Sistemas electorales

Escribe Carlos R. Baeza

Los sistemas electorales no son más que formas de traducir en bancas los votos de los diversos espacios. Teniendo en cuenta que en los próximos actos electorales del 13 de agosto (PASO) y 22 de octubre (generales) se utilizarán distintos sistemas, analizaremos cuáles son ellos y su forma de distribuir las bancas legislativas.

Senadores nacionales: Dado que la Cámara de Senadores se renueva por tercios cada 2 años, en esta ocasión sobre el total de 72 miembros, solo se elegirán 24 correspondientes a los 3 de las 8 provincias que tienen derecho a dicho recambio. En consecuencia y superado el trámite de las PASO, los espacios que arriben a las generales distribuirán los 3 senadores que corresponden a cada una de esas jurisdicciones utilizando el sistema Grey y que en nuestro país tuviera aplicación a través de la ley Sáenz Peña, también conocida como de lista incompleta y en virtud de la cual, cada espacio sólo presenta dos tercios del total de cargos a elegir de forma tal que el que triunfe llevará ese porcentaje, correspondiendo el tercio restante al que salga segundo (arts. 54 Constitución Nacional y 156 y 157 Cód. Electoral).

Diputados nacionales: La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada dos años por lo cual en esta ocasión se eligen 127 cargos de los cuales a la provincia de Buenos Aires le corresponden 70 diputados y en consecuencia en la boleta aparecerán 35 nombres los cuales serán elegidos por el sistema proporcional D’Hondt que consta de 3 pasos y que exige que los espacios alcancen el 3% de votos válidos (art. 161 Cód. Electoral) Para explicarlo utilizaremos los cómputos de la elección municipal bahiense de 1985 en la cual, al igual que ahora, se renovaban 12 cargos.

Primer paso: se dividen los votos de cada partido desde 1 hasta el total de cargos a elegir (en el ejemplo, 12)

U.C.R. P.J. P.I.

58.389 33.751 10.637

/.1 58.389 33.751 10.637

/.2 29.194 16.875 5.318

/.3 19.463 11.250 3.545

/.4 14.597 8.437 2.659

/.5 11.677 6.750 2.127

/.6 9.731 5.625 1.772

/.7 8.341 4.821 1.519

/.8 7.298 4-218 1.329

/.9 6.487 3.750 1.181

/.10 5.838 3.375 1.063

/.11 5.308 3.068 967

/.12 4.865 2.812 886

Segundo paso: se ordenan los resultados anteriores de mayor a menor hasta el último cargo a elegir.

1) 58.389 7) 11.677

2) 33.751 8) 11.250

3) 29.194 9) 10.637

4) 19.463 10) 9.731

5) 16.875 11) 8.437

6) 14.597 12) 8.341

Tercer paso: Finalmente, se dividen los votos válidos de cada partido por la cifra repartidora, y ello permite distribuir los cargos en disputa.

U.C.R. 58.389/8.341 = 7

P.J. 33.751/8.341 = 4

P.I. 10.637/8.341 = 1

Legisladores provinciales, concejales municipales y consejeros escolares: A nivel provincial, la Cámara de Senadores se compone de 46 miembros y la de Diputados de 92, renovándose la mitad de ambas cámaras cada 2 años (arts. 68. 70 y 78 C. Bs.As.) Dado que la rotación es alternativa, este año de los 46 diputados que se eligen, corresponden a la sexta sección electoral -a la cual pertenece nuestra ciudad- once cargos. Por su parte en el ámbito de nuestra ciudad tanto el Concejo Deliberante que cuenta con 24 miembros así como el Consejo Escolar integrado por 10 consejeros, se renuevan por mitades por lo cual el cuarto tramo de las boletas contendrá 12 concejales y 5 consejeros escolares. Todos ellos serán elegidos mediante el sistema de cuociente (art. 109 ley 5109) que consta de 3 pasos. Utilizaremos el mismo ejemplo.

Primer paso: se divide el total de votos válidos por los cargos a elegir:

128.142/12 = 10.678 (cuociente)

Segundo paso: se dividen los votos de cada partido por el cuociente.

UCR: 58.389 / 10.678 = 5,46

PJ: 33.751 / 10.678 = 3,16

PI: 10.637 / 10.678 = 0,99

Tercer paso: siendo que solo se cubrieron 8 de los 12 cargos, se adjudica uno más a los mayores residuos a saber: UCR: 46 y PJ 16,

Cuarto paso: Quedando 2 cargos sin cubrir, se adjudican a la lista más votada, la UCR, que entonces pasa a tener 8 concejales (5 por cuociente directo; 1 por mayor residuo y 2 por ser el más votado) mientras el PJ queda con los 4 concejales restantes (3 por cuociente directo y 1 por mayor residuo); el PI, al no alcanzar el cuociente por 41 votos, carece de representación a pesar de su caudal electoral.

Cabe señalar que en las elecciones bahienses de 1985 se utilizó, como ocurre desde la década del 40 y se repetirá este año, el sistema de cuociente. De haberse recurrido al sistema D’Hondt el PI habría logrado 1 concejal, lo cual revela el desequilibrio injusto del régimen de cuociente que no obstante ello nunca ha sido modificado, quizá porque ello requiera el voto de senadores y diputados del oficialismo que en definitiva es el único beneficiado de dicho sistema, cuando ante la no cobertura de todos los cargos mediante cuociente y residuo, es a quien se adjudican las vacantes restantes al ser el espacio más votado.

Impactos de las empresas transnacionales en los derechos humanos

Luis Hallazi Méndez

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos en junio del 2011; además decidió establecer un Grupo de Trabajo empresas y derechos humanos, compuesto por cinco expertos independientes elegidos por un periodo de tres años con el mandato de promover la implementación de dichos principios; se estableció también un Foro donde anualmente se discutirían tendencias y desafíos en la implementación de los mismos. Dos de los expertos del Grupo: Michael K. Addo y Dante Pesce están de visita oficial por primera vez en Perú [1], tras una invitación del gobierno peruano.

