Luciano Arruga, a siete años de su desaparición

Nuestro recorrido

Hace siete años, la policía bonaerense secuestraba, torturaba, asesinaba y desaparecía a Luciano Arruga. Sus familiares, amigos, organismos de derechos humanos, organizaciones, partidos de izquierda y medios alternativos nos encontramos a defender nuestras reivindicaciones en esta plaza que lleva su nombre. Hemos demostrado que con la militancia organizada no sólo pueden prosperar las causas particulares de cada familia, sino que también pueden transformarse las leyes, asentarse la jurisprudencia en los Tribunales, condenar pública y políticamente a funcionarios de gobierno e instituciones que integran alguna de las fases de la desaparición forzada de personas.

Cuando empezamos a buscar a Luciano, La desesperante pérdida, falta de conocimiento, sometimiento de clase, el miedo y la soledad estratégica posterior a la desaparición retardaron aún más los tiempos habituales para cualquier investigación, pero -sobretodo- fueron la justificación para la amenaza, la agresión y la persecución. Por eso, porque el Estado está organizado para encubrir y esto es manifestado por sus funcionarios indistintamente por complicidad o por inercia, cuando buscamos a Luciano aquel 31 de enero de 2009 dos veces en el hospital Santojanni, la respuesta fue no. Ningún NN coincidía con la descripción y no podíamos pasar a reconocer a nadie. Luego nos enteramos de que estaba ahí, por eso también pasó meses en una morgue judicial de la Ciudad de Buenos Aires con la nómina administrativa de una persona sin identidad mientras exigíamos su aparición con vida.

El poder judicial es indispensable para completar el círculo de impunidad. Con la desaparición de Luciano nos enfrentamos a una fiscal, Roxana Castelli, que entregó la investigación a la propia fuerza sospechada. También soportamos ser los principales sospechosos por nuestra condición de pobres: el juez Gustavo Banco aceptó en quince oportunidades a lo largo de un año y medio todos los pedidos de la segunda fiscal, Celia Cejas, para pinchar nuestros teléfonos a escondidas. Ante semejante maltrato, nos dispusimos llevar hasta las últimas consecuencias un jury de enjuiciamento que condenara a los funcionarios que se comportaron como si nuestra condición de clase pudiera demostrar una culpabilidad irrevocable. El procedimiento establecido para sancionar a un funcionario de la justicia es una trampa, son sus propios compañeros quienes resuelven las denuncias realizadas.

Por ese motivo es evidente el cajoneo a esta investigación que debería desarrollarse a partir de nuestra denuncia contra Roxana Castelli, Celia Cejas y Gustavo Banco.

Para encarar la búsqueda de una persona desaparecida cuando están sospechadas las fuerzas de seguridad, las amenazas son el punto de partida. Autos de civil que nos vigilaban, patrulleros que encendían las sirenas a la madrugada en la puerta de nuestra casa o personas desconocidas que caminaban cuadras detrás de nosotros.

La policía no sólo tiene la estructura estatal para torturar, asesinar y desaparecer: también el encubrimiento político de todos los estamentos del poder para garantizarse la impunidad. Sólo luchando con absoluta independencia de cualquier gobierno de turno puede quebrantarse ese poder, y por eso logramos encarcelar y condenar por el delito de torturas al policía Julio Diego Torales, que mantuvo encerrado e incomunicado en la cocina del destacamento a Luciano Arruga durante más de diez horas en septiembre de 2008. La jurisprudencia asentada con ese juicio que se desarrolló en marzo de 2015 es histórica: no sólo por la dificultad que implica conseguir las condenas por torturas sino también porque acreditamos con contundencia el hostigamiento sistemático previo al desenlace. La detención juzgada fue crucial por lo traumática, porque allí comenzó la cuenta regresiva. Luciano soportó y sobrevivió a los meses posteriores con pánico a la policía porque sabía que tenía los días contados. Los abogados defensores del torturador Torales son viejos conocidos en La Matanza. Se dedican hace años a defender a la Bonaerense, tienen vínculos directos con el Pro a nivel local y son quienes comandaron la embestida judicial contra nuestro compañero Pablo Pimentel. El presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de nuestro distrito tuvo que enfrentarse a una imputación por extorsión cuando los defensores de la policía asesina de Gabriel Blanco, asesinado en la comisaría de San Carlos en Isidro Casanova, lo acusaron de ofrecer beneficios a los presos a cambio de declaraciones contra los efectivos.

La misma lucha organizada nos permitió caratular esta causa como desaparición forzada y sostener esa figura aún después del hallazgo de Luciano y del intento del entonces gobierno de Daniel Scioli de hacer pasar este asesinato por un accidente de tránsito. El delito de desaparición forzada es de lesa humanidad, no prescribe y se sigue cometiendo a cada momento que la persona no está. En el país no hay un solo funcionario público condenado con esa figura que se tipificó en 2011. La perversa metodología de ocultar los cuerpos data de la última dictadura militar, pero se practica en democracia con la misma impunidad. El caso de Julio López, doblemente secuestrado y desaparecido, es muestra cabal. Las empresas periodísticas cumplen un rol central para garantizar la impunidad sembrando dudas sobre las víctimas, relativizando infundadamente las denuncias de las familias y silenciando explícitamente su voz.

