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Disparan contra la prensa, disparan contra el pueblo



Hace 20 años una patota de la policía bonaerense mató al compañero José Luis Cabezas. Fueron dos décadas de impunidad. Los asesinos no eran “manzanas podridas”. Todo el cajón estaba podrido. Y lo sigue estando. Las fuerzas policiales están corrompidas y ejercen violencia contra el pueblo.

Repudiamos el “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad ante manifestaciones públicas” con el que la ministra Patricia Bullrich cercena el derecho a la protesta y ataca la libertad de expresión pretendiendo encerrarnos en una “zona determinada”, es decir en un corralito. Mientras tanto, cada vez más seguido nos encontramos con policías filmando tanto a manifestantes como a trabajadores de prensa.

Rechazamos el “Protocolo de actuación para la protección de la actividad periodística”, firmado a espaldas de las organizaciones de trabajadores de prensa: es perverso pretender que informemos sobre nuestro trabajo periodístico a quienes gestionan el crimen organizado y reprimen a los que luchan.

Sufrimos una escalada represiva. No quieren que camarógrafos, reporteros gráficos ni ningún trabajador de prensa esté presente cuando balean, gasean, apalean, lastiman y detienen.

La policía de la Ciudad debutó reprimiendo a los vendedores ambulantes de Once. Ese día también descargaron su violencia tirando una bomba de estruendo a donde había varios fotógrafos, resultando herido el compañero Rubén Paredes, de diario Crónica. No es casualidad. En los dos últimos encuentros nacionales de mujeres, en Mar del Plata y en Rosario, las respectivas policías provinciales reprimieron a las manifestantes y se ensañaron con quienes estaban sacando fotos. Lo mismo sucedió en la represión del Hospital Borda. Todavía esperamos el juicio a los policías metropolitanos que durante el desalojo a la Sala Alberdi dispararon balas de plomo e hirieron a dos fotógrafos de la Red Nacional de Medios Alternativos.

Al reprimir a la prensa buscan generar condiciones de impunidad para disparar y golpear a manifestantes. El ajuste que el gobierno de Mauricio Macri está descargando sobre las espaldas de la clase trabajadora sólo cierra con represión. Como ejemplo, nuestra propia situación: recientemente difundimos un relevamiento que señala la aterradora cifra de 1300 despidos en prensa durante 2016, sólo en la Ciudad de Buenos Aires.

En los últimos días reprimieron a inundados en Pergamino y San Nicolás y a feriantes en Mendoza. El mismo día que lanzaron su festival de xenofobia y discriminación contra los “manteros”, gendarmería y policía de Chubut ejercieron terrorismo de estado contra los mapuches de la Lof en Resistencia de Cushamen. En la provincia que gobierna Mario Das Neves se vivieron 48 horas de brutal represión contra quienes osan enfrentar al multimillonario Luciano Benetton. Las fuerzas de seguridad hicieron un cerco de 4 kilómetros a la redonda e impidieron que la prensa pueda trabajar.

Esperaron a que no hubiera móviles de TV para reprimir violentamente a los obreros gráficos de AGR-Clarín. Palos y gases para quienes luchan contra 380 despidos. Las patronales de prensa omiten la noticia o la tergiversan alevosamente. Es fundamental la disputa por los contenidos, como lo demuestran en estos días las asambleas en Clarín y Canal 13/TN, y tantos otros compañeros y compañeras que –junto al SiPreBA- se solidarizan activamente. Apoyamos la toma pacífica de la planta. Nos comprometemos a seguir dando la pelea para que se dé a conocer las reivindicaciones de los compañeros despedidos, que hacemos propias.   

Se suman más agresiones a la prensa. En diciembre pasado las redacciones de Cosecha Roja y Anfibia primero y de Resumen Latinoamericano después sufrieron sugestivos robos que entorpecen la tarea periodística que realizan. Los medios comunitarios bien conocen de las agresiones del poder: en El Bolsón, Río Negro, las radios que apoyan el reclamo contra el magnate Joe Lewis sufrieron tres incendios intencionales. Están acostumbrados a recibir amenazas, tanto anónimas como por parte de funcionarios. 

Exigimos a las autoridades que se esclarezcan estos hechos. Reclamamos garantías para desarrollar nuestro trabajo periodístico, única garantía de la libertad de expresión. Hoy más que nunca la memoria del compañero José Luis Cabezas está presente.

“WI-FI” UN ASESINO SILENCIOSO


El wifi se puede definir de una forma simple como una red inalámbrica mediante la cual es posible la conexión de aparatos electrónicos, de esta manera no tienes que depender de un cable de red.

Desde sus inicio wifi ha sido un éxito a nivel mundial, de tal manera que las personas se mantienen en uso constante de estos dispositivos móviles que usa conexión wifi. En la actualidad es algo tan normal que podemos encontrar red wifi en casi todo lugar publico, incluyendo los hogares. Desde su llegada las compañías telefónicas siempre han dado a conocer los beneficios positivo sobre este servicio, pero estas  misma compañías no han dado instrucciones sobre el uso adecuado de este servicio para no dañar la salud.

