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Estados Unidos y la promoción del fracking

Por Alcira ArgumedoSocióloga, docente e investigadora del Conicet. Diputada Nacional  Con protestas en contra del fracking en sus principales ciudades, Estados Unidos promociona el fracking.El contexto internacional y el fracking en Estados Unidos La explotación de petróleo y gas no convencional o shale mediante la técnica de fractura hidráulica (fracking) se enmarca, desde principios del siglo XXI, en un contexto internacional donde la hegemonía del bloque de poder liderado por Estados Unidos con la Unión Europea y respaldado por la NATO, comienza a ser hostigada por el emergente bloque de poder que encabeza China en alianza con Rusia, que se ha fortalecido luego de la caída del Muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética. En los últimos quince años, estos dos bloques o sus corporaciones, han incrementado la disputa por recursos naturales y territorios estratégicos, donde una de las claves -como señala el analista Michael Klare- es el creciente agotamiento de las fuentes convencionales de petróleo y gas, junto a minerales valiosos como oro, coltán, diamantes, plata, cobre y más recientemente litio. Es preciso tener en cuenta que, en estos momentos, esa disputa se traduce en cinco guerras devastadoras en el mundo árabe -Irak, Siria, Afganistán, Libia y Yemen- más siete guerras en el continente africano: Malí, Chad, Nigeria, República Centroafricana, Congo, Somalia y Sudán. Guerras que aparecen como conflictos civiles, étnicos o religiosos, pero donde en cada bando participa directa o indirectamente uno u otro de los bloques o sus principales corporaciones. El Papa Francisco ha denunciado recientemente que no se trata de guerras religiosas, sino por recursos económicos."Y a mí me sorprendió que agarre la remera y pose con una remera de "no al fracking" sabiendo que la foto iba a dar la vuelta al mundo... yo no lo podía creer. Y ese fue un momento mágico en el sentido de que la foto llegó a los lugares en donde se necesitaba un mensaje de esperanza del que cada uno que está luchando contra el fracking en su lugar no está solo...", dice el sociólogo Juan Pablo Olsson mostrándonos su foto con el Papa Francisco, quien en ese momento (año 2013) se hallaba abocado a la escritura de su segunda encíclica, "Laudato si" (Sobre el cuidado de la casa comuún), que fuera presentada en junio de 2015 y donde realiza una crítica del consumismo y del desarrollo irresponsable pronunciándose en favor de una acción mundial rápida y unificada "para combatir la degradación ambiental y el cambio climático". 
Un informe publicado por UNICEF a principios de septiembre de 2016 -cuya gravedad nos lleva a citarlo reiteradamente- da cuenta de la magnitud de estas tragedias: 250 millones de chicos menores de 18 años han nacido y crecen en condiciones de guerra y se calcula que de ellos un 20% -50 millones- van a sufrir secuelas psicológicas graves a causa del terror, la angustia, el hambre, la muerte de hermanos o padres y otras situaciones traumáticas; en muchos casos, las secuelas serán irreversibles. Esto permite estimar y explicar la cantidad de jóvenes de hoy, que han nacido y crecido en las guerras de Somalia, Afganistán o Irak desde los años noventa e integran las filas del ISIS, Al Qaeda y Boko Haram o protagonizan atentados suicidas en Estados Unidos y Europa. Datos que indican el desprecio por la vida y los costos sociales, económicos y ambientales, que están dispuestos a imponer los bloques de poder, en su disputa por recursos y áreas estratégicas.Campamento de refugiados sirios en al-Sahel, Akkar, norte de Líbano. La región de Sahel, en Akkar, tiene una población de casi 72.000 ciudadanos libaneses y ha acogido a más de 60.000 refugiados sirios desde que comenzó la crisis en Siria.Durante el mes de Julio de 2016, los colaboradores del CICR han vacunado a más de 15.800 niños en 23 aldeas libanesas y 500 asentamientos sirios informales en Akkar, en el norte de Líbano.Los equipos del Comité Internacional de la Cruz Roja recorrieron casa por casa y carpa por carpa en toda la zona de Sahel, en Akkar, para llegar a la mayor cantidad posible de niños menores de cinco años.Desde 1945, en Estados Unidos se conocía la existencia