Encontramos a Luciano gracias a la presentación de un hábeas corpus a comienzos de 2014. El poder judicial rechazó el pedido en dos instancias y nosotros apelamos esas decisiones hasta llegar a la Cámara Federal de Casación Penal, que terminó dándole curso. Las medidas tomadas en consecuencia fueron las que permitieron el hallazgo: la reapertura de los archivos de la Policía Científica de la noche del 31 de enero de 2009 arrojó que un NN había sido atropellado en General Paz y Emilio Castro, trasladado por el SAME e internado en el Santojanni hasta que murió luego de una operación y permaneció meses en la morgue judicial de la Capital Federal para ser enterrado en mayo de 2009 “sin identidad”.

Nuestra lucha nos llevó al hallazgo histórico, pero también nos permitió sobreponernos a la versión oficial, “que parezca un accidente”, y demostrar de forma contundente que sí, lo había matado la policía bonaerense y lo había desaparecido el Estado argentino con la perversa colaboración de instituciones de toda índole.

Haberlo encontrado generó medidas probatorias irrevocables: Luciano corría por la General Paz en una zona en que ésta se encuentra a metros de altura y sin acceso peatonal. Para llegar allí, tuvo que trepar un terraplén empinado y saltar una baranda o ser arrojado de un auto. La persona que lo embistió asegura que lo vio desesperado, escapando de algo y que no cruzaba normalmente, sino que corría en diagonal por la vía rápida. Otro testigo declaró que tiene la seguridad de que, en la colectora de General Paz, del lado de Provincia, había un patrullero doble cabina detenido y con las luces bajas. Luciano llevaba puesta ropa que no era suya y toda la evidencia que hoy serviría para demostrar cómo llegó allí, como sus zapatillas y elementos personales, se esfumó. . No es la primera vez que, como método de tortura y forma de exculparse, las fuerzas de seguridad someten a los jóvenes asesinados a situaciones en las que la muerte es ocasionada por algún factor externo. El caso de Ezequiel Demonty sobrevuela esta causa. El joven que fue arrojado al Riachuelo y murió ahogado también fue asesinado por la policía. A Luciano Arruga, en cambio, lo obligaron a correr por la vía rápida de General Paz.

Nuestra Lucha también fue por el cierre del destacamento de Lomas del Mirador, donde Luciano fue visto con vida por última vez, pero también porque en ese mismo lugar se llevaban adelante detenciones ilegales de menores de edad. A fines de 2011, luego de un acampe frente al municipio de La Matanza, conseguimos cerrar el destacamento de Lomas del Mirador. Desde octubre de 2013, gracias a tomar el lugar durante 68 días, nos pertenece absolutamente. Cuando encontramos a Luciano se votó en Senadores la ley de expropiación que cede definitivamente el ex destacamento a la personería jurídica de nuestros compañeros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Hasta el último día de su gestión esperamos con ansias que el ex gobernador Daniel Scioli pusiera la firma que necesitábamos para reglamentar la ley. Scioli, siendo coherente con su habitual comportamiento, nos ignoró sin mediar comunicación. La misma reacción tuvo cuando desde un medio le pidieron explicaciones por el hallazgo tardío del cuerpo de Luciano. Su séquito lo imitó. Ricardo Casal, a quien postulaba como ministro de Justicia si ganaba el balotaje, no tuvo reparo en atacar a esta familia afirmando que la desaparición fue un simple caso hospitalario. Jorge Telerman, entonces vocero del gobierno de la Provincia, también hizo el ridículo emitiendo un comunicado pretendiendo hacernos llegar una solidaridad cínica y dando por sentado que su jurisdicción no tenía incidencia en lo sucedido, aludiendo a “los hechos ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires”, para negar implícitamente la barbarie cometida por su propia policía. Ahora pesa sobre María Eugenia Vidal nuestra exigencia de reglamentar la ley de expropiación y lucharemos hasta conseguirlo. Nosotros luchamos por una sociedad en la que Luciano Arruga jamás hubiese desaparecido y nuestra denuncia jamás podría ser silenciada. Por ese motivo anunciamos antes de terminar esta jornada que el próximo 17 de octubre, a dos años del hallazgo de Luciano, nos encontrarán nuevamente en la calle en una enorme marcha para continuar exigiendo memoria, verdad y justicia.

Nuestra posición

El Estado volvió a demostrar que la maquinaria que funcionó en la última dictadura cívico-militar nunca se desmanteló con el retorno de la democracia: sus instituciones sostienen la misma perversidad de forma selectiva e invisibilizada.

El municipio de La Matanza fue una de las primeras instancias del Estado en rechazar todo tipo de acompañamiento o búsqueda de la verdad en la desaparición de Luciano: el entonces intendente Fernando Espinoza decidió no sólo desoír por nuestros pedidos sino fortalecer a su policía creando una patrulla municipal. El recambio actual de gestión no nos depara algo diferente: la intendenta Verónica Magario trajo a los más importantes líderes de su partido en la provincia de Buenos Aires, que formaron parte de la gestión paupérrima de Daniel Scioli. Las políticas de seguridad tan festejadas por los medios masivos de comunicación son las que nos dejan como consecuencia los 4644 asesinados por las fuerzas del Estado y más de 200 desaparecidos en democracia.

La política llevada a cabo con los NN es ilegal e irregular. Las fuerzas de seguridad, las morgues, el Registro Nacional de las Personas, los médicos que son cómplices, el poder judicial y los cementerios son la maquinaria mafiosa que ejecuta la desaparición forzada de personas en democracia. En el caso de Luciano el encubrimiento en los procedimientos posteriores a su muerte queda manifestado. La política estatal para manipular a los cuerpos “sin identidad” es siniestra, basta recordar las denuncias realizadas por los familiares de la inundación de abril de 2013 en La Plata: personas enterradas dos veces, cuerpos identificados en fosas comunes, junto a cadáveres de perros o fetos. La única excepción estatal en este crimen fue haber encontrado a Luciano.

