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Se cumplen 8 años de la desaparición forzada de Luciano Arruga

El 31 de enero del 2009 fue detenido por la Policía Bonaerense en un accionar recurrente contra los pibes de barrios carenciados. Fue encerrado y asesinado por negarse a robar para ellos. Recién el 17 de octubre de 2014 fue encontrado el cuerpo de Luciano, enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita.



Luciano Arruga era un chico más de una zona vulnerable de la provincia de Buenos Aires, allí el accionar de la Policía Bonaerense era simple y claro, como en tantos otros puntos del conurbano: amedrentar a chicos en situación de vulnerabilidad social para que salgan a robar. Luciano tenía 16 años en el momento de su desaparición pero no negó sus principios al rechazar en reiteradas ocasiones ser parte de la mafia que funciona en el interior de la fuerza de seguridad más ruin de nuestro país.

Fue un 31 de enero de 2009 cuando Luciano fue visto con vida por última vez, hacía varios meses que era perseguido y hostigado por miembros de la Policía Bonaerense. Insistían en que robara para ellos, que le garantizaban el arma, la zona liberada y una salida express si llegaba a ser detenido en el hecho. Luciano se negó una y otra vez, el sistema represivo del Estado nacional no pudo corromperlo.




Cuatro meses antes de su desaparición, en septiembre de 2008, fue ilegalmente detenido en el destacamento policial de Lomas de Mirador, y fuertemente golpeado por la policía en la cocina del mismo, mientras que en el hall se encontraba la madre y hermana de Luciano, peleando contra la indiferencia de los policías que le decían que no podían retirarlo porque "no tenían la documentación necesaria". En las 10 horas en que estuvo encerrado, ningún fiscal de menores se acercó al lugar en donde se ejercía un acto de violencia institucional atroz.

Los intentos por entorpecer la investigación y la búsqueda de Luciano fueron moneda corriente desde un primer momento. En la madrugada del 31 de enero de 2009, al no aparecer en su casa, luego de haber salido a la noche hacia la casa de su hermana, la familia comenzó a buscarlo por el barrio. Fueron al destacamento y a otras comisarías y hospitales de la zona pero le decían que no estaba. Cinco días después, la familia, que no cesaba de buscarlo, presentó un hábeas corpus, pero la justicia lo rechazó.

La fiscal Roxana Castelli derivó la investigación en manos de la propia Bonaerense, por lo que las pistas falsas, la información trucha y el desvío de datos fueron moneda corriente. Nada nuevo en el típico accionar de la fuerza. 



En un principio la causa fue caratulada como averiguación de paradero, y recién años después se logró cambiarla a "Desaparición forzosa”. El 17 de octubre de 2014 fue encontrado el cuerpo de Luciano, enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. Supuestamente enterrado en mayo de 2009 después de un accidente automovilístico en la autopista General Paz.

La criminalización de la juventud y de los sectores vulnerados y desprotegidos por el propio accionar de la clase política vuelve a ser tema de debate en estos días, en donde el Gobierno intenta impulsar -con apoyo de otros sectores de la oposición- la baja en la edad de imputabilidad. Luciano se ha convertido en una bandera de resistencia para muchos pibes como él y otros de distinta procedencia pero con una sola idea clara: combatir al sistema represivo de un Estado que actúa en connivencia con las mafias que se encuentran al interior de quienes supuestamente deben proteger a la gente.


La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) en su archivo anual sobre la situación represiva nacional del 2016 indica que una persona es asesinada cada 25 horas por gatillo fácil por parte de las distintas fuerzas policiales (Gendarmería, PSA, PFA, la Policía Bonaerense, Prefectura, etc.), y desde la asunción del gobierno de Cambiemos son 241 las personas asesinadas.

A Luciano Arruga lo desapareció el Estado y lo mató la Policía. Si no existe la memoria, todo lo nuestro es suicida.

Disparan contra la prensa, disparan contra el pueblo



Hace 20 años una patota de la policía bonaerense mató al compañero José Luis Cabezas. Fueron dos décadas de impunidad. Los asesinos no eran “manzanas podridas”. Todo el cajón estaba podrido. Y lo sigue estando. Las fuerzas policiales están corrompidas y ejercen violencia contra el pueblo.

