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Impactos de las empresas transnacionales en los derechos humanos


Luis Hallazi Méndez



El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos en junio del 2011; además decidió establecer un Grupo de Trabajo empresas y derechos humanos, compuesto por cinco expertos independientes elegidos por un periodo de tres años con el mandato de promover la implementación de dichos principios; se estableció también un Foro donde anualmente se discutirían tendencias y desafíos en la implementación de los mismos. Dos de los expertos del Grupo: Michael K. Addo y Dante Pesce están de visita oficial por primera vez en Perú [1], tras una invitación del gobierno peruano.

Sin duda, cada vez es más visible el impacto negativo de las empresas transnacionales sobre los derechos humanos en el mundo entero. El 2005, el Secretario General de las Naciones Unidas, encargó al profesor John Ruggie profundizar al respecto, lo que trajo como resultado en el 2008 el marco de “Proteger, Respetar y Remediar”; sobre estos tres pilares se desarrollan los treinta y un (31) Principios Rectores que rigen este instrumento [2].

El primero está relacionado a la obligación del Estado de proteger los derechos humanos mediante el desarrollo de políticas públicas adecuadas y regulaciones que garanticen derechos fundamentales; el segundo es la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos lo que significa que las empresas deben actuar con debida diligencia[3] para evitar infringir los derechos de terceros y enfrentar los impactos adversos en los que están involucrados y el tercero es la necesidad de buscar el mayor acceso posible por parte de las víctimas a una remediación efectiva que pueda ser judicial o extrajudicial.

En el Perú ponernos a pensar en base a estos tres pilares: Proteger, Respetar y Remediar,  es simplemente chocarnos con una devastadora realidad. Podemos analizar una gama diversa de casos de cómo es la relación de las empresas con los derechos humanos y evidenciaremos que en su gran mayoría ni el Estado protege, ni las empresas respetan y peor aún, en caso de violaciones de derechos ninguno de los dos remedian a las víctimas.

Remitámonos a la situación actual, donde el Estado los últimos cinco años, tanto en el gobierno de Ollanta Humala como en el actual del presidente Pedro Pablo Kuczynski, ambos, han tenido un política agresiva de promoción de la inversión a través de la creación, modificación y derogación de normas jurídicas que flexibilizan procedimientos para el acceso a tierras o debilitan requisitos ambientales; que finalmente colisionan con el marco de protección de derechos humanos, ejemplo de ello es la Ley 30230 o el Decreto Legislativo 1333 recientemente derogado. Esto evidencia que el Estado está lejos de proteger los derechos humanos, sino al contrario realiza acciones concretas que terminan debilitando estándares mínimos de protección de derechos.

Vayamos al ámbito de las empresas que reunidas en gremios empresariales como es el caso de la CONFIEP han ido generando una opinión pública y presión gubernamental que muchas veces es contraría a los derechos humanos. Un caso concreto fue la resistencia a respetar el derecho humano a la consulta previa en actividades mineras, incidiendo en el Estado para que las poblaciones de comunidades campesinas no sean consultadas bajo la excusa de no ser pueblos indígenas [4]. Esta oposición e incidencia directa y pública también  han estado detrás de los cambios normativos denominados “paquetazos”, donde la CONFIEP ha cumplido un rol predominante en generar una corriente de opinión que no toma en cuenta la debida diligencia en los cambios normativos que promueve.

Por otro lado, hay muchos casos en los cuales habiendo habido violación de derechos por parte de empresas o Estado; estás la mayoría de veces no han reparado a las víctimas, un caso con más de 40 años de contaminación petrolera y sin remediación hasta el día de hoy es el de las comunidades de las cuatro cuencas en Loreto; así como este caso se pueden encontrar diversas violaciones contra el derecho a la tierra y territorio; al derecho a la consulta y el consentimiento previo; a un medio ambiente sano; impactos negativos a la salud de los pueblos indígenas. Esto nos lleva a concluir que los Principios Rectores no consideran de manera explícita los derechos diferenciados de los pueblos indígenas.

Más allá de eso los Principios Rectores son actualmente insuficientes para controlar los impactos que las empresas transnacionales están teniendo sobre los derechos humanos y específicamente sobre los pueblos indígenas. Debemos saber que estos principios no son un instrumento jurídico y por tanto no crean obligaciones legales internacionales para las empresas, de la misma manera los principios son débiles con respecto a las obligaciones del Estado, ya que no están ancladas en tratados internacionales. La aplicación de los principios apelan a la voluntariedad de las empresas y estas a su vez prefieren autoregularse a través de sus códigos de ética. Sin embargo el 2014 el Consejo de Derechos Humanos aprobó la resolución presentada por Ecuador y Sudáfrica que busca iniciar negociaciones a nivel mundial para el establecimiento de un instrumento de cumplimiento obligatorio para que las empresas transnacionales respeten los derechos humanos a escala global, aunque hasta ahora no haya muchas noticias al respecto.  

Lo cierto es que para vigilar el cumplimiento de estos principios, dos de sus miembros del Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos, están de visita oficial al Perú, visita que concluyo el 19 de julio, tras 9 días de reunirse con empresas, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil; en este último caso hubo un espacio donde se pudo presentar diversos casos vinculados a vulneraciones de derechos en actividades mineras, de hidrocarburos, agroindustriales, infraestructura, consulta previa, vulneraciones por parte de la empresa a defensores de derechos y violaciones  de los derechos laborales. Para junio del 2018 se espera el informe oficial y final con sus conclusiones y recomendaciones  presentadas ante el Consejo de Derechos Humanos.

