 Arturo Illia abandona la Casa de Gobierno, el 28 de junio de 1966, tras ser derrocado. Foto: DyN / Archivo Hacia junio de 1966, el comodoro retirado Juan José Güiraldes, director de la revistaConfirmado y sobrino de Ricardo Güiraldes, decía: “Si para salvar…la constitución, un nuevo gobierno debe negarla de inmediato, habrá que optar”. Era la confirmación de que el golpe estaba en marcha, tanto que finalizaba su nota advirtiendo: “…creo que sólo un milagro salva a este gobierno”. Sólo tres años atrás, el 7 de julio de 1963, Arturo Illia había sido electo presidente de la Nación. El contexto de debilidad del sistema institucional quedaba al descubierto con la humorada popular, que se jactaba de que el país contaba con tres presidentes: Illia, electo; Guido, interino; y Frondizi (depuesto en 1962), el constitucional. Las elecciones de 1963 marcaban también la debilidad del sistema partidario: una atomización de fuerzas había dado apenas un 25% de los votos para la fórmula ganadora. El gobierno de Illia, “custodiado” por las Fuerzas Armadas, tuvo un rumbo errático, imposibilitado –por su debilidad intrínseca (una escasa cantidad de votos y una negativa a conformar alianzas)- de consolidar siquiera aquellas medidas que congeniaban con el anhelo popular, como la anulación de los contratos petroleros, la ley de medicamentos y cierta inicial reactivación económica. .jpg) Un contexto político y social en creciente ebullición caracterizado por el fenomenal Plan de Lucha de la CGT, la aparición de la guerrilla guevarista en Salta, el crecimiento electoral de las fuerzas peronistas en 1965 y su posible triunfo en 1967 y el enojo de militares con una política exterior que, por caso, los subordinaba a la comandancia brasilera en la intervención de Santo Domingo, contribuyó a crear un clima adverso para el gobierno y alimentaba las imágenes públicas que identificaban la gestión de Illia con la lentitud, la inoperancia y el anacronismo. Así, cuando a partir de un primer año positivo, la situación económica comenzó a desbarrancar y se presentaron hacia 1966 los signos de una franca recesión, las críticas comenzaron a arreciar y -salvo algunos sectores radicales, otros pequeños partidos y buena parte de los medios universitarios-, una mayoría popular y la casi totalidad de las organizaciones sociales creían necesario un golpe. Un nuevo derrocamiento del maltrecho orden constitucional estaba cantado, pero aun así, Illia estaba convencido de que aquello no era factible. La voluntad intentaba sobreponerse a la cruda realidad. El 28 de junio de 1966, el gobierno de Illia cayó –según se ha dicho- como una fruta madura. El general Julio Alsogaray, de grandes contactos con la diplomacia norteamericana, desalojó personalmente al presidente de la Casa Rosada, tras un tenso careo en los despachos. Apenas alguna manifestación en Córdoba intentó detener lo inminente. Illia no era el hombre fuerte que buscaban los sectores del poder, alguien que pudiera encarar una profunda transformación. Detrás suyo había emergido el general Juan Carlos Onganía. Semanas después del golpe, desde la revista Extra, el periodista Mariano Grondona alegaba: “Detrás de Onganía queda la nada. (...) Onganía hace rato que probó su eficiencia. La de su autoridad. La del mando. Si organizó el Ejército (...) ¿por qué no puede encauzar el país? Puede y debe. Lo hará”. Tres años más tarde, también Onganía saldría eyectado de la Casa Rosada. En un nuevo aniversario del derrocamiento de un presidente electo por el voto popular, recordamos la escena que tuvo lugar en el despacho de la Casa Rosada, cuando Illia enfrentó, prácticamente en soledad, el desalojo militar. |
Fuente: Inédito, 21 de junio de 1967; en Marcelo Cavarozzi, Autoritarismo y democracia, Buenos Aires, Editorial Eudeba, 2004, págs. 153-155. |
| En la ciudad de Buenos Aires, siendo las 5.20 horas del día 28 de junio de 1966, en el despacho del Excelentísimo Señor presidente de la Nación Argentina, doctor Arturo U. Illia, se encuentran reunidos acompañando al Primer Magistrado ministros, secretarios de Estado, secretarios de la presidencia, subsecretarios, edecanes del señor presidente, legisladores, familiares y amigos. El señor presidente de la República se encuentra firmando un documento, mientras que un colaborador aguarda a su lado para hacerse dedicar una fotografía. En ese instante irrumpe en el despacho un general de la Nación, precedido por el jefe de la Casa Militar, brigadier Rodolfo Pío Otero, una persona civil y algunas otras con uniforme militar. El mencionado general se ubica sobre el lado izquierdo del señor presidente y pretende arrebatar una fotografía que el doctor Illia se apresta a firmar… El presidente de la República impide con gesto enérgico semejante actitud, produciéndose entonces el siguiente diálogo: General: ¡Deje eso! ¡Permítame…! Varias voces: ¡No interrumpa al señor presidente! Presidente: ¡Cállese! ¡Esto es mucho más importante que lo que ustedes acaban de hacer a la República! ¡Yo no lo reconozco! ¿Quién es usted? General: Soy el general Alsogaray. Presidente: ¡Espérese! Estoy atendiendo a un ciudadano. ¿Cuál es su nombre, amigo? Colaborador: Miguel Ángel López, jefe de la secretaría privada del doctor Caeiro, señor presidente. Presidente: Este muchacho es mucho más que usted, es un ciudadano digno y noble. ¿Qué es lo que quiere? General: Vengo a cumplir órdenes del comandante en jefe. Presidente: El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas soy yo; mi autoridad emana de esa Constitución, que nosotros hemos cumplido y que usted ha jurado cumplir. A lo sumo usted es un general sublevado que engaña a sus soldados y se aprovecha de la juventud que no quiere ni siente esto. General: En representación de las Fuerzas Armadas vengo a pedirle que abandone este despacho. La escolta de granaderos lo acompañará. Presidente: Usted no representa a las Fuerzas Armadas. Sólo representa a un grupo de insurrectos. Usted, además, es un usurpador que se vale de las fuerzas de los cañones y de los soldados de la Constitución para desatar la fuerza contra el pueblo. Usted y quienes lo acompañan actúan como salteadores nocturnos que, como los bandidos, aparecen de madrugada. General: Señor pres… Dr. Illia… Varias voces: ¡Señor presidente! ¡Señor presiente! General: Con el fin de evitar actos de violencia le invito nuevamente a que haga abandono de la Casa. Presidente: ¿De qué violencia me habla? La violencia la acaban de desatar ustedes en la República. Ustedes provocan la violencia, yo he predicado en todo el país la paz y la concordia entre los argentinos; he asegurado la libertad y ustedes no han querido hacerse eco de mi prédica. Ustedes no tienen nada que ver con el Ejército de San Martín y Belgrano, le han causado muchos males a la Patria y se los seguirán causando con estos actos. El país les recriminará siempre esta usurpación, y hasta dudo que sus propias conciencias puedan explicar lo hecho. Persona de civil: ¡Hable por usted y no por mí! Presidente: Y usted, ¿quién es, señor…? Persona de civil: ¡Soy el coronel Perlinger! Presidente: ¡Yo hablo en nombre de la Patria! ¡No estoy aquí para ocuparme de intereses personales, sino elegido por el pueblo para trabajar por él, por la grandeza del país y la defensa de la ley y de la Constitución Nacional! ¡Ustedes se escudan cómodamente en la fuerza de los cañones! ¡Usted, general, es un cobarde, que mano a mano no sería capaz de ejecutar semejante atropello! General: Usted está llevando las cosas a un terreno que entiendo no corresponde. Dr. Edelmiro Solari Yrigoyen: ¡Los que somos hijos y nietos de militares nos avergonzamos de su actitud! Presidente: Con este proceder quitan ustedes a la juventud y al futuro de la República la paz, la legalidad, el bienestar… General: Doctor Illia, le garantizamos su traslado a la residencia de Olivos. Su integridad física está asegurada. Presidente: ¡Mi bienestar personal no me interesa! ¡Me quedo trabajando aquí, en el lugar que me indican la ley y mi deber! ¡Como comandante en Jefe le ordeno que se retire! General: ¡Recibo órdenes de las Fuerzas Armadas! Presidente: ¡El único jefe supremo de las Fuerzas Armadas soy yo! ¡Ustedes son insurrectos! ¡Retírense!... Perlinger: Señor Illia, su integridad física está plenamente asegurada, pero no puedo decir lo mismo de las personas que aquí se encuentran. Usted puede quedarse, los demás serán desalojados por la fuerza… Presidente: Yo sé que su conciencia le va a reprochar lo que está haciendo. (Dirigiéndose a la tropa policial.) A muchos de ustedes les dará vergüenza cumplir las órdenes que les imparten estos indignos, que ni siquiera son sus jefes. Algún día tendrán que contar a sus hijos estos momentos. Sentirán vergüenza. Ahora, como en la otra tiranía, cuando nos venían a buscar a nuestras casas también de madrugada, se da el mismo argumento de entonces para cometer aquellos atropellos: ¡cumplimos órdenes! Perlinger: ¡Usaremos la fuerza! Presidente: ¡Es lo único que tienen! Perlinger (dando órdenes): ¡Dos oficiales a custodiar al doctor Illia! ¡Los demás, avancen y desalojen el salón! |
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50 aniversario del derrocamiento de Arturo Illia, 28 de junio de 1966
¿Cuántas muertes más son necesarias?
