Discutir la baja: un comodín diacrónico para el Estado

*Adolescente secuestrado el 31 de enero de 2009 por policías del destacamento de Lomas del Mirador, torturado y desaparecido. El 17 de octubre de 2014 fue hallado enterrado como NN en el cementerio de Chacarita.    El ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano esgrimió en una entrevista en Radio Nacional que el ejecutivo dará la discusión a lo largo del 2017, para que el Congreso trate en el 2018, “lejos de las elecciones”, un proyecto que incluya la baja en la edad de imputabilidad. Claudia Cesaroni, abogada, escritora e investigadora, disipó un error del funcionario que se volcó a medios de comunicación, militantes y opinólogos: no es imputabilidad, es punibilidad o Edad Mínima de Responsabilidad Penal. Se trata de un concepto más amplio que la posibilidad de resultar imputados por un delito. Por una senda institucional, en una instancia de apariencias con debates superficiales e inducidos a la confusión, en el planeta de los medios hegemónicos- sacando de ellos honrosas excepciones de colegas que se esfuerzan por ir más allá- , se debate si los “menores” de 16 años que cometen delitos son responsables igual que un adulto. Quienes acompañamos esta causa pero, además, hemos trabajado o trabajamos en el marco de la ley Provincial 13.298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, sabemos que esa discusión es estéril. El Sistema de Promoción y Protección (SPPDN) contempla que jóvenes en situaciones de vulnerabilidad tengan un resguardo dentro de las instituciones “no tradicionales”. La vulnerabilidad incluye el conflicto con la ley penal, acorde a las reglamentaciones y principios internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional desde 1994. La ley 13.298 sancionada durante el kirchnerismo plantea en la Provincia de Buenos Aires, la creación, o puesta en marcha, de programas sociales que fortalezcan distintos aspectos: identidad, educación, salud, vínculos sociales, trabajo, etc, creando dispositivos administrativos como los Servicios Zonales y Locales. Pegadito al SPPDN, también se crea en la Provincia de Buenos Aires, la ley 13.634 de Responsabilidad Penal Juvenil, estableciendo principios, garantías y plazos procesales de implementación para los niños punibles, desplegando un no acotado número de dispositivos judiciales, que regulan las medidas coercitivas sobre los mismos, pese a que la ley establece en su artículo 36 inc. 4 “Que la privación de libertad sea sólo una medida de último recurso y que sea aplicada por el período más breve posible (…)”. La aplicación y ejecución del SPPDN es y fue, sin embargo, muy precaria, no podemos decir lo mismo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que en la puesta en marcha de la cadena punitiva, se incrementa cada vez más la circulación de niños, niñas y adolescentes de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, al mismo tiempo que se incrementa el endurecimiento en las prácticas judiciales dirigidas hacia estos en relación a los tiempos de permanencia, dónde son alojados y las sentencias que recaen sobre ellos. Una prueba contundente de esto es la expansión de los espacios de encierro absoluto, actualmente llamados Centros de Régimen Cerrado. Desde la implementación de la ley 13.634, se han abierto 8 establecimientos más de los que ya existían, ya sea porque se abrieron nuevos o porque se los ha re-tipificado por su modalidad o régimen.  Esto no es un dato menor a la hora de pensar cual es el lugar que se le da a la Niñez en términos de políticas públicas, pero por sobre todo, cuál es el lugar que el Estado le da a la niñez perteneciente a los sectores más vulnerables. El SPPDN vino a reemplazar a Ley del Patronato, cambiando el paradigma: de menores tutelados por el Estado para resguardarlos del abandono moral o material, con una clara connotación criminalizante sobre los sectores populares, pasando a un Estado que bajo el principio  del “interés superior del niño” debiera garantizar el ejercicio de todos sus derechos, de todos los Niños, Niñas y  Adolescentes. Sin embargo en la cotidianeidad, el acceso a los derechos es precario y hasta inexistente, esto no sólo afecta la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes en vulnerabilidad: también es la contracara del mismo Estado que genera y alimenta la cadena punitiva de forma sistemática y selectiva. La “necesidad” de bajar la edad en la imputabilidad (punibilidad, si queremos ser más amplios) de los menores de 16 años parte de una falacia: sería una necesidad si se hubieran agotado todos los dispositivos previos, pero no funcionan los mecanismos que evitarían que cometan delitos o que los resguardarían de seguir haciéndolo. Ni siquiera en el caso de los que representan, o decían representar, un cambio de paradigma en materia penal juvenil. La construcción social de la figura del “pibe chorro” está compuesta por tres características: “pobre, drogadicto y delincuente”. Fogoneada principalmente por los medios de comunicación hegemónicos, recae con una fuerza brutal sobre los pibes de nuestros barrios, sobre sus familias y sobre los barrios mismos con una clara connotación segregativa, en donde se reclasifica la pobreza: se criminaliza  y estigmatiza a los niños, niñas y adolescentes primeramente por ser pobres. En este contexto, suscribiéndonos a todos los prejuicios instalados: que abundan los delincuentes menores, drogadictos y pobres y que implican alguna cifra de influencia a la hora de instalar y analizar el debate de la inseguridad, esos jóvenes pobres, drogadictos y delincuentes han sido prácticamente inducidos por el Estado a estancarse en esa vida. Así fue que allá por el 2009, mientras nosotros buscábamos con desesperación Luciano Arruga, el entonces gobernador Daniel Scioli, consideró que la falla integral no fue el sistemático desfinanciamiento del SPPDN (trabajadores sin cobrar durante meses, precarización laboral, inexistencia de espacios físicos o en condiciones deplorables para trabajar, falta de recursos materiales, humanos y económicos, etc) sino que la legislación penal juvenil no incluía a los niños de 14 años entre quienes eran responsables adultos de los delitos que cometían. Luciano es un ejemplo siniestro de que la realidad dice lo contrario: el pibe no quería robar y por eso lo mataron. El artículo publicado en Página/12 denominado “Casi no hay chicos que matan”, revela una cantidad de datos: según la Corte Suprema (información relevada hasta 2012) menos del 2 % de los asesinatos en CABA son cometidos por niños y menos del 4% en La Plata y el Conurbano. Existen infinidades de barrios en la Argentina completa, a los que la década que pasó no trajo la prosperidad anunciada y el macrismo destruye con la más perversa de las injusticias: el hambre. Si antes de señalar a los niños, hablamos de responsables adultos, deberíamos comenzar por funcionarios públicos que desde hace años escatiman el acceso a la educación y la salud, obturan como cuello de botella las posibilidades de que en las familias todos tengan todos los días para comer, achican los espacios de recreación para niños, niñas y adolescentes, eso fue y es la inclusión precarizada y a esta le sigue la exclusión social, la desesperación de las familias, que como respuesta reciben la violencia del Estado en todas sus formas, desde las más sutiles hasta las más perversas. El problema no es que el pibe chorea, el problema es que le están robando la niñez a los pibes y pibas, que les suprimen la esperanza, la capacidad de crear, de imaginar, de jugar, que los condenan al hambre y a vivir en la marginalidad. El problema más grande es que los pibes y las pibas de los barrios conviven más con la muerte que con la vida.