“WI-FI” UN ASESINO SILENCIOSO QUE NOS ESTA MATANDO LENTAMENTE

“Wi-Fi” Un Asesino Silencioso Que Nos Esta Matando Lentamente
Los routers son muy usado en los hogares para conectar los dispositivos inalambrico como son smartphone o tabletas electrónicas, pero lo preocupante es las consecuencias del uso de este servicio; ya que el routers que emite las señal wi-fi produce ondas electromagnéticas que hacen un grave daño a nuestra salud. Las mayorías de las personas ignora este hecho por falta de conocimiento.
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Con el tiempo se empieza a reflejar los daños ocacionados por las ondas electromagnéticas cuando estamos expuesto dia y noche a esta señal. Este estudio fue realizado por La Agencia de Protección Sanitaria de Gran Bretaña”  demostró que los routers wi-fi hacen daño a las personas e incluso interfieren con el crecimiento de las plantas.
“Wi-Fi” Un Asesino Silencioso Que Nos Esta Matando Lentamente

CONSECUENCIAS DE EXPONER DEMASIADO AL WI-FI

  • Cansancio crónico.
  • Dolor en los oídos.
  • Falta de concentración.
  • Dolores de cabeza recurrentes.
  • Falta de concentración.
  • Problemas para conciliar el sueño.
La tecnología es necesaria y nos facilita la vida; solo debemos saber como usarla y tomar medida cuando algo puede hacer daño. A continuación les compartimos algunos consejos para que pueda usar el routers wifi de forma segura en el hogar o al menos estar menos expuestos a los daño que puede ocasionar. “wifi” un asesino silencioso que nos esta matando lentamente.

CONEJOS PARA PROTEGERTE DE ESTAS ONDAS

  • Desconecta o apaga la emisión de seña wi-fi antes de irte a dormir.
  • Apaga el Wi-fi cuando no estés usando dispositivos inalambricos.
  • Si usas teléfonos residenciales de señal inalambrica, cámbielo por teléfonos de cable.
  • Evite colocar el router cerca de la cocina y de los dormitorios.

Luciano Arruga, a siete años de su desaparición


Nuestro recorrido

Hace siete años, la policía bonaerense secuestraba, torturaba, asesinaba y desaparecía a Luciano Arruga. Sus familiares, amigos, organismos de derechos humanos, organizaciones, partidos de izquierda y medios alternativos nos encontramos a defender nuestras reivindicaciones en esta plaza que lleva su nombre. Hemos demostrado que con la militancia organizada no sólo pueden prosperar las causas particulares de cada familia, sino que también pueden transformarse las leyes, asentarse la jurisprudencia en los Tribunales, condenar pública y políticamente a funcionarios de gobierno e instituciones que integran alguna de las fases de la desaparición forzada de personas.
Cuando empezamos a buscar a Luciano, La desesperante pérdida, falta de conocimiento, sometimiento de clase, el miedo y la soledad estratégica posterior a la desaparición retardaron aún más los tiempos habituales para cualquier investigación, pero -sobretodo- fueron la justificación para la amenaza, la agresión y la persecución. Por eso, porque el Estado está organizado para encubrir y esto es manifestado por sus funcionarios indistintamente por complicidad o por inercia, cuando buscamos a Luciano aquel 31 de enero de 2009 dos veces en el hospital Santojanni, la respuesta fue no. Ningún NN coincidía con la descripción y no podíamos pasar a reconocer a nadie. Luego nos enteramos de que estaba ahí, por eso también pasó meses en una morgue judicial de la Ciudad de Buenos Aires con la nómina administrativa de una persona sin identidad mientras exigíamos su aparición con vida.

El poder judicial es indispensable para completar el círculo de impunidad. Con la desaparición de Luciano nos enfrentamos a una fiscal, Roxana Castelli, que entregó la investigación a la propia fuerza sospechada. También soportamos ser los principales sospechosos por nuestra condición de pobres: el juez Gustavo Banco aceptó en quince oportunidades a lo largo de un año y medio todos los pedidos de la segunda fiscal, Celia Cejas, para pinchar nuestros teléfonos a escondidas. Ante semejante maltrato, nos dispusimos llevar hasta las últimas consecuencias un jury de enjuiciamento que condenara a los funcionarios que se comportaron como si nuestra condición de clase pudiera demostrar una culpabilidad irrevocable. El procedimiento establecido para sancionar a un funcionario de la justicia es una trampa, son sus propios compañeros quienes resuelven las denuncias realizadas.
Por ese motivo es evidente el cajoneo a esta investigación que debería desarrollarse a partir de nuestra denuncia contra Roxana Castelli, Celia Cejas y Gustavo Banco.

Para encarar la búsqueda de una persona desaparecida cuando están sospechadas las fuerzas de seguridad, las amenazas son el punto de partida. Autos de civil que nos vigilaban, patrulleros que encendían las sirenas a la madrugada en la puerta de nuestra casa o personas desconocidas que caminaban cuadras detrás de nosotros.


La policía no sólo tiene la estructura estatal para torturar, asesinar y desaparecer: también el encubrimiento político de todos los estamentos del poder para garantizarse la impunidad. Sólo luchando con absoluta independencia de cualquier gobierno de turno puede quebrantarse ese poder, y por eso logramos encarcelar y condenar por el delito de torturas al policía Julio Diego Torales, que mantuvo encerrado e incomunicado en la cocina del destacamento a Luciano Arruga durante más de diez horas en septiembre de 2008. La jurisprudencia asentada con ese juicio que se desarrolló en marzo de 2015 es histórica: no sólo por la dificultad que implica conseguir las condenas por torturas sino también porque acreditamos con contundencia el hostigamiento sistemático previo al desenlace. La detención juzgada fue crucial por lo traumática, porque allí comenzó la cuenta regresiva. Luciano soportó y sobrevivió a los meses posteriores con pánico a la policía porque sabía que tenía los días contados. Los abogados defensores del torturador Torales son viejos conocidos en La Matanza. Se dedican hace años a defender a la Bonaerense, tienen vínculos directos con el Pro a nivel local y son quienes comandaron la embestida judicial contra nuestro compañero Pablo Pimentel. El presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de nuestro distrito tuvo que enfrentarse a una imputación por extorsión cuando los defensores de la policía asesina de Gabriel Blanco, asesinado en la comisaría de San Carlos en Isidro Casanova, lo acusaron de ofrecer beneficios a los presos a cambio de declaraciones contra los efectivos.
La misma lucha organizada nos permitió caratular esta causa como desaparición forzada y sostener esa figura aún después del hallazgo de Luciano y del intento del entonces gobierno de Daniel Scioli de hacer pasar este asesinato por un accidente de tránsito. El delito de desaparición forzada es de lesa humanidad, no prescribe y se sigue cometiendo a cada momento que la persona no está. En el país no hay un solo funcionario público condenado con esa figura que se tipificó en 2011. La perversa metodología de ocultar los cuerpos data de la última dictadura militar, pero se practica en democracia con la misma impunidad. El caso de Julio López, doblemente secuestrado y desaparecido, es muestra cabal. Las empresas periodísticas cumplen un rol central para garantizar la impunidad sembrando dudas sobre las víctimas, relativizando infundadamente las denuncias de las familias y silenciando explícitamente su voz.