por Carlos Baeza
El presunto autor de un crimen aberrante en perjuicio de una menor, se encontraba en prisión cuando el juez interviniente le concedió una salida transitoria de 24 horas, de la que nunca retornó y durante más de un año no fue buscado hasta que se lo detuvo imputándosele la comisión de ese hecho.
Lamentablemente, el caso es uno más entre tantos similares y siempre la explicación es la misma: los jueces confieren ese beneficio por cuanto la ley 24.660 así lo dispone.
La norma citada no es más que uno de los aspectos del sistema abolicionista que intercambia los roles de “víctima” y “victimario” haciendo que el delincuente llegue a ese estado por la injusticia social que representa las condiciones de pobreza en que fue criado por lo cual, cuando comete un ilícito, no hace sino devolver a la sociedad la injusticia de ella recibida.
Sin embargo, el argumento esgrimido de asociar pobreza con delincuencia, es falaz y ha sido sobradamente desmentido por la sociología mediante la “teoría de las ventanas rotas”, al demostrarse que el delito crece, no asociado a la pobreza, sino en aquellos lugares donde se advierten síntomas de deterioro y de abandono así como la ausencia de autoridades que hagan respetar las leyes, proceso que comienza en forma gradual a través de transgresiones menores hasta llegar a la comisión de graves delitos.
Con este sustento, la doctrina expuesta varía entre un abierto abolicionismo y una notoria reducción de las penas, y ha sido recogida en nuestro país por numerosos doctrinarios y jueces, destacándose entre ellos, el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia nacional quien intervino en una causa seguida contra un portero de un edificio en Alberdi al 2000 de la Capital, que bajo engaños condujo a una menor de 8 años a la cochera del edificio donde abusó de ella.
En 1ª. instancia se había solicitado la pena de 7 años de prisión pero Zaffaroni la redujo a 3 años, por lo cual el imputado nunca fue a la cárcel.
Para fundar su voto sostuvo que “estamos ante un imputado sin antecedentes, que confesó plenamente el hecho y demuestra arrepentimiento. Es un hombre joven y padre de familia, que sufrirá graves consecuencias en el plano familiar y laboral, además de social”; agregando que “el único hecho imputable se consumó a oscuras, lo que reduce aún más el contenido traumático de la desfavorable vivencia para la menor”.
Cuesta creer que un magistrado -luego locador de prostíbulos- frente a un hecho aberrante como el que motivara la causa, se preocupara por las “graves consecuencias” del degenerado delincuente y afirmara, muy suelto de cuerpo, que la circunstancia que el abuso fuera a oscuras redujo el trauma de la menor.
En sintonía con esta aberrante doctrina, cabe también recordar que el Tribunal de Casación Penal, integrado por los jueces Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargues redujo a la mitad la pena aplicada a Mario Tolosa, condenado por violar a un menor de 6 años a quien llevaba a practicar deportes, por considerar que el niño tenía un comportamiento con tendencia homosexual; invocando además que como el menor ya había sido violado por el padre -hecho no acreditado- esta segunda violación le restaba gravedad a la causa.
Y una clara muestra de este pensamiento, fue la declaración formuladas en la Feria del Libro por parte de los fiscales federales Alejandro Alagia y Javier De Luca integrantes de “Justicia legítima” (¿) y de la cátedra del citado Zaffaroni, al referirse al nuevo Código Penal.
Sostuvo Alagia que el anterior texto tenía “un neto contenido misógino: era sexista, racista, clasista”; agregando que el nuevo proyecto “es tan severo como el anterior, en el sentido de fijar penas altas para los delitos que son estereotipados en los medios de comunicación como los únicos delitos imaginados que causan esa sensación de malestar en la población”.
En este contexto dijo que “El desafío y la audacia de este proyecto es discutir un código penal sin hacerle propaganda al castigo, planteando que el castigo es una solución irracional, una trampa”; porque “cuando la política de un país quiere recostarse sobre el castigo, sobre la pena para resolver los problemas cotidianos, ése siempre fue el camino que ha tomado el fascismo y los gobiernos reaccionarios”. Por su parte De Luca no se quedó atrás y dijo “Esencialmente los conflictos sociales que tienen que ver con daños a la integridad corporal y a la integridad física; con lo físico y con la propiedad.
Es a esa inseguridad a la que se pretende oponer un combate, es decir, luchar contra la inseguridad es equivalente a dotar de seguridad y este binomio es falso”.
Y agregó que “El anteproyecto da seguridad ante la posibilidad infinita de que alguien me castigue por cualquier cosa”, al tiempo de criticar que para combatir la inseguridad siempre se apele “al castigo, al mal, al derecho penal, al poder punitivo”.
En el país de la anomia, las declaraciones de estos fiscales resultan preocupantes, ya que como hombres del derecho penal sostienen que los medios de comunicación son responsables de causar una “sensación de malestar” en la población; que los delitos no son tales sino sólo “conflictos sociales” y que la pena “es una solución irracional, una trampa” propia del “fascismo y los gobiernos reaccionarios”.
Otros dos jueces exponentes de esta doctrina son Rafael Sal Lari y Axel López. El primero, excarceló a un delincuente detenido por portación de armas y 4 meses después, el mismo junto a un cómplice ingresaron al domicilio del ingeniero Regis y lo asesinaron en presencia de su mujer e hijos.
El mismo magistrado liberó a un acusado de homicidio quien poco después asesinó al profesor de gimnasia Sonnenfeld, e igualmente intervino en otros numerosos casos en los que procedió de similar forma.
En cuanto a López, confirió una salida transitoria a Pablo Díaz, condenado por violación, quien violó y asesinó a Soledad Bargna a solo tres cuadras de donde había cometido el anterior delito.
Igualmente, confirió la libertad condicional a un condenado a 24 años de prisión por cuatro violaciones, quien un mes después violó y mató a Tatiana Kolodziez, no obstante que la junta médica había advertido que el sujeto presentaba “un serio riesgo de reincidencia”.