de petróleo y gas atrapados en piedras esquisto; pero no despertaba interés ante la accesible y menos costosa provisión de hidrocarburos convencionales, tanto locales como importados. Tampoco interesaría a pesar de las crisis del petróleo de 1973 y 1979/80, con los drásticos incrementos del precio del crudo, impuestos por la OPEP y luego de la revolución islámica en Irán. Pero desde principios del siglo XXI serán razones principalmente geopolíticas, más que económicas, las que darían lugar a la llamada “revolución del fracking” en esa potencia, hacia los años 2005 y 2006. Luego del atentado a las Torres Gemelas en septiembre de 2001, el presidente George Bush decide lanzar la guerra en Afganistán y define un grupo de países que, en su perspectiva, integran lo que llamaría el “Eje del Mal” por ser promotores del terrorismo: entre otros, Irak, Siria, Libia, Somalia, Sudán e Irán. En su mayoría, son productores de petróleo y gas o territorios por los que atraviesan oleoductos y gasoductos: salvo Irán, todos actualmente están en guerra. Con esa perspectiva, en 2003 se inicia la Segunda Guerra del Golfo contra Irak, bajo el fundamento de la existencia de armas de destrucción masiva, que pronto rebelaría su falsedad y el verdadero objetivo de controlar los yacimientos iraquíes y los territorios del Medio Oriente. Cabe mencionar que hasta entonces y desde inicios de la década de 1990, luego de su triunfo sobre la Unión Soviética, Estados Unidos aparecía como la única potencia que dominaba un mundo unipolar -el Nuevo Orden Mundial- capaz de imponer su voluntad a escala planetaria.La próspera ciudad de Ramadi, Irak, convertida en una ciudad fantasma por la destrucción provocada por la guerra.Sin embargo, durante esos primeros años del siglo XXI, el escenario internacional comienza a cambiar significativamente, ante los altos niveles de crecimiento económico de China y su poderío militar, nuclear, científico y espacial, que la definen como una emergente potencia mundial. Por su parte, Estados Unidos enfrenta crecientes dificultades para imponer su política en Medio Oriente: a pesar de la ocupación, en Irak no logra estabilizar el país; Siria estrecha su alianza con Irán y Rusia; Turquía es poco confiable; en Afganistán las tropas de ocupación se encuentran prácticamente reducidas a la ciudad de Kabul; y solamente Arabia Saudita es un aliado, pero comprometido en la disputa entre sunnitas y chiítas con Irán por el predominio en la región. Las tensiones con Rusia se agudizan en Ucrania y Crimea; Somalia es un verdadero caos; en Nigeria comienzan a actuar grupos fundamentalistas y se exacerba la violencia; mientras la Venezuela de Chávez se muestra cada vez más hostil. Si se considera que los principales proveedores de hidrocarburos de Estados Unidos son Canadá, México, Nigeria, Arabia Saudita y Venezuela, solamente los dos primeros le brindan seguridad. Ante este panorama internacional, la auto-suficiencia energética se refuerza como una política de seguridad nacional y se impulsa la producción de los no convencionales: frente a la seguridad nacional, no importan los costos económicos, sociales o ambientales y comienza a expandirse el fracking en distintos estados del país. A su vez, América Latina aparece como la región más fácilmente controlable para el abastecimiento de petróleo y gas: se promueven a partir de entonces las primeras exploraciones, principalmente en Argentina desde el 2006/2007, con el objetivo de ser continuadas en México, Brasil y Uruguay. Una política que cobra mayor impulso cuando en 2011 China y Rusia declaran su decisión de defender a Irán ante cualquier agresión de Occidente, aunque ello suponga iniciar una guerra: al año siguiente, Estados Unidos retira a Irán del “Eje del Mal” y se firman los acuerdos nucleares para garantizar la paz. La experiencia en Argentina Como una casualidad no tan casual de la historia, precisamente a fines de 2011 la empresa YPF, en la cual el Estado controla en 51% de las acciones, confirma los descubrimientos no convencionales, que datan de 1931, sobre la formación de Vaca Muerta -ubicada en las provincias de Neuquén, Río Negro y Mendoza- y se anuncia que su potencial mediante fracking significa multiplicar por diez los recursos del país en petróleo y principalmente