Encontramos a Luciano gracias a la presentación de un hábeas corpus a comienzos de 2014. El poder judicial rechazó el pedido en dos instancias y nosotros apelamos esas decisiones hasta llegar a la Cámara Federal de Casación Penal, que terminó dándole curso. Las medidas tomadas en consecuencia fueron las que permitieron el hallazgo: la reapertura de los archivos de la Policía Científica de la noche del 31 de enero de 2009 arrojó que un NN había sido atropellado en General Paz y Emilio Castro, trasladado por el SAME e internado en el Santojanni hasta que murió luego de una operación y permaneció meses en la morgue judicial de la Capital Federal para ser enterrado en mayo de 2009 “sin identidad”.
Nuestra lucha nos llevó al hallazgo histórico, pero también nos permitió sobreponernos a la versión oficial, “que parezca un accidente”, y demostrar de forma contundente que sí, lo había matado la policía bonaerense y lo había desaparecido el Estado argentino con la perversa colaboración de instituciones de toda índole.

Haberlo encontrado generó medidas probatorias irrevocables: Luciano corría por la General Paz en una zona en que ésta se encuentra a metros de altura y sin acceso peatonal. Para llegar allí, tuvo que trepar un terraplén empinado y saltar una baranda o ser arrojado de un auto. La persona que lo embistió asegura que lo vio desesperado, escapando de algo y que no cruzaba normalmente, sino que corría en diagonal por la vía rápida. Otro testigo declaró que tiene la seguridad de que, en la colectora de General Paz, del lado de Provincia, había un patrullero doble cabina detenido y con las luces bajas. Luciano llevaba puesta ropa que no era suya y toda la evidencia que hoy serviría para demostrar cómo llegó allí, como sus zapatillas y elementos personales, se esfumó. . No es la primera vez que, como método de tortura y forma de exculparse, las fuerzas de seguridad someten a los jóvenes asesinados a situaciones en las que la muerte es ocasionada por algún factor externo. El caso de Ezequiel Demonty sobrevuela esta causa. El joven que fue arrojado al Riachuelo y murió ahogado también fue asesinado por la policía. A Luciano Arruga, en cambio, lo obligaron a correr por la vía rápida de General Paz.
Nuestra Lucha también fue por el cierre del destacamento de Lomas del Mirador, donde Luciano fue visto con vida por última vez, pero también porque en ese mismo lugar se llevaban adelante detenciones ilegales de menores de edad. A fines de 2011, luego de un acampe frente al municipio de La Matanza, conseguimos cerrar el destacamento de Lomas del Mirador. Desde octubre de 2013, gracias a tomar el lugar durante 68 días, nos pertenece absolutamente. Cuando encontramos a Luciano se votó en Senadores la ley de expropiación que cede definitivamente el ex destacamento a la personería jurídica de nuestros compañeros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Hasta el último día de su gestión esperamos con ansias que el ex gobernador Daniel Scioli pusiera la firma que necesitábamos para reglamentar la ley. Scioli, siendo coherente con su habitual comportamiento, nos ignoró sin mediar comunicación. La misma reacción tuvo cuando desde un medio le pidieron explicaciones por el hallazgo tardío del cuerpo de Luciano. Su séquito lo imitó. Ricardo Casal, a quien postulaba como ministro de Justicia si ganaba el balotaje, no tuvo reparo en atacar a esta familia afirmando que la desaparición fue un simple caso hospitalario. Jorge Telerman, entonces vocero del gobierno de la Provincia, también hizo el ridículo emitiendo un comunicado pretendiendo hacernos llegar una solidaridad cínica y dando por sentado que su jurisdicción no tenía incidencia en lo sucedido, aludiendo a “los hechos ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires”, para negar implícitamente la barbarie cometida por su propia policía. Ahora pesa sobre María Eugenia Vidal nuestra exigencia de reglamentar la ley de expropiación y lucharemos hasta conseguirlo. Nosotros luchamos por una sociedad en la que Luciano Arruga jamás hubiese desaparecido y nuestra denuncia jamás podría ser silenciada. Por ese motivo anunciamos antes de terminar esta jornada que el próximo 17 de octubre, a dos años del hallazgo de Luciano, nos encontrarán nuevamente en la calle en una enorme marcha para continuar exigiendo memoria, verdad y justicia.