No debe olvidarse tampoco a la agrupación kirchnerista “Vatayón militante” auspiciada por el entonces jefe del Servicio Penitenciario Víctor Hortel y cuya misión era lograr salidas de los penales de condenados por asesinatos y violaciones, sin autorización judicial ni custodia alguna, para engrosar actos partidarios. Tal el caso del ex baterista de Callejeros condenado por matar a su esposa prendiéndole fuego quien integró un conjunto musical en una de esas salidas.
En todos estos casos los magistrados intervinientes argumentaron que solo cumplieron con la ley 24.660 de ejecución penal la cual dispone que toda persona condenada se encuentre sometida a un régimen penitenciario progresivo que abarca diversas etapas, una de las cuales es la posibilidad de obtener salidas transitorias (art. 15) en función de diversos parámetros, tales como el tiempo que lleva en prisión en relación a la condena impuesta (arts. 16 y 17) y previo dictamen de organismos técnicos.
En el caso del presunto autor del crimen referido, el juez que le confiriera la salida transitoria por 24 horas, tuvo en cuenta que el nombrado había cumplido más de la mitad de la condena; que había alcanzado una calificación de 9 en conducta y 7 en concepto y que obtuvo un informe favorable de los peritos intervinientes, quienes entendieron que la medida a conceder tendía a -parece una paradoja- “estimular y fortalecer sus redes sociales”.
Por todo ello el juez le otorgó la salida transitoria el 19 de diciembre de 2014, pero al día siguiente no retornó al penal y nunca se activó su búsqueda hasta su reciente detención.
El tema seguridad es muy complejo dada la cantidad de actores intervinientes: jueces; fiscales; fuerzas policiales y penitenciarias y varios organismos como el Patronato de Liberados, entre otros.
Inexplicablemente muchos de quienes están a cargo de la seguridad en todos los niveles no son idóneos en la materia, comenzando por la titular del área nacional, incapaz de desactivar los cotidianos cortes de calles o rutas que, parece ignorar, constituyen delitos sancionados por el Código Penal.
Desde hace un tiempo se ha pretendido instalar en la sociedad un inexistente enfrentamiento entre quienes se denominan garantistas frente a los que -se dice- propician la mano dura, sin advertir que la solución al problema angustiante de la inseguridad no puede resolverse con un planteo maniqueista como el que se ventila.
Mucho se ha discutido en torno al poder disuasivo de las penas, esto es, si el agravamiento de las mismas contribuye o no a la disminución de los delitos. Pero cualquiera sea la corriente en que uno se enrole, hay dos circunstancias que no pueden desconocerse: es cierto que el sólo aumento de las penas no baja los índices delictivos, como ya ha sido comprobado en todos aquellos sistemas en que el agravamiento de las sanciones para ciertos delitos -inclusive la pena de muerte- no contribuyó a disminuir los ilícitos.
Y ello por una razón muy sencilla: el delincuente no lee el Código Penal ni se entera cuando se aumentó una pena. Y si de todas formas lo supiese, tampoco ese hecho le haría desistir de su raid delictivo por la circunstancia de estar convencido que no será descubierto ni detenido.
Pero también es cierto que el aumento de las penas, unido a otras modificaciones en los códigos procesales, lleva a disminuir la cantidad de ilícitos al evitar que el delincuente se recicle y vuelva a delinquir, como está demostrado hasta el hartazgo y surge de los casos testigos antes analizados. ¿Usted recuerda a alguno de los que hacen política berreta proponer cosas como éstas o simplemente pretender que las penas se cumplan tal como fueron impuestas por los jueces?
El art. 18 de la Constitución Nacional consagra una serie de garantías procesales tales como el hábeas corpus; o presumir que toda persona es inocente hasta tanto se demuestre su culpabilidad; que nadie pueda ser condenado sin un juicio previo fundado en una ley anterior al hecho imputado; que se garantice la defensa en juicio y el contar con un abogado; que ninguno pueda ser obligado a autoincriminarse; y que el proceso se sustancia ante el juez ya existente al momento de cometerse el delito.
Otras normas amplían el marco garantista al impedir que alguien pueda ser juzgado dos veces por el mismo hecho; o la regla de exclusión y la del “fruto del árbol envenenado” que permiten descartar pruebas obtenidas en violación a la ley; o en caso de reducción legal de una pena la nueva norma pueda ser aplicada a quien ya se encuentra condenado por la anterior normativa. Si todo ello es respetado y una persona finalmente es condenada por una sentencia firme cabe esperar que la misma cumpla la pena impuesta.
Pero ni la Constitución Nacional ni los tratados en materia de DD.HH incorporados por la reforma de 1994 (art. 75 inc. 22) exigen que las penas deban ser reducidas o morigeradas al cumplirse ciertos plazos o por buena conducta o situaciones similares, sino que ello surge del Código Penal y de los códigos de procedimientos que, por ser leyes, pueden ser modificadas por normas posteriores.
Ello es lo que acontece con la citada ley 24.660 y otras similares que hacen que muchas veces ese fin no se alcance, por disposiciones al menos insostenibles por no usar otros calificativos.
Tal el requisito de la buena conducta para obtener el beneficio de las salidas transitorias, ya que cae por su peso que estando recluido en una cárcel su comportamiento debe adecuarse a las reglamentaciones exigidas en la misma y que, de no hacerlo, puede ser pasible de las sanciones que tales dispositivos prevén.
Pero alcanzar buenas calificaciones -como si fuera un alumno de la primaria- puede merecer quizá que hice el pabellón nacional en las fiestas pero no aplica para interrumpir el cumplimiento de la pena.
Por tanto es hora que quienes tienen a su cargo esta problemática comiencen a tomar las medidas tendientes a asegurar a todos los habitantes el marco de seguridad al que todos tenemos derecho y que cabe al Estado instrumentar al ser el titular del monopolio de la fuerza, comenzando por los legisladores nacionales y provinciales que en forma urgente deben promover cambios en los códigos penal y procesales.
Si así no lo hicieren, que Dios y la Patria se lo demanden.
El granadero que defendió a Illia
Por Andrés Bufali
En 1963, el radicalismo había ganado la elección presidencial con sólo el 25,1% de los votos. El peronismo había sido proscripto una vez más y tuvo que votar en blanco. Si le hubiera dado su caudal a cualquiera de los dos candidatos opositores a Illia, que eran Pedro Eugenio Aramburu y Oscar Alende, el radicalismo no hubiera triunfado. Illia llegó así a la presidencia de la Nación con una posición política tan endeble como la que había tenido Frondizi cinco años atrás. Su única esperanza provenía del Ejército, que había prometido no dificultar su gobierno. Onganía, el comandante en jefe, quería fuerzas armadas profesionales, no políticas; para eso había peleado como "azul" (nacionalista) contra "los colorados" y la Armada, las dos facciones liberales que querían gobernar contra los políticos y, especialmente, contra el peronismo.
El radicalismo desechó el apoyo que le ofrecieron Aramburu, Alende y el peronismo. Quería gobernar solo. Planeaba también, de a poco, reincorporar oficiales "colorados" retirados o dados de baja, con quienes tenía contacto fluido desde la presidencia de Frondizi. Pero Onganía no admitiría la reincorporación de sus rivales en el Ejército, y no permitiría la política en las filas militares.
A fines de 1965 renunció el coronel Avalos, secretario de Guerra. Facundo Suárez, el ministro de Defensa, le propuso a Onganía la designación del general Castro Sánchez. Onganía no la aceptó y renunció. Lo reemplazó el general Pascual Pistarini. El general Julio Alsogaray (hermano de Alvaro y padre de un futuro guerrillero), apenas asumió Pistarini, le pidió a un conocido periodista que preparara el primer decreto que sancionaría la Junta Militar cuando se derrocara al gobierno constitucional.
