Discutir la baja: un comodín diacrónico para el Estado

*Adolescente secuestrado el 31 de enero de 2009 por policías del destacamento de Lomas del Mirador, torturado y desaparecido. El 17 de octubre de 2014 fue hallado enterrado como NN en el cementerio de Chacarita.    El ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano esgrimió en una entrevista en Radio Nacional que el ejecutivo dará la discusión a lo largo del 2017, para que el Congreso trate en el 2018, “lejos de las elecciones”, un proyecto que incluya la baja en la edad de imputabilidad. Claudia Cesaroni, abogada, escritora e investigadora, disipó un error del funcionario que se volcó a medios de comunicación, militantes y opinólogos: no es imputabilidad, es punibilidad o Edad Mínima de Responsabilidad Penal. Se trata de un concepto más amplio que la posibilidad de resultar imputados por un delito. Por una senda institucional, en una instancia de apariencias con debates superficiales e inducidos a la confusión, en el planeta de los medios hegemónicos- sacando de ellos honrosas excepciones de colegas que se esfuerzan por ir más allá- , se debate si los “menores” de 16 años que cometen delitos son responsables igual que un adulto. Quienes acompañamos esta causa pero, además, hemos trabajado o trabajamos en el marco de la ley Provincial 13.298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, sabemos que esa discusión es estéril. El Sistema de Promoción y Protección (SPPDN) contempla que jóvenes en situaciones de vulnerabilidad tengan un resguardo dentro de las instituciones “no tradicionales”. La vulnerabilidad incluye el conflicto con la ley penal, acorde a las reglamentaciones y principios internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional desde 1994. La ley 13.298 sancionada durante el kirchnerismo plantea en la Provincia de Buenos Aires, la creación, o puesta en marcha, de programas sociales que fortalezcan distintos aspectos: identidad, educación, salud, vínculos sociales, trabajo, etc, creando dispositivos administrativos como los Servicios Zonales y Locales. Pegadito al SPPDN, también se crea en la Provincia de Buenos Aires, la ley 13.634 de Responsabilidad Penal Juvenil, estableciendo principios, garantías y plazos procesales de implementación para los niños punibles, desplegando un no acotado número de dispositivos judiciales, que regulan las medidas coercitivas sobre los mismos, pese a que la ley establece en su artículo 36 inc. 4 “Que la privación de libertad sea sólo una medida de último recurso y que sea aplicada por el período más breve posible (…)”. La aplicación y ejecución del SPPDN es y fue, sin embargo, muy precaria, no podemos decir lo mismo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que en la puesta en marcha de la cadena punitiva, se incrementa cada vez más la circulación de niños, niñas y adolescentes de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, al mismo tiempo que se incrementa el endurecimiento en las prácticas judiciales dirigidas hacia estos en relación a los tiempos de permanencia, dónde son alojados y las sentencias que recaen sobre ellos. Una prueba contundente de esto es la expansión de los espacios de encierro absoluto, actualmente llamados Centros de Régimen Cerrado. Desde la implementación de la ley 13.634, se han abierto 8 establecimientos más de los que ya existían, ya sea porque se abrieron nuevos o porque se los ha re-tipificado por su modalidad o régimen.  Esto no es un dato menor a la hora de pensar cual es el lugar que se le da a la Niñez en términos de políticas públicas, pero por sobre todo, cuál es el lugar que el Estado le da a la niñez perteneciente a los sectores más vulnerables. El SPPDN vino a reemplazar a Ley del Patronato, cambiando el paradigma: de menores tutelados por el Estado para resguardarlos del abandono moral o material, con una clara connotación criminalizante sobre los sectores populares, pasando a un Estado que bajo el principio  del “interés superior del niño” debiera garantizar el ejercicio de todos sus derechos, de todos los Niños, Niñas y  Adolescentes. Sin embargo en la cotidianeidad, el acceso a los derechos es precario y hasta inexistente, esto no sólo afecta la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes en vulnerabilidad: también es la contracara del mismo Estado que genera y alimenta la cadena punitiva de forma sistemática y selectiva. La “necesidad” de bajar la edad en la imputabilidad (punibilidad, si queremos ser más amplios) de los menores de 16 años parte de una falacia: sería una necesidad si se hubieran agotado todos los dispositivos previos, pero no funcionan los mecanismos que evitarían que cometan delitos o que los resguardarían de seguir haciéndolo. Ni siquiera en el caso de los que representan, o decían representar, un cambio de paradigma en materia penal juvenil. La construcción social de la figura del “pibe chorro” está compuesta por tres características: “pobre, drogadicto y delincuente”. Fogoneada principalmente por los medios de comunicación hegemónicos, recae con una fuerza brutal sobre los pibes de nuestros barrios, sobre sus familias y sobre los barrios mismos con una clara connotación segregativa, en donde se reclasifica la pobreza: se criminaliza  y estigmatiza a los niños, niñas y adolescentes primeramente por ser pobres. En este contexto, suscribiéndonos a todos los prejuicios instalados: que abundan los delincuentes menores, drogadictos y pobres y que implican alguna cifra de influencia a la hora de instalar y analizar el debate de la inseguridad, esos jóvenes pobres, drogadictos y delincuentes han sido prácticamente inducidos por el Estado a estancarse en esa vida. Así fue que allá por el 2009, mientras nosotros buscábamos con desesperación Luciano Arruga, el entonces gobernador Daniel Scioli, consideró que la falla integral no fue el sistemático desfinanciamiento del SPPDN (trabajadores sin cobrar durante meses, precarización laboral, inexistencia de espacios físicos o en condiciones deplorables para trabajar, falta de recursos materiales, humanos y económicos, etc) sino que la legislación penal juvenil no incluía a los niños de 14 años entre quienes eran responsables adultos de los delitos que cometían. Luciano es un ejemplo siniestro de que la realidad dice lo contrario: el pibe no quería robar y por eso lo mataron. El artículo publicado en Página/12 denominado “Casi no hay chicos que matan”, revela una cantidad de datos: según la Corte Suprema (información relevada hasta 2012) menos del 2 % de los asesinatos en CABA son cometidos por niños y menos del 4% en La Plata y el Conurbano. Existen infinidades de barrios en la Argentina completa, a los que la década que pasó no trajo la prosperidad anunciada y el macrismo destruye con la más perversa de las injusticias: el hambre. Si antes de señalar a los niños, hablamos de responsables adultos, deberíamos comenzar por funcionarios públicos que desde hace años escatiman el acceso a la educación y la salud, obturan como cuello de botella las posibilidades de que en las familias todos tengan todos los días para comer, achican los espacios de recreación para niños, niñas y adolescentes, eso fue y es la inclusión precarizada y a esta le sigue la exclusión social, la desesperación de las familias, que como respuesta reciben la violencia del Estado en todas sus formas, desde las más sutiles hasta las más perversas. El problema no es que el pibe chorea, el problema es que le están robando la niñez a los pibes y pibas, que les suprimen la esperanza, la capacidad de crear, de imaginar, de jugar, que los condenan al hambre y a vivir en la marginalidad. El problema más grande es que los pibes y las pibas de los barrios conviven más con la muerte que con la vida.