Nuestra posición

El Estado volvió a demostrar que la maquinaria que funcionó en la última dictadura cívico-militar nunca se desmanteló con el retorno de la democracia: sus instituciones sostienen la misma perversidad de forma selectiva e invisibilizada.
El municipio de La Matanza fue una de las primeras instancias del Estado en rechazar todo tipo de acompañamiento o búsqueda de la verdad en la desaparición de Luciano: el entonces intendente Fernando Espinoza decidió no sólo desoír por nuestros pedidos sino fortalecer a su policía creando una patrulla municipal. El recambio actual de gestión no nos depara algo diferente: la intendenta Verónica Magario trajo a los más importantes líderes de su partido en la provincia de Buenos Aires, que formaron parte de la gestión paupérrima de Daniel Scioli. Las políticas de seguridad tan festejadas por los medios masivos de comunicación son las que nos dejan como consecuencia los 4644 asesinados por las fuerzas del Estado y más de 200 desaparecidos en democracia.

La política llevada a cabo con los NN es ilegal e irregular. Las fuerzas de seguridad, las morgues, el Registro Nacional de las Personas, los médicos que son cómplices, el poder judicial y los cementerios son la maquinaria mafiosa que ejecuta la desaparición forzada de personas en democracia. En el caso de Luciano el encubrimiento en los procedimientos posteriores a su muerte queda manifestado. La política estatal para manipular a los cuerpos “sin identidad” es siniestra, basta recordar las denuncias realizadas por los familiares de la inundación de abril de 2013 en La Plata: personas enterradas dos veces, cuerpos identificados en fosas comunes, junto a cadáveres de perros o fetos. La única excepción estatal en este crimen fue haber encontrado a Luciano.
El nuevo gobierno asume con una intencionalidad más que clara, la emergencia en seguridad a nivel nacional sólo puede explicarse comprendiendo la impronta represiva que se gesta para los próximos cuatro años, junto al intento de imponer un protocolo antipiquetes que no es más que la vía libre para deslegitimar y reprimir las protestas de los trabajadores. El crecimiento del aparato represivo y todas las fuerzas provinciales junto a la creación por decreto de las policías locales en “la década ganada”, es la herencia que necesitaba el macrismo para incrementar los operativos de saturación que para la juventud pobre no son más que control, verdugueo, golpizas, detenciones ilegales y torturas. El gobierno saliente dejó servida en bandeja la estructura para ejecutar la violencia que garantiza el disciplinamiento de los trabajadores: 45 mil policías bonaerenses a los que se sumaron más de 25 mil locales. La formación de la represión en las casas de estudios de nuestra juventud no es casualidad, buscan cooptar a esos mismos jóvenes pobres víctimas de la violencia del Estado y enfrentarlos con su propia clase. El caso de Lucas Cabello, joven baleado por un efectivo de la Policía Metropolitana en La Boca, es muestra contundente de la inclinación del presidente Macri, pero las ya conocidas represiones al hospital Borda, a los terrenos tomados del parque Indoamericano, a la Sala Alberdi o al barrio Papa Francisco, o el funcionamiento durante su primera gestión de la patota de la UCEP son la muestra cabal de que a la organización y las exigencias por necesidades básicas se responderá con palos y violencia.

La impronta del gobierno macrista ya se tradujo en la represión ordenada por Patricia Bulrich a los trabajadores de Cresta Roja y a los de la municipalidad de La Plata que reclamaban por el despido de 4500 compañeros. No es casualidad que, en la misma semana en que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires emitió un fallo permitiendo que, sin motivos, la policía pueda solicitar DNI a cualquier ciudadano, se ejecute de manera inédita el traspaso de 18 mil policías federales a la órbita de la Metropolitana en Capital Federal. No podría ser de otra manera si hay que someter al silencio y la represión violenta a más de 23 mil trabajadores estatales despedidos. La contracara de esta embestida es el violento ajuste que buscan imponer por la fuerza.
No podría ser posible, si no, que el presupuesto votado en la provincia de Buenos Aires con el aval de los bloques del Pro, el Frente Renovador y el Frente para la Victoria, incremente un 54% la inversión en “Seguridad” restando en áreas como salud y educación. La intencionalidad es sobradamente clara. La arbitraria detención de la militante Milagro Sala, acusada de incitación a cometer delitos y tumulto es un precedente inaceptable para todos los luchadores: cortar calles y hacer acampes y vigilias es la única alternativa que nos queda para reclamar el cumplimiento de nuestros derechos. Exigimos la liberación inmediata.

No se quedan atrás los prontuarios de los funcionarios a cargo de las Fuerzas: el nuevo jefe de la Bonaerense designado por María Eugenia Vidal, Pablo Bressi, es un ex oficial del Grupo Halcón, responsable de la Masacre de Ramallo. Fernando Díaz, el nuevo jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, es el mismo que gestionaba a la institución durante 2005, cuando ocurrió el motín en la cárcel de Magdalena en el que murieron incendiados 32 reclusos en un estado de abandono criminal. La decisión política en materia penitenciaria es que los presos deben ser tratados como escoria y que las cárceles deben estar pobladas de pobres. Los institutos de menores, las cárceles para niños siempre nombradas con eufemismos, se encuentran en un estado de hacinamiento, falta de higiene, violencia y abandono que pocas veces puede ser denunciado ya que los organismos de derechos humanos no consiguen entrar. Las personas alojadas en instituciones de encierro en la Argentina se mueren, además de asesinadas por las fuerzas penitenciarias, por enfermedades medievales.
La noticia de la triple fuga desmanteló una situación de podredumbre feroz hacia adentro de los uniformados: las instituciones represivas son mafias organizadas.

Hasta el último día de la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, los militantes de izquierda junto a organizaciones y organismos de derechos humanos pedimos que la mandataria derogara la ley antiterrorista que denunciamos y que fue impuesta por el gobierno de los Estados Unidos. También exigimos el cese de la judicialización con esa u otras leyes represivas y la persecución a los luchadores populares.