* * *
El lunes 13 de febrero de 1826, los porteños se quedan con la boca abierta ante una espectral aparición. Llegan, diezmados y en harapos, los granaderos de San Martín, los que han liberado toda la América del Sur, los que han combatido en 110 batallas, los que han sufrido hambre, frío, sed, miedo y pesadillas. Nadie ha ido a esperarlos. No hay una formación especial que salude a los héroes. El regimiento quedará en el olvido hasta 1903, cuando se dispuso su nueva creación, ordenándose que sus granaderos debían tomar la derecha en todas las formaciones del Ejército argentino y ser la custodia de todos los presidentes.
* * *
Llega el fatídico lunes 27 de junio de 1966. Poco antes de las 20, los comunicados militares inundaron las radios y los canales. En la mañana de ese lunes comenzó el golpe a Illia. El general Mario Fonseca le informó al jefe de la Policía Federal que estaba relevado de su cargo. Los militares se apoderaron de los medios de comunicación. El próximo objetivo era la Casa Rosada. El ministro de Defensa, general Castro Sánchez, le informó al presidente de la Nación que no contaba con fuerzas leales. Y las tropas del Ejército avanzaron para ocupar la Casa de Gobierno.
El día del golpe, el jefe de guardia en la Casa Rosada era el teniente granadero Aliberto Rodrigáñez Ricchieri, un hombre de baja estatura. Tenía entonces 24 años, era soltero y su pasión era la música clásica, que oía frecuentemente en el Teatro Colón. Su tatarabuelo paterno había integrado el Ejército de los Andes y murió en acción, siendo su caballo el único que regresó vivo de los miles que salieron desde Mendoza y cruzaron la cordillera; por la rama materna, estaba emparentado con el teniente general Pablo Ricchieri, nacido en San Lorenzo, que fue ministro de Guerra de Julio Argentino Roca, artífice de la organización del Ejército y el hombre que hizo recrear el Regimiento de Granaderos, en mayo de 1903.
Cuando Rodrigáñez Ricchieri advirtió que había tropas del Ejército que se le venían encima. Tenía apenas treinta granaderos armados con sable corvo, fusiles y dos ametralladoras, pero no vaciló. Hizo colocar las ametralladoras en posición y ordenó cerrar las puertas de la Casa de Gobierno. También le avisó al jefe de la tropa que avanzaba que abriría el fuego si no se detenía. Los sitiadores se miraron entre sí. Uno dijo: "¡Ese teniente de Granaderos está loco! ¡Treinta hombres contra todo el Ejército!"
El general Alsogaray telefoneó al coronel Marcelo de Elía, el jefe de Granaderos, que era amigo suyo y había compartido con él cuatro años de prisión en el penal de Rawson por decisión de Perón. El coronel le dijo al general que tenía razón, que el teniente estaba loco, pero que también estaba cumpliendo con su deber, con la tradición del regimiento, y que iba a defender al presidente de la Nación hasta el último cartucho y luego con los sables. Aún más: le aclaró que aunque la resistencia fuera inútil, no sólo no iba a ordenarle al teniente que se rindiera, sino que también él mismo, el propio coronel, marcharía en auxilio del teniente apenas sonara el primer disparo. Alsogaray se quedó mudo. Sabía que ordenar el ataque sería una masacre de granaderos y civiles que resultaría contraproducente. Entonces ordenó suspender las operaciones.
Dentro de la Casa Rosada, en tanto, el brigadier Pío Otero, jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la Nación, intentó convencer al doctor Illia de que renunciara. Le señaló que igual sería tomada la sede gubernamental, pero con treinta muertos. El presidente radical sólo aceptó que se fuera el personal administrativo. Otero habló con el general Alsogaray. Le pidió que por nada se contestara con fuego a un balazo que saliera de la Casa Rosada, que él intentaría convencer a otros personajes radicales de que hicieran razonar a Illia. Cuando Otero volvió, Ricardo Balbín y Carlos Perette ya no estaban. Alrededor del Presidente, jóvenes radicales habían llenado su despacho. De pronto, Illia fue hacia el dormitorio presidencial. Todos coincidieron en un pensamiento: "¡Como Alem, se va a pegar un tiro!" Con emoción, comenzaron a cantar el Himno. Illia le pidió su arma al edecán militar, pero éste se la negó y le dijo: "Señor, mi primer deber es interponerme entre el presidente de la Nación y la muerte.
El general Alsogaray, descendiente de un héroe de la Vuelta de Obligado, sintió que el Ejército se estaba hundiendo en el ridículo. Y le dijo al brigadier Otero que iría personalmente a pedirle la renuncia a Illia. Otero le hizo notar que eso era peligroso, que muchos jóvenes radicales estaban armados. Alsogaray replicó que era un riesgo que debía afrontar. Antes de entrar al despacho presidencial, le ordenó la rendición al teniente Rodrigáñez Ricchieri. Este respondió: "Lo siento, mi general. Mi obligación es defender al presidente de la Nación." Alsogaray entró en el despacho presidencial y le exigió la renuncia al Presidente. Illia no le contestó y el general se retiró. Tras mucho hablar, el brigadier Otero logró al fin convencer al Presidente de que relevara a los granaderos de la suicida misión de defenderlo. Illia aceptó. Otero se apresuró a comunicarle la decisión a Rodrigáñez Ricchieri. Luego, informó al general Alsogaray que no habría resistencia militar.
A la madrugada del 28 de junio de 1966, el coronel Luis César Perlinger -que en la década siguiente asesoraría a guerrilleros y sufriría prisión por ello- fue elegido para dirigir la evacuación de la Casa Rosada. Integrantes de la Guardia de Infantería recibieron la orden de desalojar, pero sin tocar al Presidente, que no había renunciado. Esos policías rodearon a los jóvenes radicales que habían hecho un cerco alrededor de Illia, y los fueron llevando hacia la salida.
Illia despreció el coche presidencial y también rechazó un auto oficial. A cambio, detuvo un taxi que pasaba. Tanto su conductor como todos los que miraban la escena se quedaron estupefactos. El presidente constitucional recién derrocado subió al taxi y desapareció entre las sombras de esa triste madrugada.
Años después, muchos de los argentinos que no defendieron a Illia en aquel crucial momento tiraron flores y lloraron ante el paso de su cortejo. En 1988, Rodrigáñez Richieri pidió el retiro siendo coronel del Ejército y un eximio ejecutante de violín.
El último libro del autor es Secretos presidenciales.
"Libertad de expresión y censura previa"
por Carlos Baeza
“Estoy en desacuerdo con tus ideas, pero daría gustoso mi vida para defender tu derecho a expresarlas” (Voltaire)
La reciente desvinculación del relator de fútbol Víctor Hugo Morales de un programa radial, fue convertida en un gran sainete en el cual se mezclaron -como era de esperar- ataques al nuevo gobierno y marchas organizadas por la oposición en defensa de la libertad de expresión y contra la censura que -sostienen- sufrió el uruguayo.
1° El primer aspecto a considerar es que la relación habida entre VHM y el medio para el cual laboraba era una contratación entre dos privados y que concluyera cuando uno de ellos decidiera ponerle fin por motivos que no han trascendido, pero sin que de manera alguna ello implique un ataque a la libertad de expresión o algún tipo de censura y, menos aún, que el gobierno tenga intervención en dicho conflicto. Sin duda que el relator oriental, de haber sido privado de su puesto incausadamente, podrá recurrir a la justicia para reclamar los daños e indemnizaciones que pudieran corresponderle, como cualquier empleado despedido sin causa. E igualmente podrá ofrecer sus importantes servicios a cualquiera de los muchos medios privados que estarán felices de contarlo entre sus empleados, aunque el propio VHM, en un arranque de servilismo común en él, y luego de mendigar conchabo en medios oficiales, afirmó que si lo restituían en radio Continental, “se olvidaba de todo”. Claro que este mismo personaje era el que criticaba abiertamente al kirchnerismo y especialmente a Néstor Kirchner por la compra de divisas extranjeras aprovechando contar con información sensible; no obstante lo cual, se ignora por cuántos cientos o miles de razones, luego se transformó en ferviente defensor del mismo gobierno que antes atacaba.