Mientras tanto, esperemos que el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos recomiende a las empresas nacionales y transnacionales que sus acciones relacionadas a la incidencia y la gestión de sus intereses (lobbies) no vulnere, ni debilite el marco de protección de derechos humanos. De la misma manera se recomiende al Estado, sea al poder ejecutivo o poder legislativo, que sus acciones legislativas en la promoción de las inversiones privadas y públicas no vulnere, ni debilite el marco de protección del derecho internacional de los derechos humanos.

Notas



[3] La debida diligencia es el proceso comercial mediante el cual las empresas identifican activamente, previenen, mitigan y rinden cuentas sobre como manejan y abordan sus impactos negativos potenciales y actuales sobre los derechos humanos.


Luis Hallazi Méndez es abogado y politólogo, investigador en derechos humanos. luis.hallazi@gmail.com

No es sólo plata

 El conflicto por Ganancias revela otras raíces y riesgos para la institucionalidad.

Por Sergio Berensztein



La naturaleza de un conflicto político determina buena parte de su potencial solución. O, en su defecto, de que se profundice el problema. Es más, algunos conflictos permanecen en el tiempo, se convierten en cuestiones de larga duración; puede incluso que no se solucionen nunca. Los menos complejos de todos son los conflictos por cuestiones materiales: es posible, por lo general, encontrar un camino intermedio, partir las diferencias, ponerse de alguna manera de acuerdo. Sobre todo, si se pueden acomodar los costos de ese compromiso a lo largo del tiempo. Hay otros conflictos muchísimo más complicados. Por ejemplo, los que apuntan a las reglas del juego de una sociedad, de una empresa, de una familia, de cualquier relación (incluso, de pareja). Se trata de definir qué cosas se pueden hacer y cuáles no, con qué procedimientos se van a decidir potenciales discusiones, cómo se distribuirán cargas o responsabilidades a lo largo de un período determinado. La definición de reglas constituye un aspecto fundamental de la vida en sociedad. Aquellos grupos que son capaces de definir un conjunto de mecanismos fundamentales para resolver controversias, que pueden acordar reglas del juego clara y estables, tendrán mayores chances de éxito tanto en el plano colectivo como en el individual. En efecto, si esas reglas se respetan y asientan a lo largo del tiempo, permitirán acotar el rango de incertidumbre frente a eventos futuros: todos los actores sabrán que tarde o temprano se aplicarán procedimientos por todos conocidos, con resultados más o menos calculables con antelación.

Finalmente, hay otra clase de conflictos que son muy difíciles de resolver, a menos que se logre conformar una cultura de la aceptación de las diferencias, de valoración de la diversidad, de respeto por las minorías y absoluta protección por los derechos individuales. Las diferencias religiosas, culturales, identitarias y territoriales, entre otras, forman parte de esta última clase de conflictos. Por ejemplo, dos concepciones religiosas antagónicas pueden derivar en enfrentamientos muy violentos (católicos versus protestantes, chiitas versus sunitas, politeísmo versus monoteísmo, etc.). El nacionalismo y las culturas regionales también forman parte de estos fenómenos: un catalán fanático no quiere hablar ni escuchar el castellano. Me pasó alguna vez que tuve la oportunidad de charlar con Pep Guardiola: un placer hablar con él del fútbol y de la vida, apreciar su sensibilidad y su sofisticación para comprender el juego más lindo jamás inventado. En algún punto cometí el error de preguntarle si le gustaría dirigir la selección española. Le cambió el rostro, enfureció la mirada, perdió la objetividad. Se convirtió automáticamente en un guerrillero verbal absolutamente fanatizado. Su identidad catalana le impedía recuperar al ¿verdadero? caballero con el cual venía conversando. En definitiva, los conflictos simbólicos o intangibles son mucho más difíciles de resolver que los otros, los materiales y los que involucran reglas del juego.



¿A qué categoría corresponde el conflicto que parece haberse radicalizado en torno al impuesto a las ganancias? En principio, parece una cuestión de orden material. Y lo es, sin duda: estamos discutiendo de plata. Alícuotas, escalas, nuevas formas de financiar el costo fiscal de las modificaciones al actual régimen, etc. Si esto fuera todo el problema, esta semana deberíamos esperar que los actores políticos y sociales involucrados en las negociaciones llegaran a algún tipo de resolución. El problema es que nuestro sistema político es disfuncional y que se convirtió en una maquinaria fabulosa de destrucción de valor, esperanzas y oportunidades. Y que, al menos hasta ahora, la agenda de transformación institucional desplegada por el Gobierno ha sido, digamos, demasiado tímida, efímera y sin resultado alguno. Tan sólo una discusión superficial sobre el sistema de votación (la mal llamada reforma política, limitada luego solamente al plano electoral, que terminó en una discusión bizantina e insólita respecto de la mera inclusión de un chip en la boleta).

Argentina viene de siete décadas de una decadencia impactante; desde comienzos de siglo, un sistema político frágil e inestable se volvió aún más raquítico y demasiado proclive a los excesos del personalismo caudillista que siempre había predominado en la cultura política criolla. Los últimos doce años experimentamos una regresión al populismo autoritario, con ataques a la libertad de expresión y una experiencia de intervencionismo estatizante que demostró ser muy compleja de remover. Ese sistema político impotente y disfuncional sigue intacto y estas semanas lo hemos visto enredarse en un conjunto de errores autoinfligidos que afectaron a todos sus protagonistas y que, como consecuencia, volvieron una cuestión teóricamente solucionable en un rompecabezas donde ni siquiera están consensuados los costos fiscales de las propuestas en pugna. 



