. En la provincia que gobierna Mario Das Neves se vivieron 48 horas de brutal represión contra quienes osan enfrentar al multimillonario Luciano Benetton. Las fuerzas de seguridad hicieron un cerco de 4 kilómetros a la redonda e impidieron que la prensa pueda trabajar.

Esperaron a que no hubiera móviles de TV para reprimir violentamente a los obreros gráficos de AGR-Clarín. Palos y gases para quienes luchan contra 380 despidos. Las patronales de prensa omiten la noticia o la tergiversan alevosamente. Es fundamental la disputa por los contenidos, como lo demuestran en estos días las asambleas en Clarín y Canal 13/TN, y tantos otros compañeros y compañeras que –junto al SiPreBA- se solidarizan activamente. Apoyamos la toma pacífica de la planta. Nos comprometemos a seguir dando la pelea para que se dé a conocer las reivindicaciones de los compañeros despedidos, que hacemos propias.   

Se suman más agresiones a la prensa. En diciembre pasado las redacciones de Cosecha Roja y Anfibia primero y de Resumen Latinoamericano después sufrieron sugestivos robos que entorpecen la tarea periodística que realizan. Los medios comunitarios bien conocen de las agresiones del poder: en El Bolsón, Río Negro, las radios que apoyan el reclamo contra el magnate Joe Lewis sufrieron tres incendios intencionales. Están acostumbrados a recibir amenazas, tanto anónimas como por parte de funcionarios. 

Exigimos a las autoridades que se esclarezcan estos hechos. Reclamamos garantías para desarrollar nuestro trabajo periodístico, única garantía de la libertad de expresión. Hoy más que nunca la memoria del compañero José Luis Cabezas está presente.

San Martín de los Andes

Por  Felipe Pigna

Para los que tuvimos la suerte de conocer nuestra hermosa provincia de Mendoza y acercarnos al pie de una de las cordilleras más altas del mundo, la frase “San Martín cruzó los Andes” dejó de ser un versito escolar. Enternece y conmueve pensar en aquellos hombres mal vestidos, mal montados, mal alimentados, pero con todo lo demás muy bien provisto como para encarar semejante hazaña. Y detrás y delante de ellos, un hombre que no dormía pensando en complicarle la vida al enemigo y hacer justicia con la memoria de los que lo habían intentado antes que él. No lo ganaba la soberbia. Podía confesarle a sus mejores amigos: “lo que no me deja dormir no es la oposición que puedan hacerme los enemigos, sino el atravesar estos inmensos montes”. Había que pensar en todo, en la forma de conservar la comida fresca, sana, proteica y calórica. Entre los aportes del pueblo cuyano, no faltó la sabiduría gastronómica expresada en una preparación llamada “charquicán”, un alimento hecho a base de carne secada al sol, tostada y molida, y condimentada con grasa y ají picante. Bien pisado, el charquicán se transportaba en mochilas que alcanzaban para ocho días. Se preparaba agregándole agua caliente y harina de maíz. Ante la falta de cantimploras, utilizó los cuernos vacunos para fabricar “chifles”, que resultaron indispensables para la supervivencia en el cruce de la cordillera. Pocos meses antes de iniciar una de las epopeyas más heroicas que recuerde la historia militar de la humanidad, San Martín impone a sus soldados y oficiales del Código de Honor del Ejército de los Andes, que entre cosas sentenciaba: “La patria no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes, ni le da armas para que cometa la bajeza de abusar de estas ventajas ofendiendo a los ciudadanos con cuyos sacrificios se sostiene. La tropa debe ser tanto más virtuosa y honesta, cuanto es creada para conservar el orden, afianzar el poder de las leyes y dar fuerza al gobierno para ejecutarlas y hacerse respetar de los malvados que serían más insolentes con el mal ejemplo de los militares. Las penas aquí establecidas y las que se dictasen según la ley serán aplicadas irremisiblemente: sea honrado el que no quiera sufrirlas: la Patria no es abrigadora de crímenes.” 