Se cumplen 8 años de la desaparición forzada de Luciano Arruga

El 31 de enero del 2009 fue detenido por la Policía Bonaerense en un accionar recurrente contra los pibes de barrios carenciados. Fue encerrado y asesinado por negarse a robar para ellos. Recién el 17 de octubre de 2014 fue encontrado el cuerpo de Luciano, enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita.



Luciano Arruga era un chico más de una zona vulnerable de la provincia de Buenos Aires, allí el accionar de la Policía Bonaerense era simple y claro, como en tantos otros puntos del conurbano: amedrentar a chicos en situación de vulnerabilidad social para que salgan a robar. Luciano tenía 16 años en el momento de su desaparición pero no negó sus principios al rechazar en reiteradas ocasiones ser parte de la mafia que funciona en el interior de la fuerza de seguridad más ruin de nuestro país.

Fue un 31 de enero de 2009 cuando Luciano fue visto con vida por última vez, hacía varios meses que era perseguido y hostigado por miembros de la Policía Bonaerense. Insistían en que robara para ellos, que le garantizaban el arma, la zona liberada y una salida express si llegaba a ser detenido en el hecho. Luciano se negó una y otra vez, el sistema represivo del Estado nacional no pudo corromperlo.

Cuatro meses antes de su desaparición, en septiembre de 2008, fue ilegalmente detenido en el destacamento policial de Lomas de Mirador, y fuertemente golpeado por la policía en la cocina del mismo, mientras que en el hall se encontraba la madre y hermana de Luciano, peleando contra la indiferencia de los policías que le decían que no podían retirarlo porque "no tenían la documentación necesaria". En las 10 horas en que estuvo encerrado, ningún fiscal de menores se acercó al lugar en donde se ejercía un acto de violencia institucional atroz.

Los intentos por entorpecer la investigación y la búsqueda de Luciano fueron moneda corriente desde un primer momento. En la madrugada del 31 de enero de 2009, al no aparecer en su casa, luego de haber salido a la noche hacia la casa de su hermana, la familia comenzó a buscarlo por el barrio. Fueron al destacamento y a otras comisarías y hospitales de la zona pero le decían que no estaba. Cinco días después, la familia, que no cesaba de buscarlo, presentó un hábeas corpus, pero la justicia lo rechazó.

La fiscal Roxana Castelli derivó la investigación en manos de la propia Bonaerense, por lo que las pistas falsas, la información trucha y el desvío de datos fueron moneda corriente. Nada nuevo en el típico accionar de la fuerza. 

En un principio la causa fue caratulada como averiguación de paradero, y recién años después se logró cambiarla a "Desaparición forzosa”. El 17 de octubre de 2014 fue encontrado el cuerpo de Luciano, enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. Supuestamente enterrado en mayo de 2009 después de un accidente automovilístico en la autopista General Paz.

La criminalización de la juventud y de los sectores vulnerados y desprotegidos por el propio accionar de la clase política vuelve a ser tema de debate en estos días, en donde el Gobierno intenta impulsar -con apoyo de otros sectores de la oposición- la baja en la edad de imputabilidad. Luciano se ha convertido en una bandera de resistencia para muchos pibes como él y otros de distinta procedencia pero con una sola idea clara: combatir al sistema represivo de un Estado que actúa en connivencia con las mafias que se encuentran al interior de quienes supuestamente deben proteger a la gente.

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) en su archivo anual sobre la situación represiva nacional del 2016 indica que una persona es asesinada cada 25 horas por gatillo fácil por parte de las distintas fuerzas policiales (Gendarmería, PSA, PFA, la Policía Bonaerense, Prefectura, etc.), y desde la asunción del gobierno de Cambiemos son 241 las personas asesinadas.

A Luciano Arruga lo desapareció el Estado y lo mató la Policía. Si no existe la memoria, todo lo nuestro es suicida.

Zygmunt Bauman “La educación y la cultura son tratadas como mercancías”

Entrevistado por Steven Navarrete Cardona

El sociólogo polaco asegura que las fisuras causadas por las crisis económicas han permitido que los partidos neonazis tomen fuerza. Testigo de primera mano de las transformaciones que experimentó la sociedad europea y cerca de cumplir 90 años, Zygmunt Bauman aún no deja descansar su brazo y su cerebro y continúa escribiendo y reflexionando sobre la realidad sociopolítica mundial.

Para Bauman, uno de los pensadores más importantes de la actualidad por su teorización de la realidad contemporánea bajo el concepto de “modernidad líquida” —que reflexiona, entre otros aspectos, sobre la debilidad de los nexos sociales y emocionales, la incertidumbre sobre el futuro y los cambios que ha traído la globalización al poder del Estado-nación—, señala cómo la cultura, la salud y la educación han sido reducidas a simples mercancías.

Con la crisis económica que atraviesa Europa, ¿es posible la existencia de una “ciudadanía global”?

Es posible, pero no en un futuro cercano. La “ciudadanía” es un concepto que nació y se desarrolló en el curso de la construcción del moderno Estado-nación, promoviendo y estrechando la práctica de la soberanía territorial. Las instituciones políticas diseñadas y establecidas en este proceso fueron creadas para servir al proyecto de la independencia; sin embargo, la globalización ha creado realmente la interdependencia mundial, una realidad en la que las instituciones políticas heredadas y conservadas del Estado-nación no son funcionales.