Se cumplen 8 años de la desaparición forzada de Luciano Arruga

El 31 de enero del 2009 fue detenido por la Policía Bonaerense en un accionar recurrente contra los pibes de barrios carenciados. Fue encerrado y asesinado por negarse a robar para ellos. Recién el 17 de octubre de 2014 fue encontrado el cuerpo de Luciano, enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita.



Luciano Arruga era un chico más de una zona vulnerable de la provincia de Buenos Aires, allí el accionar de la Policía Bonaerense era simple y claro, como en tantos otros puntos del conurbano: amedrentar a chicos en situación de vulnerabilidad social para que salgan a robar. Luciano tenía 16 años en el momento de su desaparición pero no negó sus principios al rechazar en reiteradas ocasiones ser parte de la mafia que funciona en el interior de la fuerza de seguridad más ruin de nuestro país.

Fue un 31 de enero de 2009 cuando Luciano fue visto con vida por última vez, hacía varios meses que era perseguido y hostigado por miembros de la Policía Bonaerense. Insistían en que robara para ellos, que le garantizaban el arma, la zona liberada y una salida express si llegaba a ser detenido en el hecho. Luciano se negó una y otra vez, el sistema represivo del Estado nacional no pudo corromperlo.

Cuatro meses antes de su desaparición, en septiembre de 2008, fue ilegalmente detenido en el destacamento policial de Lomas de Mirador, y fuertemente golpeado por la policía en la cocina del mismo, mientras que en el hall se encontraba la madre y hermana de Luciano, peleando contra la indiferencia de los policías que le decían que no podían retirarlo porque "no tenían la documentación necesaria". En las 10 horas en que estuvo encerrado, ningún fiscal de menores se acercó al lugar en donde se ejercía un acto de violencia institucional atroz.

Los intentos por entorpecer la investigación y la búsqueda de Luciano fueron moneda corriente desde un primer momento. En la madrugada del 31 de enero de 2009, al no aparecer en su casa, luego de haber salido a la noche hacia la casa de su hermana, la familia comenzó a buscarlo por el barrio. Fueron al destacamento y a otras comisarías y hospitales de la zona pero le decían que no estaba. Cinco días después, la familia, que no cesaba de buscarlo, presentó un hábeas corpus, pero la justicia lo rechazó.

La fiscal Roxana Castelli derivó la investigación en manos de la propia Bonaerense, por lo que las pistas falsas, la información trucha y el desvío de datos fueron moneda corriente. Nada nuevo en el típico accionar de la fuerza. 

En un principio la causa fue caratulada como averiguación de paradero, y recién años después se logró cambiarla a "Desaparición forzosa”. El 17 de octubre de 2014 fue encontrado el cuerpo de Luciano, enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. Supuestamente enterrado en mayo de 2009 después de un accidente automovilístico en la autopista General Paz.

La criminalización de la juventud y de los sectores vulnerados y desprotegidos por el propio accionar de la clase política vuelve a ser tema de debate en estos días, en donde el Gobierno intenta impulsar -con apoyo de otros sectores de la oposición- la baja en la edad de imputabilidad. Luciano se ha convertido en una bandera de resistencia para muchos pibes como él y otros de distinta procedencia pero con una sola idea clara: combatir al sistema represivo de un Estado que actúa en connivencia con las mafias que se encuentran al interior de quienes supuestamente deben proteger a la gente.

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) en su archivo anual sobre la situación represiva nacional del 2016 indica que una persona es asesinada cada 25 horas por gatillo fácil por parte de las distintas fuerzas policiales (Gendarmería, PSA, PFA, la Policía Bonaerense, Prefectura, etc.), y desde la asunción del gobierno de Cambiemos son 241 las personas asesinadas.

A Luciano Arruga lo desapareció el Estado y lo mató la Policía. Si no existe la memoria, todo lo nuestro es suicida.

Pobreza y desarrollo infantil: más allá de los primeros 1000 días de vida

Por, Sebastián J. Lipina, director de la Unidad de Neurobiología Aplicada (CEMIC-CONICET), Argentina.

  

Niña hondureña cosechando café. Foto: Pep Companys

El énfasis que en la actualidad se le da a los primeros 1000 días de vida como determinantes para el desarrollo humano durante el resto de la vida, se construyó fundamentalmente en base a tres fuentes de evidencia empírica generadas en el contexto de las ciencias de la salud. Por una parte, disponemos de un estudio realizado en cuatro aldeas rurales en El Oriente (Guatemala) entre los años 1969 y 1977 que involucró a más de dos mil niños y sus madres que estaban en riesgo alimentario por vivir en condiciones de pobreza. Los resultados demostraron que un suplemento nutricional con altos contenidos proteicos y energéticos impactó más en los niños que lo recibieron durante su segundo y tercer año de vida, en comparación con los niños que lo habían recibido en etapas posteriores a su desarrollo. El impacto se verificó tanto en medidas de crecimiento físico, como en otros indicadores de salud, educación, cognición e incluso de productividad económica muchos años más tarde, cuando los niños ya fueron adultos. Otra de las fuentes proviene de un análisis publicado en el año 2010 y realizado en 54 países con ingreso bajo y medio, en el que se verificó una caída de las puntuaciones en la talla de los niños entre su nacimiento y los 23 meses de vida, sin evidencia de deterioro adicional entre los 24 y los 59 meses siguientes. La tercera fuente proviene de diferentes estudios realizados durante varias décadas, que evidencian con claridad la importancia de la prevención de la salud materna durante el período prenatal para prevenir las fallas de crecimiento en sus hijos.