2° La Constitución nacional no incluye en forma expresa en su articulado, la protección de la libertad de expresión, debiendo entenderse como tal el derecho a exteriorizar el pensamiento respecto a cualquier tipo de idea u opinión, utilizando para ello todos los medios y procedimientos de comunicación social. La libertad de pensamiento brinda así la posibilidad de elaborar en el plano interior ideas u opiniones que mientras permanezcan en el fuero íntimo se encuentran exentas de la autoridad de los magistrados y sólo reservadas a Dios (art.19 de la Constitución). De allí que como una manifestación de la libertad de pensamiento, surge la libertad de expresión como ejercicio exterior y público de esa libertad.
El texto constitucional sólo se refiere en el art.14 a un aspecto de esa libertad de expresión, cual es la de publicar ideas por medio de la prensa sin censura previa, y ello encuentra profusos antecedentes en nuestra historia institucional. Así, el Reglamento de la Junta de abril de 1811 había proclamado la libertad “de escribir, de imprimir y publicar sus ideas políticas, sin necesidad de licencia, revisión y aprobación alguna anteriores a la publicación”; exceptuándose los escritos de carácter religioso que, por expresas disposiciones emanadas del Concilio de Trento, quedaban sujetas a la censura eclesiástica. En el mismo año, cupo al Triunvirato sancionar un decreto sobre libertad de imprenta, el que igualmente fue acogido en los intentos constitucionales de 1812-1813, y en las constituciones de 1819 y 1826.
En consecuencia, cabe interpretar la norma a la luz de las siguientes pautas:
a)la libertad de expresión puede ser ejercida respecto a todo tipo de creación del intelecto, cualquiera que ella sea: notas, comentarios, opiniones, dibujos o textos humorísticos, comerciales y artísticos.
b) la mención a la libertad de prensa no cabe ser entendida como negatoria del ejercicio de este derecho a través de cualquiera de los diversos medios de comunicación social que las modernas tecnologías han instrumentado para la difusión de noticias. Así lo reconoce el Pacto de San José de Costa Rica que en su art.13.1. dispone: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”
c) igualmente trascendente es el principio que ampara a la libertad de expresión de toda forma de control oficial sobre el papel utilizado para periódicos. La reforma de 1994 modificó el inc. 22 del art. 75, estableciendo que los tratados de derechos humanos que la misma cláusula menciona así como los que posteriormente se incorporen, “tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la Primera Parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos”. De esta manera, esos tratados internacionales, no forman parte del texto constitucional pero se encuentran en un plano de similar jerarquía, conformando el denominado bloque de constitucionalidad; y de allí que la misma cláusula, poniendo fin al debate en torno a la prelación de las leyes nacionales y los tratados, dispuso que “...Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes...”
Precisamente, el citado Pacto de San José de Costa Rica -uno de los instrumentos incorporados al texto constitucional- establece en su art. 13.3 que “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
d) por otra parte, el art. 32 de la Constitución Nacional que no se encontraba en el texto original sancionado en 1853, y que fuera incorporada por la reforma de 1860 dispone que “El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”. De tal forma, esta norma impone al Congreso una valla infranqueable al impedirle la sanción de leyes que de cualquier forma signifiquen una restricción a la libertad de imprenta, la que no sólo puede verse amenazada por acciones concretas de censura -ya vedadas igualmente por el art. 14 de la misma Constitución- sino igualmente por limitaciones a la producción del papel requerido para la publicación de periódicos, también prohibida por el citado Pacto.
e) Ejemplo del avasallamiento de la libertad de expresión fue el gobierno bolivariano de Hugo Chávez -a quien inexplicablemente idolatrara el progresismo vernáculo, no obstante que el mismo conjugaba las calidades de militar y golpista- quien llevó a cabo una sistemática política de violación de los derechos individuales, entre ellos, la libertad de prensa, a cuyo fin propuso la expropiación de todos los periódicos y demás medios impresos, así como de todas las emisoras de radio y TV, las que pasarán a integrar una sola red estatal de transmisión a nivel nacional, pagando a sus propietarios sólo el 5% del valor de mercado en bonos estatales a 20 años de plazo. No recuerdo haber escuchado reacción alguna de integrantes del anterior gobierno censurando esas medidas atentatorias de la libertad de expresión pero que hoy se rasgan las vestiduras con el caso de VHM. ¡El relato todo lo puede!
3° Y bien: fue el propio kirchnerismo quien siguiendo esa política violó palmariamente la libertad de expresión cuando en su pelea -¡una de tantas!- contra Papel Prensa logró que la “escribanía legislativa” aprobara la ley 26.736 tendiente a ejercer controles oficiales sobre el papel para periódicos, normativa que no solamente vulnera el ya citado art. 32 de la Constitución Nacional, sino que igualmente violenta el art. 75 inc. 22 de la misma, ya que esa norma reviste una jerarquía inferior al tratado internacional que tutela esa forma de libertad de expresión mediante la prensa; y consecuentemente y en virtud del principio de supremacía emergente del art. 31, debe prevalecer el tratado y no la ley; y así debería ser declarado por los órganos jurisdiccionales que hipotéticamente debieran intervenir ante el evidente conflicto normativo, en uso del innegable control de constitucionalidad que a los mismos cabe ejercer. Sin embargo, no sólo no escuché a ninguno de los que apoyan al uruguayo criticar esa inconstitucional normativa, sino que ellos mismos fueron quienes la aprobaron.
4° ¿Y cómo calificar al entonces inefable Jefe de gabinete, “Coqui” Capitanich, que de pretendiente al sillón de Rivadavia, jugó a la oca y tras retroceder varios casilleros quedó como alcalde de su ciudad, rompiendo en cámara dos notas del diario “Clarín” por considerar que las mismas sólo reflejaban “mentiras” y eran “basura”. Ante todo debe señalarse que tanto el artículo que revelaba la existencia de un borrador confeccionado por Nisman por el que solicitaba la detención de la presidente y otros funcionarios, como la referida a los dichos de Capitanich sosteniendo que la causa Nisman aparecía cuando las playas argentinas estaban en su esplendor -lo que negaba haber expresado- fueron plenamente confirmadas; así como igualmente ocurriera con la versión según la cual Timerman había participado en la manifestación parisina por el atentado al semanario “Charlie Hebdo” a título personal y no como representante del gobierno, tal como el propio canciller lo admitiera. Pero cualquiera sea el contenido de las noticias -en este caso todas confirmadas- lo que no resulta admisible en un régimen republicano es que un funcionario gubernamental destruya en su conferencia de prensa en vivo aquellas notas con las que disienta. Caso contrario, el ejemplo a seguir por los simples habitantes no es el del consenso y el respeto por la libertad de prensa y las opiniones ajenas, sino el de la confrontación lisa y llana que permite descalificar y destruir materialmente las páginas de los medios que no opinan igual que el gobierno, como paso previo a los escraches y agresiones físicas contra los periodistas de dichos medios, como ocurriera con preocupante insistencia y fuera motivo de críticas por los organismos internacionales que tutelan la libertad de expresión.