Entonces, ¿qué sería necesario para conseguir la ciudadanía global?

Para elevar la integración humana desde el nivel de las divisiones nacionales y pasar a una humanidad unificada, dichas instituciones necesitan ser reemplazadas por una red de instituciones alternativas, sobrepasando las limitaciones impuestas por las barreras de los estados territoriales y reduciendo radicalmente su soberanía. La unificación de la humanidad, llamando a la práctica política y pensando en reconocer la globalización ya existente de la interdependencia humana, no podría hacerse a través de la globalización, sino aboliendo la ciudadanía local, separando de esta manera los derechos humanos de la adscripción territorial.

Es un escenario complejo, ningún Estado estaría dispuesto a ceder su soberanía…

Como Benjamin Barber resumió recientemente esta situación: “Por naturaleza demasiado inclinado a la rivalidad y a la exclusión mutua, ellos (los estados-nación) parecen quintaesencialmente indispuestos a la cooperación e incapaces de establecer los bienes comunes a nivel global”. Pero añade: “Hoy en día, aunque es claro que los estados ya no pueden proteger a sus ciudadanos y deben considerar ceder una parte de su declarada soberanía, no hay ninguna alternativa clara, y por lo tanto se niegan a hacerlo”. Personalmente, yo llamo esa situación interregnum, que significa: las viejas formas de hacer las cosas no funcionan por más tiempo, pero las nuevas formas no han sido aún inventadas y puestas en su lugar.

¿Por qué la cultura, el arte y la educación son los sectores que más han sido golpeados en la reducción del gasto público, por parte de los gobiernos de la UE, para salir de la crisis?

La cultura es el mayor capital de la humanidad, el arte, la vanguardia de peregrinación histórica humana explorando nuevas y desconocidas tierras y formas de vida, y la educación que pone a disposición de toda la humanidad sus descubrimientos, han sido, sin embargo, reducidos al estatus de productos en el mercado, comercializados como otras mercancías y, contrario a su naturaleza, medidos por el rasero de los beneficios instantáneos. Invertir en la cultura, las artes y la educación, por muy grandes que sus beneficios puedan ser a futuro, se considera, por tanto, poco aconsejable y un desperdicio a corto plazo. Tal miopía resulta en sacrificar la calidad de vida de las generaciones futuras a los caprichos efímeros y comodidades del presente.

¿Entonces qué sugiere?

La renegociación de nuestra actual forma de relacionarnos con el mundo se hace cada vez más necesaria y urgente en vista de que el planeta, nuestra casa común, se encuentra al borde de la insostenibilidad, gracias al agotamiento progresivo de los recursos del planeta y la creciente impotencia de los instrumentos heredados de la acción colectiva para hacer frente a los problemas que surgen de nuestra cada vez más íntima interdependencia física, social y espiritual.

Hablemos de uno de los efectos del mundo en red. Nuevas formas de control social han sido promovidas durante las últimas décadas, entre ellas cámaras de vigilancia en cada esquina, algo que usted describe en su libro ‘Vigilancia líquida’. ¿La libertad está en riesgo de perderse con esta vigilancia constante?

Día a día aumenta enormemente el contenido de los bancos de datos que son una reminiscencia de los campos minados, erizados de explosivos ocultos de los que sabemos que tienen que explotar, aunque no se puede decir cuándo y dónde. Estos son usados a diario por las compañías comerciales para reforzar su influencia sobre las opciones y el comportamiento de los consumidores. Ellos (los bancos de datos) facilitan enormemente la coacción desde arriba y pueden servir a las agencias políticas con inclinaciones autoritarias e intenciones dictatoriales.

¿Qué es lo más preocupante de la vigilancia contemporánea?

El aspecto más preocupante de la vigilancia contemporánea y la recolección de datos es que se lleva a cabo con nuestra aprobación masiva, entusiasta, despreocupada y alegre. No nos preocupamos por la catástrofe hasta que golpea… Y así que el proceso no es tan manejable y potencialmente controlable, ya que se limitaría, como en el pasado, a tratar el espionaje especializado y a las agencias de vigilancia.

 ¿Cree que en medio de la crisis económica algunos de los partidos declarados neonazis pueden llegar al poder en un escenario de desconcierto como este?

Necesitamos retornar a la raíz de su primera pregunta. Estos dos problemas están íntimamente conectados. La discrepancia entre los instrumentos políticos disponibles y los poderes reales que deciden las posibilidades y perspectivas de nuestras vidas y las de nuestros niños —discrepancia causada y diariamente exacerbada por la globalización sin control y la ajustada interdependencia— provocará que un número creciente de personas busque alternativas al sistema político visiblemente indolente e ineficaz para coordinar las políticas con las preferencias populares y los deseos, fallando espectacularmente en la posibilidad de generar empleo. Los jóvenes son los más afectados, engrosando la mayor franja del número de desempleados, lo cual se suma al impedimento para que participen en los asuntos públicos y del Estado, en la reforma de los mismos.

¿Entonces que está sucediendo con los sistemas democráticos?

La confianza en la capacidad de la democracia está marchitándose, lo que resulta en una situación excepcionalmente fértil para que crezcan las semillas de resentimiento y florezcan sentimientos totalitarios. La complejidad de las causas de la miseria, siendo además desorientadoras e incapaces de mostrarse en principio, el sentido humillante, crece la demanda de “líderes fuertes” capaces de proporcionar fórmulas simples, que ofrecen y prometen soluciones simples, haciendo una oferta tentadora de aliviar a sus seguidores en cambio de su obediencia inflexible, de la carga de la responsabilidad de sus vidas demasiado pesadas para ellos y que carecen de los recursos necesarios para sobrellevarlas.

¿Qué deberían hacer los ciudadanos?