Si sumáramos a esta evidencia la generada por las ciencias del desarrollo contemporáneas, que también sostienen la importancia de la provisión nutricional adecuada desde la concepción y durante los primeros años de desarrollo luego del nacimiento, no hay dudas que los primeros 1000 días de vida son una etapa muy importante en la que es necesario asegurar la alimentación y el cuidado de las madres y sus hijos para proteger el desarrollo adecuado de sus potenciales y oportunidades. Tampoco existen dudas acerca de que las carencias pueden afectar a cualquier niño, sea pobre o rico. No obstante, las condiciones de desigualdad que caracterizan a muchos países del mundo en el momento actual, colocan en una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo a aquellos que padecen situación de pobreza.

Al tiempo que esta evidencia fue siendo diseminada y comunicada en diferentes sociedades del mundo, se produjo otro fenómeno que dio origen a nociones acerca del desarrollo humano en condiciones de pobreza que sostienen que los primeros 1000 días son un período crítico durante el cual es necesario realizar los mayores esfuerzos para asegurar alimentación y estimulación para el aprendizaje de los niños, antes de que esta etapa finalice. Tal noción sostiene que luego de que esta supuesta ventana de oportunidad única se cierra, ya no será posible generar cambios en aquello que no haya sido nutrido o estimulado en forma adecuada con anterioridad. Es decir, esta noción sostiene que lo no logrado o lo que haya quedado afectado por pobreza es irreversible, no puede modificarse, sugiriendo una concepción del desarrollo humano en la que hay eventos determinantes centrales sujetos a una dinámica con pocos o ningunos grados de libertad para el cambio. 

Tales conceptos pueden verificarse en la intervención realizada por diferentes medios, organismos multilaterales e incluso comunidades académicas y de divulgación científica. Por ejemplo, en el año 2013, el encabezamiento de una nota publicada en el sitio web de Smithsonian, una de las organizaciones más prestigiosas en enseñanza y divulgación de la ciencia, afirmaba que: Crecer en la pobreza puede afectar el desarrollo cerebral del niño. Un gran cuerpo de investigaciones muestra que las circunstancias y el estrés crónico de la pobreza interrumpen el desarrollo del cerebro. El prestigioso periódico inglés The Guardian, en el año 2014, publicaba una contribución cuyo título era: La mitad de los niños afganos sufre de daños irreversibles por malnutrición. Y agregaba: La nutrición pobre en los primeros dos años tiene efectos permanentes sobre el crecimiento y el desarrollo. A principios del año 2016, era posible leer lo siguiente en la sección “Nuestras Prioridades” del sitio web de Unicef-China: Los niños son más vulnerables a la pobreza que cualquier otro grupo etario. Ellos experimentan la pobreza de manera diferente a los adultos y otros miembros del hogar, y sus necesidades varían según diferentes edades. Invertir durante los períodos críticos, particularmente en la infancia temprana, es crucial para combatir la pobreza infantil. Los procesos de desarrollo y maduración son sensibles al tiempo, lo cual significa que los efectos de la pobreza infantil son profundos, de larga duración e irreversibles. Por ejemplo, la malnutrición en los primeros años impide el desarrollo esencial de las conexiones cerebrales para el aprendizaje, afectando a la educación y más tarde en la vida, el potencial de ingreso.

En el año 2015, investigadores de nueve centros universitarios norteamericanos publicaron un artículo en la revista científica Nature Neuroscience en el que mostraron nuevas evidencias sobre las influencias de las pobreza infantil en la estructura cerebral y el desempeño cognitivo. Allí afirmaban que no era posible interpretar los resultados en un sentido de determinación irreversible. No obstante, la misma semana la revista Nature (de la misma compañía editorial) publicó una nota periodística titulada La pobreza encoge los cerebros desde el nacimiento.

Hace algunas semanas, el blog Primeros Pasos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, aportaba un conjunto de consideraciones semejantes sobre el desarrollo infantil temprano: Es en los primeros 3 años de vida que el cerebro humano crece más que en ninguna otra etapa, alcanzando el 80% del tamaño adulto, y es por esto que el aprendizaje se realiza con mayor facilidad que en ningún otro momento. Durante este período, corto pero único, los niños necesitan atención, estímulos e interacciones adecuadas que les permitan desarrollar su mayor potencial a nivel cognitivo y no cognitivo. Algunos déficits en los estímulos adecuados durante la primera infancia se pueden compensar más adelante, pero el costo es tan alto que los daños son frecuentemente, irreversibles.

Estos, y otras tantos ejemplos que podríamos agregar, hacen referencia a los primeros 1000 días de vida como un período crítico o una ventana de oportunidades única para el aprendizaje infantil. Del mismo modo, alertan sobre la irreversibilidad de los efectos de la pobreza sobre el desarrollo cognitivo de los niños y las niñas, cuando se desaprovecha esta oportunidad única y temporalmente limitada. Sin embargo, semejantes afirmaciones no se corresponden con la evidencia empírica generada durante las últimas décadas por las ciencias del desarrollo humano y de la educación. Esta distancia entre un conjunto de nociones erróneas sobre los efectos de la pobreza y la evidencia empírica que nos aporta la investigación científica sobre el tema, exige reflexionar sobre dos cuestiones de gran importancia. La primera, se refiere a qué es lo que la evidencia científica disponible permite afirmar acerca de las influencias que ejerce la pobreza sobre el desarrollo emocional, cognitivo y social de niños, niñas y adolescentes. La segunda, a cómo y por qué se generan, diseminan y sostienen concepciones erróneas.

El impacto de la pobreza sobre el desarrollo infantil

Con respecto a la primera cuestión, la evidencia disponible en psicología y neurociencia del desarrollo permite afirmar que, desde la concepción y durante toda la vida, el sistema nervioso –que contiene al cerebro - se organiza y se modifica en base a la interacción dinámica entre los genes y el ambiente en el que cada individuo desarrolla su existencia. A su vez, estos procesos de desarrollo son modulados por una gran diversidad de mecanismos moleculares, celulares, conductuales, sociales y culturales. Durante tal desarrollo, existen momentos de máxima organización de diferentes funciones cerebrales que se denominan períodos críticos, que no son necesariamente fijos respecto al momento en que ocurren ni a las redes neurales que involucran. Es cierto que, si durante tales períodos críticos se produce una alteración, tanto positiva como negativa, ésta tenderá a ser incorporada de una manera permanente a la función, limitando las oportunidades para reorganizarse. Muchos de estos períodos tienen lugar en momentos tempranos del desarrollo, en particular durante la fase perinatal y en los primeros meses de vida. Pero en el caso de la organización de procesos más complejos como los cognitivos, los emocionales, y las competencias de aprendizaje, tal organización depende de la integración progresiva de diferentes redes neurales, que procesan más de una modalidad de información y que se desarrollan en diferentes momentos durante al menos las dos primeras décadas de vida.