Que quede claro: no es una cuestión de nombres, de personas. Si no modificamos de plano la naturaleza del sistema político (las reglas o mecanismos para resolver conflictos), vamos a persistir en la senda de la decadencia secular en la que está entrampada la Argentina. Cambiemos se propuso ante el electorado como una eventual solución a este recorrido frustrante y pernicioso. Si se siguen ignorando las cuestiones de fondo y sólo se apunta a resolver cuestiones de emergencia, Macri y su gobierno terminarán, más temprano que tarde, alimentando el problema que prometieron reparar.

Sobre todo, porque además de ser un conflicto material y de reglas, esta discusión se convirtió también en una puja simbólica por el poder, por el control de la agenda, por quién tiene el “argumento” más grande. Parecen chicos, con pulsiones por “madrugar” al otro, mostrarle quién es más vivo, quién se sale con la suya, quién paga el costo político y reputacional más elevado. Pierden todos, perdemos todos. Recodémoslo: cuando alcancen algún acuerdo, Argentina seguirá siendo un país estancado, empobrecido e injusto, con un aparato estatal tan enorme como inútil, una carga fiscal tan asfixiante como imposible de financiar. Y con una clase política que, como tal, una vez más, está demostrando estar a la deriva, desenfocada, sin capacidad de consensuar objetivos estratégicos de corto, mediano y largo plazo.

Estamos aún a tiempo de enderezar el rumbo, de comprender que la crisis argentina es demasiado profunda como para tentarse con la dinámica perversa de las peleas personales, con la atracción fatal de la competencia electoral, con el protagonismo individual en medio de la descoordinación colectiva y el egoísmo destructivo, defensivo y soez del sálvense quien pueda. 



Proyectos en marcha: privatización educativa en la región



"América latina es la región en la que más ha avanzado la educación privada primaria y secundaria en las últimas tres décadas, pero la producción académica sobre las circunstancias políticas y económicas bajo las cuales esto se produjo es muy escasa en el continente", dice Mauro Moschetti, para explicar el lugar vacante que viene a cubrir la investigación en la que actualmente trabaja.
Financiada por Education International y surgida de los hallazgos de un proyecto global sobre el mismo tema, la investigación que comenzó hace unos cuatro meses en colaboración con otros colegas -Clara Fontdevila y Adrián Zancajo- apunta a "establecer una tipología de formas de privatización de la educación" en los países latinoamericanos. En la región, el 20% de los alumnos primarios y un porcentaje similar de los secundarios asisten a escuelas privadas, con países por encima y por debajo de esa media. "Se trata de entender -dice Moschetti- cómo y por qué los países de América latina han promovido la privatización de la educación de manera casi unánime a pesar de sus diferencias culturales, económicas y políticas."



Los primeros hallazgos muestran cinco trayectorias posibles hacia la privatización. "La privatización como parte de una reforma estructural del Estado (Chile), la privatización como reforma incremental (Brasil y Colombia, donde avanza con la complejidad de sus federalismos), la privatización «por default» y con escuelas privadas low-cost (Perú, República Dominicana), la privatización como resultado de alianzas público-privadas históricas (Argentina) y la privatización por vía del desastre (Haití, El Salvador, Guatemala) -describe-. En paralelo trabajamos con dos trayectorias contrapuestas: la no-privatización (Uruguay) y la desprivatización (Bolivia)", agrega.
En esas trayectorias se dibuja una primera distinción importante. "Hay países en los que la privatización se da como resultado de políticas explícitas para abrir el sector educativo a proveedores privados. Pero hay casos más «espontáneos» en los que el Estado juega un rol ambiguo", dice. Es el caso de Perú, que hasta hace 25 años tenía tasas de escolarización muy bajas en comparación con otros países de la región. "Aparecieron entonces proveedores privados de educación de bajo costo: escuelas que trabajaban con docentes sin título habilitante, en infraestructuras edilicias no apropiadas. Este sistema privado irregular aumentó la tasas de escolarización, pero bajo condiciones que el Estado no podía avalar. Entonces, se optó por hacer la vista gorda ante el fenómeno", describe Moschetti. Perú tiene una de las tasas de privatización más veloces del continente: en los últimos 15 años pasó del 20% al 50% de los alumnos en escuelas privadas. En la ciudad de Buenos Aires eso sucede desde hace 30 años.


Mauro Moschetti
Mauro Moschetti.