Sin duda, cada vez es más visible el impacto negativo de las empresas transnacionales sobre los derechos humanos en el mundo entero. El 2005, el Secretario General de las Naciones Unidas, encargó al profesor John Ruggie profundizar al respecto, lo que trajo como resultado en el 2008 el marco de “Proteger, Respetar y Remediar”; sobre estos tres pilares se desarrollan los treinta y un (31) Principios Rectores que rigen este instrumento [2].

El primero está relacionado a la obligación del Estado de proteger los derechos humanos mediante el desarrollo de políticas públicas adecuadas y regulaciones que garanticen derechos fundamentales; el segundo es la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos lo que significa que las empresas deben actuar con debida diligencia[3] para evitar infringir los derechos de terceros y enfrentar los impactos adversos en los que están involucrados y el tercero es la necesidad de buscar el mayor acceso posible por parte de las víctimas a una remediación efectiva que pueda ser judicial o extrajudicial.

En el Perú ponernos a pensar en base a estos tres pilares: Proteger, Respetar y Remediar,  es simplemente chocarnos con una devastadora realidad. Podemos analizar una gama diversa de casos de cómo es la relación de las empresas con los derechos humanos y evidenciaremos que en su gran mayoría ni el Estado protege, ni las empresas respetan y peor aún, en caso de violaciones de derechos ninguno de los dos remedian a las víctimas.

Remitámonos a la situación actual, donde el Estado los últimos cinco años, tanto en el gobierno de Ollanta Humala como en el actual del presidente Pedro Pablo Kuczynski, ambos, han tenido un política agresiva de promoción de la inversión a través de la creación, modificación y derogación de normas jurídicas que flexibilizan procedimientos para el acceso a tierras o debilitan requisitos ambientales; que finalmente colisionan con el marco de protección de derechos humanos, ejemplo de ello es la Ley 30230 o el Decreto Legislativo 1333 recientemente derogado. Esto evidencia que el Estado está lejos de proteger los derechos humanos, sino al contrario realiza acciones concretas que terminan debilitando estándares mínimos de protección de derechos.

Vayamos al ámbito de las empresas que reunidas en gremios empresariales como es el caso de la CONFIEP han ido generando una opinión pública y presión gubernamental que muchas veces es contraría a los derechos humanos. Un caso concreto fue la resistencia a respetar el derecho humano a la consulta previa en actividades mineras, incidiendo en el Estado para que las poblaciones de comunidades campesinas no sean consultadas bajo la excusa de no ser pueblos indígenas [4]. Esta oposición e incidencia directa y pública también  han estado detrás de los cambios normativos denominados “paquetazos”, donde la CONFIEP ha cumplido un rol predominante en generar una corriente de opinión que no toma en cuenta la debida diligencia en los cambios normativos que promueve.

Por otro lado, hay muchos casos en los cuales habiendo habido violación de derechos por parte de empresas o Estado; estás la mayoría de veces no han reparado a las víctimas, un caso con más de 40 años de contaminación petrolera y sin remediación hasta el día de hoy es el de las comunidades de las cuatro cuencas en Loreto; así como este caso se pueden encontrar diversas violaciones contra el derecho a la tierra y territorio; al derecho a la consulta y el consentimiento previo; a un medio ambiente sano; impactos negativos a la salud de los pueblos indígenas. Esto nos lleva a concluir que los Principios Rectores no consideran de manera explícita los derechos diferenciados de los pueblos indígenas.

Más allá de eso los Principios Rectores son actualmente insuficientes para controlar los impactos que las empresas transnacionales están teniendo sobre los derechos humanos y específicamente sobre los pueblos indígenas. Debemos saber que estos principios no son un instrumento jurídico y por tanto no crean obligaciones legales internacionales para las empresas, de la misma manera los principios son débiles con respecto a las obligaciones del Estado, ya que no están ancladas en tratados internacionales. La aplicación de los principios apelan a la voluntariedad de las empresas y estas a su vez prefieren autoregularse a través de sus códigos de ética. Sin embargo el 2014 el Consejo de Derechos Humanos aprobó la resolución presentada por Ecuador y Sudáfrica que busca iniciar negociaciones a nivel mundial para el establecimiento de un instrumento de cumplimiento obligatorio para que las empresas transnacionales respeten los derechos humanos a escala global, aunque hasta ahora no haya muchas noticias al respecto.  

Lo cierto es que para vigilar el cumplimiento de estos principios, dos de sus miembros del Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos, están de visita oficial al Perú, visita que concluyo el 19 de julio, tras 9 días de reunirse con empresas, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil; en este último caso hubo un espacio donde se pudo presentar diversos casos vinculados a vulneraciones de derechos en actividades mineras, de hidrocarburos, agroindustriales, infraestructura, consulta previa, vulneraciones por parte de la empresa a defensores de derechos y violaciones  de los derechos laborales. Para junio del 2018 se espera el informe oficial y final con sus conclusiones y recomendaciones  presentadas ante el Consejo de Derechos Humanos.

Mientras tanto, esperemos que el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos recomiende a las empresas nacionales y transnacionales que sus acciones relacionadas a la incidencia y la gestión de sus intereses (lobbies) no vulnere, ni debilite el marco de protección de derechos humanos. De la misma manera se recomiende al Estado, sea al poder ejecutivo o poder legislativo, que sus acciones legislativas en la promoción de las inversiones privadas y públicas no vulnere, ni debilite el marco de protección del derecho internacional de los derechos humanos.

Notas

[1] Véase Visita oficial: http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21847&LangID=S

[2] Véase los Principios Rectores: http://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1

[3] La debida diligencia es el proceso comercial mediante el cual las empresas identifican activamente, previenen, mitigan y rinden cuentas sobre como manejan y abordan sus impactos negativos potenciales y actuales sobre los derechos humanos.