Nosotros seguiremos luchando por alcanzar nuestras reivindicaciones cualquiera sea el gobierno de turno, porque estamos convencidos de que la represión es una característica inherente a cualquier gestión, y como elemento intrínseco para la gobernabilidad es que la repudiamos de plano y la combatimos en unidad con organizaciones y partidos de izquierda y organismos de derechos humanos que conserven la misma independencia. Nosotros luchamos por una sociedad en la que Luciano Arruga jamás hubiese desaparecido y nuestra denuncia jamás podría ser silenciada. Por ese motivo anunciamos antes de terminar esta jornada que el próximo 17 de octubre, a dos años del hallazgo de Luciano, nos encontrarán nuevamente en la calle en una enorme marcha para continuar exigiendo memoria, verdad y justicia. En el marco de este contexto tan adverso y con la imperiosa necesidad de dar muestras contundentes de nuestra capacidad de movilización para frenar los ataques, los familiares y amigos de Luciano tanto como las decenas de organizaciones que firman este documento convocamos a todos sindicatos, centros de estudiantes, organismos de derechos humanos, trabajadores, coordinadoras de estudiantes secundarios, familiares de víctimas de la represión estatal, agrupaciones y partidos de izquierda a la más amplia unidad para salir a la calle con la espalda más ancha que nunca.

EXIGIMOS
- REGLAMENTACIÓN YA DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN DEL ESPACIO PARA LA MEMORIA LUCIANO ARRUGA
- LO MATÓ LA POLICÍA Y LO DESAPARECIÓ EL ESTADO
- BASTA DE REPRESIÓN POLICIAL
- BASTA DE PERSEGUIR LA PROTESTA
- DEROGACIÓN DE LAS LEYES ANTITERRORISTAS Y DE TODA LEGISLACIÓN REPRESIVA
- LIBERTAD A MILAGRO SALA
- BASTA DE GATILLO FÁCIL
- BASTA DE DESAPARICIONES FORZADAS
- NI UNA FAMILIA EN LA CALLE, NI UN PUESTO DE TRABAJO MENOS
- JUSTICIA PARA LUCIANO ARRUGA




El Pueblo Argentino y sus banderas. A un mes de “Cambiemos”.

Por Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de la Paz



Los derechos humanos y la democracia son valores indivisibles, por eso nuestros presidentes suelen asumir los 10 de diciembre, día en que se conmemora el día universal de los Derechos Humanos.
Ha sido una lástima que el Presidente de la nueva administración del Poder Ejecutivo no haya mencionado ni una sola vez en su discurso a los derechos humanos -entre otros olvidos intencionados- y sólo haya mencionado lo humano como “recursos”.
El frente de partidos que deja el gobierno tuvo en tres gestiones una gran oportunidad para desmontar la herencia neoliberal y, si bien avanzó en algunos aspectos, no supo, no pudo o no quizo según los casos, desmontar esa herencia y avanzar en un proceso de emancipación nacional y social como sí sucedió en otros países de la región. Su discurso muchas veces contrastaba con sus actos y alianzas (corporaciones mineras, del agro, petroleras y financieras), mientras consolidaba un estilo de confrontación y polarización que le fue quitando apoyo en ciertos sectores sociales, culminando en el primer balotaje de la Argentina.
Luego de esto, a pesar de haber perdido, el FPV no ha hecho pública ninguna autocrítica de por qué pasó lo que pasó. Paradójicamente, no haber reconocido ningún error en 12 años puede tener mucho que ver con este desenlace: que por primera vez una coalición de derecha asuma el poder a través de elecciones libres y abiertas.
El pueblo evaluará las decisiones tomadas en base a las promesas de campaña, sus derechos, necesidades y lo que vaya mostrando la realidad. Mientras tanto, lo que vemos en este primer mes, son iniciativas muy preocupantes que atentan contra los trabajadores, las instituciones y derechos básicos para cualquier democracia.
Durante la campaña, la coalición electa “Cambiemos” puso mucho énfasis en respetar las instituciones y la república. Sin embargo, en menos de una semana pisoteó su propio relato republicanista con una aluvión de Decretos de Necesidad y Urgencia, que no tienen nada de necesarios ni de urgentes, con el fin de sortear el debate de nuestros representantes en el Congreso, sabiendo que se puede convocar a sesiones extraordinarias.