Nombre: Mauro Moschetti
Edad: 32 años


Perfil: magíster en Políticas Educativas (UTDT), investigador predoctoral de la Universidad Autónoma de Barcelona

Pedagogía de la ternura, la que enseña a los niños a confiar en sí mismos

Por Marcela Isaías 

La educadora cubana Lidia Turner Martí opina que es un momento ideal para el movimiento pedagógico latinoamericano

Lidia Turner Martí sostiene que hay que rescatar los pensamientos de Simón Rodríguez y el “Maestro Iglesias”. (Foto: H. Rio)
Lidia Turner Martí es una pedagoga cubana con tantos títulos y trayectoria académica en su haber que demandaría varias líneas presentarla. Sin embargo, tiene una habilidad que la diferencia de inmediato de otros pensadores de la educación: logra decir de la manera más simple y emotiva las reflexiones más profundas. Habla así de escuchar a los niños y jóvenes, de dar lugar a la creatividad en las aulas y de algo más hermoso todavía: de la pedagogía de la ternura.
Doctora en ciencias pedagógicas, profesora de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona (Cuba) y autora de numerosos libros y publicaciones, Lidia Turner Martí pasó por Rosario en la semana en que la ciudad le rindió un homenaje al Che en el 85º aniversario de su nacimiento, con una serie de actividades organizadas por el Centro de Estudios Latinoamericanos Ernesto Che Guevara (Celche).
La entrevista se da luego de una larga jornada para esta educadora —que pisa los 80— de encuentros, presentaciones de libros y charlas con jóvenes y maestros. Nada le impide ser generosa con el tiempo y hablar de qué se trata eso de unir educación y ternura en un libro, del momento fantástico que vive Latinoamérica para que los educadores se encuentren en un gran movimiento, y de paso de compartir alguna anécdota de su oficio docente.
—Además de un libro de su autoría, ¿a qué más llama "pedagogía de la ternura"?
—Hemos llamado así a la base de la pedagogía martiana. Es decir, desde hace años estamos investigando, analizando, todas las obras de José Martí (escritor y patriota cubano) para extraer de ahí su teoría. El escribió pero no publicó un libro sobre teoría pedagógica. Las ideas fundamentales de su pensamiento están en cómo trabajar con un ser humano al que estamos educando, para que pueda sacar lo mejor de sí en su proceso de formación. Esa es la síntesis. Estamos probando su obra en la práctica, con niños, en las clases, con maestros o en actividades entre escolares de América latina. La respuesta es la que nos dice si es correcta, si realmente es la que nos da su fruto.
—¿Qué encontraron en común esas pruebas y ensayos sobre la pedagogía de la ternura?
—Lo común es que los niños, los adolescentes y jóvenes tienen tantas potencialidades que pueden desarrollar y que muchas veces pasan por la escuela y no las desarrollan. En este último libro que estamos editando sobre "Educación y ternura", destinado a los docentes y padres, decimos que hay una obra importante que hacer y es la de trabajar bien con los niños todas sus posibilidades. Otra cosa que es común aquí es que los dejemos hacer. Es decir, que si piensan algo, que lo escriban; si quieren decir algo, que lo digan. Es la única manera de ayudar a su desarrollo pleno. Y algo muy importante que es acostumbrar a los niños a que confíen en sus posibilidades. Pensemos en esta clasificación, que a veces hacemos, de aventajados o no aventajados, del que sabe o no sabe. Por el contrario, esta pedagogía va dirigida a la confianza del ser humano en sí mismo, desde las primeras edades; eso le da una gran fortaleza para avanzar en la vida. Hemos tomado también el pensamiento de avanzada de Latinoamérica, donde tenemos tantos grandes pedagogos.
—¿De alguna manera propone recuperar el pensamiento latinoamericano en materia de pedagogía?
—Claro, en una charla reciente mencioné a uno muy importante: Simón Rodríguez. Hay que conocerlo, pero también tenemos que unirles otros tantos como Gabriela Mistral o el mismo Maestro Iglesias. En Cuba, estamos investigando y analizando sus aportes a la educación, porque es con ellos con quienes se enriquece. Y ese es el movimiento que debemos desarrollar: tomar nuestra visión pedagógica progresista y enriquecerla con la actual.
—Y de los maestros actuales, ¿qué rescata?
—El espíritu de innovación. Martí decía que en los maestros "crear" era la palabra de los jóvenes, igual que buscar cosas nuevas, nuevas formas y siempre innovar. Pero también eso lo dijo Simón Rodríguez con su "inventamos o erramos". Es decir, esa idea debe darse con la creatividad, el niño y el maestro. Simón Rodríguez afirmaba que hay que enseñar a los niños a ser preguntones porque si no lo son se pueden convertir en estúpidos, en charlatanes que repiten lo que les dicen. Eso hoy tiene una vigencia tremenda. Creo que la pedagogía actual está en tomar al niño, al adolescente no como objeto, sino como un sujeto que actúa, que aprende y al que hay que escuchar. La demanda de la educación actual pasa porque aprendan por sí mismos, que no aprendan sólo porque les enseñan sino que puedan apropiarse de formas para aprender.
—Latinoamérica está viviendo un momento muy interesante de cambios políticos, con Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Uruguay y la Argentina, entre otros países. ¿Cómo formar un movimiento pedagógico que los aproveche?
—Este momento es muy importante para la unidad de los educadores. Existe una organización que se creó en "Pedagogía 90" (congreso internacional) a solicitud de varios países y que es la Asociación de Educadores de Latinoamérica y el Caribe (Aelac), que ahora debe cobrar mucha más vida porque tenemos las condiciones para eso. Hay que dialogar, discutir, pasarnos experiencias de un país a otro. Esas son las primeras cosas que nos debemos los educadores. Es un momento ideal para ganar en intercambio.
—¿Qué la unió a la educación?
—Cuando estudiaba yo no pensaba en ser maestra. Llegué a dar clases por una necesidad. En esa época si no trabajaba no podía estudiar (antes de la Revolución). Por ahí llegué a la docencia, trabajando en una escuela con niños de primero y segundo grados. Pero después que se ha trabajado con niños ya no los puedes dejar. Soy de las que piensa que la vocación no nace con la gente, sino que se hace con la práctica. Ya hace 40 años que enseño en la Universidad de Ciencias Pedagógicas de La Habana y no lo dejaría por nada. Uno siente el gusto de compartir, de influir sobre todo en los jóvenes.
—Si tuviera que elegir una anécdota que la haya unido a la educación, ¿con cuál se quedaría?
—Tengo un montón. Pero si tuviera que elegir, diría que una de las grandes emociones de mi vida fue y es que cada vez que estoy en lugares diferentes, en la propia Cuba o en el extranjero, y que puedo tener alguna dificultad o problema que resolver, el que me ha salvado en ese momento es un antiguo alumno. Es verdad que llevo como 60 años dando clases, pero hay momentos que estoy en un lugar, que no sé que hacer y es ahí cuando alguien me dice: "Profesora, ¿le pasa algo?" o surge esa pregunta: "Profesora, ¿usted se acuerda de mí?". También me ha ocurrido estar en un aeropuerto y que alguien se me acerque y me diga: "Yo fui su alumno". Cuando eso ocurre, a un maestro le reafirma lo grande que es su labor. Volvería a ser docente, maestra si tuviera que escogerlo. Porque es con el vínculo con el ser humano y con la comunicación con lo que uno puede ayudar. Me parece que esa es la alegría que sienten los educadores.