[4] Véase diversas declaraciones de la CONFIEP: http://www.confiep.org.pe/articulos/comunicaciones/la-consulta-previa-postergara-los-proyectos-mineros

Luis Hallazi Méndez es abogado y politólogo, investigador en derechos humanos. luis.hallazi@gmail.com

Discutir la baja: un comodín diacrónico para el Estado

*Adolescente secuestrado el 31 de enero de 2009 por policías del destacamento de Lomas del Mirador, torturado y desaparecido. El 17 de octubre de 2014 fue hallado enterrado como NN en el cementerio de Chacarita.    El ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano esgrimió en una entrevista en Radio Nacional que el ejecutivo dará la discusión a lo largo del 2017, para que el Congreso trate en el 2018, “lejos de las elecciones”, un proyecto que incluya la baja en la edad de imputabilidad. Claudia Cesaroni, abogada, escritora e investigadora, disipó un error del funcionario que se volcó a medios de comunicación, militantes y opinólogos: no es imputabilidad, es punibilidad o Edad Mínima de Responsabilidad Penal. Se trata de un concepto más amplio que la posibilidad de resultar imputados por un delito. Por una senda institucional, en una instancia de apariencias con debates superficiales e inducidos a la confusión, en el planeta de los medios hegemónicos- sacando de ellos honrosas excepciones de colegas que se esfuerzan por ir más allá- , se debate si los “menores” de 16 años que cometen delitos son responsables igual que un adulto. Quienes acompañamos esta causa pero, además, hemos trabajado o trabajamos en el marco de la ley Provincial 13.298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, sabemos que esa discusión es estéril. El Sistema de Promoción y Protección (SPPDN) contempla que jóvenes en situaciones de vulnerabilidad tengan un resguardo dentro de las instituciones “no tradicionales”. La vulnerabilidad incluye el conflicto con la ley penal, acorde a las reglamentaciones y principios internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional desde 1994. La ley 13.298 sancionada durante el kirchnerismo plantea en la Provincia de Buenos Aires, la creación, o puesta en marcha, de programas sociales que fortalezcan distintos aspectos: identidad, educación, salud, vínculos sociales, trabajo, etc, creando dispositivos administrativos como los Servicios Zonales y Locales. Pegadito al SPPDN, también se crea en la Provincia de Buenos Aires, la ley 13.634 de Responsabilidad Penal Juvenil, estableciendo principios, garantías y plazos procesales de implementación para los niños punibles, desplegando un no acotado número de dispositivos judiciales, que regulan las medidas coercitivas sobre los mismos, pese a que la ley establece en su artículo 36 inc. 4 “Que la privación de libertad sea sólo una medida de último recurso y que sea aplicada por el período más breve posible (…)”. La aplicación y ejecución del SPPDN es y fue, sin embargo, muy precaria, no podemos decir lo mismo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que en la puesta en marcha de la cadena punitiva, se incrementa cada vez más la circulación de niños, niñas y adolescentes de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, al mismo tiempo que se incrementa el endurecimiento en las prácticas judiciales dirigidas hacia estos en relación a los tiempos de permanencia, dónde son alojados y las sentencias que recaen sobre ellos. Una prueba contundente de esto es la expansión de los espacios de encierro absoluto, actualmente llamados Centros de Régimen Cerrado. Desde la implementación de la ley 13.634, se han abierto 8 establecimientos más de los que ya existían, ya sea porque se abrieron nuevos o porque se los ha re-tipificado por su modalidad o régimen.  Esto no es un dato menor a la hora de pensar cual es el lugar que se le da a la Niñez en términos de políticas públicas, pero por sobre todo, cuál es el lugar que el Estado le da a la niñez perteneciente a los sectores más vulnerables. El SPPDN vino a reemplazar a Ley del Patronato, cambiando el paradigma: de menores tutelados por el Estado para resguardarlos del abandono moral o material, con una clara connotación criminalizante sobre los sectores populares, pasando a un Estado que bajo el principio  del “interés superior del niño” debiera garantizar el ejercicio de todos sus derechos, de todos los Niños, Niñas y  Adolescentes. Sin embargo en la cotidianeidad, el acceso a los derechos es precario y hasta inexistente, esto no sólo afecta la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes en vulnerabilidad: también es la contracara del mismo Estado que genera y alimenta la cadena punitiva de forma sistemática y selectiva. La “necesidad” de bajar la edad en la imputabilidad (punibilidad, si queremos ser más amplios) de los menores de 16 años parte de una falacia: sería una necesidad si se hubieran agotado todos los dispositivos previos, pero no funcionan los mecanismos que evitarían que cometan delitos o que los resguardarían de seguir haciéndolo. Ni siquiera en el caso de los que representan, o decían representar, un cambio de paradigma en materia penal juvenil. La construcción social de la figura del “pibe chorro” está compuesta por tres características: “pobre, drogadicto y delincuente”. Fogoneada principalmente por los medios de comunicación hegemónicos, recae con una fuerza brutal sobre los pibes de nuestros barrios, sobre sus familias y sobre los barrios mismos con una clara connotación segregativa, en donde se reclasifica la pobreza: se criminaliza  y estigmatiza a los niños, niñas y adolescentes primeramente por ser pobres. En este contexto, suscribiéndonos a todos los prejuicios instalados: que abundan los delincuentes menores, drogadictos y pobres y que implican alguna cifra de influencia a la hora de instalar y analizar el debate de la inseguridad, esos jóvenes pobres, drogadictos y delincuentes han sido prácticamente inducidos por el Estado a estancarse en esa vida. Así fue que allá por el 2009, mientras nosotros buscábamos con desesperación Luciano Arruga, el entonces gobernador Daniel Scioli, consideró que la falla integral no fue el sistemático desfinanciamiento del SPPDN (trabajadores sin cobrar durante meses, precarización laboral, inexistencia de espacios físicos o en condiciones deplorables para trabajar, falta de recursos materiales, humanos y económicos, etc) sino que la legislación penal juvenil no incluía a los niños de 14 años entre quienes eran responsables adultos de los delitos que cometían. Luciano es un ejemplo siniestro de que la realidad dice lo contrario: el pibe no quería robar y por eso lo mataron. El artículo publicado en Página/12 denominado “Casi no hay chicos que matan”, revela una cantidad de datos: según la Corte Suprema (información relevada hasta 2012) menos del 2 % de los asesinatos en CABA son cometidos por niños y menos del 4% en La Plata y el Conurbano. Existen infinidades de barrios en la Argentina completa, a los que la década que pasó no trajo la prosperidad anunciada y el macrismo destruye con la más perversa de las injusticias: el hambre. Si antes de señalar a los niños, hablamos de responsables adultos, deberíamos comenzar por funcionarios públicos que desde hace años escatiman el acceso a la educación y la salud, obturan como cuello de botella las posibilidades de que en las familias todos tengan todos los días para comer, achican los espacios de recreación para niños, niñas y adolescentes, eso fue y es la inclusión precarizada y a esta le sigue la exclusión social, la desesperación de las familias, que como respuesta reciben la violencia del Estado en todas sus formas, desde las más sutiles hasta las más perversas. El problema no es que el pibe chorea, el problema es que le están robando la niñez a los pibes y pibas, que les suprimen la esperanza, la capacidad de crear, de imaginar, de jugar, que los condenan al hambre y a vivir en la marginalidad. El problema más grande es que los pibes y las pibas de los barrios conviven más con la muerte que con la vida.