1 A pesar de las enormes dificultades, aquel ejército popular pudo partir hacia Chile a mediados de enero de 1817. Allí iban el pobrerío armado y los esclavos liberados, todos con la misma ilusión. El médico de la expedición fue James Paroissien, un inglés de ideas liberales radicado en Buenos Aires desde 1803 y que había acriollado su nombre, convirtiéndolo en Diego. Cuando estalló la Revolución, Paroissien ofreció sus servicios al nuevo gobierno y fue designado cirujano en el Ejército Auxiliar del Alto Perú. En 1812 se hizo ciudadano de las Provincias Unidas y el Triunvirato le encargó la jefatura de la fábrica de pólvora de Córdoba. Allí San Martín lo invitó a sumarse a sus planes y Paroissien fue el cirujano mayor del Ejército de los Andes. A poco de emprender la marcha, San Martín daba cuenta de lo precario del aprovisionamiento de aquel ejército: “Si no puedo reunir las mulas que necesito me voy a pie… sólo los artículos que me faltan son los que me hacen demorar este tiempo. Es menester hacer el último esfuerzo en Chile, pues si ésta la perdemos todo se lo lleva el diablo. El tiempo me falta para todo, el dinero ídem, la salud mala, pero así vamos tirando hasta la tremenda.” 2 San Martín había ordenado que dos divisiones, una al mando del general Miguel Estanislao Soler y la otra dirigida por Bernardo O’Higgins, cruzaran por el paso de Los Patos. Una tercera, bajo las órdenes de Juan Gregorio de Las Heras, debía ir por el paso de Uspallata con la artillería. Otra división ligera, al mando de Juan Manuel Cabot, lo haría desde San Juan por el portezuelo de la Ramada, con el objetivo de tomar la ciudad chilena de Coquimbo. Otra compañía ligera cruzaría desde La Rioja por el paso de Vinchina para ocupar Copiapó. Finalmente, el capitán Ramón Freyre entraría por el Planchón para apoyar a las guerrillas chilenas. En total eran 5.200 hombres. Llevaban 10.000 mulas, 1.600 caballos, 600 vacas, apenas 900 tiros de fusil y carabina; 2.000 balas de cañón, 2.000 de metralla y 600 granadas. En varios tramos del cruce, San Martín debió ser trasladado en camilla a causa de sus padecimientos. Su salud era bastante precaria. Padecía de problemas pulmonares –producto de una herida sufrida en 1801 durante una batalla en España–, reuma y úlcera estomacal. A pesar de sus “achaques” siempre estaba dispuesto para la lucha y así se lo hacía saber a sus compañeros: “Estoy bien convencido del honor y patriotismo que adorna a todo oficial del Ejército de los Andes; y como compañero me tomo la libertad de recordarles que de la íntima unión de nuestros sentimientos pende la libertad de la América del Sur. A todos es conocido el estado deplorable de mi salud, pero siempre estaré dispuesto a ayudar con mis cortas luces y mi persona en cualquier situación en que me halle, a mi patria y a mis compañeros.” Los hombres del ejército libertador tuvieron que soportar grandes cambios de clima. La sensación térmica se agudiza con la altura. De día el sol es muy fuerte y se llega a temperaturas de más de 30 grados; durante la noche, el viento helado, con mínimas de 10 grados bajo cero, puede llevar al congelamiento. Durante la travesía, la altura promedio fue de 3.000 metros, lo que provocó en muchos hombres fuertes dolores de cabeza, vómitos, fatiga e irritación pulmonar. La orden era que todas las divisiones se reunieran del otro lado de la cordillera entre los días 6 y 8 de febrero de 1817. Con una sincronización matemática, el 8 de febrero por la tarde, en medio de festejos y gritos de “viva la patria” los dos principales contingentes se reunieron