Un ejemplo paradigmático que ha alimentado a la interpretación errónea de los primeros 1000 días de vida como única ventana de oportunidad para el desarrollo cerebral y el aprendizaje, es el de la formación y eliminación de contactos entre neuronas o sinapsis. El tiempo de creación y eliminación de sinapsis en áreas cerebrales vinculadas con el procesamiento sensorial y motor se estima que culmina alrededor de los dos años de vida; mientras que en las áreas frontales ello ocurre no menos de una década y media después del nacimiento. Es decir, no hay un solo período de formación de contactos entre neuronas. Y de ninguna manera es posible sostener que el momento en que se alcanza el número estable de sinapsis en cada área cerebral, implica un cierre de oportunidades para el desarrollo cognitivo y el aprendizaje. Tal como lo demuestra la evidencia de las ciencias de la educación y del desarrollo psicológico desde hace décadas, es posible generar aprendizajes eficientes en diferentes etapas del desarrollo, mucho más allá de los primeros tres años de vida, incluso en poblaciones infantiles que han padecido privaciones materiales y simbólicas. Esto significa que existen varias ventanas de oportunidad para diferentes aspectos del desarrollo emocional, cognitivo y el aprendizaje.

Por otra parte, que el cerebro alcance en sus primeros años el 80% de su tamaño adulto, no significa que su funcionamiento también lo haga. Los aspectos estructurales, como por ejemplo el tamaño, y los funcionales están asociados pero su relación no es necesariamente causal. En síntesis, basar el desarrollo cerebral y cognitivo en un único aspecto - en este caso el período de generación y poda sináptica o el tamaño cerebral - es un error que no toma en cuenta la noción consensuada de las ciencias del desarrollo: éste involucra múltiples componentes a distintos niveles de organización, que están en interacción continua y que son sensibles a diferentes influencias individuales y ambientales en el tiempo, de manera que su organización no responde a un patrón único y de evolución uniforme. De hecho, identificar a través de experimentos un período crítico para el desarrollo emocional y cognitivo, o para el aprendizaje, es una empresa difícil para la investigación neurocientífica porque requiere de estudios que permitan controlar variables moleculares, celulares, cognitivas, conductuales y ambientales, y su evolución conjunta en el tiempo. En el caso de los momentos de organización de funciones emocionales, cognitivas y de aprendizaje, la neurociencia contemporánea las denomina “períodos sensibles”, en lugar de “críticos”. Los períodos sensibles también definen momentos importantes de organización estructural y funcional neural, aunque con dos diferencias importantes respecto a los períodos críticos. Por una parte, el tiempo de su duración es mayor y más difícil de establecer; y por otra, las influencias positivas o negativas que modifiquen la organización de estas funciones, podrían modificarse aunque con mayor esfuerzo que en el caso del desarrollo en contextos adecuados, sin privaciones materiales y simbólicas. Es decir que no habría una tendencia a la irreversibilidad y en consecuencia continuarían abiertas las oportunidades de reorganización plástica y de aprendizaje, aunque con grados menores de libertad y con requerimientos de mayor esfuerzo. De hecho, diferentes intervenciones orientadas a optimizar y maximizar las oportunidades de desarrollo y aprendizaje de niños y adolescentes que viven en condiciones de pobreza, demuestran desde hace décadas que es posible hacerlo utilizando distintas estrategias en laboratorios, hogares, escuelas y comunidades. Por supuesto, no todos los participantes de estas intervenciones logran obtener los mismos resultados, debido a que las diferencias individuales a nivel de la plasticidad neural, la susceptibilidad al ambiente, la respuesta a la co-ocurrencia de múltiples adversidades, la acumulación de riesgos y el tiempo de exposición a las privaciones determinan diferentes respuestas y trayectorias. Precisamente, la ciencia contemporánea del desarrollo incluye dentro de sus objetivos centrales de investigación la identificación de los diferentes mecanismos a través de los cuales ocurren los impactos por pobreza y también los cambios que ocurren como consecuencia de intervenciones orientadas a optimizar el desarrollo infantil.

En síntesis, la importancia de los primeros 1000 días como momento único para el desarrollo humano estaría justificada para algunos de los aspectos propuestos por las ciencias de la salud a través de los estudios nutricionales. Pero su generalización a otros aspectos del desarrollo emocional, cognitivo, social y del aprendizaje no consideran de forma adecuada la complejidad proveniente de la organización de la plasticidad neural durante las dos primeras décadas de vida, ni las oportunidades de cambio por intervención cognitiva, educativa y social. La noción de una determinación temprana de tales aspectos del desarrollo en base a un grupo discreto de determinantes principales – en este caso, las carencias nutricionales y la estimulación para el aprendizaje en los primeros 1000 días - no es posible de sostener, más allá de su potencial atractivo para los abordajes econométricos.

Entre el determinismo y la reversibilidad de los efectos de la pobreza en el desarrollo infantil

En el año 1999, el investigador en nutrición y desarrollo Ernesto Pollit, un referente de esta área de investigación, lo expresó en estos términos:

La noción de períodos críticos tal como se la utiliza en su forma sobrevalorada es cercana a esta idea de determinación. En el contexto específico del estudio de los efectos de la desnutrición temprana, la idea de períodos críticos y la evidencia de laboratorio llevaron a la hipótesis de que la desnutrición de energía y proteína durante los períodos de mayor aceleración del crecimiento cerebral tenía un efecto irreversible. Esta hipótesis llevaba implícita la idea de que la desnutrición era un factor suficiente para producir retardo mental. La idea de determinantes principales y la conceptualización de períodos críticos, así como datos experimentales con modelos animales, llevaban a la conclusión de que en los niños desnutridos la relación entre la deficiencia de macronutrientes y las consecuencias funcionales era mediada por los cambios en la arquitectura cerebral. Gradualmente, varios investigadores comprendieron que la conceptualización de un efecto lineal no conducía a una comprensión cabal de los efectos de la desnutrición entre niños que viven en condiciones de pobreza extrema. Se hizo evidente que la desnutrición tiene un origen multicausal y se reconoció que el problema era demasiado complejo para reducirlo a la medición de un efecto principal.