Se cumplen 8 años de la desaparición forzada de Luciano Arruga

El 31 de enero del 2009 fue detenido por la Policía Bonaerense en un accionar recurrente contra los pibes de barrios carenciados. Fue encerrado y asesinado por negarse a robar para ellos. Recién el 17 de octubre de 2014 fue encontrado el cuerpo de Luciano, enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita.



Luciano Arruga era un chico más de una zona vulnerable de la provincia de Buenos Aires, allí el accionar de la Policía Bonaerense era simple y claro, como en tantos otros puntos del conurbano: amedrentar a chicos en situación de vulnerabilidad social para que salgan a robar. Luciano tenía 16 años en el momento de su desaparición pero no negó sus principios al rechazar en reiteradas ocasiones ser parte de la mafia que funciona en el interior de la fuerza de seguridad más ruin de nuestro país.

Fue un 31 de enero de 2009 cuando Luciano fue visto con vida por última vez, hacía varios meses que era perseguido y hostigado por miembros de la Policía Bonaerense. Insistían en que robara para ellos, que le garantizaban el arma, la zona liberada y una salida express si llegaba a ser detenido en el hecho. Luciano se negó una y otra vez, el sistema represivo del Estado nacional no pudo corromperlo.

Cuatro meses antes de su desaparición, en septiembre de 2008, fue ilegalmente detenido en el destacamento policial de Lomas de Mirador, y fuertemente golpeado por la policía en la cocina del mismo, mientras que en el hall se encontraba la madre y hermana de Luciano, peleando contra la indiferencia de los policías que le decían que no podían retirarlo porque "no tenían la documentación necesaria". En las 10 horas en que estuvo encerrado, ningún fiscal de menores se acercó al lugar en donde se ejercía un acto de violencia institucional atroz.

Los intentos por entorpecer la investigación y la búsqueda de Luciano fueron moneda corriente desde un primer momento. En la madrugada del 31 de enero de 2009, al no aparecer en su casa, luego de haber salido a la noche hacia la casa de su hermana, la familia comenzó a buscarlo por el barrio. Fueron al destacamento y a otras comisarías y hospitales de la zona pero le decían que no estaba. Cinco días después, la familia, que no cesaba de buscarlo, presentó un hábeas corpus, pero la justicia lo rechazó.

La fiscal Roxana Castelli derivó la investigación en manos de la propia Bonaerense, por lo que las pistas falsas, la información trucha y el desvío de datos fueron moneda corriente. Nada nuevo en el típico accionar de la fuerza. 

En un principio la causa fue caratulada como averiguación de paradero, y recién años después se logró cambiarla a "Desaparición forzosa”. El 17 de octubre de 2014 fue encontrado el cuerpo de Luciano, enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. Supuestamente enterrado en mayo de 2009 después de un accidente automovilístico en la autopista General Paz.

La criminalización de la juventud y de los sectores vulnerados y desprotegidos por el propio accionar de la clase política vuelve a ser tema de debate en estos días, en donde el Gobierno intenta impulsar -con apoyo de otros sectores de la oposición- la baja en la edad de imputabilidad. Luciano se ha convertido en una bandera de resistencia para muchos pibes como él y otros de distinta procedencia pero con una sola idea clara: combatir al sistema represivo de un Estado que actúa en connivencia con las mafias que se encuentran al interior de quienes supuestamente deben proteger a la gente.

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) en su archivo anual sobre la situación represiva nacional del 2016 indica que una persona es asesinada cada 25 horas por gatillo fácil por parte de las distintas fuerzas policiales (Gendarmería, PSA, PFA, la Policía Bonaerense, Prefectura, etc.), y desde la asunción del gobierno de Cambiemos son 241 las personas asesinadas.

A Luciano Arruga lo desapareció el Estado y lo mató la Policía. Si no existe la memoria, todo lo nuestro es suicida.

Disparan contra la prensa, disparan contra el pueblo

Hace 20 años una patota de la policía bonaerense mató al compañero José Luis Cabezas. Fueron dos décadas de impunidad. Los asesinos no eran “manzanas podridas”. Todo el cajón estaba podrido. Y lo sigue estando. Las fuerzas policiales están corrompidas y ejercen violencia contra el pueblo.