El nuevo gobierno asume con una intencionalidad más que clara, la emergencia en seguridad a nivel nacional sólo puede explicarse comprendiendo la impronta represiva que se gesta para los próximos cuatro años, junto al intento de imponer un protocolo antipiquetes que no es más que la vía libre para deslegitimar y reprimir las protestas de los trabajadores. El crecimiento del aparato represivo y todas las fuerzas provinciales junto a la creación por decreto de las policías locales en “la década ganada”, es la herencia que necesitaba el macrismo para incrementar los operativos de saturación que para la juventud pobre no son más que control, verdugueo, golpizas, detenciones ilegales y torturas. El gobierno saliente dejó servida en bandeja la estructura para ejecutar la violencia que garantiza el disciplinamiento de los trabajadores: 45 mil policías bonaerenses a los que se sumaron más de 25 mil locales. La formación de la represión en las casas de estudios de nuestra juventud no es casualidad, buscan cooptar a esos mismos jóvenes pobres víctimas de la violencia del Estado y enfrentarlos con su propia clase. El caso de Lucas Cabello, joven baleado por un efectivo de la Policía Metropolitana en La Boca, es muestra contundente de la inclinación del presidente Macri, pero las ya conocidas represiones al hospital Borda, a los terrenos tomados del parque Indoamericano, a la Sala Alberdi o al barrio Papa Francisco, o el funcionamiento durante su primera gestión de la patota de la UCEP son la muestra cabal de que a la organización y las exigencias por necesidades básicas se responderá con palos y violencia.

La impronta del gobierno macrista ya se tradujo en la represión ordenada por Patricia Bulrich a los trabajadores de Cresta Roja y a los de la municipalidad de La Plata que reclamaban por el despido de 4500 compañeros. No es casualidad que, en la misma semana en que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires emitió un fallo permitiendo que, sin motivos, la policía pueda solicitar DNI a cualquier ciudadano, se ejecute de manera inédita el traspaso de 18 mil policías federales a la órbita de la Metropolitana en Capital Federal. No podría ser de otra manera si hay que someter al silencio y la represión violenta a más de 23 mil trabajadores estatales despedidos. La contracara de esta embestida es el violento ajuste que buscan imponer por la fuerza.

No podría ser posible, si no, que el presupuesto votado en la provincia de Buenos Aires con el aval de los bloques del Pro, el Frente Renovador y el Frente para la Victoria, incremente un 54% la inversión en “Seguridad” restando en áreas como salud y educación. La intencionalidad es sobradamente clara. La arbitraria detención de la militante Milagro Sala, acusada de incitación a cometer delitos y tumulto es un precedente inaceptable para todos los luchadores: cortar calles y hacer acampes y vigilias es la única alternativa que nos queda para reclamar el cumplimiento de nuestros derechos. Exigimos la liberación inmediata.

No se quedan atrás los prontuarios de los funcionarios a cargo de las Fuerzas: el nuevo jefe de la Bonaerense designado por María Eugenia Vidal, Pablo Bressi, es un ex oficial del Grupo Halcón, responsable de la Masacre de Ramallo. Fernando Díaz, el nuevo jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, es el mismo que gestionaba a la institución durante 2005, cuando ocurrió el motín en la cárcel de Magdalena en el que murieron incendiados 32 reclusos en un estado de abandono criminal. La decisión política en materia penitenciaria es que los presos deben ser tratados como escoria y que las cárceles deben estar pobladas de pobres. Los institutos de menores, las cárceles para niños siempre nombradas con eufemismos, se encuentran en un estado de hacinamiento, falta de higiene, violencia y abandono que pocas veces puede ser denunciado ya que los organismos de derechos humanos no consiguen entrar. Las personas alojadas en instituciones de encierro en la Argentina se mueren, además de asesinadas por las fuerzas penitenciarias, por enfermedades medievales.

La noticia de la triple fuga desmanteló una situación de podredumbre feroz hacia adentro de los uniformados: las instituciones represivas son mafias organizadas.

Hasta el último día de la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, los militantes de izquierda junto a organizaciones y organismos de derechos humanos pedimos que la mandataria derogara la ley antiterrorista que denunciamos y que fue impuesta por el gobierno de los Estados Unidos. También exigimos el cese de la judicialización con esa u otras leyes represivas y la persecución a los luchadores populares.

Nosotros seguiremos luchando por alcanzar nuestras reivindicaciones cualquiera sea el gobierno de turno, porque estamos convencidos de que la represión es una característica inherente a cualquier gestión, y como elemento intrínseco para la gobernabilidad es que la repudiamos de plano y la combatimos en unidad con organizaciones y partidos de izquierda y organismos de derechos humanos que conserven la misma independencia. Nosotros luchamos por una sociedad en la que Luciano Arruga jamás hubiese desaparecido y nuestra denuncia jamás podría ser silenciada. Por ese motivo anunciamos antes de terminar esta jornada que el próximo 17 de octubre, a dos años del hallazgo de Luciano, nos encontrarán nuevamente en la calle en una enorme marcha para continuar exigiendo memoria, verdad y justicia. En el marco de este contexto tan adverso y con la imperiosa necesidad de dar muestras contundentes de nuestra capacidad de movilización para frenar los ataques, los familiares y amigos de Luciano tanto como las decenas de organizaciones que firman este documento convocamos a todos sindicatos, centros de estudiantes, organismos de derechos humanos, trabajadores, coordinadoras de estudiantes secundarios, familiares de víctimas de la represión estatal, agrupaciones y partidos de izquierda a la más amplia unidad para salir a la calle con la espalda más ancha que nunca.