Más adelante, en el mismo artículo, continuaba de la siguiente forma:

Las probabilidades de que se encuentren problemas de aprendizaje escolar entre niños que nacieron con un peso menor a 2.500 gramos varían en función directa de su nivel económico. Aún en comunidades en condiciones de pobreza absoluta, los factores socioeconómicos predicen la variabilidad del desarrollo mental de niños con una historia de malnutrición temprana. La pobreza es un problema central y es preciso comprender sus mecanismos de influencia. Respecto al estudio de Guatemala, un seguimiento realizado en los años 1988 y 1989 concluyó que incluso cuando la desnutrición ocurra tempranamente, ella no es una condición suficiente para fijar la trayectoria del desarrollo. La corrección de una desviación del desarrollo está determinada en parte por las circunstancias ambientales y por las experiencias individuales. El organismo tiene la capacidad de modificar la dirección de un desarrollo desviado.

En el área de la neurociencia nutricional contemporánea, estas nociones siguen siendo las que forman parte del consenso que sostiene que la idea de determinantes principales da una visión parcial o errónea acerca del impacto que las carencias nutricionales tempranas generan en las trayectorias de desarrollo, habida cuenta de los efectos de diferentes tipos de intervenciones que involucran acciones orientadas a los diferentes aspectos del desarrollo infantil. En tal concepción, el desarrollo humano se modela como un proceso probabilístico multideterminado por factores biológicos, psicológicos y ambientales que moderan su trayectoria durante el ciclo vital. Y tales factores pueden mantener el efecto de adversidades ocurridas durante la infancia, así como también inducir cambios en sentidos positivos. La influencia del contexto en el desarrollo infantil hace que las probabilidades de su trayectoria varíen en función de todos estos componentes y factores en diferentes etapas de la vida.

En síntesis, no es posible afirmar que los primeros dos o tres años de vida sean un período crítico ni mucho menos único para el aprendizaje, ni que las privaciones tempranas generan necesariamente impedimentos irreversibles o la detención del desarrollo. Estas nociones inducen a representar al desarrollo como un fenómeno mucho más fijo y menos dinámico de lo que realmente la evidencia empírica permite sostener, al no considerar adecuadamente los niveles de plasticidad y sensibilidad al cambio, en el contexto de una dinámica compleja que involucra fenómenos no sólo biológicos, sino también sociales y culturales. La sobrevaloración de las nociones erróneas de período crítico e irreversibilidad amerita además un análisis acerca de cuáles son las representaciones que se proponen sostener acerca de la protección de la infancia temprana en diferentes sociedades. En tanto se enfaticen términos como “ingreso” y “productividad” como expectativas del desarrollo normativo, sin tomar en cuenta que la forma de organización social y económica de una comunidad puede o no favorecer la creación de oportunidades de inclusión educativa y laboral más allá de las carencias de los primeros años del desarrollo, entonces se podría estar proponiendo desarrollar una sociedad orientada en forma primordial al consumo y al trabajo que podría excluir a aquellos que no alcancen estos parámetros de logro. Es decir, se acercaría a una propuesta más cercana a la reproducción de desigualdad que a la de construcción de la equidad. En tal sentido, sería importante que medios, organismos multilaterales e instituciones académicas revisaran las afirmaciones que sostienen sobre el desarrollo humano, los períodos críticos y los fenómenos de cambio emocional, cognitivo y social durante el ciclo vital. Reducir las oportunidades del desarrollo a una sobregeneralización de las nociones de período crítico e irreversibilidad, podría implicar la subestimación del valor transformador de los contextos de desarrollo y de los intercambios simbólicos que proponen diferentes sistemas culturales para cuidar y generar oportunidades de aprendizaje e inclusión social de los niños y adolescentes.

Por último, estas consideraciones críticas no deberían ser interpretadas como un cuestionamiento a la motivación y al esfuerzo de todos los sectores que están involucrados con la primera infancia en el mundo actual. En todo caso, se trata de promover foros de discusión y de debate sobre las necesidades de los niños y adolescentes atendiendo a nociones basadas en la evidencia, de manera de mejorar la calidad de la información, las formas de comunicar los hallazgos y el diseño de intervenciones pertinentes para diferentes sistemas culturales. Se trata de generar de forma honesta y productiva la responsabilidad que todos los actores sociales tenemos en la construcción de la igualdad.

  

Sebastián J. Lipina. Psicólogo, Investigador de CONICET (Argentina), Director de la Unidad de Neurobiología Aplicada (UNA, CEMIC-CONICET), Profesor de la Universidad Nacional de San Martin (UNSAM). Autor del libro Pobre Cerebro (Siglo XXI Editores, Buenos Aires).

Para saber más:

"Pobre cerebro", un libro que indaga en la influencia de la pobreza sobre el desarrollo cognitivo - Entrevista a Sebastián Lipina, Agencia Telam, 12/07/2016.

Blog de la Unidad de Neurobiología Aplicada, CEMIC-CONICET.

"El estrés puede generar cambios en el cerebro". Entrevista a Sebastián Lipina, La Nación, 24/06/2015.

Proyectos en marcha: privatización educativa en la región

"América latina es la región en la que más ha avanzado la educación privada primaria y secundaria en las últimas tres décadas, pero la producción académica sobre las circunstancias políticas y económicas bajo las cuales esto se produjo es muy escasa en el continente", dice Mauro Moschetti, para explicar el lugar vacante que viene a cubrir la investigación en la que actualmente trabaja.

Financiada por Education International y surgida de los hallazgos de un proyecto global sobre el mismo tema, la investigación que comenzó hace unos cuatro meses en colaboración con otros colegas -Clara Fontdevila y Adrián Zancajo- apunta a "establecer una tipología de formas de privatización de la educación" en los países latinoamericanos. En la región, el 20% de los alumnos primarios y un porcentaje similar de los secundarios asisten a escuelas privadas, con países por encima y por debajo de esa media. "Se trata de entender -dice Moschetti- cómo y por qué los países de América latina han promovido la privatización de la educación de manera casi unánime a pesar de sus diferencias culturales, económicas y políticas."