en gas: la Agencia de Estadística Energética de Estados Unidos publica que se trata de la segunda reserva en gas y la cuarta en petróleo no convencional del mundo. Argentina estaría entonces en las puertas de transformarse en una futura Arabia Saudita, desbordante de riquezas; y frente a ese futuro venturoso, no caben contemplaciones políticas, sociales, ambientales o morales. La dramática experiencia de los habitantes del distrito de Allen en la provincia de Río Negro es un ejemplo, donde los productores de frutas de exportación han perdido calidad internacional por la contaminación de las napas con químicos y otros componentes utilizados por el fracking y crecen las enfermedades pulmonares, que afectan principalmente a los niños. Además, los índices de cirrosis y cáncer por químicos y metales en sangre; la contaminación del río Negro que provee de agua a las poblaciones situadas a lo largo de su curso; los reclamos de comunidades indígenas por la usurpación de sus territorios ancestrales; las emanaciones de gas metano que suben a la superficie por las grietas; los contratos secretos con corporaciones como Chevron, con oscuros antecedentes de depredación de las zonas amazónicas de Ecuador; serían considerados costos menores, casi insignificantes, frente a ese futuro venturoso y desbordante de riquezas, que se auguraba para el país. Costos sociales bajísimos si se los compara con los de Irak, Siria y los demás países en guerra. Esta situación cambia sensiblemente a partir de mediados del 2014, cuando se produce una crisis del petróleo en sentido inverso a las de 1973 y 1979: el precio del barril baja sensiblemente desde 150 dólares hasta llegar a 27 dólares en 2015, alcanzando después una escasa recuperación y en septiembre de 2016 se cotiza a unos 42 dólares. Diversos factores confluyen en la caída de los precios: entre otros, una disminución de la demanda de China -la segunda importadora a nivel mundial después de Estados Unidos- debido a un ritmo menor de sus tasas de crecimiento (entre 2008 y 2013 su demanda había crecido en un 35%). Cae asimismo la demanda de la India, mientras Estados Unidos, Japón y la Unión Europea presentan bajos índices de crecimiento económico. A ello se suma que el desarrollo de energías renovables ha crecido sensiblemente en Europa, junto a una mayor eficiencia y rendimiento del consumo en automotores en América del Norte. Ante este panorama, Arabia Saudita se niega en la OPEP a reducir sus ritmos de producción con bajos costos históricos, como presión ante el acuerdo de las grandes potencias con Irán sobre el tema nuclear, al tiempo que busca desplazar la presencia norteamericana con hidrocarburos shale en el mercado europeo: recién en septiembre de 2016 señaló que el país estaría dispuesto a rebajar limitadamente su extracción, pero a condición que Irán no aumente sus exportaciones de petróleo crudo.Félix Herrero, abogado y Lic. en economía.
En Argentina se promueve a partir de entonces una política irracional que, además de turbios negociados con las corporaciones petroleras comprometidas, pretende mantener la producción de los no convencionales mediante fracking, a través del llamado “barril criollo.” Esto significa que, mientras el precio internacional de referencia cotizaba el barril a unos 30 ó 40 dólares, en nuestro país se les reconoce un valor de 68 a 70 dólares. Bajo el fundamento de conservar los empleos en el sector, se garantiza de este modo la continuidad de la explotación del fracking, cuyo costo de extracción promedio gira alrededor de 50 dólares. Entre otras consecuencias, mientras en Estados Unidos el precio de un litro de combustible cuesta 60 centavos de dólar, en Argentina vale 1.20 dólar. Como señala el especialista Félix Herrero -uno de los primeros en advertirnos acerca de los peligros del fracking en nuestro país- “las corporaciones no vienen a extraer petróleo, sino subsidios”, además de contar con otra fuente de ingresos turbios: dado que durante años las empresas privatizadas no realizaron exploraciones, en la zona también se encuentran yacimientos de petróleo convencional, cuyo costo de extracción es de unos 15 dólares; pero lo declaran como si fuera shale. Lo más grave, es que el conjunto de las fuerzas políticas mayoritarias aprueban el