No sólo intervino y disolvió organismos creados por ley, sino que quiere forzar la destitución de la Procuradora General de la Nación, cuyo mandato otorgado por el Senado aún está vigente, y ya le ha sacado funciones que representaban un avance institucional.
Hechos que se suman a una medida autoritaria inédita: el nombramiento por decreto de dos jueces en la Corte Suprema de Justicia. Los jueces decretados por un presidente, son jueces del Presidente, sin importar sus currículums. La Venezuela Bolivariana que tanto critica “Cambiemos” nunca hizo algo como eso, sus jueces siempre fueron aprobados por la Asamblea Nacional.
Es indispensable iniciar un proceso amplio y participativo de democratización de la justicia y selección de los magistrados de cara a la sociedad.
En materia de seguridad y derechos humanos, paradójicamente, en el único momento que el Presidente Macri asumió el papel de “defensor de los Derechos Humanos” fue en su primera presentación en el MERCOSUR y no tuvo que ver con la Argentina. Mostrando su alineamiento injerencista, defendió a quienes están presos por salir a quemar edificios en Venezuela para derrocar un gobierno electo democraticamente.
Mientras tanto en la Argentina hay más de 6.843 casos de torturas en cárceles en el año 2014, que el nuevo gobierno tiene que asumir, visibilizar e investigar en base a los informes que hemos elaborado entre la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, la Procuración Penitenciaria de la Nación y el GESPYDH del Instituto Gino Germani de la UBA.
Hacia adentro del país, el Pro quiere subordinar la cuestión social a las políticas de seguridad que, desde esta perspectiva, opera como reproductoras de las desigualdades. Las declaraciones de emergencia en materia de seguridad y penitenciaria, no apuntan a promover un cambio del paradigma punitivo del Estado ni a atacar el delito complejo, sino que mantienen el sesgo clasista, efectista y selectivo del último eslabón de la cadena, mientras pretenden legalizar contrataciones directas en vez de hacerlas con licitación.
La coalición electa también habló mucho de dejar de perseguir al otro por pensar de forma diferente, y lo primero que ha hecho es desguazar la Ley de Medios, con la intención de priorizar la libertad de empresa por encima de la libertad de prensa.
La Ley de Medios no es una Ley K, es de todos los argentinos porque fue amplia y largamente debatida por nuestra sociedad, y porque reemplazó la ley de facto de la última dictadura. Cuando fui a apoyarla en las audiencias nacionales del Congreso reivindivicamos el objetivo de desmonopolizar los medios y de democratizar la palabra. Se podrá objetar la forma de instrumentaciòn de la ley, pero en modo alguno se puede aceptar la vuelta atrás con el derecho a la libre expresión. Por eso siempre voy a defender la Ley de Medios y su correcta aplicación. En vez de censurar, los argentinos necesitamos más voces, porque la paz se construye en el respeto a la diversidad y aceptando críticas.
Otra de las banderas de campaña del actual frente de gobierno fue la de Pobreza cero, porque aún persisten graves desigualdades por resolver como los problemas de acceso a la tierra y una vivienda digna y al trabajo.Pero las medidas tomadas en este poco tiempo fueron en sentido totalmente contrario. Entre ellas, se devaluaron los salarios un 45%, se consintieron aumentos en bienes primarios, se suspendieron paritarias y la publicación de estadísticas, bajaron los impuestos a los que más tienen y despidieron masivamente a miles y miles de trabajadores públicos -que puede ser imitado por el sector privado- para imponer miedo. Y mientras reprimen a los que protestan, el Ministro de Economía se pronuncia extorsivamente diciéndole a los trabajadores y sindicatos que deben evaluar si prefieren pedir aumentos o mantener fuentes de trabajo.
El neoliberalismo acarreó la pérdida de la soberanía nacional, privilegió la entrega del patrimonio nacional a mano de las grandes corporaciones extranjeras, mientras aumentaba en el pueblo la marginalidad y el hambre, de la mano de la impunidad política y jurídica de sus artífices. La historia Argentina y del mundo entero nos enseñan que no es conciliable la política “del derrame”, con los derechos y las necesidades del pueblo.
La nueva administración -y sus gerentes de corporaciones o CEOs- debe respetar las instituciones democráticas del Estado, y asumir que su primera obligación es defeder y promover los Derechos Humanos y del Pueblo. No debe caer en la soberbia de la “curda del poder” que aleja a muchos funcionarios del camino que deben seguir. Los gobiernos pasan y los pueblos quedan. Los gobernantes deben cumplir sus funciones cómo Servidores del Pueblo, y no servirse del pueblo para sus intereses partidarios y personales.
Debemos hacer memoria para que nos ilumine el presente. El pueblo argentino pasó por etapas dolorosas entre luces y sombras, y asumió la resistencia y la lucha popular para recuperar la democracia, la Verdad y la Justicia. Muchos arriesgamos la vida en defensa de las libertades civiles y los derechos del pueblo. No podemos renunciar a las banderas que nacieron del pueblo y le pertenecen. Quienes luchamos desde siempre, no estamos dispuestos a dar un paso atrás.

46° Aniversario del Cordobazo

El 29 de mayo se cumple un nuevo aniversario del Cordobazo. Este abrió uno de los momentos más ricos de luchas y experiencias políticas de los trabajadores, dando lugar al  surgimiento de una numerosa vanguardia obrera y juvenil clasista, combativa y que planteaba un cambio revolucionario de la sociedad. En estos momentos donde la brutalidad del sistema capitalista arroja a millones de trabajadores a la miseria y somete a otros a la súper explotación más ignominiosa, reconstruir la memoria de estas experiencias es un elemento esencial para la necesaria refundación del movimiento de los trabajadores, sobre nuevas bases clasistas, socialistas y revolucionarias.



En junio de 1966, la Junta de Comandantes en Jefe derrocaba, mediante un golpe militar, al gobierno radical de Arturo H. Illía, poniendo en marcha lo que, por entonces denominaron, La Revolución Argentina y que significó una nueva dictadura militar en el país, con el Teniente General Juan C. Onganía como presidente.
Tres años después, una semi-insurrección obrera y estudiantil en la provincia de Córdoba daba un golpe terrible al gobierno militar, abriendo una de las etapas de mayores convulsiones políticas y sociales que hubo en la Argentina.
El gobierno militar lanzó una serie de medidas antiobreras y autoritarias. Paralizó la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Impuso el arbitraje obligatorio en los conflictos laborales y la ley de represión de los conflictos sindicales. Intervino sindicatos y suspendió personerías gremiales. Estableció la Ley de congelamiento de salarios. Modificó la Ley de indemnizaciones por despidos y aumentó la edad para jubilarse. Dictó la llamada Ley de represión del Comunismo y bajo la acción de la funesta DIPA (Dirección de Investigación de Políticas Antidemocráticas) persiguió y encarceló a los militantes populares. Onganía clausuró el Parlamento, disolvió los partidos políticos e intervino las universidades, que fueron consideradas “centros de subversión y comunismo” por la propaganda oficial. Estudiantes y profesores fueron desalojados a palos por la policía, en lo que se conoció como “la noche de los bastones largos”.