Los primeros hallazgos muestran cinco trayectorias posibles hacia la privatización. "La privatización como parte de una reforma estructural del Estado (Chile), la privatización como reforma incremental (Brasil y Colombia, donde avanza con la complejidad de sus federalismos), la privatización «por default» y con escuelas privadas low-cost (Perú, República Dominicana), la privatización como resultado de alianzas público-privadas históricas (Argentina) y la privatización por vía del desastre (Haití, El Salvador, Guatemala) -describe-. En paralelo trabajamos con dos trayectorias contrapuestas: la no-privatización (Uruguay) y la desprivatización (Bolivia)", agrega.

En esas trayectorias se dibuja una primera distinción importante. "Hay países en los que la privatización se da como resultado de políticas explícitas para abrir el sector educativo a proveedores privados. Pero hay casos más «espontáneos» en los que el Estado juega un rol ambiguo", dice. Es el caso de Perú, que hasta hace 25 años tenía tasas de escolarización muy bajas en comparación con otros países de la región. "Aparecieron entonces proveedores privados de educación de bajo costo: escuelas que trabajaban con docentes sin título habilitante, en infraestructuras edilicias no apropiadas. Este sistema privado irregular aumentó la tasas de escolarización, pero bajo condiciones que el Estado no podía avalar. Entonces, se optó por hacer la vista gorda ante el fenómeno", describe Moschetti. Perú tiene una de las tasas de privatización más veloces del continente: en los últimos 15 años pasó del 20% al 50% de los alumnos en escuelas privadas. En la ciudad de Buenos Aires eso sucede desde hace 30 años.

Mauro Moschetti.

Nombre: Mauro Moschetti

Edad: 32 años

Perfil: magíster en Políticas Educativas (UTDT), investigador predoctoral de la Universidad Autónoma de Barcelona

¿Cuántas muertes más son necesarias?

 

por Carlos Baeza

El presunto autor de un crimen aberrante en perjuicio de una menor, se encontraba en prisión cuando el juez interviniente le concedió una salida transitoria de 24 horas, de la que nunca retornó y durante más de un año no fue buscado hasta que se lo detuvo imputándosele la comisión de ese hecho.

Lamentablemente, el caso es uno más entre tantos similares y siempre la explicación es la misma: los jueces confieren ese beneficio por cuanto la ley 24.660 así lo dispone.

La norma citada no es más que uno de los aspectos del sistema abolicionista que intercambia los roles de “víctima” y “victimario” haciendo que el delincuente llegue a ese estado por la injusticia social que representa las condiciones de pobreza en que fue criado por lo cual, cuando comete un ilícito, no hace sino devolver a la sociedad la injusticia de ella recibida.

Sin embargo, el argumento esgrimido de asociar pobreza con delincuencia, es falaz y ha sido sobradamente desmentido por la sociología mediante la “teoría de las ventanas rotas”, al demostrarse que el delito crece, no asociado a la pobreza, sino en aquellos lugares donde se advierten síntomas de deterioro y de abandono así como la ausencia de autoridades que hagan respetar las leyes, proceso que comienza en forma gradual a través de transgresiones menores hasta llegar a la comisión de graves delitos.

Con este sustento, la doctrina expuesta varía entre un abierto abolicionismo y una notoria reducción de las penas, y ha sido recogida en nuestro país por numerosos doctrinarios y jueces, destacándose entre ellos, el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia nacional quien intervino en una causa seguida contra un portero de un edificio en Alberdi al 2000 de la Capital, que bajo engaños condujo a una menor de 8 años a la cochera del edificio donde abusó de ella.

En 1ª. instancia se había solicitado la pena de 7 años de prisión pero Zaffaroni la redujo a 3 años, por lo cual el imputado nunca fue a la cárcel.

Para fundar su voto sostuvo que “estamos ante un imputado sin antecedentes, que confesó plenamente el hecho y demuestra arrepentimiento. Es un hombre joven y padre de familia, que sufrirá graves consecuencias en el plano familiar y laboral, además de social”; agregando que “el único hecho imputable se consumó a oscuras, lo que reduce aún más el contenido traumático de la desfavorable vivencia para la menor”.

Cuesta creer que un magistrado  -luego locador de prostíbulos-  frente a un hecho aberrante como el que motivara la causa, se preocupara por las “graves consecuencias” del degenerado delincuente y afirmara, muy suelto de cuerpo, que la circunstancia que el abuso fuera a oscuras redujo el trauma de la menor.

En sintonía con esta aberrante doctrina, cabe también recordar que el Tribunal de Casación Penal, integrado por los jueces Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargues redujo a la mitad la pena aplicada a Mario Tolosa, condenado por violar a un menor de 6 años a quien llevaba a practicar deportes, por considerar que el niño tenía un comportamiento con tendencia homosexual; invocando además que como el menor ya había sido violado por el padre  -hecho no acreditado-  esta segunda violación le restaba gravedad a la causa.

Y una clara muestra de este pensamiento, fue la declaración formuladas en la Feria del Libro por parte de los fiscales federales Alejandro Alagia y Javier De Luca integrantes de “Justicia legítima” (¿) y de la cátedra del citado Zaffaroni, al referirse al nuevo Código Penal.

Sostuvo Alagia que el anterior texto tenía “un neto contenido misógino: era sexista, racista, clasista”; agregando que el nuevo proyecto “es tan severo como el anterior, en el sentido de fijar penas altas para los delitos que son estereotipados en los medios de comunicación como los únicos delitos imaginados que causan esa sensación de malestar en la población”.

En este contexto dijo que  “El desafío y la audacia de este proyecto es discutir un código penal sin hacerle propaganda al castigo, planteando que el castigo es una solución irracional, una trampa”; porque “cuando la política de un país quiere recostarse sobre el castigo, sobre la pena para resolver los problemas cotidianos, ése siempre fue el camino que ha tomado el fascismo y los gobiernos reaccionarios”. Por su parte De Luca no se quedó atrás y dijo “Esencialmente los conflictos sociales que tienen que ver con daños a la integridad corporal y a la integridad física; con lo físico y con la propiedad.

Es a esa inseguridad a la que se pretende oponer un combate, es decir, luchar contra la inseguridad es equivalente a dotar de seguridad y este binomio es falso”.

Y agregó que “El anteproyecto da seguridad ante la posibilidad infinita de que alguien me castigue por cualquier cosa”, al tiempo de criticar que para combatir la inseguridad siempre se apele “al castigo, al mal, al derecho penal, al poder punitivo”.