fracking y el “barril criollo”, dados sus compromisos con las petroleras locales y extranjeras. Baste mencionar que, en el actual gobierno, el Ministro de Energía ha sido presidente de Shell hasta hace sólo un año y se comporta como tal; el Frente para la Victoria tiene históricos compromisos con las corporaciones del sector e impuso el “barril criollo” desde mediados del 2014 hasta el fin de su mandato; el Frente Renovador es financiado, entre otros, por las petroleras Panamerican Energy y el grupo local Vila-Manzano. Por estas razones, en la Cámara de Diputados de la Nación quienes se oponen a esta política no son más de 10 legisladores, mientras en el Senado de la Nación los números se presentan igualmente desfavorables. De este modo, los intereses y la capacidad de cooptación y corrupción de las petroleras, han logrado conformar una trama de complicidades con fuerzas políticas mayoritarias y sectores sindicales que, hasta el momento, se sustentan en las promesas de ese futuro venturoso y en un supuesto resguardo de empleos. Incluso en septiembre de 2016, YPF atrajo, entre otras, a la empresa rusa Gazprom y a la Shell, para que inicien la extracción no convencional, haciendo caso omiso de la irracionalidad del “barril criollo”: significa promover una producción altamente contaminante y depredadora que, además, no es rentable y requiere entre 6.000 y 8.000 millones de dólares anuales en subsidios públicos.Un camión transporta equipos de la petrolera Halliburton destinados a producir la arena que se utiliza para fracturar la tierra en la explotación de gas no convencional mediante la técnica, altamente contaminante, conocida con el nombre de fractura hidráulica o fracking. Las máquinas de color gris con la inscripción Halliburton en rojo, son precipitadoras de polvos de la empresa Appco y es transportada hacia la zona de Vaca Muerta. La foto fue tomada cerca de Choele Choel en la ruta 22.Ante este escenario, el grueso de la resistencia contra el fracking se ha venido dando en la sociedad civil, a través de organizaciones sociales, ambientalistas y grupos de vecinos que, en distintas localidades afectadas -actualmente son 58 en el país- han logrado prohibirlo, contando con el acuerdo de legisladores locales: de ellas, 9 en la provincia de Buenos Aires; 37 en Entre Ríos; 4 en Mendoza; 3 en Río Negro; 3 en Neuquén y 2 en Chubut. En otros casos, cuando los gobiernos municipales deciden prohibirlo por votación mayoritaria o incluso unánime -en la experiencia de Allen- los gobiernos provinciales han desconocido esas decisiones y avalan la explotación, como en Neuquén y Río Negro. Sin embargo, la resistencia continúa y, en esta última provincia, debe destacarse el enorme logro de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Patagones que, articulando su lucha con la de los Concejales, pudieron vencer el poder de las corporaciones y sus cómplices, prohibiendo el fracking en Viedma, la capital provincial. Por su parte, en Entre Ríos, las asambleas han logrado que se debata la prohibición a nivel provincial y que el gobierno haya asumido ese compromiso.En 2012 el gobierno argentino entabla conversaciones con distintas empresas extranjeras que emplean el fracking. Luego de varias reuniones el 19 diciembre de 2012 el nuevo presidente de YPF Ing. Galuccio firma un acuerdo con la empresa petrolera estadounidense Chevron para explotar Vaca Muerta.Foto tomada en la ciudad de Neuquén, donde una multitud formada por organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles y la Confederación Mapuche fue ferozmente reprimida mientras la Legislatura convalidaba el acuerdo que YPF SA realizó con Chevron para utilizar fracking en Vaca Muerta.Es imprescindible fortalecer el movimiento contra el fracking en Argentina y en América Latina, que lucha por la vida y el cuidado de un ambiente sano, de nuestros recursos, nuestros ríos, nuestras napas de agua, nuestros acuíferos, incluido una de las la principales reservas de agua del mundo: el Acuífero Guaraní. En este sentido, es auspiciosa la posible sanción de una ley nacional que prohíbe el fracking en Uruguay y los avances en el sur de Brasil, donde 100 municipios lo han prohibido gracias a la  tarea realizada por COESUS y de un fuerte compromiso de sectores eclesiásticos.