EXIGIMOS

 REGLAMENTACIÓN YA DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN DEL ESPACIO PARA LA MEMORIA LUCIANO ARRUGA

 LO MATÓ LA POLICÍA Y LO DESAPARECIÓ EL ESTADO

 BASTA DE REPRESIÓN POLICIAL

 BASTA DE PERSEGUIR LA PROTESTA

 DEROGACIÓN DE LAS LEYES ANTITERRORISTAS Y DE TODA LEGISLACIÓN REPRESIVA

 LIBERTAD A MILAGRO SALA

 BASTA DE GATILLO FÁCIL

 BASTA DE DESAPARICIONES FORZADAS

 NI UNA FAMILIA EN LA CALLE, NI UN PUESTO DE TRABAJO MENOS

 JUSTICIA PARA LUCIANO ARRUGA

"Una vulgata filosófica"

por Susana Merino

¿Por qué la filosofía no baja unos peldaños y ayuda a subir otros tantos a la sociedad sobre la que supuestamente  fundamenta sus reflexiones y a la que deberían estar destinadas para que su siembra fuera realmente fructífera?

Nuestro mundo, nuestra sociedad están manejados cada vez más por intereses económicos que no se corresponden con los verdaderos intereses de la comunidad humana y que contrariamente a lo que  debería ser han logrado subordinar la política a sus objetivos de codicia y de concentración de la riqueza.

 

No han faltado ni seguramente faltarán mentes lúcidas capaces de analizar nuestro devenir histórico y de generar corrientes de pensamiento orientadas a enderezar caminos y a superar vallados con el objeto de alcanzar lo que los cristianos llamamos la “construcción del reino”, hoy, aquí y ahora. Desde los tiempos de Sócrates toda una pléyade de filósofos ha contribuido y sigue contribuyendo con sus reflexiones  a interpretar, comprender y generar propuestas para una mejor convivencia humana sobre nuestro planeta.

 

Sin embargo la mayor parte de esas reflexiones permanecen ocultas o desconocidas para sus destinatarios. Gran parte del pensamiento filosófico, por no decir todo, permanece circunscripto en círculos intelectuales, primorosamente almacenado en bibliotecas públicas (los menos) o privadas, alejadas del acceso cotidiano o por lo menos frecuente de aquella pléyade de publicaciones que sí se hallan al alcance de la ciudadanía y cuyos contenidos están muy lejos de ofrecerle alguna  orientación o alguna solución a sus problemas, ni siquiera a los más urgentes.

 

A fines del siglo IV, el papa Dámaso I encargó  a Jerónimo de Estridón escribir en latín corriente una versión de la Biblia que reemplazara las versiones hasta ese momento solo disponibles en el más complejo latín clásico de Cicerón ya que de ese modo sería no solo más comprensible  para una  mayor cantidad de lectores  sino también más fácil de difundir. Esa traducción fue conocida como la Vulgata, nombre que de por sí ya refleja el afán de divulgación de sus contenidos.

 

Esta idea de vulgarizar los contenidos bíblicos me ha llevado a pensar en la necesidad de hacer mucho más accesible la producción filosófica precisamente destinada a comprender tanto los procesos históricos que han ido jalonando la vida humana como las conflictivas y cada  vez más graves situaciones que enfrenta nuestro mundo actual. 

 

Un mundo en el que como dice Edgar Morin “civilización y barbarie vienen asociadas” y que pareciera propulsado por cuatro  motores “ciencias, técnica, economía y ganancia” que han provocado una verdadera “mundialización tecno-económica” pero sofocado al mismo tiempo una “mundialización ciudadana y humanista” 

 

Dicho de otro modo es evidente que mientras esos cuatro motores han venido desarrollando e incrementando su  potencia sin reparar en los estragos que van produciendo a su alrededor, hay otro sector del pensamiento y de la creatividad humana y más específicamente el de la filosofía que si bien no ha sido totalmente acallada se ve recluida en ámbitos más inaccesibles casi exclusivamente universitarios y prácticamente desterrada del alcance de la vida cotidiana.

 

La economía, dice Pierre Bourdieu, pilar del discurso neoliberal, “está enraizada en un sistema de creencias y valores y una visión moral del mundo”  expresamente inducido, a mi entender, con el objeto de poder establecer su indiscutible predominio. De modo que agrega Bourdieu “todo el pensamiento crítico está por construirse” 

 

El mismo Bourdieu señala que “los investigadores, los artistas y los pensadores desempeñan sin duda un papel primordial en un momento en que las fuerzas dominantes invocan sin cesar la autoridad de la ciencia sobre todo económica” De modo que como no se trata de una fatalidad sino de una política consciente y deliberada son ellos los más indicados para desenmascarar esta falacia ideológica que es la liberalización  del mercado y a cuyas imposiciones deben someterse las “fuerzas económicas y sociales.”

 

Aunque Maritain se refería específicamente a los jóvenes, cuando decía que la indiferencia religiosa existente se debía a “una transferencia del sentimiento religioso a otros objetos” que duda cabe que hoy en día es toda la sociedad la que se halla encandilada por los siempre renovados ídolos que a través de todos los medios, gráficos, televisivos y radiales le ofrece con reiterada insistencia ese mercado. 