Repudiamos el “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad ante manifestaciones públicas” con el que la ministra Patricia Bullrich cercena el derecho a la protesta y ataca la libertad de expresión pretendiendo encerrarnos en una “zona determinada”, es decir en un corralito. Mientras tanto, cada vez más seguido nos encontramos con policías filmando tanto a manifestantes como a trabajadores de prensa.

Rechazamos el “Protocolo de actuación para la protección de la actividad periodística”, firmado a espaldas de las organizaciones de trabajadores de prensa: es perverso pretender que informemos sobre nuestro trabajo periodístico a quienes gestionan el crimen organizado y reprimen a los que luchan.

Sufrimos una escalada represiva. No quieren que camarógrafos, reporteros gráficos ni ningún trabajador de prensa esté presente cuando balean, gasean, apalean, lastiman y detienen.

La policía de la Ciudad debutó reprimiendo a los vendedores ambulantes de Once. Ese día también descargaron su violencia tirando una bomba de estruendo a donde había varios fotógrafos, resultando herido el compañero Rubén Paredes, de diario Crónica. No es casualidad. En los dos últimos encuentros nacionales de mujeres, en Mar del Plata y en Rosario, las respectivas policías provinciales reprimieron a las manifestantes y se ensañaron con quienes estaban sacando fotos. Lo mismo sucedió en la represión del Hospital Borda. Todavía esperamos el juicio a los policías metropolitanos que durante el desalojo a la Sala Alberdi dispararon balas de plomo e hirieron a dos fotógrafos de la Red Nacional de Medios Alternativos.

Al reprimir a la prensa buscan generar condiciones de impunidad para disparar y golpear a manifestantes. El ajuste que el gobierno de Mauricio Macri está descargando sobre las espaldas de la clase trabajadora sólo cierra con represión. Como ejemplo, nuestra propia situación: recientemente difundimos un relevamiento que señala la aterradora cifra de 1300 despidos en prensa durante 2016, sólo en la Ciudad de Buenos Aires.

En los últimos días reprimieron a inundados en Pergamino y San Nicolás y a feriantes en Mendoza. El mismo día que lanzaron su festival de xenofobia y discriminación contra los “manteros”, gendarmería y policía de Chubut ejercieron terrorismo de estado contra los mapuches de la Lof en Resistencia de Cushamen. En la provincia que gobierna Mario Das Neves se vivieron 48 horas de brutal represión contra quienes osan enfrentar al multimillonario Luciano Benetton. Las fuerzas de seguridad hicieron un cerco de 4 kilómetros a la redonda e impidieron que la prensa pueda trabajar.

Esperaron a que no hubiera móviles de TV para reprimir violentamente a los obreros gráficos de AGR-Clarín. Palos y gases para quienes luchan contra 380 despidos. Las patronales de prensa omiten la noticia o la tergiversan alevosamente. Es fundamental la disputa por los contenidos, como lo demuestran en estos días las asambleas en Clarín y Canal 13/TN, y tantos otros compañeros y compañeras que –junto al SiPreBA- se solidarizan activamente. Apoyamos la toma pacífica de la planta. Nos comprometemos a seguir dando la pelea para que se dé a conocer las reivindicaciones de los compañeros despedidos, que hacemos propias.   

Se suman más agresiones a la prensa. En diciembre pasado las redacciones de Cosecha Roja y Anfibia primero y de Resumen Latinoamericano después sufrieron sugestivos robos que entorpecen la tarea periodística que realizan. Los medios comunitarios bien conocen de las agresiones del poder: en El Bolsón, Río Negro, las radios que apoyan el reclamo contra el magnate Joe Lewis sufrieron tres incendios intencionales. Están acostumbrados a recibir amenazas, tanto anónimas como por parte de funcionarios. 

Exigimos a las autoridades que se esclarezcan estos hechos. Reclamamos garantías para desarrollar nuestro trabajo periodístico, única garantía de la libertad de expresión. Hoy más que nunca la memoria del compañero José Luis Cabezas está presente.

Gorros rosas

El curioso símbolo de la primera protesta anti Donald Trump.

Tras el nombre de “Pussyhat project”, cientos de miles de mujeres lucirán la prenda de lana durante la marcha masiva en Washington en contra del nuevo presidente. La historia detrás de la iniciativa que traspasó las fronteras de Estados Unidos.

Uno de los afiches de “Pussyhat Project”

A solo un día de la asunción de Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos, se espera una movilización masiva frente al Capitolio, en Washington D.C. La llamada Marcha de la Mujer promete cientos de miles de almas que clamarán por sus derechos ante los repetidos videos filtrados de acoso y declaraciones desafortunadas por parte de Trump durante la campaña.

Las mujeres temen que la nueva presidencia reabra la brecha de género una vez más. Bajo esa idea, además de los típicos carteles y pancartas de las movilizaciones masivas, muchas de las participantes lucirán un llamativo gorro de lana rosa con orejas de gato.

El 24 de noviembre, el mismo Día de Acción de Gracias, Kirsta Juh -una guionista de Los Ángeles- y Jayna Zweiman -arquitecta californiana- lanzaron el llamado "Pussyhat Project" para apoyar la marcha. Desde ese día, la idea no dejó de crecer hasta hoy que se volvió una causa nacional.

Miles de mujeres contribuyen en la confección de los gorros

Las artífices del proyecto calculan que habrá cerca de 100 mil mujeres que lucirán el gorro y se movilizarán como una gran marea rosa. "Muchas mujeres no se consideran activistas. Creen que no saben organizarse", señalaron. Por eso, tanto Juh como Zweiman decidieron valerse de una estructura consolidada: los clubes de "knitting", centros donde mujeres se juntan a tejer a lo largo de todo el país.

De ese modo, las mujeres que, por una cuestión de distancia y dinero no se pudieran acercar a la marcha en Washington, contribuirían con la confección de los gorros. De hecho, la causa traspasó las fronteras de los Estados Unidos. Las redes sociales permitieron que mujeres extranjeras también elaboraran y enviaran su colaboración.