5° También el kirchnerismo en el final de su ciclo interpuso ante la justicia una medida cautelar para impedir que la revista “Noticias” publicara la nómina de los nuevos agentes de la ex Side, no obstante lo cual y ante la falta de notificación de una resolución acogiendo dicha petición, el citado medio procedió en dos ediciones sucesivas a dar a conocer el listado de los futuros espías. De esta forma, una vez más el gobierno pretendió cercenar la libertad de prensa al imponer la censura previa expresamente prohibida por la Constitución Nacional, ese librito que Ferdinand Lassalle llamara “la hoja de papel” y que, en el país de la anomia, los gobernantes desconocen y violan cotidianamente.
6° El mismo gobierno kirchnerista benefició en forma selectiva con la pauta oficial a aquellos medios afines que aplaudían servilmente su gestión a cambio de dinero, lo que motivara que algunos otros que resultaban perjudicados al no recibir pauta alguna, recurrieran a la justicia. Tal el caso de la editorial “Perfil” cuyo reclamo acogiera la Corte Suprema de Justicia al reconocer que la pauta publicitaria oficial no puede ser utilizada como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión, otorgando o quitando publicidad a algunos medios en base a criterios discriminatorios. Que si bien no existe un derecho a recibir una determinada cantidad de publicidad oficial, si el Estado decide darla hay una protección contra la asignación arbitraria que excluye la utilización por parte del Estado de criterios discriminatorios. No obstante -y como igualmente hiciera con el fallo del mismo Alto Tribunal disponiendo la restitución del Procurador de Santa Cruz- el gobierno no cumplió con la sentencia ni tampoco lo hizo cuando el pronunciamiento fuera posteriormente reiterado.
7° No podemos olvidar tampoco el juicio público contra el periodismo crítico del gobierno organizado en la Plaza de Mayo por la buena de Hebe; ni menos aún el “escrache” llevado a cabo contra los mismos periodistas consistente en empapelar el centro porteño con sus imágenes a fin que los transeúntes pudieran escupirlas como gesto de auténtico respeto a la libertad de prensa. Pero no recuerdo haber escuchado opinión condenatoria alguna por parte de quienes hoy se solidarizan con el relator uruguayo. ¡Auténticos caraduras!
8° Durante la misma gestión gubernamental perdieron sus puestos numerosos periodistas, tales como Longobardi; Plager; Lage; Castro; Micelli; Novaresio; Bulat; Rosales; González Oro o Feinmann, entre otros. De todos ellos, el caso de Juan Micelli, despedido en 2013, es revelador. Esta semana, Juan Manuel Abal Medina, quien fuera Jefe del gabinete kirchnerista, admitió en los medios que tal despido obedeció a la entrevista con el “Cuervo” Larroque al preguntarle la causa por la cual la asistencia a los inundados de La Plata la llevaban a cabo afiliados de “La Cámpora” luciendo camisetas de esa agrupación. Reconoció, en tal sentido, que se trató de un caso de censura y que hubo otras situaciones similares, tanto en medios del Estado como privados que recibían pauta oficial. Tampoco tengo memoria de gesto de solidaridad alguno por parte de los mismos que hoy marchan en apoyo de VHM.
9° Queda claro, entonces, que conforme al art. 14 de la Constitución Nacional todos los habitantes pueden expresar sus ideas a través de la prensa, lo que supone que tal exteriorización por ese medio y en la extensión dada a ese término, no puede ser objeto de censura previa a su publicación, puesto que como lo sostiene la Corte Suprema, para resguardo de la propia libertad de prensa, y aun corriendo el peligro de su posible abuso, la Constitución ha proscripto el recurso a la censura previa (Fallos 270:289)Por tanto y si bien el derecho a la libre difusión de ideas es relativo, la garantía que lo protege en cuanto impide la previa censura reviste carácter absoluto. Y si bien ello no significa que la libertad de expresión tenga a su vez carácter absoluto, pues al igual que el resto de los derechos, es relativo, presenta no obstante una característica que sí es absoluta cual es la prohibición total de la censura previa (Bidart Campos)
Del análisis del texto constitucional y su interpretación, se desprende que si bien no existe la posibilidad de censura previa a la publicación de ideas por medio de la prensa, ello no releva de responsabilidad al autor de las mismas en caso que tal publicación pueda afectar derechos de terceros. Sin embargo la jurisprudencia ha ido perfilando la situación de eventual responsabilidad en que puede incurrir, no ya el autor de un artículo o nota periodística, sino el editor del medio en que la misma fuera publicada.
Como lo destaca Blackstone “La libertad de prensa es, verdaderamente, esencial a la naturaleza de un Estado libre; mas ella consiste en no imponer restricciones previas sobre las publicaciones, y no en la exención de censura en materia penal luego de su publicación. Todo hombre libre tiene un derecho indudable a exponer al público los sentimientos que le plazcan; prohibir esto es destruir la libertad de prensa; pero si publica lo que es impropio, dañoso o ilegal, debe soportar las consecuencias de su propia temeridad” Por ello y si bien el legislador debe intervenir para prevenir y reprimir todo atentado a los derechos y libertades de los demás cometido a través de la prensa, tal intervención sólo puede serlo por vía de represión o reparación pero no por vía preventiva, esto es, mediante censura previa.
En la Convención bonaerense de 1860 decía Vélez Sarsfield en una alocución que hoy mantiene su plena vigencia y que cabe no olvidar: “Preguntad a todos los opresores de los pueblos, ¿cuál es el primer medio que emplean para dominarlos a su arbitrio? Quitar la libertad de imprenta o ponerle pesadas restricciones. Resumiendo, señores, estas diversas ideas, podréis echar la vista sobre las sociedades de todo el mundo y no hallaréis un pueblo que vaya en progreso y en que estén asegurados los derechos de los hombres y restringida al mismo tiempo la libertad de imprenta. Ni hallaréis un pueblo que goce de absoluta libertad de imprenta y en el que su riqueza y sus adelantamientos morales retrograden y en que sus habitantes no se juzguen garantidos en sus decisiones individuales”.
Luciano Arruga, a siete años de su desaparición
Nuestro recorrido
Hace siete años, la policía bonaerense secuestraba, torturaba, asesinaba y desaparecía a Luciano Arruga. Sus familiares, amigos, organismos de derechos humanos, organizaciones, partidos de izquierda y medios alternativos nos encontramos a defender nuestras reivindicaciones en esta plaza que lleva su nombre. Hemos demostrado que con la militancia organizada no sólo pueden prosperar las causas particulares de cada familia, sino que también pueden transformarse las leyes, asentarse la jurisprudencia en los Tribunales, condenar pública y políticamente a funcionarios de gobierno e instituciones que integran alguna de las fases de la desaparición forzada de personas.
Cuando empezamos a buscar a Luciano, La desesperante pérdida, falta de conocimiento, sometimiento de clase, el miedo y la soledad estratégica posterior a la desaparición retardaron aún más los tiempos habituales para cualquier investigación, pero -sobretodo- fueron la justificación para la amenaza, la agresión y la persecución. Por eso, porque el Estado está organizado para encubrir y esto es manifestado por sus funcionarios indistintamente por complicidad o por inercia, cuando buscamos a Luciano aquel 31 de enero de 2009 dos veces en el hospital Santojanni, la respuesta fue no. Ningún NN coincidía con la descripción y no podíamos pasar a reconocer a nadie. Luego nos enteramos de que estaba ahí, por eso también pasó meses en una morgue judicial de la Ciudad de Buenos Aires con la nómina administrativa de una persona sin identidad mientras exigíamos su aparición con vida.