Por desgracia, no hay atajos para una solución radical. En el corto plazo, sólo son posibles paliativos temporales y transitorios. Prevenir catástrofes similares requeriría llamados a repensar y reformar nuestra filosofía de vida y nuestro modo de convivir, de hecho, una especie de revolución cultural, y como ya se ha indicado, el cambio cultural toma tiempo y evade imperativos y gestión. Las raíces de las periódicas crisis económicas, así como la imposibilidad de controlarlos y evitarlas, se encuentran profundamente arraigadas en nuestro modo de ser: la concepción de un crecimiento económico sin fin como remedio universal a todos los males sociales, el hábito de buscar la felicidad a través de comprar (de saquear el mundo en lugar de contribuir al mismo), favorece la competencia sobre la solidaridad, la individualidad sobre el intercambio, y el imparable aumento de la tolerancia a la desigualdad social, que ha llegado a niveles tan altos que hace tiempo era inconcebible que esto ocurriera.

¿Cuántas muertes más son necesarias?

 

por Carlos Baeza

El presunto autor de un crimen aberrante en perjuicio de una menor, se encontraba en prisión cuando el juez interviniente le concedió una salida transitoria de 24 horas, de la que nunca retornó y durante más de un año no fue buscado hasta que se lo detuvo imputándosele la comisión de ese hecho.

Lamentablemente, el caso es uno más entre tantos similares y siempre la explicación es la misma: los jueces confieren ese beneficio por cuanto la ley 24.660 así lo dispone.

La norma citada no es más que uno de los aspectos del sistema abolicionista que intercambia los roles de “víctima” y “victimario” haciendo que el delincuente llegue a ese estado por la injusticia social que representa las condiciones de pobreza en que fue criado por lo cual, cuando comete un ilícito, no hace sino devolver a la sociedad la injusticia de ella recibida.

Sin embargo, el argumento esgrimido de asociar pobreza con delincuencia, es falaz y ha sido sobradamente desmentido por la sociología mediante la “teoría de las ventanas rotas”, al demostrarse que el delito crece, no asociado a la pobreza, sino en aquellos lugares donde se advierten síntomas de deterioro y de abandono así como la ausencia de autoridades que hagan respetar las leyes, proceso que comienza en forma gradual a través de transgresiones menores hasta llegar a la comisión de graves delitos.

Con este sustento, la doctrina expuesta varía entre un abierto abolicionismo y una notoria reducción de las penas, y ha sido recogida en nuestro país por numerosos doctrinarios y jueces, destacándose entre ellos, el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia nacional quien intervino en una causa seguida contra un portero de un edificio en Alberdi al 2000 de la Capital, que bajo engaños condujo a una menor de 8 años a la cochera del edificio donde abusó de ella.

En 1ª. instancia se había solicitado la pena de 7 años de prisión pero Zaffaroni la redujo a 3 años, por lo cual el imputado nunca fue a la cárcel.

Para fundar su voto sostuvo que “estamos ante un imputado sin antecedentes, que confesó plenamente el hecho y demuestra arrepentimiento. Es un hombre joven y padre de familia, que sufrirá graves consecuencias en el plano familiar y laboral, además de social”; agregando que “el único hecho imputable se consumó a oscuras, lo que reduce aún más el contenido traumático de la desfavorable vivencia para la menor”.

Cuesta creer que un magistrado  -luego locador de prostíbulos-  frente a un hecho aberrante como el que motivara la causa, se preocupara por las “graves consecuencias” del degenerado delincuente y afirmara, muy suelto de cuerpo, que la circunstancia que el abuso fuera a oscuras redujo el trauma de la menor.

En sintonía con esta aberrante doctrina, cabe también recordar que el Tribunal de Casación Penal, integrado por los jueces Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargues redujo a la mitad la pena aplicada a Mario Tolosa, condenado por violar a un menor de 6 años a quien llevaba a practicar deportes, por considerar que el niño tenía un comportamiento con tendencia homosexual; invocando además que como el menor ya había sido violado por el padre  -hecho no acreditado-  esta segunda violación le restaba gravedad a la causa.

Y una clara muestra de este pensamiento, fue la declaración formuladas en la Feria del Libro por parte de los fiscales federales Alejandro Alagia y Javier De Luca integrantes de “Justicia legítima” (¿) y de la cátedra del citado Zaffaroni, al referirse al nuevo Código Penal.

Sostuvo Alagia que el anterior texto tenía “un neto contenido misógino: era sexista, racista, clasista”; agregando que el nuevo proyecto “es tan severo como el anterior, en el sentido de fijar penas altas para los delitos que son estereotipados en los medios de comunicación como los únicos delitos imaginados que causan esa sensación de malestar en la población”.

En este contexto dijo que  “El desafío y la audacia de este proyecto es discutir un código penal sin hacerle propaganda al castigo, planteando que el castigo es una solución irracional, una trampa”; porque “cuando la política de un país quiere recostarse sobre el castigo, sobre la pena para resolver los problemas cotidianos, ése siempre fue el camino que ha tomado el fascismo y los gobiernos reaccionarios”. Por su parte De Luca no se quedó atrás y dijo “Esencialmente los conflictos sociales que tienen que ver con daños a la integridad corporal y a la integridad física; con lo físico y con la propiedad.

Es a esa inseguridad a la que se pretende oponer un combate, es decir, luchar contra la inseguridad es equivalente a dotar de seguridad y este binomio es falso”.

Y agregó que “El anteproyecto da seguridad ante la posibilidad infinita de que alguien me castigue por cualquier cosa”, al tiempo de criticar que para combatir la inseguridad siempre se apele “al castigo, al mal, al derecho penal, al poder punitivo”.

En el país de la anomia, las declaraciones de estos fiscales resultan preocupantes, ya que como hombres del derecho penal sostienen que los medios de comunicación son responsables de causar una “sensación de malestar” en la población; que los delitos no son tales sino sólo “conflictos sociales” y que la pena “es una solución irracional, una trampa” propia del “fascismo y los gobiernos reaccionarios”.

Otros dos jueces exponentes de esta doctrina son Rafael Sal Lari y Axel López. El primero, excarceló a un delincuente detenido por portación de armas y 4 meses después, el mismo junto a un cómplice ingresaron al domicilio del ingeniero Regis y lo asesinaron en presencia de su mujer e hijos.

El mismo magistrado liberó a un acusado de homicidio quien poco después asesinó al profesor de gimnasia Sonnenfeld, e igualmente intervino en otros numerosos casos en los que procedió de similar forma.

En cuanto a López, confirió una salida transitoria a Pablo Díaz, condenado por violación, quien violó y asesinó a Soledad Bargna a solo tres cuadras de donde había cometido el anterior delito.