del otro lado y fueron liberadas las dos primeras ciudades chilenas: San Antonio y Santa Rosa. Se pudo establecer una zona liberada, base de operaciones desde donde el ejército libertador lanzará el fulminante ataque sobre Chacabuco, el 12 de febrero de 1817. Sobre el campo de batalla quedaron quinientos españoles muertos. Las fuerzas patriotas sólo tuvieron doce bajas y veinte heridos. Fueron capturados seiscientos prisioneros y centenares de fusiles pasaron a engrosar el parque del ejército libertador. Cuando San Martín entró en Santiago se enteró de que el gobernador español, Marcó del Pont, había logrado huir. De inmediato le ordenó a uno de sus hombres de confianza, el fraile-capitán José Félix Aldao, que corriera a capturarlo. Era fundamental evitar que Marcó se embarcara hacia Lima. En la noche del 15 de febrero, Aldao supo por sus informantes que el gobernador prófugo y su comitiva se encontraban cerca de Concepción. Llegó hasta su refugio, lo capturó y lo trasladó detenido hasta la comandancia del ejército libertador. De allí fue enviado a Mendoza y luego a Luján, donde Marcó del Pont morirá el 11 de mayo de 1819. En su correspondencia San Martín dejó un crudo testimonio del carácter salvaje y genocida de la guerra que hacían los ejércitos españoles contra los americanos. En una carta a lord Macduff, San Martín expresaba: “¡Qué sentimiento de dolor, mi querido amigo, debe despertar en vuestro pecho el destino de estas bellas regiones! Parecería que los españoles estuvieran empecinados en convertirlas en un desierto, tal es el carácter de la guerra que hacen. Ni edades ni sexos escapan al patíbulo.” 3 Al conde de Castlereagh le dice: “Es sabida la conducta que los españoles han guardado con sus colonias: sabido es igual el género de guerra que han adoptado para volverlas a subyugar. Al siglo de la ilustración, cultura y filantropía, estaba reservado el ser testigo de los horrores cometidos por los españoles en la apacible América. Horrores que la humanidad se estremece al considerarlos, y que se emplea con los americanos que tenemos el gran crimen de sostener los derechos de la voluntad general de sus habitantes: en retribución de tal conducta los hijos de este suelo han empleado los medios opuestos.” 4 Con aquellos “medios opuestos” y “el gran crimen de sostener los derechos de la voluntad general”, el Ejército de los Andes, engrosado por los patriotas chilenos, pudo ocupar Santiago. Allí, el 18 de febrero de 1818 se convocó a un Cabildo Abierto que designó a San Martín director supremo. El general argentino rechazó el ofrecimiento y propuso al patriota chileno Bernardo de O’Higgins para ocupar el cargo. O’Higgins aceptó y a poco de asumir envió esta nota al gobierno de los Estados Unidos, al zar de Rusia y a diversas cortes europeas: “Después de haber sido restaurado el hermoso reino de Chile por las armas de las Provincias Unidas del Río de la Plata, bajo las órdenes del general San Martín, y elevado como he sido por la voluntad de mi pueblo, a la Suprema Dirección del estado, es mi deber anunciar al mundo un nuevo asilo, en estos países, a la industria, a la amistad y a los ciudadanos de todas las naciones del globo. La sabiduría y recursos de la Nación Argentina limítrofe, decidida por nuestra emancipación, dan lugar a un porvenir próspero y feliz en estas regiones.” El 19 de marzo de 1818 las fuerzas patriotas sufrieron su primera y única derrota, la de Cancha Rayada. Pero el general Las Heras logró salvar parte de las tropas y así purdo reorganizarse un ejército de 5.000 hombres. Los patriotas clamaban por la revancha que llegaría a los pocos días, el 5 de abril, al derrotar definitivamente a las fuerzas enemigas en Maipú. La victoria fue total y América empezaba a respirar otro aire mientras los tiranos comenzaban a asfixiarse, como lo demuestra este informe del virrey de Nueva Granada: 5 “La fatal derrota que en Maipú han sufrido las tropas del Rey pone a toda la parte sur del continente en consternación y peligro”. El diario The Times de Londres, al informar sobre la victoria de los criollos en Maipú, se preguntaba “¿Quién es capaz ahora de detener el impulso de la revolución en América?”