 

Creo que en consecuencia nos urge recurrir a todos los instrumentos a nuestro alcance para en principio tratar de desacelerar estos procesos de creciente mercantilización y para tratar de introducir en la sociedad posibilidades que la ayuden a despertar de la hipnosis consumista y a orientar sus intereses y sus expectativas hacia el campo de la reflexión y de una puesta en valor de las relaciones humanas.

 

Esta tarea ha sido casi totalmente abandonada en todos los niveles  y en principio debería ser competencia de los partidos políticos que son los que generalmente abrevan en las fuentes filosóficas y las incorporan a sus respectivas ideologías. Sin embargo solo se acuerdan de difundirlas en períodos electorales y por lo general  a través de  eslogans, de fácil penetración y de mucho más rápido olvido. Encarar una docencia de carácter permanente debería ser una de las actividades básicas de quienes se sienten convocados a representar a sus conciudadanos. Pero dado que no es así y que  sería indudablemente difícil revertir esta situación en el corto plazo, será mejor agudizar el ingenio para encontrar otras vías de concientización cívica en aquellos sectores de la población más abandonados y captados en cambio por  el sistemático sometimiento mercantil con que los acosan los medios.

 

En consecuencia creo que quienes podrían o deberían asumir ese compromiso son las organizaciones sociales y quienes las integramos con el objeto de convertirnos en cadenas de transmisión del pensamiento crítico, como una moderna Vulgata que pudiera llegar hasta los sectores más vulnerables y menos esclarecidos de la sociedad y relacionar profundamente los extremos del  espectro  sociedad-filosofía, filósofos-pueblo actualmente tan infructuosamente desvinculados.

El Pueblo Argentino y sus banderas. A un mes de “Cambiemos”.

Por Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de la Paz

Los derechos humanos y la democracia son valores indivisibles, por eso nuestros presidentes suelen asumir los 10 de diciembre, día en que se conmemora el día universal de los Derechos Humanos.

Ha sido una lástima que el Presidente de la nueva administración del Poder Ejecutivo no haya mencionado ni una sola vez en su discurso a los derechos humanos -entre otros olvidos intencionados- y sólo haya mencionado lo humano como “recursos”.

El frente de partidos que deja el gobierno tuvo en tres gestiones una gran oportunidad para desmontar la herencia neoliberal y, si bien avanzó en algunos aspectos, no supo, no pudo o no quizo según los casos, desmontar esa herencia y avanzar en un proceso de emancipación nacional y social como sí sucedió en otros países de la región. Su discurso muchas veces contrastaba con sus actos y alianzas (corporaciones mineras, del agro, petroleras y financieras), mientras consolidaba un estilo de confrontación y polarización que le fue quitando apoyo en ciertos sectores sociales, culminando en el primer balotaje de la Argentina.

Luego de esto, a pesar de haber perdido, el FPV no ha hecho pública ninguna autocrítica de por qué pasó lo que pasó. Paradójicamente, no haber reconocido ningún error en 12 años puede tener mucho que ver con este desenlace: que por primera vez una coalición de derecha asuma el poder a través de elecciones libres y abiertas.

El pueblo evaluará las decisiones tomadas en base a las promesas de campaña, sus derechos, necesidades y lo que vaya mostrando la realidad. Mientras tanto, lo que vemos en este primer mes, son iniciativas muy preocupantes que atentan contra los trabajadores, las instituciones y derechos básicos para cualquier democracia.

Durante la campaña, la coalición electa “Cambiemos” puso mucho énfasis en respetar las instituciones y la república. Sin embargo, en menos de una semana pisoteó su propio relato republicanista con una aluvión de Decretos de Necesidad y Urgencia, que no tienen nada de necesarios ni de urgentes, con el fin de sortear el debate de nuestros representantes en el Congreso, sabiendo que se puede convocar a sesiones extraordinarias.

No sólo intervino y disolvió organismos creados por ley, sino que quiere forzar la destitución de la Procuradora General de la Nación, cuyo mandato otorgado por el Senado aún está vigente, y ya le ha sacado funciones que representaban un avance institucional.

Hechos que se suman a una medida autoritaria inédita: el nombramiento por decreto de dos jueces en la Corte Suprema de Justicia. Los jueces decretados por un presidente, son jueces del Presidente, sin importar sus currículums. La Venezuela Bolivariana que tanto critica “Cambiemos” nunca hizo algo como eso, sus jueces siempre fueron aprobados por la Asamblea Nacional.

Es indispensable iniciar un proceso amplio y participativo de democratización de la justicia y selección de los magistrados de cara a la sociedad.

En materia de seguridad y derechos humanos, paradójicamente, en el único momento que el Presidente Macri asumió el papel de “defensor de los Derechos Humanos” fue en su primera presentación en el MERCOSUR y no tuvo que ver con la Argentina. Mostrando su alineamiento injerencista, defendió a quienes están presos por salir a quemar edificios en Venezuela para derrocar un gobierno electo democraticamente.

Mientras tanto en la Argentina hay más de 6.843 casos de torturas en cárceles en el año 2014, que el nuevo gobierno tiene que asumir, visibilizar e investigar en base a los informes que hemos elaborado entre la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, la Procuración Penitenciaria de la Nación y el GESPYDH del Instituto Gino Germani de la UBA.

Hacia adentro del país, el Pro quiere subordinar la cuestión social a las políticas de seguridad que, desde esta perspectiva, opera como reproductoras de las desigualdades. Las declaraciones de emergencia en materia de seguridad y penitenciaria, no apuntan a promover un cambio del paradigma punitivo del Estado ni a atacar el delito complejo, sino que mantienen el sesgo clasista, efectista y selectivo del último eslabón de la cadena, mientras pretenden legalizar contrataciones directas en vez de hacerlas con licitación.