Igualmente, confirió la libertad condicional a un condenado a 24 años de prisión por cuatro violaciones, quien un mes después violó y mató a Tatiana Kolodziez, no obstante que la junta médica había advertido que el sujeto presentaba “un serio riesgo de reincidencia”.

No debe olvidarse tampoco a la agrupación kirchnerista “Vatayón militante” auspiciada por el entonces jefe del Servicio Penitenciario Víctor Hortel y cuya misión era lograr salidas de los penales de condenados por asesinatos y violaciones, sin autorización judicial ni custodia alguna, para engrosar actos partidarios. Tal el caso del ex baterista de Callejeros condenado por matar a su esposa prendiéndole fuego quien integró un conjunto musical en una de esas salidas.

En todos estos casos los magistrados intervinientes argumentaron que solo cumplieron con la ley 24.660 de ejecución penal la cual dispone que toda persona condenada se encuentre sometida a un régimen penitenciario progresivo que abarca diversas etapas, una de las cuales es la posibilidad de obtener salidas transitorias (art. 15) en función de diversos parámetros, tales como el tiempo que lleva en prisión en relación a la condena impuesta (arts. 16 y 17) y previo dictamen de organismos técnicos.

En el caso del presunto autor del crimen referido, el juez que le confiriera la salida transitoria por 24 horas, tuvo en cuenta que el nombrado había cumplido más de la mitad de la condena; que había alcanzado una calificación de 9 en conducta y 7 en concepto y que obtuvo un informe favorable de los peritos intervinientes, quienes entendieron que la medida a conceder tendía a  -parece una paradoja-   “estimular y fortalecer sus redes sociales”.

Por todo ello el juez le otorgó la salida transitoria el 19 de diciembre de 2014, pero al día siguiente no retornó al penal y nunca se activó su búsqueda hasta su reciente detención.

El tema seguridad es muy complejo dada la cantidad de actores intervinientes: jueces; fiscales; fuerzas policiales y penitenciarias y varios organismos como el Patronato de Liberados, entre otros.

Inexplicablemente muchos de quienes están a cargo de la seguridad en todos los niveles no son idóneos en la materia, comenzando por la titular del área nacional, incapaz de desactivar los cotidianos cortes de calles o rutas que, parece ignorar, constituyen delitos sancionados por el Código Penal.

Desde hace un tiempo se ha pretendido instalar en la sociedad un inexistente enfrentamiento entre quienes se denominan garantistas frente a los que  -se dice-  propician la mano dura, sin advertir que la solución al problema angustiante de la inseguridad no puede resolverse con un planteo maniqueista como el que se ventila.

Mucho se ha discutido en torno al poder disuasivo de las penas, esto es, si el agravamiento de las mismas contribuye o no a la disminución de los delitos. Pero cualquiera sea la corriente en que uno se enrole, hay dos circunstancias que no pueden desconocerse: es cierto que el sólo aumento de las penas no baja los índices delictivos, como ya ha sido comprobado en todos aquellos sistemas en que el agravamiento de las sanciones para ciertos delitos  -inclusive la pena de muerte-  no contribuyó a disminuir los ilícitos.

Y ello por una razón muy sencilla: el delincuente no lee el Código Penal ni se entera cuando se aumentó una pena. Y si de todas formas lo supiese, tampoco ese hecho le haría desistir de su raid delictivo por la circunstancia de estar convencido que no será descubierto ni detenido.

Pero también es cierto que el aumento de las penas, unido a otras modificaciones en los códigos procesales, lleva a disminuir la cantidad de ilícitos al evitar que el delincuente se recicle y vuelva a delinquir, como está demostrado hasta el hartazgo y surge de los casos testigos antes analizados. ¿Usted recuerda a alguno de los que hacen política berreta proponer cosas como éstas o simplemente pretender que las penas se cumplan tal como fueron impuestas por los jueces?

El art. 18 de la Constitución Nacional consagra una serie de garantías procesales tales como el hábeas corpus; o presumir que toda persona es inocente hasta tanto se demuestre su culpabilidad; que nadie pueda ser condenado sin un juicio previo fundado en una ley anterior al hecho imputado; que se garantice la defensa en juicio y el contar con un abogado; que ninguno pueda ser obligado a autoincriminarse; y que el proceso se sustancia ante el juez ya existente al momento de cometerse el delito.

Otras normas amplían el marco garantista al impedir que alguien pueda ser juzgado dos veces por el mismo hecho; o la regla de exclusión y la del “fruto del árbol envenenado” que permiten descartar pruebas obtenidas en violación a la ley; o en caso de reducción legal de una pena la nueva norma pueda ser aplicada a quien ya se encuentra condenado por la anterior normativa. Si todo ello es respetado y una persona finalmente es condenada por una sentencia firme cabe esperar que la misma cumpla la pena impuesta.

Pero ni la Constitución Nacional ni los tratados en materia de DD.HH incorporados por la reforma de 1994 (art. 75 inc. 22) exigen que las penas deban ser reducidas o morigeradas al cumplirse ciertos plazos o por buena conducta o situaciones similares, sino que ello surge del Código Penal y de los códigos de procedimientos que, por ser leyes, pueden ser modificadas por normas posteriores.

Ello es lo que acontece con la citada ley 24.660 y otras similares que  hacen que muchas veces ese fin no se alcance, por disposiciones al menos insostenibles por no usar otros calificativos.

Tal el requisito de la buena conducta para obtener el beneficio de las salidas transitorias, ya que cae por su peso que estando recluido en una cárcel su comportamiento debe adecuarse a las reglamentaciones exigidas en la misma y que, de no hacerlo, puede ser pasible de las sanciones que tales dispositivos prevén.

Pero alcanzar buenas calificaciones  -como si fuera un alumno de la primaria-  puede merecer quizá que hice el pabellón nacional en las fiestas pero no aplica para interrumpir el cumplimiento de la pena.

Por tanto es hora que quienes tienen a su cargo esta problemática comiencen a tomar las medidas tendientes a asegurar a todos los habitantes el marco de seguridad al que todos tenemos derecho y que cabe al Estado instrumentar al ser el titular del monopolio de la fuerza, comenzando por los legisladores nacionales y provinciales que en forma urgente deben promover cambios en los códigos penal y procesales.