"Libertad de expresión y censura previa"




por Carlos Baeza


“Estoy en desacuerdo con tus ideas, pero daría gustoso mi vida para defender tu derecho a expresarlas” (Voltaire)
La reciente desvinculación del relator de fútbol Víctor Hugo Morales de un programa radial, fue convertida en un gran sainete en el cual se mezclaron  -como era de esperar-  ataques al nuevo gobierno y marchas organizadas por la oposición en defensa de la libertad de expresión y contra la censura que -sostienen-  sufrió el uruguayo.
 
1° El primer aspecto a considerar es que la relación habida entre VHM y el medio para el cual laboraba era una contratación entre dos privados  y que concluyera cuando uno de ellos decidiera ponerle fin por motivos que no han trascendido, pero sin que de manera alguna ello implique un ataque a la libertad de expresión o algún tipo de censura y, menos aún, que el gobierno tenga intervención en dicho conflicto. Sin duda que el relator oriental, de haber sido privado de su puesto incausadamente, podrá recurrir a la justicia para reclamar los daños e indemnizaciones que pudieran corresponderle, como cualquier empleado despedido sin causa. E igualmente podrá ofrecer sus importantes servicios a cualquiera de los muchos medios privados que estarán felices de contarlo entre sus empleados, aunque el propio VHM, en un arranque de servilismo común en él, y luego de mendigar conchabo en medios oficiales, afirmó que si lo restituían en radio Continental, “se olvidaba de todo”. Claro que este mismo personaje era el que criticaba abiertamente al kirchnerismo y especialmente a Néstor Kirchner por la compra de divisas extranjeras aprovechando contar con  información sensible; no obstante lo cual, se ignora por cuántos cientos o miles de razones, luego se transformó en ferviente defensor del mismo gobierno que antes atacaba.



2° La Constitución nacional no incluye en forma expresa en su articulado, la protección de la libertad de expresión, debiendo entenderse como tal el derecho a exteriorizar el pensamiento respecto a cualquier tipo de idea u opinión, utilizando para ello todos los medios y procedimientos de comunicación social. La libertad de pensamiento brinda así la posibilidad de elaborar en el plano interior ideas u opiniones que mientras permanezcan en el fuero íntimo se encuentran exentas de la autoridad de los magistrados y sólo reservadas a Dios (art.19 de la Constitución). De allí que como una manifestación de la libertad de pensamiento, surge la libertad de expresión como ejercicio exterior y público de esa libertad.
El texto constitucional sólo se refiere en el art.14 a un aspecto de esa libertad de expresión, cual es la de publicar ideas por medio de la prensa sin censura previa, y ello encuentra profusos antecedentes en nuestra historia institucional. Así, el Reglamento de la Junta de abril de 1811 había proclamado la libertad “de escribir, de imprimir y publicar sus ideas políticas, sin necesidad de licencia, revisión y aprobación alguna anteriores a la publicación”; exceptuándose los escritos de carácter religioso que, por expresas disposiciones emanadas del Concilio de Trento, quedaban sujetas a la censura eclesiástica. En el mismo año, cupo al Triunvirato sancionar un decreto sobre libertad de imprenta, el que igualmente fue acogido en los intentos constitucionales de 1812-1813, y en las constituciones de 1819 y 1826.