El poder judicial es indispensable para completar el círculo de impunidad. Con la desaparición de Luciano nos enfrentamos a una fiscal, Roxana Castelli, que entregó la investigación a la propia fuerza sospechada. También soportamos ser los principales sospechosos por nuestra condición de pobres: el juez Gustavo Banco aceptó en quince oportunidades a lo largo de un año y medio todos los pedidos de la segunda fiscal, Celia Cejas, para pinchar nuestros teléfonos a escondidas. Ante semejante maltrato, nos dispusimos llevar hasta las últimas consecuencias un jury de enjuiciamento que condenara a los funcionarios que se comportaron como si nuestra condición de clase pudiera demostrar una culpabilidad irrevocable. El procedimiento establecido para sancionar a un funcionario de la justicia es una trampa, son sus propios compañeros quienes resuelven las denuncias realizadas.
Por ese motivo es evidente el cajoneo a esta investigación que debería desarrollarse a partir de nuestra denuncia contra Roxana Castelli, Celia Cejas y Gustavo Banco.
Para encarar la búsqueda de una persona desaparecida cuando están sospechadas las fuerzas de seguridad, las amenazas son el punto de partida. Autos de civil que nos vigilaban, patrulleros que encendían las sirenas a la madrugada en la puerta de nuestra casa o personas desconocidas que caminaban cuadras detrás de nosotros.
La policía no sólo tiene la estructura estatal para torturar, asesinar y desaparecer: también el encubrimiento político de todos los estamentos del poder para garantizarse la impunidad. Sólo luchando con absoluta independencia de cualquier gobierno de turno puede quebrantarse ese poder, y por eso logramos encarcelar y condenar por el delito de torturas al policía Julio Diego Torales, que mantuvo encerrado e incomunicado en la cocina del destacamento a Luciano Arruga durante más de diez horas en septiembre de 2008. La jurisprudencia asentada con ese juicio que se desarrolló en marzo de 2015 es histórica: no sólo por la dificultad que implica conseguir las condenas por torturas sino también porque acreditamos con contundencia el hostigamiento sistemático previo al desenlace. La detención juzgada fue crucial por lo traumática, porque allí comenzó la cuenta regresiva. Luciano soportó y sobrevivió a los meses posteriores con pánico a la policía porque sabía que tenía los días contados. Los abogados defensores del torturador Torales son viejos conocidos en La Matanza. Se dedican hace años a defender a la Bonaerense, tienen vínculos directos con el Pro a nivel local y son quienes comandaron la embestida judicial contra nuestro compañero Pablo Pimentel. El presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de nuestro distrito tuvo que enfrentarse a una imputación por extorsión cuando los defensores de la policía asesina de Gabriel Blanco, asesinado en la comisaría de San Carlos en Isidro Casanova, lo acusaron de ofrecer beneficios a los presos a cambio de declaraciones contra los efectivos.
La misma lucha organizada nos permitió caratular esta causa como desaparición forzada y sostener esa figura aún después del hallazgo de Luciano y del intento del entonces gobierno de Daniel Scioli de hacer pasar este asesinato por un accidente de tránsito. El delito de desaparición forzada es de lesa humanidad, no prescribe y se sigue cometiendo a cada momento que la persona no está. En el país no hay un solo funcionario público condenado con esa figura que se tipificó en 2011. La perversa metodología de ocultar los cuerpos data de la última dictadura militar, pero se practica en democracia con la misma impunidad. El caso de Julio López, doblemente secuestrado y desaparecido, es muestra cabal. Las empresas periodísticas cumplen un rol central para garantizar la impunidad sembrando dudas sobre las víctimas, relativizando infundadamente las denuncias de las familias y silenciando explícitamente su voz.
Encontramos a Luciano gracias a la presentación de un hábeas corpus a comienzos de 2014. El poder judicial rechazó el pedido en dos instancias y nosotros apelamos esas decisiones hasta llegar a la Cámara Federal de Casación Penal, que terminó dándole curso. Las medidas tomadas en consecuencia fueron las que permitieron el hallazgo: la reapertura de los archivos de la Policía Científica de la noche del 31 de enero de 2009 arrojó que un NN había sido atropellado en General Paz y Emilio Castro, trasladado por el SAME e internado en el Santojanni hasta que murió luego de una operación y permaneció meses en la morgue judicial de la Capital Federal para ser enterrado en mayo de 2009 “sin identidad”.
Nuestra lucha nos llevó al hallazgo histórico, pero también nos permitió sobreponernos a la versión oficial, “que parezca un accidente”, y demostrar de forma contundente que sí, lo había matado la policía bonaerense y lo había desaparecido el Estado argentino con la perversa colaboración de instituciones de toda índole.
Haberlo encontrado generó medidas probatorias irrevocables: Luciano corría por la General Paz en una zona en que ésta se encuentra a metros de altura y sin acceso peatonal. Para llegar allí, tuvo que trepar un terraplén empinado y saltar una baranda o ser arrojado de un auto. La persona que lo embistió asegura que lo vio desesperado, escapando de algo y que no cruzaba normalmente, sino que corría en diagonal por la vía rápida. Otro testigo declaró que tiene la seguridad de que, en la colectora de General Paz, del lado de Provincia, había un patrullero doble cabina detenido y con las luces bajas. Luciano llevaba puesta ropa que no era suya y toda la evidencia que hoy serviría para demostrar cómo llegó allí, como sus zapatillas y elementos personales, se esfumó. . No es la primera vez que, como método de tortura y forma de exculparse, las fuerzas de seguridad someten a los jóvenes asesinados a situaciones en las que la muerte es ocasionada por algún factor externo. El caso de Ezequiel Demonty sobrevuela esta causa. El joven que fue arrojado al Riachuelo y murió ahogado también fue asesinado por la policía. A Luciano Arruga, en cambio, lo obligaron a correr por la vía rápida de General Paz.
Nuestra Lucha también fue por el cierre del destacamento de Lomas del Mirador, donde Luciano fue visto con vida por última vez, pero también porque en ese mismo lugar se llevaban adelante detenciones ilegales de menores de edad. A fines de 2011, luego de un acampe frente al municipio de La Matanza, conseguimos cerrar el destacamento de Lomas del Mirador. Desde octubre de 2013, gracias a tomar el lugar durante 68 días, nos pertenece absolutamente. Cuando encontramos a Luciano se votó en Senadores la ley de expropiación que cede definitivamente el ex destacamento a la personería jurídica de nuestros compañeros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Hasta el último día de su gestión esperamos con ansias que el ex gobernador Daniel Scioli pusiera la firma que necesitábamos para reglamentar la ley. Scioli, siendo coherente con su habitual comportamiento, nos ignoró sin mediar comunicación. La misma reacción tuvo cuando desde un medio le pidieron explicaciones por el hallazgo tardío del cuerpo de Luciano. Su séquito lo imitó. Ricardo Casal, a quien postulaba como ministro de Justicia si ganaba el balotaje, no tuvo reparo en atacar a esta familia afirmando que la desaparición fue un simple caso hospitalario. Jorge Telerman, entonces vocero del gobierno de la Provincia, también hizo el ridículo emitiendo un comunicado pretendiendo hacernos llegar una solidaridad cínica y dando por sentado que su jurisdicción no tenía incidencia en lo sucedido, aludiendo a “los hechos ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires”, para negar implícitamente la barbarie cometida por su propia policía. Ahora pesa sobre María Eugenia Vidal nuestra exigencia de reglamentar la ley de expropiación y lucharemos hasta conseguirlo. Nosotros luchamos por una sociedad en la que Luciano Arruga jamás hubiese desaparecido y nuestra denuncia jamás podría ser silenciada. Por ese motivo anunciamos antes de terminar esta jornada que el próximo 17 de octubre, a dos años del hallazgo de Luciano, nos encontrarán nuevamente en la calle en una enorme marcha para continuar exigiendo memoria, verdad y justicia.
Nuestra posición
El Estado volvió a demostrar que la maquinaria que funcionó en la última dictadura cívico-militar nunca se desmanteló con el retorno de la democracia: sus instituciones sostienen la misma perversidad de forma selectiva e invisibilizada.
