Asesinatos y maltratos son formas de la crueldad contra la mujer en el mundo y también en nuestro país. Aquí se recorre la situación regional y opina la historiadora Dora Barrancos.
POR MARTINA MENZIO
MUJERES MALTRATADAS. Son miles las asesinadas cada año en nuestro país y en el mundo.
Una, dos, tres… fueron al menos siete las puñaladas que terminaron con la vida de Sonia Silvina Roldán. Esta vez –porque ya había sido violentada por su ex marido en reiteradas oportunidades y pesaba sobre él una restricción de acercamiento a la víctima–, el también padre de sus cinco hijos terminó por matarla a golpes.
Lejos de ser un drama aislado, la tragedia ocurrida en la localidad de La Banda (Santiago del Estero), el 13 de marzo, se suma a uno de los tantos feminicidios que se suceden sin pausa en nuestro país y en el mundo. Según el estudio, publicado recientemente, “Femicidio, un problema global”, unas 66.000 mujeres y niñas son asesinadas cada año, y de los doce países con las tasas de feminicidios más altas, cinco son de América Latina. El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia y Bolivia, en ese orden, superan los seis asesinatos de mujeres cada cien mil personas del género femenino. En la Argentina, si bien no hay cifras oficiales, se sabe que cada treinta y cinco horas una mujer muere en manos de su pareja o ex pareja. Algunas son baleadas, otras apuñaladas y las hay también las que son quemadas vivas. El informe fue realizado por Small Arms Survey, un proyecto de investigación independiente con sede en el Instituto Universitario de Estudios Internacionales y Desarrollo en Ginebra, Suiza.
Fueron 1.236 los asesinatos cometidos por razones de género a lo largo de los últimos cinco años y en lo que va de 2013, sólo hasta febrero, se registraron 50 casos. Se produjeron 260 en 2010, 282 en 2011 y 255 el año pasado, de acuerdo al seguimiento de los hechos difundidos en las agencias de noticias y diarios de distribución nacional y provincial, contabilizados por el Observatorio de Femicidios que dirige la ONG, La Casa del Encuentro. El estudio –según explica Ada Beatriz Rico, directora de la organización– registra los homicidios de mujeres por el simple hecho de ser mujeres, es decir que cuantifica los asesinatos que no están relacionados con robos, asaltos, secuestros u otras situaciones de la llamada “inseguridad” urbana.
Mujeres asesinadas
El feminicidio entendido como “el asesinato misógino de mujeres cometido por hombres (…) que incluye una amplia variedad de abusos verbales y físicos” comenzó a delinearse alrededor del año 1976. En una ponencia ante el Tribunal Internacional de Los Crímenes contra las Mujeres, en Bruselas, la socióloga norteamericana, Diana Russell, mencionó por primera vez en la historia el término femicide (en la voz inglesa) para referirse a la violencia sexista. Poco más tarde, junto a Jill Radford, la investigadora feminista plasmó la conceptualización del término en su obra Femicide. The Politics of Woman Killing, iniciando un marco posible desde el cual reflexionar, abordar y visibilizar una problemática actual y creciente en todas las latitudes. En América Latina el neologismo anglosajón fue apropiado y castellanizado en México por la antropóloga Marcela Lagarde (autora de estudios de género, feminismo, desarrollo humano y democracia, poder y autonomía de las mujeres, etc.) quien adoptó las primeras aproximaciones teóricas de Russell y tradujo el término femicide como “feminicidio” en lugar de “femicidio”. Una decisión analítica impulsada por la intención de que la palabra no aludiera simplemente al homicidio de mujeres. Propone el concepto como una categoría de la teoría política que requiere enfrentar el problema como la punta del iceberg de la violencia de género. Una dimensión presente en el abordaje de la misoginia latente y expresa, tanto en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez (en el estado de Chihuahua) como en el resto de los estados mexicanos surcados por la problemática. El feminicidio no sólo comprende los asesinatos cometidos, sino que abarca el conjunto de hechos violentos contra las mujeres, muchas de las cuales son sobrevivientes de atentados violentos contra su entorno, sus bienes o contra ellas mismas. “El feminicidio –escribe Lagarde– se conforma por el ambiente ideológico y social de machismo y misoginia, de violencia normalizada contra las mujeres, por ausencias legales y de políticas de gobierno, lo que genera una convivencia insegura para las mujeres, pone en riesgo la vida y favorece el conjunto de crímenes que exigimos esclarecer y eliminar”.
Mucho más allá de un malestar en la cultura
Irene Fridman, psicoanalista y especialista en teoría de género, entiende el concepto como el desenlace siniestro del circuito de violencia en una relación, y puntualiza algunos avances en el tratamiento de la violencia machista. “El psicoanálisis ha sido refractario a tomar la problemática del abuso sexual y violencia de género como un problema inherente a la cultura y lo ha remitido a la conflictiva edípica y deseante, en el caso del abuso, como así también ha leído la problemática de la violencia llamada doméstica como resultado del masoquismo femenino con un efecto negativo en el abordaje de las víctimas de abuso. Sin embargo, si bien hace falta mucho trabajo en los circuitos académicos, actualmente hay una aceptación mayor de que es una problemática social, culturalmente inherente al patriarcado y no un problema de la víctima”, comparte la especialista que además es directora de la Diplomatura de Cultura y Subjetividad de la Universidad de la Marina Mercante, y docente de la maestría en Estudio de Género de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES).