Si así no lo hicieren, que Dios y la Patria se lo demanden.

El granadero que defendió a Illia

Por Andrés Bufali 

En 1963, el radicalismo había ganado la elección presidencial con sólo el 25,1% de los votos. El peronismo había sido proscripto una vez más y tuvo que votar en blanco. Si le hubiera dado su caudal a cualquiera de los dos candidatos opositores a Illia, que eran Pedro Eugenio Aramburu y Oscar Alende, el radicalismo no hubiera triunfado. Illia llegó así a la presidencia de la Nación con una posición política tan endeble como la que había tenido Frondizi cinco años atrás. Su única esperanza provenía del Ejército, que había prometido no dificultar su gobierno. Onganía, el comandante en jefe, quería fuerzas armadas profesionales, no políticas; para eso había peleado como "azul" (nacionalista) contra "los colorados" y la Armada, las dos facciones liberales que querían gobernar contra los políticos y, especialmente, contra el peronismo.

El radicalismo desechó el apoyo que le ofrecieron Aramburu, Alende y el peronismo. Quería gobernar solo. Planeaba también, de a poco, reincorporar oficiales "colorados" retirados o dados de baja, con quienes tenía contacto fluido desde la presidencia de Frondizi. Pero Onganía no admitiría la reincorporación de sus rivales en el Ejército, y no permitiría la política en las filas militares.

                                          A fines de 1965 renunció el coronel Avalos, secretario de Guerra. Facundo Suárez, el ministro de Defensa, le propuso a Onganía la designación del general Castro Sánchez. Onganía no la aceptó y renunció. Lo reemplazó el general Pascual Pistarini. El general Julio Alsogaray (hermano de Alvaro y padre de un futuro guerrillero), apenas asumió Pistarini, le pidió a un conocido periodista que preparara el primer decreto que sancionaría la Junta Militar cuando se derrocara al gobierno constitucional.

El doctor Arturo Illia, derrocado por un golpe militar, abandona la Casa de Gobierno el 28 de junio de 1966.Foto:Archivo

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El lunes 13 de febrero de 1826, los porteños se quedan con la boca abierta ante una espectral aparición. Llegan, diezmados y en harapos, los granaderos de San Martín, los que han liberado toda la América del Sur, los que han combatido en 110 batallas, los que han sufrido hambre, frío, sed, miedo y pesadillas. Nadie ha ido a esperarlos. No hay una formación especial que salude a los héroes. El regimiento quedará en el olvido hasta 1903, cuando se dispuso su nueva creación, ordenándose que sus granaderos debían tomar la derecha en todas las formaciones del Ejército argentino y ser la custodia de todos los presidentes.

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                                    Llega el fatídico lunes 27 de junio de 1966. Poco antes de las 20, los comunicados militares inundaron las radios y los canales. En la mañana de ese lunes comenzó el golpe a Illia. El general Mario Fonseca le informó al jefe de la Policía Federal que estaba relevado de su cargo. Los militares se apoderaron de los medios de comunicación. El próximo objetivo era la Casa Rosada. El ministro de Defensa, general Castro Sánchez, le informó al presidente de la Nación que no contaba con fuerzas leales. Y las tropas del Ejército avanzaron para ocupar la Casa de Gobierno.

El día del golpe, el jefe de guardia en la Casa Rosada era el teniente granadero Aliberto Rodrigáñez Ricchieri, un hombre de baja estatura. Tenía entonces 24 años, era soltero y su pasión era la música clásica, que oía frecuentemente en el Teatro Colón. Su tatarabuelo paterno había integrado el Ejército de los Andes y murió en acción, siendo su caballo el único que regresó vivo de los miles que salieron desde Mendoza y cruzaron la cordillera; por la rama materna, estaba emparentado con el teniente general Pablo Ricchieri, nacido en San Lorenzo, que fue ministro de Guerra de Julio Argentino Roca, artífice de la organización del Ejército y el hombre que hizo recrear el Regimiento de Granaderos, en mayo de 1903.

Cuando Rodrigáñez Ricchieri advirtió que había tropas del Ejército que se le venían encima. Tenía apenas treinta granaderos armados con sable corvo, fusiles y dos ametralladoras, pero no vaciló. Hizo colocar las ametralladoras en posición y ordenó cerrar las puertas de la Casa de Gobierno. También le avisó al jefe de la tropa que avanzaba que abriría el fuego si no se detenía. Los sitiadores se miraron entre sí. Uno dijo: "¡Ese teniente de Granaderos está loco! ¡Treinta hombres contra todo el Ejército!"

El general Alsogaray telefoneó al coronel Marcelo de Elía, el jefe de Granaderos, que era amigo suyo y había compartido con él cuatro años de prisión en el penal de Rawson por decisión de Perón. El coronel le dijo al general que tenía razón, que el teniente estaba loco, pero que también estaba cumpliendo con su deber, con la tradición del regimiento, y que iba a defender al presidente de la Nación hasta el último cartucho y luego con los sables. Aún más: le aclaró que aunque la resistencia fuera inútil, no sólo no iba a ordenarle al teniente que se rindiera, sino que también él mismo, el propio coronel, marcharía en auxilio del teniente apenas sonara el primer disparo. Alsogaray se quedó mudo. Sabía que ordenar el ataque sería una masacre de granaderos y civiles que resultaría contraproducente. Entonces ordenó suspender las operaciones.

Dentro de la Casa Rosada, en tanto, el brigadier Pío Otero, jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la Nación, intentó convencer al doctor Illia de que renunciara. Le señaló que igual sería tomada la sede gubernamental, pero con treinta muertos. El presidente radical sólo aceptó que se fuera el personal administrativo. Otero habló con el general Alsogaray. Le pidió que por nada se contestara con fuego a un balazo que saliera de la Casa Rosada, que él intentaría convencer a otros personajes radicales de que hicieran razonar a Illia. Cuando Otero volvió, Ricardo Balbín y Carlos Perette ya no estaban. Alrededor del Presidente, jóvenes radicales habían llenado su despacho. De pronto, Illia fue hacia el dormitorio presidencial. Todos coincidieron en un pensamiento: "¡Como Alem, se va a pegar un tiro!" Con emoción, comenzaron a cantar el Himno. Illia le pidió su arma al edecán militar, pero éste se la negó y le dijo: "Señor, mi primer deber es interponerme entre el presidente de la Nación y la muerte.

