Un informe publicado por UNICEF a principios de septiembre de 2016 -cuya gravedad nos lleva a citarlo reiteradamente- da cuenta de la magnitud de estas tragedias: 250 millones de chicos menores de 18 años han nacido y crecen en condiciones de guerra y se calcula que de ellos un 20% -50 millones- van a sufrir secuelas psicológicas graves a causa del terror, la angustia, el hambre, la muerte de hermanos o padres y otras situaciones traumáticas; en muchos casos, las secuelas serán irreversibles. Esto permite estimar y explicar la cantidad de jóvenes de hoy, que han nacido y crecido en las guerras de Somalia, Afganistán o Irak desde los años noventa e integran las filas del ISIS, Al Qaeda y Boko Haram o protagonizan atentados suicidas en Estados Unidos y Europa. Datos que indican el desprecio por la vida y los costos sociales, económicos y ambientales, que están dispuestos a imponer los bloques de poder, en su disputa por recursos y áreas estratégicas.
En Argentina se promueve a partir de entonces una política irracional que, además de turbios negociados con las corporaciones petroleras comprometidas, pretende mantener la producción de los no convencionales mediante fracking, a través del llamado “barril criollo.” Esto significa que, mientras el precio internacional de referencia cotizaba el barril a unos 30 ó 40 dólares, en nuestro país se les reconoce un valor de 68 a 70 dólares. Bajo el fundamento de conservar los empleos en el sector, se garantiza de este modo la continuidad de la explotación del fracking, cuyo costo de extracción promedio gira alrededor de 50 dólares. Entre otras consecuencias, mientras en Estados Unidos el precio de un litro de combustible cuesta 60 centavos de dólar, en Argentina vale 1.20 dólar. Como señala el especialista Félix Herrero -uno de los primeros en advertirnos acerca de los peligros del fracking en nuestro país- “las corporaciones no vienen a extraer petróleo, sino subsidios”, además de contar con otra fuente de ingresos turbios: dado que durante años las empresas privatizadas no realizaron exploraciones, en la zona también se encuentran yacimientos de petróleo convencional, cuyo costo de extracción es de unos 15 dólares; pero lo declaran como si fuera shale. Lo más grave, es que el conjunto de las fuerzas políticas mayoritarias aprueban el fracking y el “barril criollo”, dados sus compromisos con las petroleras locales y extranjeras. Baste mencionar que, en el actual gobierno, el Ministro de Energía ha sido presidente de Shell hasta hace sólo un año y se comporta como tal; el Frente para la Victoria tiene históricos compromisos con las corporaciones del sector e impuso el “barril criollo” desde mediados del 2014 hasta el fin de su mandato; el Frente Renovador es financiado, entre otros, por las petroleras Panamerican Energy y el grupo local Vila-Manzano. Por estas razones, en la Cámara de Diputados de la Nación quienes se oponen a esta política no son más de 10 legisladores, mientras en el Senado de la Nación los números se presentan igualmente desfavorables. De este modo, los intereses y la capacidad de cooptación y corrupción de las petroleras, han logrado conformar una trama de complicidades con fuerzas políticas mayoritarias y sectores sindicales que, hasta el momento, se sustentan en las promesas de ese futuro venturoso y en un supuesto resguardo de empleos. Incluso en septiembre de 2016, YPF atrajo, entre otras, a la empresa rusa Gazprom y a la Shell, para que inicien la extracción no convencional, haciendo caso omiso de la irracionalidad del “barril criollo”: significa promover una producción altamente contaminante y depredadora que, además, no es rentable y requiere entre 6.000 y 8.000 millones de dólares anuales en subsidios públicos.