La coalición electa también habló mucho de dejar de perseguir al otro por pensar de forma diferente, y lo primero que ha hecho es desguazar la Ley de Medios, con la intención de priorizar la libertad de empresa por encima de la libertad de prensa.

La Ley de Medios no es una Ley K, es de todos los argentinos porque fue amplia y largamente debatida por nuestra sociedad, y porque reemplazó la ley de facto de la última dictadura. Cuando fui a apoyarla en las audiencias nacionales del Congreso reivindivicamos el objetivo de desmonopolizar los medios y de democratizar la palabra. Se podrá objetar la forma de instrumentaciòn de la ley, pero en modo alguno se puede aceptar la vuelta atrás con el derecho a la libre expresión. Por eso siempre voy a defender la Ley de Medios y su correcta aplicación. En vez de censurar, los argentinos necesitamos más voces, porque la paz se construye en el respeto a la diversidad y aceptando críticas.

Otra de las banderas de campaña del actual frente de gobierno fue la de Pobreza cero, porque aún persisten graves desigualdades por resolver como los problemas de acceso a la tierra y una vivienda digna y al trabajo.Pero las medidas tomadas en este poco tiempo fueron en sentido totalmente contrario. Entre ellas, se devaluaron los salarios un 45%, se consintieron aumentos en bienes primarios, se suspendieron paritarias y la publicación de estadísticas, bajaron los impuestos a los que más tienen y despidieron masivamente a miles y miles de trabajadores públicos -que puede ser imitado por el sector privado- para imponer miedo. Y mientras reprimen a los que protestan, el Ministro de Economía se pronuncia extorsivamente diciéndole a los trabajadores y sindicatos que deben evaluar si prefieren pedir aumentos o mantener fuentes de trabajo.

El neoliberalismo acarreó la pérdida de la soberanía nacional, privilegió la entrega del patrimonio nacional a mano de las grandes corporaciones extranjeras, mientras aumentaba en el pueblo la marginalidad y el hambre, de la mano de la impunidad política y jurídica de sus artífices. La historia Argentina y del mundo entero nos enseñan que no es conciliable la política “del derrame”, con los derechos y las necesidades del pueblo.

La nueva administración -y sus gerentes de corporaciones o CEOs- debe respetar las instituciones democráticas del Estado, y asumir que su primera obligación es defeder y promover los Derechos Humanos y del Pueblo. No debe caer en la soberbia de la “curda del poder” que aleja a muchos funcionarios del camino que deben seguir. Los gobiernos pasan y los pueblos quedan. Los gobernantes deben cumplir sus funciones cómo Servidores del Pueblo, y no servirse del pueblo para sus intereses partidarios y personales.

Debemos hacer memoria para que nos ilumine el presente. El pueblo argentino pasó por etapas dolorosas entre luces y sombras, y asumió la resistencia y la lucha popular para recuperar la democracia, la Verdad y la Justicia. Muchos arriesgamos la vida en defensa de las libertades civiles y los derechos del pueblo. No podemos renunciar a las banderas que nacieron del pueblo y le pertenecen. Quienes luchamos desde siempre, no estamos dispuestos a dar un paso atrás.

"Adiós al maestro"

por Carlos Baeza

“Me da especial placer dirigirme a Vos como la cabeza de ese gran departamento, que debe ser considerado la llave de nuestro edificio político”...

...con estas palabras el presidente norteamericano George Washington ponía en posesión de su cargo a John Jay, primer presidente de la Corte Suprema de Justicia de ese país.

Es evidente que el kirchnerismo en su larga gestión nunca consideró de esta forma a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ni respetó la Constitución ni la división de poderes, entre otras instituciones republicanas. Muestra de ello fue el creciente ataque al Poder Judicial, -al que calificara como “el partido judicial”- a través de numerosos proyectos legislativos, como el de la denominada “democratización de la justicia”, felizmente abortado por la Corte en el caso “Rizzo”; o la ley de subrogancias, también declarada inconstitucional; ello sin contar con las persecuciones a magistrados y fiscales, como el caso Campagnoli, o los reiterados incumplimientos a fallos de la Corte, tales como el que en 3 ocasiones ordenara reincorporar al Procurador de Santa Cruz, ilegalmente separado del cargo, o el que fijara la forma de distribuir en los medios la pauta oficial.

Incluso, en mi caso, siendo juez y a poco de obtener mi jubilación, se me inició un jurado de enjuiciamiento por mis artículos periodísticos, críticos no desde el punto de vista político o partidario, sino estrictamente constitucional. Pero todo ello y mucho más se vio potenciado al extremo con la campaña para pretender apartar al Dr. Carlos S. Fayt de su sitial en la Corte Suprema de Justicia.

Soportó, estoicamente, toda clase de injustificados agravios e injurias sin responder jamás, poniendo la otra mejilla. Los que lo atacaban, eran los de siempre: la runfla aplaudidora del atril de la diatriba chabacana y falaz. Querían que se fuera, que dejara su lugar en el más alto tribunal de la Nación para reemplazarlo por alguien que asegurara lealtad partidaria cuando debieran desfilar por variados juzgados. Cómo serían de mediocres los “muletos” que proponían que alguno llegó a falsificar su curriculum y los mismos que lo auspiciaban, ante el evidente papelón, dejaron caer el pliego en el Senado. Finalmente, el Dr. Carlos S. Fayt dejó su cargo en la Corte Suprema de Justicia pero no les dio el gusto, sino que en una hábil jugada de ajedrez, lo hizo como cantaba Sinatra: “A mi manera”.