Repudiamos el “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad ante manifestaciones públicas” con el que la ministra Patricia Bullrich cercena el derecho a la protesta y ataca la libertad de expresión pretendiendo encerrarnos en una “zona determinada”, es decir en un corralito. Mientras tanto, cada vez más seguido nos encontramos con policías filmando tanto a manifestantes como a trabajadores de prensa.

Rechazamos el “Protocolo de actuación para la protección de la actividad periodística”, firmado a espaldas de las organizaciones de trabajadores de prensa: es perverso pretender que informemos sobre nuestro trabajo periodístico a quienes gestionan el crimen organizado y reprimen a los que luchan.

Sufrimos una escalada represiva. No quieren que camarógrafos, reporteros gráficos ni ningún trabajador de prensa esté presente cuando balean, gasean, apalean, lastiman y detienen.

La policía de la Ciudad debutó reprimiendo a los vendedores ambulantes de Once. Ese día también descargaron su violencia tirando una bomba de estruendo a donde había varios fotógrafos, resultando herido el compañero Rubén Paredes, de diario Crónica. No es casualidad. En los dos últimos encuentros nacionales de mujeres, en Mar del Plata y en Rosario, las respectivas policías provinciales reprimieron a las manifestantes y se ensañaron con quienes estaban sacando fotos. Lo mismo sucedió en la represión del Hospital Borda. Todavía esperamos el juicio a los policías metropolitanos que durante el desalojo a la Sala Alberdi dispararon balas de plomo e hirieron a dos fotógrafos de la Red Nacional de Medios Alternativos.

Al reprimir a la prensa buscan generar condiciones de impunidad para disparar y golpear a manifestantes. El ajuste que el gobierno de Mauricio Macri está descargando sobre las espaldas de la clase trabajadora sólo cierra con represión. Como ejemplo, nuestra propia situación: recientemente difundimos un relevamiento que señala la aterradora cifra de 1300 despidos en prensa durante 2016, sólo en la Ciudad de Buenos Aires.

En los últimos días reprimieron a inundados en Pergamino y San Nicolás y a feriantes en Mendoza. El mismo día que lanzaron su festival de xenofobia y discriminación contra los “manteros”, gendarmería y policía de Chubut ejercieron terrorismo de estado contra los mapuches de la Lof en Resistencia de Cushamen. En la provincia que gobierna Mario Das Neves se vivieron 48 horas de brutal represión contra quienes osan enfrentar al multimillonario Luciano Benetton. Las fuerzas de seguridad hicieron un cerco de 4 kilómetros a la redonda e impidieron que la prensa pueda trabajar.

Esperaron a que no hubiera móviles de TV para reprimir violentamente a los obreros gráficos de AGR-Clarín. Palos y gases para quienes luchan contra 380 despidos. Las patronales de prensa omiten la noticia o la tergiversan alevosamente. Es fundamental la disputa por los contenidos, como lo demuestran en estos días las asambleas en Clarín y Canal 13/TN, y tantos otros compañeros y compañeras que –junto al SiPreBA- se solidarizan activamente. Apoyamos la toma pacífica de la planta. Nos comprometemos a seguir dando la pelea para que se dé a conocer las reivindicaciones de los compañeros despedidos, que hacemos propias.   

Se suman más agresiones a la prensa. En diciembre pasado las redacciones de Cosecha Roja y Anfibia primero y de Resumen Latinoamericano después sufrieron sugestivos robos que entorpecen la tarea periodística que realizan. Los medios comunitarios bien conocen de las agresiones del poder: en El Bolsón, Río Negro, las radios que apoyan el reclamo contra el magnate Joe Lewis sufrieron tres incendios intencionales. Están acostumbrados a recibir amenazas, tanto anónimas como por parte de funcionarios. 

Exigimos a las autoridades que se esclarezcan estos hechos. Reclamamos garantías para desarrollar nuestro trabajo periodístico, única garantía de la libertad de expresión. Hoy más que nunca la memoria del compañero José Luis Cabezas está presente.