Por caso, Anja Liseth, de 41 años, que vive en Bergen, Noruega, mostró su adhesión: "Siento que mi contribución es importante, y que desde que he tejido estos gorros, una parte de mí está allí en la manifestación".

Se esperan cerca de 100 mil mujeres con los gorros en la marcha

"¿Cómo puedo mostrar visualmente lo que está pasando?", se preguntó a sí misma la guionista Juh cuando pergeñó la idea. El color rosa busca ser una representación visual de la infelicidad de muchas mujeres con la nueva presidencia de Trump. Los gorros, además cuentan orejas de gato, lo cual es una referencia a los comentarios vulgares del nuevo presidente hacia las mujeres filtrados en los últimos videos.

Más allá de la adhesión casi unánime, se alzaron algunas voces femeninas de oposición a los "pussyhats". Entre ellas, Petula Dvorak, columnista del Washington Post, escribió: "Me asusta un poco toda esta bien intencionada iniciativa. La cursilería del poder femenino que podría convertir esto en más Lilith Fair (festival musical) que en Lilly Ledbetter (reconocida activista). Esto es algo muy serio".

Estados Unidos y la promoción del fracking

Por Alcira ArgumedoSocióloga, docente e investigadora del Conicet. Diputada Nacional  ​​Con protestas en contra del fracking en sus principales ciudades, Estados Unidos promociona el fracking.El contexto internacional y el fracking en Estados Unidos La explotación de petróleo y gas no convencional o shale mediante la técnica de fractura hidráulica (fracking) se enmarca, desde principios del siglo XXI, en un contexto internacional donde la hegemonía del bloque de poder liderado por Estados Unidos con la Unión Europea y respaldado por la NATO, comienza a ser hostigada por el emergente bloque de poder que encabeza China en alianza con Rusia, que se ha fortalecido luego de la caída del Muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética. En los últimos quince años, estos dos bloques o sus corporaciones, han incrementado la disputa por recursos naturales y territorios estratégicos, donde una de las claves -como señala el analista Michael Klare- es el creciente agotamiento de las fuentes convencionales de petróleo y gas, junto a minerales valiosos como oro, coltán, diamantes, plata, cobre y más recientemente litio. Es preciso tener en cuenta que, en estos momentos, esa disputa se traduce en cinco guerras devastadoras en el mundo árabe -Irak, Siria, Afganistán, Libia y Yemen- más siete guerras en el continente africano: Malí, Chad, Nigeria, República Centroafricana, Congo, Somalia y Sudán. Guerras que aparecen como conflictos civiles, étnicos o religiosos, pero donde en cada bando participa directa o indirectamente uno u otro de los bloques o sus principales corporaciones. El Papa Francisco ha denunciado recientemente que no se trata de guerras religiosas, sino por recursos económicos.​​"Y a mí me sorprendió que agarre la remera y pose con una remera de "no al fracking" sabiendo que la foto iba a dar la vuelta al mundo... yo no lo podía creer. Y ese fue un momento mágico en el sentido de que la foto llegó a los lugares en donde se necesitaba un mensaje de esperanza del que cada uno que está luchando contra el fracking en su lugar no está solo...", dice el sociólogo Juan Pablo Olsson mostrándonos su foto con el Papa Francisco, quien en ese momento (año 2013) se hallaba abocado a la escritura de su segunda encíclica, "Laudato si" (Sobre el cuidado de la casa comuún), que fuera presentada en junio de 2015 y donde realiza una crítica del consumismo y del desarrollo irresponsable pronunciándose en favor de una acción mundial rápida y unificada "para combatir la degradación ambiental y el cambio climático". 
Un informe publicado por UNICEF a principios de septiembre de 2016 -cuya gravedad nos lleva a citarlo reiteradamente- da cuenta de la magnitud de estas tragedias: 250 millones de chicos menores de 18 años han nacido y crecen en condiciones de guerra y se calcula que de ellos un 20% -50 millones- van a sufrir secuelas psicológicas graves a causa del terror, la angustia, el hambre, la muerte de hermanos o padres y otras situaciones traumáticas; en muchos casos, las secuelas serán irreversibles. Esto permite estimar y explicar la cantidad de jóvenes de hoy, que han nacido y crecido en las guerras de Somalia, Afganistán o Irak desde los años noventa e integran las filas del ISIS, Al Qaeda y Boko Haram o protagonizan atentados suicidas en Estados Unidos y Europa. Datos que indican el desprecio por la vida y los costos sociales, económicos y ambientales, que están dispuestos a imponer los bloques de poder, en su disputa por recursos y áreas estratégicas.​​Campamento de refugiados sirios en al-Sahel, Akkar, norte de Líbano. La región de Sahel, en Akkar, tiene una población de casi 72.000 ciudadanos libaneses y ha acogido a más de 60.000 refugiados sirios desde que comenzó la crisis en Siria.Durante el mes de Julio de 2016, los colaboradores del CICR han vacunado a más de 15.800 niños en 23 aldeas libanesas y 500 asentamientos sirios informales en Akkar, en el norte de Líbano.Los equipos del Comité Internacional de la Cruz Roja recorrieron casa por casa y carpa por carpa en toda la zona de Sahel, en Akkar, para llegar a la mayor cantidad posible de niños menores de cinco años.Desde 1945, en Estados Unidos se conocía la existencia de petróleo y gas atrapados en piedras esquisto; pero no despertaba interés ante la accesible y menos costosa provisión de hidrocarburos convencionales, tanto locales como importados. Tampoco interesaría a pesar de las crisis del petróleo de 1973 y 1979/80, con los drásticos incrementos del precio del crudo, impuestos por la OPEP y luego de la revolución islámica en Irán. Pero desde principios del siglo XXI serán razones principalmente geopolíticas, más que económicas, las que darían lugar a la llamada “revolución del fracking” en esa potencia, hacia los años 2005 y 2006. Luego del atentado a las Torres Gemelas en septiembre de 2001, el presidente George Bush decide lanzar la guerra en Afganistán y define un grupo de países que, en su perspectiva, integran lo que llamaría el “Eje del Mal” por ser promotores del terrorismo: entre otros, Irak, Siria, Libia, Somalia, Sudán e Irán. En su mayoría, son productores de petróleo y gas o territorios por los que atraviesan oleoductos y gasoductos: salvo Irán, todos actualmente están en guerra. Con esa perspectiva, en 2003 se inicia la Segunda Guerra del Golfo contra Irak, bajo el fundamento de la existencia de armas de destrucción masiva, que pronto rebelaría su falsedad y el verdadero objetivo de controlar los yacimientos iraquíes y los territorios del Medio Oriente. Cabe mencionar que hasta entonces y desde inicios de la década de 1990, luego de su triunfo sobre la Unión Soviética, Estados Unidos aparecía como la única potencia que dominaba un mundo unipolar -el Nuevo Orden Mundial- capaz de imponer su voluntad a escala planetaria.