Hicieron fila para querer humillarlo a punto tal que los legisladores que supimos conseguir inventaron un procedimiento no regulado en parte alguna de la Constitución ni de la legislación vigente, según el cual la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados dispuso iniciar una investigación en torno a su salud física y mental y creó a su vez otra subcomisión dependiente de aquella, con el fin de citar a testigos y realizar pericias médicas; todo lo cual luego se abandonó ante lo absurdo e inconstitucional de la iniciativa.

Ya en el año 2002, el fugaz ex presidente de facto Duhalde había declarado que "la Constitución reformada en 1994 estableció el límite de 75 años, hasta el cual el hombre conserva sus capacidades intelectuales intactas. Fayt tiene 85 años, son muchos. Debió haber renunciado hace diez años". Paradojalmente, quien renunció a su cargo antes de tiempo fue el propio Duhalde, a quien no le dio el cuero para seguir gobernando.

Alejandro Rossi, por su parte,  consideró que era un mal ejemplo que se quedara “hasta el momento que quiere. Uno no necesita que lo echen a empujones de los lugares; sabe cuándo cumplió un ciclo y debe irse”. Y hasta la entonces presidente dijo: “Si la Constitución Nacional establece un límite de 75 años para ser parte del alto tribunal. ¿Ven que están mal informados? Por una acordada (decisión que puede tomar por simple mayoría la Corte Suprema) la Constitución, la ley y lo que diga María Santísima…out”. Extraño que una exitosa abogada no supiera que la resolución de la Corte en el caso “Fayt” por el cual se declarara la inconstitucionalidad del citado tope de edad, no fue una “acordada”, tomada por “simple mayoría”, sino una sentencia pronunciada el 19 de agosto de 1999 como consecuencia del recurso extraordinario previsto por el art. 14 de la ley 48 y firmada por los jueces Nazareno, Moliné O’Connor, Belluscio, Boggiano, López y Vázquez con la disidencia parcial del Dr. Bossert, esto es, la totalidad de los integrantes de la Corte,  a excepción  -claro está-  del propio Fayt. 

Conocí al Dr. Fayt cursando Derecho Político en la Universidad Nacional de La Plata, cátedra que compartía con otro lúcido pensador como lo fuera el Dr. Silvio Frondizi. Este último, con sus antiguos trajes cruzados y su andar lento, trataba a los alumnos como “mocito” y nos prestaba los libros que no conseguíamos, eso sí, luego de poner los datos y firmar en un cuaderno que llevaba a tales fines. Frondizi nunca utilizó la cátedra para adoctrinamiento político y por ende recuerdo que en 1960, a poco de producida la revolución cubana, viajó a la isla y al retornar a clase, un grupo de alumnos le pidió que contara acerca de la experiencia castrista. Con su habitual tono calmo y reflexivo se negó a ello porque no correspondía, agregando que la información que se le requería la daría fuera del aula, al concluir la clase; y eso que había sido el fundador de Praxis, echado por sus propios seguidores marxistas. Fue asesinado en pleno gobierno democrático por la Triple A que comandaba el esotérico cabo policial López Rega. Era un lujo contar con esos maestros de la ciencia política quienes, no obstante,  en medio de los exámenes solían entablar jugosos debates en torno al socialismo y al marxismo que, recíprocamente, ambos defendían, teniendo como  involuntario espectador al temeroso alumno que estaba rindiendo.

El Dr. Fayt ingresó a la Corte Suprema de Justicia nacional en 1983 y a lo largo de fructíferos 32 años dio acabada muestra de sus dotes de extraordinario jurista. Recorrer los fallos que lo tuvieran como primer voto o en disidencia, es apreciar su dominio de la ciencia jurídica y particularmente del Derecho Constitucional, a veces en solitario pero logrando con el tiempo que sus votos minoritarios se convirtieran en la nueva doctrina del Alto Tribunal. A modo de ejemplo, la Corte desde la década del 40 en el caso “Los Lagos c. Gobierno Nacional” tenía resuelto que la  inconstitucionalidad de una norma o acto debía ser deducida por la parte interesada que se viera afectada concretamente por los mismos, sin que los tribunales pudieran suplir esa omisión, procediendo a invalidarlos por propia iniciativa.

Sin embargo en el Fallo 306:303 el voto minoritario del  Dr Fayt sostuvo “Que no puede verse en la admisión de esa facultad la creación de un desequilibrio de poderes a favor del judicial y en mengua de los otros dos, ya que si la atribución en sí no es negada, carece de consistencia sostener que el avance sobre los otros poderes no se produce cuando media petición de parte y sí cuando no la hay”. Y así, 60 años después, la Corte recogiendo por mayoría ese precedente varió su postura en el caso “Mill de Pereyra c. Provincia de Corrientes” y luego en “Banco Comercial Finanzas” admitiendo que sean los propios tribunales quienes puedan declarar la inconstitucionalidad aún sin petición de parte interesada. Hasta el mismo momento de su renuncia el Dr. Fayt siguió dando muestras de una lucidez mental e intelectual que hará que se lo recuerde como uno de los más brillantes magistrados en la historia de la Corte. En paralelo, su tarea docente y académica se tradujo en innumerables obras jurídicas, fuente de la doctrina y jurisprudencia nacionales.