En el país de la anomia, las declaraciones de estos fiscales resultan preocupantes, ya que como hombres del derecho penal sostienen que los medios de comunicación son responsables de causar una “sensación de malestar” en la población; que los delitos no son tales sino sólo “conflictos sociales” y que la pena “es una solución irracional, una trampa” propia del “fascismo y los gobiernos reaccionarios”.

Otros dos jueces exponentes de esta doctrina son Rafael Sal Lari y Axel López. El primero, excarceló a un delincuente detenido por portación de armas y 4 meses después, el mismo junto a un cómplice ingresaron al domicilio del ingeniero Regis y lo asesinaron en presencia de su mujer e hijos.

El mismo magistrado liberó a un acusado de homicidio quien poco después asesinó al profesor de gimnasia Sonnenfeld, e igualmente intervino en otros numerosos casos en los que procedió de similar forma.

En cuanto a López, confirió una salida transitoria a Pablo Díaz, condenado por violación, quien violó y asesinó a Soledad Bargna a solo tres cuadras de donde había cometido el anterior delito.

Igualmente, confirió la libertad condicional a un condenado a 24 años de prisión por cuatro violaciones, quien un mes después violó y mató a Tatiana Kolodziez, no obstante que la junta médica había advertido que el sujeto presentaba “un serio riesgo de reincidencia”.

No debe olvidarse tampoco a la agrupación kirchnerista “Vatayón militante” auspiciada por el entonces jefe del Servicio Penitenciario Víctor Hortel y cuya misión era lograr salidas de los penales de condenados por asesinatos y violaciones, sin autorización judicial ni custodia alguna, para engrosar actos partidarios. Tal el caso del ex baterista de Callejeros condenado por matar a su esposa prendiéndole fuego quien integró un conjunto musical en una de esas salidas.

En todos estos casos los magistrados intervinientes argumentaron que solo cumplieron con la ley 24.660 de ejecución penal la cual dispone que toda persona condenada se encuentre sometida a un régimen penitenciario progresivo que abarca diversas etapas, una de las cuales es la posibilidad de obtener salidas transitorias (art. 15) en función de diversos parámetros, tales como el tiempo que lleva en prisión en relación a la condena impuesta (arts. 16 y 17) y previo dictamen de organismos técnicos.

En el caso del presunto autor del crimen referido, el juez que le confiriera la salida transitoria por 24 horas, tuvo en cuenta que el nombrado había cumplido más de la mitad de la condena; que había alcanzado una calificación de 9 en conducta y 7 en concepto y que obtuvo un informe favorable de los peritos intervinientes, quienes entendieron que la medida a conceder tendía a  -parece una paradoja-   “estimular y fortalecer sus redes sociales”.

Por todo ello el juez le otorgó la salida transitoria el 19 de diciembre de 2014, pero al día siguiente no retornó al penal y nunca se activó su búsqueda hasta su reciente detención.

El tema seguridad es muy complejo dada la cantidad de actores intervinientes: jueces; fiscales; fuerzas policiales y penitenciarias y varios organismos como el Patronato de Liberados, entre otros.

Inexplicablemente muchos de quienes están a cargo de la seguridad en todos los niveles no son idóneos en la materia, comenzando por la titular del área nacional, incapaz de desactivar los cotidianos cortes de calles o rutas que, parece ignorar, constituyen delitos sancionados por el Código Penal.

Desde hace un tiempo se ha pretendido instalar en la sociedad un inexistente enfrentamiento entre quienes se denominan garantistas frente a los que  -se dice-  propician la mano dura, sin advertir que la solución al problema angustiante de la inseguridad no puede resolverse con un planteo maniqueista como el que se ventila.

Mucho se ha discutido en torno al poder disuasivo de las penas, esto es, si el agravamiento de las mismas contribuye o no a la disminución de los delitos. Pero cualquiera sea la corriente en que uno se enrole, hay dos circunstancias que no pueden desconocerse: es cierto que el sólo aumento de las penas no baja los índices delictivos, como ya ha sido comprobado en todos aquellos sistemas en que el agravamiento de las sanciones para ciertos delitos  -inclusive la pena de muerte-  no contribuyó a disminuir los ilícitos.

Y ello por una razón muy sencilla: el delincuente no lee el Código Penal ni se entera cuando se aumentó una pena. Y si de todas formas lo supiese, tampoco ese hecho le haría desistir de su raid delictivo por la circunstancia de estar convencido que no será descubierto ni detenido.

Pero también es cierto que el aumento de las penas, unido a otras modificaciones en los códigos procesales, lleva a disminuir la cantidad de ilícitos al evitar que el delincuente se recicle y vuelva a delinquir, como está demostrado hasta el hartazgo y surge de los casos testigos antes analizados. ¿Usted recuerda a alguno de los que hacen política berreta proponer cosas como éstas o simplemente pretender que las penas se cumplan tal como fueron impuestas por los jueces?

El art. 18 de la Constitución Nacional consagra una serie de garantías procesales tales como el hábeas corpus; o presumir que toda persona es inocente hasta tanto se demuestre su culpabilidad; que nadie pueda ser condenado sin un juicio previo fundado en una ley anterior al hecho imputado; que se garantice la defensa en juicio y el contar con un abogado; que ninguno pueda ser obligado a autoincriminarse; y que el proceso se sustancia ante el juez ya existente al momento de cometerse el delito.

Otras normas amplían el marco garantista al impedir que alguien pueda ser juzgado dos veces por el mismo hecho; o la regla de exclusión y la del “fruto del árbol envenenado” que permiten descartar pruebas obtenidas en violación a la ley; o en caso de reducción legal de una pena la nueva norma pueda ser aplicada a quien ya se encuentra condenado por la anterior normativa. Si todo ello es respetado y una persona finalmente es condenada por una sentencia firme cabe esperar que la misma cumpla la pena impuesta.

Pero ni la Constitución Nacional ni los tratados en materia de DD.HH incorporados por la reforma de 1994 (art. 75 inc. 22) exigen que las penas deban ser reducidas o morigeradas al cumplirse ciertos plazos o por buena conducta o situaciones similares, sino que ello surge del Código Penal y de los códigos de procedimientos que, por ser leyes, pueden ser modificadas por normas posteriores.