Así, la violencia contra las mujeres se inscribe dentro de un sistema: el patriarcado, que consiente de alguna manera la violencia simbólica y la violencia física. “La construcción de la masculinidad social tiene los rasgos de la dominación en su seno y ese carácter avala a algunos sujetos a llevar a cabo acciones violentas. Es común y está festejado el uso de la prostitución, la trata, el abuso sexual y las violaciones, que mayormente lo llevan a cabo varones contra mujeres y niñas. Ser potente, exitoso o no ser débil, son valores apreciados culturalmente. Lo contrario es vivido como un sentimiento debilitante de la masculinidad”, profundiza Fridman y ensaya algunas pistas sobre las que detenerse: las dificultades para las mujeres de desandar los pasos y salir del “circuito de violencia”. Entendido éste como los “sucesos que ocurren en un vínculo, en el cual el victimario ejerce violencia tanto física como psicológica contra la mujer, una vez pasado el episodio pide disculpas y promete que no va a ocurrir más (la etapa de la luna de miel) y vuelve al poco tiempo a incurrir en situaciones de violencia, acusando a la mujer de que tiene responsabilidad en el estallido de la violencia”.
De este modo se genera así un vínculo complejo y muchas veces paralizante. “En algunos casos –reflexiona Fridman– porque el hombre ha sido muy efectivo en cercenar otros vínculos de la mujer, para que pudiera pedir ayuda, muchas veces las víctimas dependen económicamente del victimario, en otros casos estar sometida durante años al efecto del terror debilita psíquicamente a la mujer. Hay que revisar cada caso individual, pero también el Estado tiene que proveer los pilares institucionales para que esa mujer pueda salir del circuito de violencia. En estos últimos años ha habido cambios, se ha hecho algo pero resta muchísimo por hacer, a mi entender, debería existir en cada establecimiento de salud, un centro dedicado específicamente a esta problemática, con perspectiva de género. Es decir que pueda entender el fenómeno de la violencia inscripta en un sistema cultural en donde las mujeres tienen un estatus de subordinación”.
La continuidad de la violencia colonial
Karina Bidaseca, socióloga, doctora por la Universidad de Buenos Aires e investigadora del Conicet toma distancia de lo que ella llama la “retórica salvacionista del feminismo del Norte, generador de una imagen homogeneizadora de las mujeres del Tercer Mundo”. De este modo repiensa las reflexiones de la antropóloga argentina Rita Segato –referente también de la temática y residente en Brasil– y comprende el feminicidio como la continuidad de una violencia colonial “cuya inintegibilidad se halla narrada en nuestra historia de colonización”. Bidaseca, coordinadora también del Programa “Poscolonialidad, pensamiento Fronterizo y transfronterizo en los estudios feministas” (IDAES/UNSAM), con la intención de establecer un concepto abarcativo de todas las feminidades asume la necesidad académica de desterrar por completo del vocabulario de las ciencias sociales y humanas la distinción privado/público que perjudica la percepción de un problema que es de atención del Estado.
“Si se sigue nombrando al feminicidio como violencia familiar, estamos en un problema”, comparte Bidaseca y enfatiza la búsqueda de una política de la memoria que acompañe la prevención de la violencia de género despojada de la esfera privada. “Las políticas de la memoria “resisten a la espiral del silencio y al laberinto temporal.
Cuando caminamos sobre sus huellas, nos damos cuenta de que esas vidas no desaparecen del todo y que necesitamos políticas que nos ayuden a no olvidar. La abyección de la violencia en los cadáveres de mujeres yace en la base donde se apoya y apuntala el orden social falogocéntrico”, refiere la investigadora y destaca algunas referencias auspiciosas. Entre ellas encontramos un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligó al estado mexicano a construir un monumento en Ciudad Juárez, en memoria de las mujeres asesinadas en los campos algodoneros en noviembre de 2001. Del mismo modo, en La Quebrada de San Lorenzo –a siete kilómetros de Salta capital–, se espera que una escultura de bronce recuerde las muertes de las dos turistas francesas asesinadas en 2011. Y desde noviembre del año pasado, la problemática es contemplada en el código penal argentino, un mes después de que se declarara la emergencia por violencia de género, en la búsqueda por instrumentar planes integrales de prevención. Una ley cuya “aplicación inmediata y asignación de mayor presupuesto” es reclamada en estos días por las organizaciones de mujeres y otras agrupaciones. En definitiva, elabora Bidaseca, el feminicidio como “concepto político es una batalla cultural ganada, pero aún nos queda mucho por construir. El Estado debe tener una política precisa contra el asesinato y toda forma de violencia contra las mujeres. Además de desarrollar marcos en educación, un área fundamental, promover campañas de sensibilización y generar estadísticas oficiales que nos permitan contar con cifras confiables para un diagnóstico de la situación”.
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