Con A. Krieger Vassena como ministro de Economía, y de muy buena "reputación” en los medios financieros internacionales, el gobierno desarrolló una política que comprimió salarios y precios, y abrió las puertas a los monopolios internacionales.
Juan D. Perón desde Madrid, ante la llegada al poder de Onganía llamó, con textuales palabras a “desensillar hasta que aclare”, lo cual significaba abrir expectativas en el nuevo dictador, y la burocracia sindical, tomando las directivas del líder exilado, busco participar en el proceso. Esto trajo aparejado una división de la CGT, surgiendo como alternativa a la CGT “participacionista”, la CGT de los Argentinos liderada por Raimundo Ongaro, dirigente gráfico y que nucleaba a gremios menores con direcciones combativas.

El camino hacia el Cordobazo 


El Cordobazo fue una movilización insurreccional que estuvo precedida por una serie de movilizaciones en distintos puntos del país y que fueron expresiones de la resistencia creciente que opusieron importantes sectores de trabajadores y estudiantes a la política global de la dictadura.
Hacia fines de 1968, la concesión del comedor estudiantil de Corrientes fue adjudicada al hacendado G. Solaris Ballesteros, quien inmediatamente después de la privatización aumentó el valor del ticket de $27 a $172 lo que provocó la reacción de la comunidad universitaria, fundamentalmente de los estudiantes, que representaban una población de alrededor de 5.000 jóvenes.
En marzo de 1969, los estudiantes resuelven no comprar el ticket del comedor reclamando también el fin de la privatización. Es entonces que la CGT regional habilita una “olla popular” adonde irán a comer los estudiantes. Estos crean una Junta Coordinadora de Lucha de las que formaban parte las distintas corrientes políticas estudiantiles que organizarán las posteriores manifestaciones de protesta.


El 15 de mayo una manifestación de 4.000 personas que recorría la ciudad chocó con la policía. En el enfrentamiento muere baleado el estudiante de medicina Juan José Cabral.
Esa noche, la CGT correntina llama a un paro general para el día siguiente en homenaje a Cabral.
El 17 de mayo en la ciudad de Rosario se efectúan actos y una gran marcha. En la Galería Melipal es baleado en la cabeza Adolfo R. Bello, estudiante de 22 años. Internado en el Hospital Central, Bello muere seis horas después. Cuatro días después, se organiza una “marcha de silencio”. La manifestación arranca con unos 1.500 estudiantes. El operativo policial era tal, que los propios organizadores no estaban seguros de poder llegar al centro. Pero se fueron sumando obreros y estudiantes de las escuelas secundarias lo cual significó que la marcha cobrara fuerza y llegara al centro, donde choca con la policía que, en medio de fogatas, autos volcados y barricadas se ve desbordada. Manifestantes ocupan la radio LT8 y cuando el grupo abandona la radio se enfrenta con la policía, que asesina al obrero y estudiante Luis Norberto Blanco de 15 años.
El 22, con la policía impotente para detener el estallido, el gobierno nacional declara a Rosario zona de emergencia bajo el Tercer Cuerpo de Ejército. El 23 se decreta un paro general para acompañar los restos de Blanco.
La Plata y Tucumán también son sacudidas por explosivas manifestaciones durante todo el mes.



Córdoba en el ojo de la tormenta

La provincia mediterránea que contaba con una gran concentración obrera industrial y una numerosa población estudiantil, también era escenario de importantes protestas. En setiembre de 1968, la CGT cordobesa y el Frente Estudiantil en Lucha organizó una semana de protesta en memoria de los Mártires Populares, al cumplirse el aniversario del asesinato del estudiante Santiago Pampillón y fue reprimida, así como otros actos que se realizaron contra el gobierno.
En mayo de 1969, los trabajadores del transporte y otros gremios declararon un paro de actividades para los días 15 y 16 en protesta por las quitas zonales y el no reconocimiento de la antigüedad por transferencia de empresas, respectivamente. Unos días antes habían sido reprimidos los obreros mecánicos que salían de una asamblea. En este marco de agitación política, los cordobeses reciben la noticia del asesinato de Cabral en Corrientes y de Bello en Rosario. Entonces, los estudiantes organizan una huelga el día 21, y el 23 de mayo ocupan el Barrio Clínicas en donde chocan con la policía y tres días después ambas CGT llaman a un paro nacional para el día 30. En Córdoba se decide parar desde el 29 en forma activa. La medida recibe el apoyo del movimiento estudiantil.
El 29 de mayo, a media mañana, cuando Onganía ingresaba al Colegio Militar en Campo de Mayo, para celebrar el día del ejército; en Córdoba, miles de obreros comienzan a abandonar sus tareas y se encolumnan en dirección hacia el centro de la ciudad. Las fábricas automotrices quedan vacías rápidamente y constituyen el grueso de la movilización obrera junto a otros gremios que se suman. Mientras algunos estudiantes se meten en las columnas de obreros y la mayoría comienza a marchar en forma organizada desde distintos puntos de la ciudad, las fuerzas policiales han desplegado un abanico de tropas, carros de asaltos y camiones hidrantes a la espera de la movilización.