. Como bien dice José Luis Busaniche, el triunfo de Maipú entusiasmó a Simón Bolívar y le dio nuevos ánimos para proseguir su campaña: “Bolívar está en un rincón del Orinoco donde la independencia es apenas una esperanza. En agosto llegan algunos diarios ingleses que anuncian la victoria de San Martín en Maipú. Y entonces concibe un proyecto semejante al del paso de los Andes por el héroe del sur: el paso de los Andes venezolanos, remontando el Orinoco, para caer sobre los españoles en Bogotá y seguir si le es posible hasta el Perú, baluarte realista de América. Bolívar escribe al coronel Justo Briceño: ‘Las gacetas inglesas contienen los detalles de la célebre jornada del 5 de abril en las inmediaciones de Santiago. Los españoles, invadidos poderosamente por el sur, deben necesariamente concentrarse y dejar descubiertas las entradas y avenidas del reino en todas direcciones. Estimo, pues, segura la expedición libertadora de la Nueva Granada. El día de América ha llegado’.” 6 A pesar de semejante gloria y las notables repercusiones, los protagonistas del triunfo seguían sus vidas con la misma sencillez. Cuenta Mitre que después de Maipú, el general Antonio González Balcarce fue al Tedeum con camisa prestada y concluye: “¡Grandes tiempos aquellos en que los generales victoriosos no tenían ni camisa!”. 7 Pocos días después de Maipú, San Martín volvió a cruzar la cordillera rumbo a Buenos Aires para solicitar ayuda al Directorio para la última etapa de su campaña libertadora: el ataque marítimo contra el bastión realista de Lima. Obtuvo la promesa de 500.000 pesos, de los que sólo llegarán efectivamente 300.000, ya que como admitía el director supremo Pueyrredón: “Aquí no se conoce que hay revolución ni guerra, y si no fuera por el medio millón que estoy sacando para mandar a ese país, ni los godos se acordarían de Fernando”. 8 Al regresar a Chile, San Martín se enteró de que los triunfos de Las Heras en Curapaligüe y Gavilán no habían logrado evitar que los españoles recibieran desde Lima 3.000 hombres de refuerzo, desembarcados en el puerto de Talcahuano. La guerra contra los realistas proseguiría en el sur de Chile por varios años. Con la ayuda financiera del gobierno chileno, San Martín armó una escuadra que quedará al mando del marino escocés lord Thomas Cochrane. Cuando se disponía a embarcar a sus tropas para iniciar la campaña al Perú, el Libertador recibió la orden del Directorio de marchar con su ejército contra el Litoral, para combatir a los federales de Santa Fe y Entre Ríos. San Martín se negó a reprimir a sus compatriotas, desobedeció e inició la expedición contra los españoles de Lima. Referencias: 1 Arturo Capdevila, El pensamiento vivo de San Martín, Buenos Aires, Losada, 1945. 2 Carta a Guido del 15 de diciembre de 1816. 3 Carta de San Martín a Lord Macduff, del 9 de septiembre de 1817. 4 Carta de San Martín al conde de Castlereagh, del 11 de abril de 1818. 5 El virreinato de Nueva Granada incluía las actuales repúblicas de Colombia y Venezuela. 6 Busaniche, San Martín Vivo, Buenos Aires, Eudeba, 1962 7 Bartolomé Mitre, Historia de San Martín, Buenos Aires, Eudeba, 1971. 8 Carta de Pueyrredón a Guido fechada el 16 de julio de 1818, en Carlos Guido y Spano, Vindicación histórica. Papeles del brigadier general Guido, 1817-1820, Buenos Aires, Carlos Casavalle editor, 1882.