En consecuencia, cabe interpretar la norma a la luz de las siguientes pautas:
a)la libertad de expresión puede ser ejercida respecto a todo tipo de creación del intelecto, cualquiera que ella sea: notas, comentarios, opiniones, dibujos o textos humorísticos, comerciales y artísticos.
b) la mención a la libertad de prensa no cabe ser entendida como negatoria del ejercicio de este derecho a través de cualquiera de los diversos medios de comunicación social que las modernas tecnologías han instrumentado para la difusión de noticias. Así lo reconoce el Pacto de San José de Costa Rica que en su art.13.1. dispone: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”
c) igualmente trascendente es el principio que ampara a la libertad de expresión de toda forma de control oficial sobre el papel utilizado para periódicos. La reforma de 1994 modificó el inc. 22 del art. 75, estableciendo que los tratados de derechos humanos que la misma cláusula menciona así como los que posteriormente se incorporen, “tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la Primera Parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos”. De esta manera, esos tratados internacionales, no forman parte del texto constitucional pero se encuentran en un plano de similar jerarquía, conformando el denominado bloque de constitucionalidad; y de allí que la misma cláusula, poniendo fin al debate en torno a la prelación de las leyes nacionales y los tratados, dispuso que “...Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes...” 
Precisamente, el citado Pacto de San José de Costa Rica  -uno de los instrumentos incorporados al texto constitucional-  establece  en su art. 13.3 que “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

d) por otra parte, el art. 32 de la Constitución Nacional que no se encontraba en el texto original sancionado en 1853, y que fuera incorporada por la reforma de 1860 dispone que “El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”. De tal forma, esta norma  impone al Congreso una valla infranqueable al impedirle la sanción de leyes que de cualquier forma signifiquen una restricción a la libertad de imprenta, la que no sólo puede verse amenazada por acciones concretas de censura  -ya vedadas igualmente por el art. 14 de la misma Constitución-  sino igualmente por limitaciones a la producción del papel requerido para la publicación de periódicos, también prohibida por el citado Pacto.

e) Ejemplo del avasallamiento de la libertad de expresión fue el gobierno bolivariano de Hugo Chávez  -a quien inexplicablemente idolatrara el progresismo vernáculo, no obstante que el mismo conjugaba las calidades de militar y golpista-  quien llevó a cabo una sistemática política de violación de los derechos individuales, entre ellos, la libertad de prensa, a cuyo fin propuso la expropiación de todos los periódicos y demás medios impresos, así como de todas las emisoras de radio y TV, las que pasarán a integrar una sola red estatal de transmisión a nivel nacional, pagando a sus propietarios sólo el 5% del valor de mercado en bonos estatales a 20 años de plazo. No recuerdo haber escuchado reacción alguna de integrantes del anterior gobierno censurando esas medidas atentatorias de la libertad de expresión pero que hoy se rasgan las vestiduras con el caso de VHM. ¡El relato todo lo puede!
3° Y bien: fue el propio kirchnerismo quien siguiendo esa política violó palmariamente la libertad de expresión cuando en su pelea  -¡una de tantas!-  contra Papel Prensa logró que la “escribanía legislativa” aprobara la ley 26.736 tendiente a ejercer controles oficiales sobre el papel para periódicos, normativa que no solamente vulnera el ya citado art. 32 de la Constitución Nacional, sino que igualmente violenta el art. 75 inc. 22 de la misma, ya que esa norma reviste una jerarquía inferior al tratado internacional que tutela esa forma de libertad de expresión mediante la prensa; y consecuentemente y en virtud del principio de supremacía emergente del art. 31, debe prevalecer el tratado y no la ley; y así debería ser declarado por los órganos jurisdiccionales que hipotéticamente debieran intervenir ante el evidente conflicto normativo, en uso del innegable control de constitucionalidad que a los mismos cabe ejercer. Sin embargo, no sólo no escuché a ninguno de los que apoyan al uruguayo criticar esa inconstitucional normativa, sino que ellos mismos fueron quienes la aprobaron.

4° ¿Y cómo calificar al entonces inefable Jefe de gabinete, “Coqui” Capitanich, que de pretendiente al sillón de Rivadavia, jugó a la oca y tras retroceder varios casilleros quedó como alcalde de su ciudad, rompiendo en cámara dos notas del diario “Clarín” por considerar que las mismas sólo reflejaban “mentiras” y eran “basura”. Ante todo debe señalarse que tanto el artículo que revelaba la existencia de un borrador confeccionado por Nisman por el que solicitaba la detención de la presidente y otros funcionarios, como la referida a los dichos de Capitanich sosteniendo que la causa Nisman aparecía cuando las playas argentinas estaban en su esplendor  -lo que negaba haber expresado-  fueron plenamente confirmadas; así como igualmente ocurriera con la versión según la cual Timerman había participado en la manifestación parisina por el atentado al semanario “Charlie Hebdo” a título personal y no como representante del gobierno, tal como el propio canciller lo admitiera. Pero cualquiera sea el contenido de las noticias  -en este caso todas confirmadas-  lo que no resulta  admisible en un régimen republicano es que un funcionario gubernamental destruya en su conferencia de prensa en vivo aquellas notas con las que disienta. Caso contrario, el ejemplo a seguir por los simples habitantes no es el del consenso y el respeto por la libertad de prensa y las opiniones ajenas, sino el de la confrontación lisa y llana que permite descalificar y destruir materialmente las páginas de los medios que no opinan igual que el gobierno, como paso previo a los escraches y agresiones físicas contra los periodistas de dichos medios, como ocurriera con preocupante insistencia y fuera motivo de críticas por los organismos internacionales que tutelan la libertad de expresión.
5° También el kirchnerismo en el final de su ciclo interpuso ante la justicia una medida cautelar para impedir que la revista “Noticias” publicara la nómina de los nuevos agentes de la ex Side, no obstante lo cual y ante la falta de notificación de una resolución acogiendo dicha petición, el citado medio procedió en dos ediciones sucesivas a dar a conocer el listado de los futuros espías. De esta forma, una vez más el gobierno pretendió cercenar la libertad de prensa al imponer la censura previa expresamente prohibida por la Constitución Nacional, ese librito que Ferdinand Lassalle llamara “la hoja de papel” y que, en el país de la anomia, los gobernantes desconocen y violan cotidianamente.
6° El mismo gobierno kirchnerista benefició en forma selectiva con la pauta oficial a aquellos medios afines que aplaudían servilmente su gestión a cambio de dinero, lo que motivara que algunos otros que resultaban perjudicados al no recibir pauta alguna, recurrieran a la justicia. Tal el caso de la editorial “Perfil” cuyo reclamo acogiera la Corte Suprema de Justicia al reconocer que la pauta publicitaria oficial no puede ser utilizada como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión, otorgando o quitando publicidad a algunos medios en base a criterios discriminatorios. Que si bien no existe un derecho a recibir una determinada cantidad de publicidad oficial,  si el Estado decide darla hay una protección contra la asignación arbitraria que excluye la utilización por parte del Estado de criterios discriminatorios. No obstante  -y como igualmente hiciera con el fallo del mismo Alto Tribunal disponiendo la restitución del Procurador de Santa Cruz-  el gobierno no cumplió con la sentencia ni tampoco lo hizo cuando el pronunciamiento fuera posteriormente reiterado.