El municipio de La Matanza fue una de las primeras instancias del Estado en rechazar todo tipo de acompañamiento o búsqueda de la verdad en la desaparición de Luciano: el entonces intendente Fernando Espinoza decidió no sólo desoír por nuestros pedidos sino fortalecer a su policía creando una patrulla municipal. El recambio actual de gestión no nos depara algo diferente: la intendenta Verónica Magario trajo a los más importantes líderes de su partido en la provincia de Buenos Aires, que formaron parte de la gestión paupérrima de Daniel Scioli. Las políticas de seguridad tan festejadas por los medios masivos de comunicación son las que nos dejan como consecuencia los 4644 asesinados por las fuerzas del Estado y más de 200 desaparecidos en democracia.
La política llevada a cabo con los NN es ilegal e irregular. Las fuerzas de seguridad, las morgues, el Registro Nacional de las Personas, los médicos que son cómplices, el poder judicial y los cementerios son la maquinaria mafiosa que ejecuta la desaparición forzada de personas en democracia. En el caso de Luciano el encubrimiento en los procedimientos posteriores a su muerte queda manifestado. La política estatal para manipular a los cuerpos “sin identidad” es siniestra, basta recordar las denuncias realizadas por los familiares de la inundación de abril de 2013 en La Plata: personas enterradas dos veces, cuerpos identificados en fosas comunes, junto a cadáveres de perros o fetos. La única excepción estatal en este crimen fue haber encontrado a Luciano.
El nuevo gobierno asume con una intencionalidad más que clara, la emergencia en seguridad a nivel nacional sólo puede explicarse comprendiendo la impronta represiva que se gesta para los próximos cuatro años, junto al intento de imponer un protocolo antipiquetes que no es más que la vía libre para deslegitimar y reprimir las protestas de los trabajadores. El crecimiento del aparato represivo y todas las fuerzas provinciales junto a la creación por decreto de las policías locales en “la década ganada”, es la herencia que necesitaba el macrismo para incrementar los operativos de saturación que para la juventud pobre no son más que control, verdugueo, golpizas, detenciones ilegales y torturas. El gobierno saliente dejó servida en bandeja la estructura para ejecutar la violencia que garantiza el disciplinamiento de los trabajadores: 45 mil policías bonaerenses a los que se sumaron más de 25 mil locales. La formación de la represión en las casas de estudios de nuestra juventud no es casualidad, buscan cooptar a esos mismos jóvenes pobres víctimas de la violencia del Estado y enfrentarlos con su propia clase. El caso de Lucas Cabello, joven baleado por un efectivo de la Policía Metropolitana en La Boca, es muestra contundente de la inclinación del presidente Macri, pero las ya conocidas represiones al hospital Borda, a los terrenos tomados del parque Indoamericano, a la Sala Alberdi o al barrio Papa Francisco, o el funcionamiento durante su primera gestión de la patota de la UCEP son la muestra cabal de que a la organización y las exigencias por necesidades básicas se responderá con palos y violencia.
La impronta del gobierno macrista ya se tradujo en la represión ordenada por Patricia Bulrich a los trabajadores de Cresta Roja y a los de la municipalidad de La Plata que reclamaban por el despido de 4500 compañeros. No es casualidad que, en la misma semana en que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires emitió un fallo permitiendo que, sin motivos, la policía pueda solicitar DNI a cualquier ciudadano, se ejecute de manera inédita el traspaso de 18 mil policías federales a la órbita de la Metropolitana en Capital Federal. No podría ser de otra manera si hay que someter al silencio y la represión violenta a más de 23 mil trabajadores estatales despedidos. La contracara de esta embestida es el violento ajuste que buscan imponer por la fuerza.
No podría ser posible, si no, que el presupuesto votado en la provincia de Buenos Aires con el aval de los bloques del Pro, el Frente Renovador y el Frente para la Victoria, incremente un 54% la inversión en “Seguridad” restando en áreas como salud y educación. La intencionalidad es sobradamente clara. La arbitraria detención de la militante Milagro Sala, acusada de incitación a cometer delitos y tumulto es un precedente inaceptable para todos los luchadores: cortar calles y hacer acampes y vigilias es la única alternativa que nos queda para reclamar el cumplimiento de nuestros derechos. Exigimos la liberación inmediata.
No se quedan atrás los prontuarios de los funcionarios a cargo de las Fuerzas: el nuevo jefe de la Bonaerense designado por María Eugenia Vidal, Pablo Bressi, es un ex oficial del Grupo Halcón, responsable de la Masacre de Ramallo. Fernando Díaz, el nuevo jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, es el mismo que gestionaba a la institución durante 2005, cuando ocurrió el motín en la cárcel de Magdalena en el que murieron incendiados 32 reclusos en un estado de abandono criminal. La decisión política en materia penitenciaria es que los presos deben ser tratados como escoria y que las cárceles deben estar pobladas de pobres. Los institutos de menores, las cárceles para niños siempre nombradas con eufemismos, se encuentran en un estado de hacinamiento, falta de higiene, violencia y abandono que pocas veces puede ser denunciado ya que los organismos de derechos humanos no consiguen entrar. Las personas alojadas en instituciones de encierro en la Argentina se mueren, además de asesinadas por las fuerzas penitenciarias, por enfermedades medievales.
La noticia de la triple fuga desmanteló una situación de podredumbre feroz hacia adentro de los uniformados: las instituciones represivas son mafias organizadas.
Hasta el último día de la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, los militantes de izquierda junto a organizaciones y organismos de derechos humanos pedimos que la mandataria derogara la ley antiterrorista que denunciamos y que fue impuesta por el gobierno de los Estados Unidos. También exigimos el cese de la judicialización con esa u otras leyes represivas y la persecución a los luchadores populares.
Nosotros seguiremos luchando por alcanzar nuestras reivindicaciones cualquiera sea el gobierno de turno, porque estamos convencidos de que la represión es una característica inherente a cualquier gestión, y como elemento intrínseco para la gobernabilidad es que la repudiamos de plano y la combatimos en unidad con organizaciones y partidos de izquierda y organismos de derechos humanos que conserven la misma independencia. Nosotros luchamos por una sociedad en la que Luciano Arruga jamás hubiese desaparecido y nuestra denuncia jamás podría ser silenciada. Por ese motivo anunciamos antes de terminar esta jornada que el próximo 17 de octubre, a dos años del hallazgo de Luciano, nos encontrarán nuevamente en la calle en una enorme marcha para continuar exigiendo memoria, verdad y justicia. En el marco de este contexto tan adverso y con la imperiosa necesidad de dar muestras contundentes de nuestra capacidad de movilización para frenar los ataques, los familiares y amigos de Luciano tanto como las decenas de organizaciones que firman este documento convocamos a todos sindicatos, centros de estudiantes, organismos de derechos humanos, trabajadores, coordinadoras de estudiantes secundarios, familiares de víctimas de la represión estatal, agrupaciones y partidos de izquierda a la más amplia unidad para salir a la calle con la espalda más ancha que nunca.
EXIGIMOS
REGLAMENTACIÓN YA DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN DEL ESPACIO PARA LA MEMORIA LUCIANO ARRUGA LO MATÓ LA POLICÍA Y LO DESAPARECIÓ EL ESTADO BASTA DE REPRESIÓN POLICIAL BASTA DE PERSEGUIR LA PROTESTA DEROGACIÓN DE LAS LEYES ANTITERRORISTAS Y DE TODA LEGISLACIÓN REPRESIVA LIBERTAD A MILAGRO SALA BASTA DE GATILLO FÁCIL BASTA DE DESAPARICIONES FORZADAS NI UNA FAMILIA EN LA CALLE, NI UN PUESTO DE TRABAJO MENOS JUSTICIA PARA LUCIANO ARRUGA
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