El general Alsogaray, descendiente de un héroe de la Vuelta de Obligado, sintió que el Ejército se estaba hundiendo en el ridículo. Y le dijo al brigadier Otero que iría personalmente a pedirle la renuncia a Illia. Otero le hizo notar que eso era peligroso, que muchos jóvenes radicales estaban armados. Alsogaray replicó que era un riesgo que debía afrontar. Antes de entrar al despacho presidencial, le ordenó la rendición al teniente Rodrigáñez Ricchieri. Este respondió: "Lo siento, mi general. Mi obligación es defender al presidente de la Nación." Alsogaray entró en el despacho presidencial y le exigió la renuncia al Presidente. Illia no le contestó y el general se retiró. Tras mucho hablar, el brigadier Otero logró al fin convencer al Presidente de que relevara a los granaderos de la suicida misión de defenderlo. Illia aceptó. Otero se apresuró a comunicarle la decisión a Rodrigáñez Ricchieri. Luego, informó al general Alsogaray que no habría resistencia militar.

A la madrugada del 28 de junio de 1966, el coronel Luis César Perlinger -que en la década siguiente asesoraría a guerrilleros y sufriría prisión por ello- fue elegido para dirigir la evacuación de la Casa Rosada. Integrantes de la Guardia de Infantería recibieron la orden de desalojar, pero sin tocar al Presidente, que no había renunciado. Esos policías rodearon a los jóvenes radicales que habían hecho un cerco alrededor de Illia, y los fueron llevando hacia la salida.

Illia despreció el coche presidencial y también rechazó un auto oficial. A cambio, detuvo un taxi que pasaba. Tanto su conductor como todos los que miraban la escena se quedaron estupefactos. El presidente constitucional recién derrocado subió al taxi y desapareció entre las sombras de esa triste madrugada.

Años después, muchos de los argentinos que no defendieron a Illia en aquel crucial momento tiraron flores y lloraron ante el paso de su cortejo. En 1988, Rodrigáñez Richieri pidió el retiro siendo coronel del Ejército y un eximio ejecutante de violín.

El último libro del autor es Secretos presidenciales.

Grooming, "Quienes se esconden detras de la caza de menores"

El acto delictivo abarca desde seducir a un niño para que comparta contenido pornográfico en internet hasta concertar un encuentro físico.

E. Chacón

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  “Tengo 681 amigos en Facebook. A muchos de ellos no los conozco, son extranjeros, pero para eso existen los chats, ¿no?”, dice Natalia –nombre ficticio– con tranquilidad. A sus 17 años, se ha escrito con varias personas con quienes solo comparte en la web.›

Aunque para Natalia esta actividad resulta inofensiva, varios delincuentes cibernéticos –especialmente, pedófilos– hacen uso de las redes sociales para captar víctimas que sean, en su mayoría, menores de edad y abusar sexualmente de ellas. Esta especie de acoso cibernético recibe el nombre de grooming.

El grooming va desde seducir a un niño para que comparta contenido pornográfico y hacerle cyber-acoso, hasta tener un encuentro físico con él.

Este problema social se ha intensificado en los últimos años. En una encuesta realizada en 2013 por ESET –compañía de seguridad informática eslovaca con presencia en varios países del mundo– 68,3% de los entrevistados afirmó pensar que la situación se da con bastante frecuencia. Además, 26,3% dijo que conocía a un niño que había sido víctima de grooming, de los cuales, 52,9% tiene entre 11 y 15 años, y 33,7% entre 7 y 10.

María Belén Rey, responsable de Relaciones Institucionales de ESET Latinoamérica, explica que muchos padres tienen la idea errónea de que todo lo que sucede en internet es algo ficticio, que solo pasa en el mundo virtual y no trasciende a la vida real. “Así como en la vida física hay individuos que roban información y son pedófilos, también los hay en la web, y hasta más. Sucede que muchos chicos creen que están hablando con alguien de su edad y, en verdad, esa persona no es quien dice ser. Esto –en parte– se debe a la subestimación que muchos padres le tienen a internet”.

Con condena

El grooming se considera un delito porque atenta contra el derecho que tienen los menores de ser protegidos de cualquier forma de abuso y explotación sexual. No solo eso. En los casos en que el daño al menor implique un encuentro físico, la Lopnna implanta una condena que va de dos a seis años de encarcelamiento. “Si el acto sexual implica penetración genital o anal, mediante acto carnal, manual o la introducción de objetos; o penetración oral aún con instrumentos que simulen objetos sexuales, la prisión será de quince a veinte años” .

Por último, aquél delincuente que difunda cualquier material pornográfico de su víctima en internet, será sancionado por la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos., 

Se enredan con las redes

Rey alega que a los victimarios no les interesa relacionarse con servicios online que no estén superpoblados. “Por ende, es obvio que los veamos con frecuencia en las redes sociales. La fuerte demanda a estas plataformas (Facebook, Twitter e Instagram) que hay hoy en Latinoamérica, hace que los delincuentes se orienten a hacer uso de estos servicios”. También penetran en páginas de juegos o cualquier otro espacio que esté enfocado en el público infantil. Usualmente suelen mentir sobre su edad y se hacen pasar por niños.

Un estudio publicado el 6 de agosto de 2015 por el Centro de Investigaciones Pew –ubicado en la ciudad de Washington– reveló que más de la mitad de jóvenes en Estados Unidos ha hecho al menos una amistad en internet, a través de los espacios mencionados anteriormente (64% de los entrevistados conoció a alguien en redes sociales y 34% en páginas de videojuegos).

Fuente: Centro de Investigaciones Pew

Agrega que la solución no es prohibir y bloquear el acceso a las computadoras y a los dispositivos inteligentes, pero sí saber informar a los menores sobre el buen manejo de estos equipos. “Así como le vas a hablar de drogas y de sexo, también deberías hablarle de los peligros de internet. Explícale que las redes son para unir a gente que se conoce, no para que desconocidos se relacionen”.