​​La próspera ciudad de Ramadi, Irak, convertida en una ciudad fantasma por la destrucción provocada por la guerra.Sin embargo, durante esos primeros años del siglo XXI, el escenario internacional comienza a cambiar significativamente, ante los altos niveles de crecimiento económico de China y su poderío militar, nuclear, científico y espacial, que la definen como una emergente potencia mundial. Por su parte, Estados Unidos enfrenta crecientes dificultades para imponer su política en Medio Oriente: a pesar de la ocupación, en Irak no logra estabilizar el país; Siria estrecha su alianza con Irán y Rusia; Turquía es poco confiable; en Afganistán las tropas de ocupación se encuentran prácticamente reducidas a la ciudad de Kabul; y solamente Arabia Saudita es un aliado, pero comprometido en la disputa entre sunnitas y chiítas con Irán por el predominio en la región. Las tensiones con Rusia se agudizan en Ucrania y Crimea; Somalia es un verdadero caos; en Nigeria comienzan a actuar grupos fundamentalistas y se exacerba la violencia; mientras la Venezuela de Chávez se muestra cada vez más hostil. Si se considera que los principales proveedores de hidrocarburos de Estados Unidos son Canadá, México, Nigeria, Arabia Saudita y Venezuela, solamente los dos primeros le brindan seguridad. Ante este panorama internacional, la auto-suficiencia energética se refuerza como una política de seguridad nacional y se impulsa la producción de los no convencionales: frente a la seguridad nacional, no importan los costos económicos, sociales o ambientales y comienza a expandirse el fracking en distintos estados del país. A su vez, América Latina aparece como la región más fácilmente controlable para el abastecimiento de petróleo y gas: se promueven a partir de entonces las primeras exploraciones, principalmente en Argentina desde el 2006/2007, con el objetivo de ser continuadas en México, Brasil y Uruguay. Una política que cobra mayor impulso cuando en 2011 China y Rusia declaran su decisión de defender a Irán ante cualquier agresión de Occidente, aunque ello suponga iniciar una guerra: al año siguiente, Estados Unidos retira a Irán del “Eje del Mal” y se firman los acuerdos nucleares para garantizar la paz. La experiencia en Argentina Como una casualidad no tan casual de la historia, precisamente a fines de 2011 la empresa YPF, en la cual el Estado controla en 51% de las acciones, confirma los descubrimientos no convencionales, que datan de 1931, sobre la formación de Vaca Muerta -ubicada en las provincias de Neuquén, Río Negro y Mendoza- y se anuncia que su potencial mediante fracking significa multiplicar por diez los recursos del país en petróleo y principalmente en gas: la Agencia de Estadística Energética de Estados Unidos publica que se trata de la segunda reserva en gas y la cuarta en petróleo no convencional del mundo. Argentina estaría entonces en las puertas de transformarse en una futura Arabia Saudita, desbordante de riquezas; y frente a ese futuro venturoso, no caben contemplaciones políticas, sociales, ambientales o morales. La dramática experiencia de los habitantes del distrito de Allen en la provincia de Río Negro es un ejemplo, donde los productores de frutas de exportación han perdido calidad internacional por la contaminación de las napas con químicos y otros componentes utilizados por el fracking y crecen las enfermedades pulmonares, que afectan principalmente a los niños. Además, los índices de cirrosis y cáncer por químicos y metales en sangre; la contaminación del río Negro que provee de agua a las poblaciones situadas a lo largo de su curso; los reclamos de comunidades indígenas por la usurpación de sus territorios ancestrales; las emanaciones de gas metano que suben a la superficie por las grietas; los contratos secretos con corporaciones como Chevron, con oscuros antecedentes de depredación de las zonas amazónicas de Ecuador; serían considerados costos menores, casi insignificantes, frente a ese futuro venturoso y desbordante de riquezas, que se auguraba para el país. Costos sociales bajísimos si se los compara con los de Irak, Siria y los demás países en guerra. Esta situación cambia sensiblemente a partir de mediados del 2014, cuando se produce una crisis del petróleo en sentido inverso a las de 1973 y 1979: el precio del barril baja sensiblemente desde 150 dólares hasta llegar a 27 dólares en 2015, alcanzando después una escasa recuperación y en septiembre de 2016 se cotiza a unos 42 dólares. Diversos factores confluyen en la caída de los precios: entre otros, una disminución de la demanda de China -la segunda importadora a nivel mundial después de Estados Unidos- debido a un ritmo menor de sus tasas de crecimiento (entre 2008 y 2013 su demanda había crecido en un 35%). Cae asimismo la demanda de la India, mientras Estados Unidos, Japón y la Unión Europea presentan bajos índices de crecimiento económico. A ello se suma que el desarrollo de energías renovables ha crecido sensiblemente en Europa, junto a una mayor eficiencia y rendimiento del consumo en automotores en América del Norte. Ante este panorama, Arabia Saudita se niega en la OPEP a reducir sus ritmos de producción con bajos costos históricos, como presión ante el acuerdo de las grandes potencias con Irán sobre el tema nuclear, al tiempo que busca desplazar la presencia norteamericana con hidrocarburos shale en el mercado europeo: recién en septiembre de 2016 señaló que el país estaría dispuesto a rebajar limitadamente su extracción, pero a condición que Irán no aumente sus exportaciones de petróleo crudo.​​Félix Herrero, abogado y Lic. en economía.