7° No podemos olvidar tampoco el juicio público contra el periodismo crítico del gobierno organizado en la Plaza de Mayo por la buena de Hebe; ni menos aún el “escrache” llevado a cabo contra los mismos periodistas consistente en empapelar el centro porteño con sus imágenes a fin que los transeúntes pudieran escupirlas como gesto de auténtico respeto a la libertad de prensa. Pero no recuerdo haber escuchado opinión condenatoria alguna por parte de quienes hoy se solidarizan con el relator uruguayo. ¡Auténticos caraduras!
8° Durante la misma gestión gubernamental perdieron sus puestos numerosos periodistas, tales como Longobardi; Plager; Lage; Castro; Micelli; Novaresio; Bulat; Rosales; González Oro o Feinmann, entre otros. De todos ellos, el caso de Juan Micelli, despedido en 2013, es revelador. Esta semana, Juan Manuel Abal Medina, quien fuera Jefe del gabinete kirchnerista, admitió en los medios que tal despido obedeció a la entrevista con el “Cuervo” Larroque al preguntarle la causa por la cual la asistencia a los inundados de La Plata la llevaban a cabo afiliados de “La Cámpora” luciendo camisetas de esa agrupación. Reconoció, en tal sentido, que se trató de un caso de censura y que hubo otras situaciones similares, tanto en medios del Estado como privados que recibían pauta oficial. Tampoco tengo memoria de gesto de solidaridad alguno por parte de los mismos que hoy marchan en apoyo de VHM.

9° Queda claro, entonces, que conforme al art. 14 de la Constitución Nacional todos los habitantes pueden expresar sus ideas a través de la prensa, lo que supone que tal exteriorización por ese medio y en la extensión dada a ese término, no puede ser objeto de censura previa a su publicación, puesto que como lo sostiene la Corte Suprema, para resguardo de la propia libertad de prensa, y aun corriendo el peligro de su posible abuso, la Constitución ha proscripto el recurso a la censura previa (Fallos 270:289)Por tanto y si bien el derecho a la libre difusión de ideas es relativo, la garantía que lo protege en cuanto impide la previa censura reviste carácter absoluto. Y si bien ello no significa que la libertad de expresión tenga a su vez  carácter absoluto, pues al igual que el resto de los derechos, es relativo, presenta no obstante una característica que sí es absoluta  cual es la prohibición total de la censura previa (Bidart Campos)
Del análisis del texto constitucional y su interpretación, se desprende que si bien no existe la posibilidad de censura previa a la publicación de ideas por medio de la prensa, ello no releva de responsabilidad al autor de las mismas en caso que tal publicación pueda afectar derechos de terceros. Sin embargo la jurisprudencia ha ido perfilando la situación de eventual responsabilidad en que puede incurrir, no ya el autor de un artículo o nota periodística, sino el editor del medio en que la misma fuera publicada.

Como lo destaca Blackstone “La libertad de prensa es, verdaderamente, esencial a la naturaleza de un Estado libre; mas ella consiste en no imponer restricciones previas sobre las publicaciones, y no en la exención de censura en materia penal luego de su publicación. Todo hombre libre tiene un derecho indudable a exponer al público los sentimientos que le plazcan; prohibir esto es destruir la libertad de prensa; pero si publica lo que es impropio, dañoso o ilegal, debe soportar las consecuencias de su propia temeridad” Por ello y si bien el legislador debe intervenir para prevenir y reprimir todo atentado a los derechos y libertades de los demás cometido a través de la prensa, tal intervención sólo puede serlo por vía de represión o reparación pero no por vía preventiva, esto es, mediante censura previa.
En la Convención bonaerense de 1860 decía Vélez Sarsfield en una alocución que hoy mantiene su plena vigencia y que cabe no olvidar: “Preguntad a todos los opresores de los pueblos, ¿cuál es el primer medio que emplean para dominarlos a su arbitrio? Quitar la libertad de imprenta o ponerle pesadas restricciones. Resumiendo, señores, estas diversas ideas, podréis echar la vista sobre las sociedades de todo el mundo y no hallaréis un pueblo que vaya en progreso y en que estén asegurados los derechos de los hombres y restringida al mismo tiempo la libertad de imprenta. Ni hallaréis un pueblo que goce de absoluta libertad de imprenta y en el que su riqueza y sus adelantamientos morales retrograden y en que sus habitantes no se juzguen garantidos en sus decisiones individuales”.