Estados y regulación a las empresas transnacionales

Rolf Zünnemann


La forma en que operan actualmente las redes y estructuras complejas de las corporaciones transnacionales requieren que se imponga un nuevo tipo de obligaciones a los Estados, para que estos –individual o conjuntamente– regulen a dichas empresas de una manera más efectiva.

Los Estados tienen obligaciones más allá de sus fronteras –llamadas obligaciones extraterritoriales – de carácter bilateral, multilateral y global. Los Principios de Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el Área de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales presentan una visión sistemática de esas obligaciones, derivada del derecho internacional.[1]

Las obligaciones extraterritoriales incluyen obligaciones de los Estados de proteger –individual y conjuntamente– a la gente de los daños causados por las empresas transnacionales y de proveer recursos efectivos para los crímenes cometidos por las corporaciones.  Es urgente que las obligaciones extraterritoriales se aclaren, se tornen operacionales y se hagan efectivas.  El tratado de derechos humanos sobre empresas transnacionales y otras empresas que está siendo preparado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, además de especificar los crímenes contra los derechos humanos que deben ser regulados, deberá estipular obligaciones claras para que todos los Estados involucrados cooperen en la regulación, protección, reparación y sanción de crímenes contra los derechos humanos cometidos por las empresas transnacionales.

El futuro instrumento debería ir más allá del entendimiento estricto de los “Estados de origen” de las empresas transnacionales.  En línea con los Principios de Maastricht, debería definir el estado de origen de una empresa transnacional como aquel en el cual “la empresa, la compañía matriz o la sociedad que ejerce el control, tiene su centro de actividad, está registrada o domiciliada, o tiene su sede principal de negocios o desarrolla actividades comerciales sustanciales.”[2] Bajo este entendimiento, las empresas transnacionales pueden tener varios Estados de origen, todos ellos bajo la obligación de regular y cooperar en la regulación de las empresas transnacionales.



Los Estados deben respetar el disfrute de los derechos humanos extraterritorialmente.[3] Esta obligación requiere, por ejemplo, que los Estados se abstengan de adoptar leyes y políticas favorables a inversiones por parte de empresas bajo su jurisdicción o en el extranjero, que menoscaben los derechos humanos, actuando de esa manera en complicidad con las empresas transnacionales involucradas.[4]

La conducta de los Estados en el seno de las organizaciones internacionales debe ser coherente con sus obligaciones extraterritoriales.  Además, los Estados deben elaborar, interpretar y aplicar los acuerdos internacionales coherentemente con sus obligaciones de derechos humanos, por ejemplo en las áreas del comercio, inversión, finanzas, impuestos, desarrollo, seguridad y el respecto a la Madre Tierra.

Cuando sea posible, los Estados deben adoptar medidas por separado y conjuntamente, en cooperación entre sí, para regular a las empresas transnacionales, asegurándose de que no impidan el disfrute de los derechos humanos.  Aún en situaciones donde los Estados no estén en condiciones de regular a una empresa transnacional, deben ejercer influencia sobre su conducta, por ejemplo a través de su sistema de contratación pública o de la diplomacia internacional.[5]

La regulación requiere la adopción y la ejecución de medidas legales. Se considera a un Estado bajo la obligación de regular si:

a) el daño o la amenaza de daño se origina u ocurre en su territorio;

b) el actor no estatal tiene la nacionalidad del Estado en cuestión;

c) en lo referente a empresas comerciales, cuando la empresa, la compañía matriz o la sociedad que ejerce el control, tiene su centro de actividad, está registrada o domiciliada, o tiene su sede principal de negocios o desarrolla actividades comerciales sustanciales en el Estado en cuestión;

d) cuando hay un vínculo razonable entre el Estado en cuestión y la conducta que pretende regular, incluyendo cuando aspectos relevantes de las actividades del actor no estatal son llevadas a cabo en el territorio de ese Estado. Ejemplos de un vínculo razonable pueden ser cuando:

  • La empresa tiene a sus activos en ese país que pueden ser incautados para ejecutar una sentencia judicial.
  • Hay prueba o testigos en el país.
  • Los funcionarios de la empresa acusados se encuentran en el país.
  • La empresa llevó a cabo parte de las operaciones incriminadas en ese país.

e) cuando cualquier conducta que menoscabe los derechos económicos, sociales y culturales constituya una violación de una norma imperativa del derecho internacional. Cuando tal violación también constituya un crimen en el derecho internacional, los Estados deben ejercer jurisdicción universal sobre los responsables o transferirlos legalmente a una jurisdicción adecuada.