Uno de los mecanismos que empresas de seguridad informática ofrecen para disminuir los peligros online es la instalación de aplicaciones de control parental, las cuales permiten establecer límites sobre la navegación. “Nosotros tenemos un programa con el que –entre otras funcionalidades– se pueden generar listas de sitios que los padres pueden bloquear para que los chicos no accedan”, explica Rey.

Además, la especialista informa que las cabezas del hogar deben abrirse a la tecnología y eliminar el falso pensamiento “los chicos saben más que yo”, pues aunque los menores manejan bastante la web, no tienen la experiencia de vida de sus progenitores.

Según Rey, también hay que promover espacios de diálogo, los cuales permitirán que el niño se abra más con sus padres respecto a sus problemas. La investigación hecha por los especialistas de Pew dio a conocer que 68% de los pequeños prefieren acudir a las redes en momentos difíciles, en lugar de hablar con sus familiares. Por último, la recomendación de la vocera de ESET es informarse sobre los medios y el modus operandi que implementan los delincuentes en línea.

Seguir estas sugerencias, además de mejorar los vínculos familiares, también permitirá que los niños y adolescentes tengan mayor control de lo que comparten en el famoso “www” y de los individuos que aceptan como amigos. Varios de los menores, como Natalia, agregan día a día a nuevas personas a su lista de contactos; varios de los menores, como Natalia, hablan con esos desconocidos como si se tratara de seres queridos; varios de los menores, como Natalia, no saben que el acoso sexual cibernético está a la puerta del hogar. “Si te soy sincera, nunca he escuchado ese término. Ni si quiera sabía que podía ser víctima de eso”, finaliza la adolescente.

13 años sin Marita Verón

Hoy se cumplen 13 años desde que Marita Verón fue secuestrada en Tucumán por una red de trata. Caminaba por la calle, rumbo a un hospital; había salido de casa de su madre, Susana Trimarco, donde dormía todavía su hija Micaela, de 3 años. El secuestro y la investigación posterior, iniciada por su padre, Daniel Verón, y continuado por su madre, se convirtió en emblema de la lucha contra la trata en Argentina. En un comunicado, Trimarco reiteró que todavía no está firme la sentencia contra los 10 condenados por la desaparición de Marita. “Desde lo más profundo de mi corazón, espero que este sea el último aniversario sin ella.”

El comunicado de la madre de Marita, que sigue buscando a su hija, repasó los cambios que siguieron a ese 3 de abril de 2002. “Muchas cosas han pasado en este tiempo y la que más duele es su ausencia. Su hija Micaela se convirtió en una mujercita hermosa y brillante. Su papá ya no está en este mundo. El delito de trata tuvo su tipificación legal. Creé la Fundación María de los Angeles para asistir a chicas que vivieron el mismo infierno que Marita”, señaló.

Trimarco recordó que el primer juicio oral culminó en la absolución de los 13 imputados, y que tras la apelación “un nuevo tribunal condenó a 10 de ellos, con entre 10 y 22 años de prisión”.

"Yo cocino cuando vuelva", fueron las últimas palabras que Susana Trimarco escuchó de su hija el 3 de abril de 2002. Desde ese momento, la madre de Marita Verón nunca dejó de buscarla y su pelea, iniciada por el padre de la joven, Daniel Verón, se convirtió en una causa nacional y en un símbolo del combate contra las redes de explotación sexual.

En diálogo con radio América, Trimarco recordó hoy los duros 13 años que debió enfrentar y en los que le arrancaron a su hija de “un día para el otro”. “Logré visualizar el delito y que se logre una una ley sobre trata de personas. Lidiar con jueces corruptos de Tucumán”, afirmó.

La última referencia apuntó al tribunal provincial que falló, en el primer juicio oral sobre la desaparición de Verón, la absolución de todos los sospechosos. Poco tiempo después, tras la apelación de la sentencia, otro cuerpo de magistrados encontró culpables a 10 de los acusados, con penas de entre 10 y 22 años de prisión.

“Muchas veces me quisieron quemar la casa, toda la mafia se puso en contra”, sostuvo Trimarco, y agregó que vive junto a su nieta Micaela, hija de María de los Angeles Verón, “una vida de porquería” por los aprietes y amenazas que recibe.

En este sentido, responsabilizó al Poder Judicial y a la Policía “por estar metidos” en el negocio de la prostitución forzada: “Son unos vagos sin vergüenza que viven del cuerpo de la mujer”.

A través de una carta, Trimarco hizo un repaso sobre lo sucedido en sus 13 años de búsqueda, en la que ratificó su compromiso para encontrar a su hija y dar con los responsables.

“Abandonar este camino no es una opción y sé que voy a contar con el apoyo de la gente para lograr estos objetivos. Desde lo más profundo de mi corazón, espero que este sea el último aniversario sin ella".

La carta completa

Han pasado ya 13 años de esa mañana en que me dijo que en un rato nos íbamos a ver.

Muchas cosas pasado en este tiempo y la que más duele es su ausencia. Su hija Micaela se convirtió en una mujercita hermosa y brillante. Su papá ya no está en este mundo.

El delito de trata tuvo su tipificación legal.

Creé la Fundación Maria de los Ángeles para asistir a chicas que vivieron el mismo infierno que Marita.

Se hizo un juicio. Absolvieron escandalosamente a los 13 imputados. Apelamos. Nos dieron la razón. Un nuevo tribunal condenó a 10 de ellos, con entre 10 y 22 años de prisión.

Sin embargo, la sentencia todavía no esta firme.

Por lavado de dinero, otros responsables de lo que le pasó a mi hija están presos.

La legislatura provincial aceptó nuestro pedido de juicio político a los magistrados de la Sala II de Cámara Penal. Una medida cautelar de los jueces Romero Lascano y Piedrabuena frenó el proceso de Jury por su mal desempeño maltratando a víctimas durante el juicio.

Pasaron muchas más cosas. Esta es solo una enumeración de hechos, que están marcados por el dolor, la lucha de una madre y la firme convicción de que a como dé lugar voy a encontrar a Marita y voy a exigir justicia por ella hasta el último de mis días.

Abandonar este camino no es una opción y sé que voy a contar con el apoyo de la gente para lograr estos objetivos. Desde lo mas profundo de mi corazón, espero que este sea el último aniversario sin ella".