“WI-FI” UN ASESINO SILENCIOSO


El wifi se puede definir de una forma simple como una red inalámbrica mediante la cual es posible la conexión de aparatos electrónicos, de esta manera no tienes que depender de un cable de red.

Desde sus inicio wifi ha sido un éxito a nivel mundial, de tal manera que las personas se mantienen en uso constante de estos dispositivos móviles que usa conexión wifi. En la actualidad es algo tan normal que podemos encontrar red wifi en casi todo lugar publico, incluyendo los hogares. Desde su llegada las compañías telefónicas siempre han dado a conocer los beneficios positivo sobre este servicio, pero estas  misma compañías no han dado instrucciones sobre el uso adecuado de este servicio para no dañar la salud.

“WI-FI” UN ASESINO SILENCIOSO QUE NOS ESTA MATANDO LENTAMENTE

“Wi-Fi” Un Asesino Silencioso Que Nos Esta Matando Lentamente
Los routers son muy usado en los hogares para conectar los dispositivos inalambrico como son smartphone o tabletas electrónicas, pero lo preocupante es las consecuencias del uso de este servicio; ya que el routers que emite las señal wi-fi produce ondas electromagnéticas que hacen un grave daño a nuestra salud. Las mayorías de las personas ignora este hecho por falta de conocimiento.
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Con el tiempo se empieza a reflejar los daños ocacionados por las ondas electromagnéticas cuando estamos expuesto dia y noche a esta señal. Este estudio fue realizado por La Agencia de Protección Sanitaria de Gran Bretaña”  demostró que los routers wi-fi hacen daño a las personas e incluso interfieren con el crecimiento de las plantas.
“Wi-Fi” Un Asesino Silencioso Que Nos Esta Matando Lentamente

CONSECUENCIAS DE EXPONER DEMASIADO AL WI-FI

  • Cansancio crónico.
  • Dolor en los oídos.
  • Falta de concentración.
  • Dolores de cabeza recurrentes.
  • Falta de concentración.
  • Problemas para conciliar el sueño.
La tecnología es necesaria y nos facilita la vida; solo debemos saber como usarla y tomar medida cuando algo puede hacer daño. A continuación les compartimos algunos consejos para que pueda usar el routers wifi de forma segura en el hogar o al menos estar menos expuestos a los daño que puede ocasionar. “wifi” un asesino silencioso que nos esta matando lentamente.

CONEJOS PARA PROTEGERTE DE ESTAS ONDAS

  • Desconecta o apaga la emisión de seña wi-fi antes de irte a dormir.
  • Apaga el Wi-fi cuando no estés usando dispositivos inalambricos.
  • Si usas teléfonos residenciales de señal inalambrica, cámbielo por teléfonos de cable.
  • Evite colocar el router cerca de la cocina y de los dormitorios.

Compañeros Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola

El 4 de julio de 1976 fueron hallados en La Cueva de los Leones, maniatados, con signos evidentes de torturas y acribillados a balazos, los cuerpos de los compañeros Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola. El 30 de junio, habían sido secuestrados en sus hogares, frente a sus familias, consumándose así uno de los actos más atroces que tuvo como matriz ideológica el nefasto accionar de la familia Massot y su principal arma de exterminio: el diario La Nueva Provincia.
Heinrich y Loyola, obreros gráficos del diario y dirigentes del Sindicato de Artes Gráficas formaron parte de una generación que luchó por reconquistar derechos arrebatados a los trabajadores. Su militancia gremial se vio reflejada en el trabajo cotidiano desarrollado en los talleres de la empresa monopólica donde el reconocimiento de sus compañeros y el enfrentamiento a las medidas patronales preocupaban al clan Massot.


Por los derechos 


Miguel Ángel Loyola y Enrique Heinrich eran trabajadores del diario La Nueva Provincia. Trabajaban como estereotipista y maquinista en el diario La Nueva Provincia.
Ambos estaban en la conducción del gremio de Artes Gráficas y defendían los derechos de los trabajadores a mejores condiciones laborales. Habían conseguido muchos derechos denegados durante años a los trabajadores de esa empresa.

Fueron secuestrados de sus casas entre la noche del 30 de junio y la madrugada del 1 de julio de 1976.

Enrique Heinrich tenía 31 años, esposa y cinco hijos. El mayor, de 9 años. 

Miguel Ángel Loyola tenía 28 años, esposa y una hija en camino.

Fueron secuestrados en sus domicilios frente a testigos. Ninguno de los dos apareció con vida.
En la Cueva de los Leones los encontraron el día 4 de julio, sus cuerpos estaban con signos de tortura y con más de 50 tiros.



Miguel Ángel Loyola y Enrique Heinrich fueron quienes durante largos años encararon las acciones para que los trabajadores de La Nueva Provincia llegaran a gozar de derechos que desde la patronal se les eran negados. Una lucha ardua que llevaron a cabo en épocas previas al golpe de estado con tantos otros compañeros del sindicato como es el caso de Jorge Molina que durante todos estos años, después de los asesinatos, se ocupó de que sus nombres y luchas no se perdieran en el olvido. Prueba y ejemplo de esto son las dos calles que en Millamapu llevan sus nombres.