En Argentina se promueve a partir de entonces una política irracional que, además de turbios negociados con las corporaciones petroleras comprometidas, pretende mantener la producción de los no convencionales mediante fracking, a través del llamado “barril criollo.” Esto significa que, mientras el precio internacional de referencia cotizaba el barril a unos 30 ó 40 dólares, en nuestro país se les reconoce un valor de 68 a 70 dólares. Bajo el fundamento de conservar los empleos en el sector, se garantiza de este modo la continuidad de la explotación del fracking, cuyo costo de extracción promedio gira alrededor de 50 dólares. Entre otras consecuencias, mientras en Estados Unidos el precio de un litro de combustible cuesta 60 centavos de dólar, en Argentina vale 1.20 dólar. Como señala el especialista Félix Herrero -uno de los primeros en advertirnos acerca de los peligros del fracking en nuestro país- “las corporaciones no vienen a extraer petróleo, sino subsidios”, además de contar con otra fuente de ingresos turbios: dado que durante años las empresas privatizadas no realizaron exploraciones, en la zona también se encuentran yacimientos de petróleo convencional, cuyo costo de extracción es de unos 15 dólares; pero lo declaran como si fuera shale. Lo más grave, es que el conjunto de las fuerzas políticas mayoritarias aprueban el fracking y el “barril criollo”, dados sus compromisos con las petroleras locales y extranjeras. Baste mencionar que, en el actual gobierno, el Ministro de Energía ha sido presidente de Shell hasta hace sólo un año y se comporta como tal; el Frente para la Victoria tiene históricos compromisos con las corporaciones del sector e impuso el “barril criollo” desde mediados del 2014 hasta el fin de su mandato; el Frente Renovador es financiado, entre otros, por las petroleras Panamerican Energy y el grupo local Vila-Manzano. Por estas razones, en la Cámara de Diputados de la Nación quienes se oponen a esta política no son más de 10 legisladores, mientras en el Senado de la Nación los números se presentan igualmente desfavorables. De este modo, los intereses y la capacidad de cooptación y corrupción de las petroleras, han logrado conformar una trama de complicidades con fuerzas políticas mayoritarias y sectores sindicales que, hasta el momento, se sustentan en las promesas de ese futuro venturoso y en un supuesto resguardo de empleos. Incluso en septiembre de 2016, YPF atrajo, entre otras, a la empresa rusa Gazprom y a la Shell, para que inicien la extracción no convencional, haciendo caso omiso de la irracionalidad del “barril criollo”: significa promover una producción altamente contaminante y depredadora que, además, no es rentable y requiere entre 6.000 y 8.000 millones de dólares anuales en subsidios públicos.​​Un camión transporta equipos de la petrolera Halliburton destinados a producir la arena que se utiliza para fracturar la tierra en la explotación de gas no convencional mediante la técnica, altamente contaminante, conocida con el nombre de fractura hidráulica o fracking. Las máquinas de color gris con la inscripción Halliburton en rojo, son precipitadoras de polvos de la empresa Appco y es transportada hacia la zona de Vaca Muerta. La foto fue tomada cerca de Choele Choel en la ruta 22.Ante este escenario, el grueso de la resistencia contra el fracking se ha venido dando en la sociedad civil, a través de organizaciones sociales, ambientalistas y grupos de vecinos que, en distintas localidades afectadas -actualmente son 58 en el país- han logrado prohibirlo, contando con el acuerdo de legisladores locales: de ellas, 9 en la provincia de Buenos Aires; 37 en Entre Ríos; 4 en Mendoza; 3 en Río Negro; 3 en Neuquén y 2 en Chubut. En otros casos, cuando los gobiernos municipales deciden prohibirlo por votación mayoritaria o incluso unánime -en la experiencia de Allen- los gobiernos provinciales han desconocido esas decisiones y avalan la explotación, como en Neuquén y Río Negro. Sin embargo, la resistencia continúa y, en esta última provincia, debe destacarse el enorme logro de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Patagones que, articulando su lucha con la de los Concejales, pudieron vencer el poder de las corporaciones y sus cómplices, prohibiendo el fracking en Viedma, la capital provincial. Por su parte, en Entre Ríos, las asambleas han logrado que se debata la prohibición a nivel provincial y que el gobierno haya asumido ese compromiso.​​En 2012 el gobierno argentino entabla conversaciones con distintas empresas extranjeras que emplean el fracking. Luego de varias reuniones el 19 diciembre de 2012 el nuevo presidente de YPF Ing. Galuccio firma un acuerdo con la empresa petrolera estadounidense Chevron para explotar Vaca Muerta.Foto tomada en la ciudad de Neuquén, donde una multitud formada por organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles y la Confederación Mapuche fue ferozmente reprimida mientras la Legislatura convalidaba el acuerdo que YPF SA realizó con Chevron para utilizar fracking en Vaca Muerta.Es imprescindible fortalecer el movimiento contra el fracking en Argentina y en América Latina, que lucha por la vida y el cuidado de un ambiente sano, de nuestros recursos, nuestros ríos, nuestras napas de agua, nuestros acuíferos, incluido una de las la principales reservas de agua del mundo: el Acuífero Guaraní. En este sentido, es auspiciosa la posible sanción de una ley nacional que prohíbe el fracking en Uruguay y los avances en el sur de Brasil, donde 100 municipios lo han prohibido gracias a la  tarea realizada por COESUS y de un fuerte compromiso de sectores eclesiásticos.