Es importante aclarar y especificar aún más estas obligaciones extraterritoriales. Es inminente introducir estándares y mecanismos adecuados de implementación y monitorear su implementación.

Nos encontramos en un momento clave, en el cual es necesario pasar de principios generales a regulaciones jurídicas más específicas que pueden ser ejecutadas en contra de las empresas transnacionales que menoscaben el goce de los derechos humanos en donde quiera que estas operen y desarrollen sus operaciones.

Un futuro tratado de derechos humanos sobre empresas transnacionales y otras empresas es un instrumento urgente para finalmente llenar los vacíos regulatorios más allá de las fronteras, que permiten que se perpetúe la impunidad  de aquellas corporaciones transnacionales que obtienen el lucro con actividades que menoscaban el disfrute de los derechos humanos y afectan la dignidad humana.



Rolf Zünnemann es integrante de FIAN Internacional.
 

[1] Los Principios de Maastricht están disponibles en varios idiomas.http://www.etoconsortium.org/nc/en/main-navigation/library/maastricht-pr...
[2] Principios de Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el Área de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Principio 25 (c)
[3] Principios de Maastricht 19 – 21. 
[4] Principio de Maastricht 21
[5] Principio de Maastricht 26

No es sólo plata

 El conflicto por Ganancias revela otras raíces y riesgos para la institucionalidad.

Por Sergio Berensztein



La naturaleza de un conflicto político determina buena parte de su potencial solución. O, en su defecto, de que se profundice el problema. Es más, algunos conflictos permanecen en el tiempo, se convierten en cuestiones de larga duración; puede incluso que no se solucionen nunca. Los menos complejos de todos son los conflictos por cuestiones materiales: es posible, por lo general, encontrar un camino intermedio, partir las diferencias, ponerse de alguna manera de acuerdo. Sobre todo, si se pueden acomodar los costos de ese compromiso a lo largo del tiempo. Hay otros conflictos muchísimo más complicados. Por ejemplo, los que apuntan a las reglas del juego de una sociedad, de una empresa, de una familia, de cualquier relación (incluso, de pareja). Se trata de definir qué cosas se pueden hacer y cuáles no, con qué procedimientos se van a decidir potenciales discusiones, cómo se distribuirán cargas o responsabilidades a lo largo de un período determinado. La definición de reglas constituye un aspecto fundamental de la vida en sociedad. Aquellos grupos que son capaces de definir un conjunto de mecanismos fundamentales para resolver controversias, que pueden acordar reglas del juego clara y estables, tendrán mayores chances de éxito tanto en el plano colectivo como en el individual. En efecto, si esas reglas se respetan y asientan a lo largo del tiempo, permitirán acotar el rango de incertidumbre frente a eventos futuros: todos los actores sabrán que tarde o temprano se aplicarán procedimientos por todos conocidos, con resultados más o menos calculables con antelación.

Finalmente, hay otra clase de conflictos que son muy difíciles de resolver, a menos que se logre conformar una cultura de la aceptación de las diferencias, de valoración de la diversidad, de respeto por las minorías y absoluta protección por los derechos individuales. Las diferencias religiosas, culturales, identitarias y territoriales, entre otras, forman parte de esta última clase de conflictos. Por ejemplo, dos concepciones religiosas antagónicas pueden derivar en enfrentamientos muy violentos (católicos versus protestantes, chiitas versus sunitas, politeísmo versus monoteísmo, etc.). El nacionalismo y las culturas regionales también forman parte de estos fenómenos: un catalán fanático no quiere hablar ni escuchar el castellano. Me pasó alguna vez que tuve la oportunidad de charlar con Pep Guardiola: un placer hablar con él del fútbol y de la vida, apreciar su sensibilidad y su sofisticación para comprender el juego más lindo jamás inventado. En algún punto cometí el error de preguntarle si le gustaría dirigir la selección española. Le cambió el rostro, enfureció la mirada, perdió la objetividad. Se convirtió automáticamente en un guerrillero verbal absolutamente fanatizado. Su identidad catalana le impedía recuperar al ¿verdadero? caballero con el cual venía conversando. En definitiva, los conflictos simbólicos o intangibles son mucho más difíciles de resolver que los otros, los materiales y los que involucran reglas del juego.