Comienzan a registrarse choques en las esquinas entre policías y manifestantes. La columna de tres mil obreros de la planta de Santa Isabel de IKA-Renault hace su entrada en la ciudad por la ruta Nº 36, llega hasta la Avenida Vélez Sarfield y supera la barrera policial. Poco después chocan con otro nutrido grupo policial, a la altura del Hogar Escuela Pablo Pizzurno, y los policías deben cubrir su retirada a balazos. En medio de barricadas y automóviles incendiados, los obreros y los estudiantes van ocupando el centro de la ciudad. Muchos vecinos apoyan a los manifestantes y pasado el mediodía muchos destacamentos policiales se retiran a sus cuarteles mientras los que quedan en las calles comienzan a disparar sus armas ante el torrente imparable de manifestantes que corre por las calles, se encuentra, se multiplica y se mezcla desbordando las fuerzas represivas.
En la esquina de Blas y Bulevar San Juan, cae herido de muerte el obrero mecánico Máximo Mena de 27 años.
A las 17 horas con la policía totalmente desbandada, entran en escena la Cuarta Brigada de Infantería Aerotransportada y efectivos de otras compañías, la Aeronáutica y la Gendarmería, todos al mando del General Carcagno.
Ante el avance de las tropas, grupos de obreros y estudiantes organizan un sistema de comunicaciones consistente en “correos” que se desplazan por los techos, avisando sobre la ubicación de las tropas, a los que están en la manzana siguiente y enfrentan a los soldados arrojando bombas “molotov” desde los techos.
Las tropas consiguen despejar el centro y los manifestantes se repliegan al barrio Clínicas para resistir. Por la noche, la agitación se traslada a los barrios, como Alberdi, Alto Alberdi, Talleres, Juniors y Villa Páez. El 30, las tropas de Calcagno tienen el control de la ciudad y comienzan a actuar los consejos de guerra que juzgan a los detenidos. Las principales condenas caen sobre el dirigente de Luz y Fuerza, Agustín Tosco y Elpidio Torres, del SMATA: 8 y 4 años, respectivamente. Pero la condena mayor fue para el régimen militar que quedó mortalmente golpeado por el movimiento de masas, que iniciaba una etapa de luchas políticas y sociales que sacudieron la estantería capitalista en la Argentina.   



Conclusiones

El Cordobazo fue parte de un proceso que abarcó a franjas del movimiento de masas a nivel mundial. El mayo francés del 68, la Primavera de Praga en el mismo año, el ascenso del movimiento negro en Estados Unidos a mediados de los 60 y otros procesos en distintas partes del mundo conmovieron y cuestionaron en las calles las bases de dominación capitalista.
Quedarnos con la idea de que el Cordobazo se fuera gestando a partir de reivindicaciones mínimas como la protesta por el encarecimiento de un comedor estudiantil o por las quitas zonales, es decir por el rechazo de la política del gobierno de Onganía, es tener una visión parcial de sus causas. La fuerza que animó a esa insurrección estaba dada por el agotamiento de las masas frente al régimen capitalista que había jalonado la historia de la lucha de clases en la Argentina hasta ese momento. Quienes consideren esta afirmación exagerada tienen que tener en cuenta que la etapa abierta con el Cordobazo se caracterizó, entre otras cosas, por el surgimiento de una numerosa vanguardia obrera y estudiantil que tuvo expresiones organizadas en gremios, cuerpos de delegados y centros de estudiantes y que a su vez nutrió y fortaleció las organizaciones de izquierda, planteando como alternativa al régimen existente la necesidad de un cambio revolucionario.
En los últimos tiempos, se han editado numerosa bibliografía acerca de este período político y muchos autores se han ocupado de “la década del 70”. La mayoría de ellos habla de “los años de plomo”, término que, a nuestro entender, distorsiona, en parte, el carácter obrero que tuvieron las luchas políticas y sociales de aquel momento. Porque es cierto que las organizaciones guerrilleras se desarrollaron con fuerza y llegaron a ser un factor de desestabilización del régimen. Pero no fueron las acciones armadas del ERP o Montoneros los que hicieron el Cordobazo ni derrotaron a la burocracia en el SMATA cordobés, en la UOM de Villa Constitución y en otros gremios o Comisiones Internas, sino que fue el movimiento obrero que con sus herramientas de lucha lo hizo. Como así también fue la huelga general y la movilización obrera la que derrotó posteriormente los planes reaccionarios del gobierno de Isabel Perón y López Rega para liquidar las conquistas obreras en 1975. Los métodos de lucha como las tomas de fábricas con rehenes y la organización de piquetes de activistas que enfrentaban la violencia policial con barricadas y “molotov” hablan del grado de combatividad en aquella etapa.


Hay quienes opinan que los cambios operados en las relaciones sociales, la organización del trabajo y la propia clase obrera hacen inviables este tipo de luchas en la actualidad. Por nuestra parte consideramos, que los trabajadores enfrentan nuevos problemas en su organización para luchar, y uno de los puntos de apoyo para resolver esto problemas, son las enseñanzas que nos deja el Cordobazo, tanto en sus logros como en sus límites. Debemos rescatar ante todo el carácter clasista de esta lucha así como la unidad obrero-estudiantil que se fue plasmando a medida que se desarrollaba la movilización. La solidez obrera y la explosividad estudiantil configuró así una poderosa fuerza de combate.
La vigencia del Cordobazo se recrea en las nuevas luchas que hoy suman nuevas formas y nuevos sectores obreros y oprimidos, como necesidad de ir hacia enfrentamientos cada vez mas duros y sostenidos contra la patronal y el gobierno.
Entonces, antes que hablar de “años de plomo”, tenemos que reconocer en el Cordobazo, el inicio de una etapa de grandes luchas obreras que lejos de ser un recuerdo nostálgico debe ser la fuente de enseñanzas para enfrentar al capitalismo salvaje de hoy con posibilidades de derrotarlo.