Ello es lo que acontece con la citada ley 24.660 y otras similares que  hacen que muchas veces ese fin no se alcance, por disposiciones al menos insostenibles por no usar otros calificativos.

Tal el requisito de la buena conducta para obtener el beneficio de las salidas transitorias, ya que cae por su peso que estando recluido en una cárcel su comportamiento debe adecuarse a las reglamentaciones exigidas en la misma y que, de no hacerlo, puede ser pasible de las sanciones que tales dispositivos prevén.

Pero alcanzar buenas calificaciones  -como si fuera un alumno de la primaria-  puede merecer quizá que hice el pabellón nacional en las fiestas pero no aplica para interrumpir el cumplimiento de la pena.

Por tanto es hora que quienes tienen a su cargo esta problemática comiencen a tomar las medidas tendientes a asegurar a todos los habitantes el marco de seguridad al que todos tenemos derecho y que cabe al Estado instrumentar al ser el titular del monopolio de la fuerza, comenzando por los legisladores nacionales y provinciales que en forma urgente deben promover cambios en los códigos penal y procesales.

Si así no lo hicieren, que Dios y la Patria se lo demanden.

¿De qué sirve el profesor?

Por Umberto Eco

¿En el alud de artículos sobre el matonismo en la escuela he leído un episodio que, dentro de la esfera de la violencia, no definiría precisamente al máximo de la impertinencia... pero que se trata, sin embargo, de una impertinencia significativa. Relataba que un estudiante, para provocar a un profesor, le había dicho: "Disculpe, pero en la época de Internet, usted, ¿para qué sirve?"

El estudiante decía una verdad a medias, que, entre otros, los mismos profesores dicen desde hace por lo menos veinte años, y es que antes la escuela debía transmitir por cierto formación pero sobre todo nociones, desde las tablas en la primaria, cuál era la capital de Madagascar en la escuela media hasta los hechos de la guerra de los treinta años en la secundaria. Con la aparición, no digo de Internet, sino de la televisión e incluso de la radio, y hasta con la del cine, gran parte de estas nociones empezaron a ser absorbidas por los niños en la esfera de la vida extraescolar.

De pequeño, mi padre no sabía que Hiroshima quedaba en Japón, que existía Guadalcanal, tenía una idea imprecisa de Dresde y sólo sabía de la India lo que había leído en Salgari. Yo, que soy de la época de la guerra, aprendí esas cosas de la radio y las noticias cotidianas, mientras que mis hijos han visto en la televisión los fiordos noruegos, el desierto de Gobi, cómo las abejas polinizan las flores, cómo era un Tyrannosaurus rex y finalmente un niño de hoy lo sabe todo sobre el ozono, sobre los koalas, sobre Irak y sobre Afganistán. Tal vez, un niño de hoy no sepa qué son exactamente las células madre, pero las ha escuchado nombrar, mientras que en mi época de eso no hablaba siquiera la profesora de ciencias naturales. Entonces, ¿de qué sirven hoy los profesores?

Caricatura:Kovensky

He dicho que el estudiante dijo una verdad a medias, porque ante todo un docente, además de informar, debe formar. Lo que hace que una clase sea una buena clase no es que se transmitan datos y datos, sino que se establezca un diálogo constante, una confrontación de opiniones, una discusión sobre lo que se aprende en la escuela y lo que viene de afuera. Es cierto que lo que ocurre en Irak lo dice la televisión, pero por qué algo ocurre siempre ahí, desde la época de la civilización mesopotámica, y no en Groenlandia, es algo que sólo lo puede decir la escuela. Y si alguien objetase que a veces también hay personas autorizadas en Porta a Porta (programa televisivo italiano de análisis de temas de actualidad), es la escuela quien debe discutir Porta a Porta. Los medios de difusión masivos informan sobre muchas cosas y también transmiten valores, pero la escuela debe saber discutir la manera en la que los transmiten, y evaluar el tono y la fuerza de argumentación de lo que aparecen en diarios, revistas y televisión. Y además, hace falta verificar la información que transmiten los medios: por ejemplo, ¿quién sino un docente puede corregir la pronunciación errónea del inglés que cada uno cree haber aprendido de la televisión?

Pero el estudiante no le estaba diciendo al profesor que ya no lo necesitaba porque ahora existían la radio y la televisión para decirle dónde está Tombuctú o lo que se discute sobre la fusión fría, es decir, no le estaba diciendo que su rol era cuestionado por discursos aislados, que circulan de manera casual y desordenado cada día en diversos medios -que sepamos mucho sobre Irak y poco sobre Siria depende de la buena o mala voluntad de Bush. El estudiante estaba diciéndole que hoy existe Internet, la Gran Madre de todas las enciclopedias, donde se puede encontrar Siria, la fusión fría, la guerra de los treinta años y la discusión infinita sobre el más alto de los números impares. Le estaba diciendo que la información que Internet pone a su disposición es inmensamente más amplia e incluso más profunda que aquella de la que dispone el profesor. Y omitía un punto importante: que Internet le dice "casi todo", salvo cómo buscar, filtrar, seleccionar, aceptar o rechazar toda esa información.

Almacenar nueva información, cuando se tiene buena memoria, es algo de lo que todo el mundo es capaz. Pero decidir qué es lo que vale la pena recordar y qué no es un arte sutil. Esa es la diferencia entre los que han cursado estudios regularmente (aunque sea mal) y los autodidactas (aunque sean geniales).

El problema dramático es que por cierto a veces ni siquiera el profesor sabe enseñar el arte de la selección, al menos no en cada capítulo del saber. Pero por lo menos sabe que debería saberlo, y si no sabe dar instrucciones precisas sobre cómo seleccionar, por lo menos puede ofrecerse como ejemplo, mostrando a alguien que se esfuerza por comparar y juzgar cada vez todo aquello que Internet pone a su disposición. Y también puede poner cotidianamente en escena el intento de reorganizar sistemáticamente lo que Internet le transmite en orden alfabético, diciendo que existen Tamerlán y monocotiledóneas pero no la relación sistemática entre estas dos nociones.

El sentido de esa relación sólo puede ofrecerlo la escuela, y si no sabe cómo tendrá que equiparse para hacerlo. Si no es así, las tres I de Internet, Inglés e Instrucción seguirán siendo solamente la primera parte de un rebuzno de asno que no asciende al cielo.

(Traducción: Mirta Rosenberg)

La Nacion/L'Espresso (Distributed by The New York Times Syndicate)