¿A qué categoría corresponde el conflicto que parece haberse radicalizado en torno al impuesto a las ganancias? En principio, parece una cuestión de orden material. Y lo es, sin duda: estamos discutiendo de plata. Alícuotas, escalas, nuevas formas de financiar el costo fiscal de las modificaciones al actual régimen, etc. Si esto fuera todo el problema, esta semana deberíamos esperar que los actores políticos y sociales involucrados en las negociaciones llegaran a algún tipo de resolución. El problema es que nuestro sistema político es disfuncional y que se convirtió en una maquinaria fabulosa de destrucción de valor, esperanzas y oportunidades. Y que, al menos hasta ahora, la agenda de transformación institucional desplegada por el Gobierno ha sido, digamos, demasiado tímida, efímera y sin resultado alguno. Tan sólo una discusión superficial sobre el sistema de votación (la mal llamada reforma política, limitada luego solamente al plano electoral, que terminó en una discusión bizantina e insólita respecto de la mera inclusión de un chip en la boleta).

Argentina viene de siete décadas de una decadencia impactante; desde comienzos de siglo, un sistema político frágil e inestable se volvió aún más raquítico y demasiado proclive a los excesos del personalismo caudillista que siempre había predominado en la cultura política criolla. Los últimos doce años experimentamos una regresión al populismo autoritario, con ataques a la libertad de expresión y una experiencia de intervencionismo estatizante que demostró ser muy compleja de remover. Ese sistema político impotente y disfuncional sigue intacto y estas semanas lo hemos visto enredarse en un conjunto de errores autoinfligidos que afectaron a todos sus protagonistas y que, como consecuencia, volvieron una cuestión teóricamente solucionable en un rompecabezas donde ni siquiera están consensuados los costos fiscales de las propuestas en pugna. 



Que quede claro: no es una cuestión de nombres, de personas. Si no modificamos de plano la naturaleza del sistema político (las reglas o mecanismos para resolver conflictos), vamos a persistir en la senda de la decadencia secular en la que está entrampada la Argentina. Cambiemos se propuso ante el electorado como una eventual solución a este recorrido frustrante y pernicioso. Si se siguen ignorando las cuestiones de fondo y sólo se apunta a resolver cuestiones de emergencia, Macri y su gobierno terminarán, más temprano que tarde, alimentando el problema que prometieron reparar.

Sobre todo, porque además de ser un conflicto material y de reglas, esta discusión se convirtió también en una puja simbólica por el poder, por el control de la agenda, por quién tiene el “argumento” más grande. Parecen chicos, con pulsiones por “madrugar” al otro, mostrarle quién es más vivo, quién se sale con la suya, quién paga el costo político y reputacional más elevado. Pierden todos, perdemos todos. Recodémoslo: cuando alcancen algún acuerdo, Argentina seguirá siendo un país estancado, empobrecido e injusto, con un aparato estatal tan enorme como inútil, una carga fiscal tan asfixiante como imposible de financiar. Y con una clase política que, como tal, una vez más, está demostrando estar a la deriva, desenfocada, sin capacidad de consensuar objetivos estratégicos de corto, mediano y largo plazo.

Estamos aún a tiempo de enderezar el rumbo, de comprender que la crisis argentina es demasiado profunda como para tentarse con la dinámica perversa de las peleas personales, con la atracción fatal de la competencia electoral, con el protagonismo individual en medio de la descoordinación colectiva y el egoísmo destructivo, defensivo y soez del sálvense quien pueda.