Su austeridad republicana y su formación en el viejo socialismo igualmente merecieron cuestionamientos de la abogada exitosa quien refiriéndose a su persona afirmó: “Cuando mencioné el origen político de algunos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, se me olvidó nada más ni nada menos el casi centenario miembro de la Corte, que pertenece al histórico y también centenario Partido Socialista”. Claro que la ex presidente, una vez más, falseó el relato ya que el Dr. Fayt no “pertenece al histórico y también centenario Partido Socialista”, por la sencilla razón que todo integrante del Poder Judicial tiene vedada la afiliación y pertenencia a cualquier partido político mientras desempeñe su cargo. Haber abrazado una ideología y estar afiliado a un partido con anterioridad a su ingreso a la judicatura, de manera alguna lo inhabilita para su ejercicio, siendo que por otra parte, su incorporación a la Corte en diciembre de 1983 no obedeció a su anterior y eventual pertenencia partidaria, sino a su inocultable jerarquía académica.

Como se aprecia, estos y muchos otros ejemplos evidencian el desprecio del kirchnerismo por el Poder Judicial y sus integrantes, a punto tal de pretender desconocer una de las funciones esenciales del mismo cual es ejercer el control de constitucionalidad, esto es, que para mantener el principio de supremacía constitucional que emerge del art. 31 de la Ley Fundamental, los jueces están habilitados para declarar la inconstitucionalidad de una ley del Poder Legislativo o de un decreto del Ejecutivo, cuando los mismos violenten derechos y garantías de los habitantes consagrados en la misma Ley Fundamental, principio que se originara en los EE.UU en el célebre leading case “Marbury vs. Madison” (1803) seguido en nuestro país en el caso “Sojo” (1887) y cuya doctrina se ha mantenido hasta la actualidad.

 

Ese respeto a la institucionalidad pude apreciarla en una cuestión menor pero que no por ser tal deja de ser relevante.

Habiendo obtenido el 1er. premio en un concurso nacional organizado por la Corte Suprema de Justicia al conmemorarse el 150° aniversario de la sanción de la Constitución Nacional, el amigo Rodolfo Depalma de la editorial Abaco que publicaría la obra, sugirió que la misma fuera prologada por el Dr. Fayt, habida cuenta que su temática (“Cuestiones políticas”) era un estudio acerca de la doctrina del Alto Tribunal. Cuando le propuso la idea, dudó en aceptarla, para que no se interpretara que por integrar ese cuerpo, pudiera haber incidido en el concurso. Pero cuando el editor le recordó que él no había integrado el jurado que resolvió el mismo, el que estuvo conformado por los profesores Segundo V. Linares Quintana, Néstor Pedro Sagüés y Luis Alberto Romero, aceptó el convite, lo cual representó para mí un inmerecido gesto. Y fue a raíz de ese episodio que pude, después de más de 50 años, conversar con él en dos ocasiones, recordando, entre otras cosas, la década del 60 en la vieja Facultad de Derecho platense.

Y así, con su particular estilo, cuando lo creyó oportuno decidió renunciar, pero no en cualquier momento, sino un día después que dejara el poder el gobierno que sin causa alguna lo vilipendiara.

A partir de ahora, se abre un interrogante en torno a la futura composición del Alto Tribunal que al quedar reducido a su mínima expresión  -3 jueces-  se encuentra impedido de lograr la mayoría legalmente exigida para un pronunciamiento válido en caso de disidencia y que motivara, justamente, el decreto mediante el cual al encontrarse en receso el Senado, el actual presidente decidiera efectuar el nombramiento en comisión de los dos restantes magistrados, tal como lo habilita el art.99 inc. 19 de la Constitución Nacional, cuya legitimidad institucional defendiéramos en una anterior colaboración.

El kirchnerismo se fue del poder luego de 12 años de una democracia delegativa sin poder ni querer entender nunca que el Poder Judicial, el campo, los medios, la Iglesia y la oposición no eran enemigos a vencer. Por ello y recordando a Chico Buarque sólo cabe decir a modo de despedida: “Apesar de você amanhã há de ser outro dia”.

Por todo ello, este merecido y emocionado homenaje al gran maestro de la República.

Ismael: Crónica de una muerte reiterada

Ismael Sosa (24) desapareció el sábado 24 y lo encontraron ahogado en el embalse de Río Tercero, Córdoba. Se investiga si la muerte es accidental o si se trata de un homicidio

Ismael Sosa, de 24 años, fue encontrado sin vida en el embalse de Río Tercero luego de una intensa búsqueda de cinco días por parte de familiares y amigos. Según reporta el diario Día a Día, la fiscalía de Córdoba se lo confirmó a la familia: "Sí, es él. Nos acaban de informar", explicó Marcela, una de las tías del joven. Fiama, hermana del joven, le dijo a La Voz del Interior que el cuerpo hallado sin vida era de su hermano.

Ahora, la Justicia tratará de reconstruir lo sucedido en los días que estuvo desaparecido. Uno de los interrogantes que deberá develar la investigación es si Ismael murió de forma accidental o si hubo intervención de terceros.

Oriundo de Merlo, el sábado pasado pretendía asistir al recital que ofreció la banda de rock La Renga en Villa Rumipal, Córdoba. Sin embargo –según denunciaron sus familiares y amigos– fue visto por última vez durante el primer control antes del comienzo del concierto y desde ahí no saben qué pasó con él.

De acuerdo con el relato, por razones que aún se desconocen, la policía comenzó a reprimir a parte de las miles de personas que se encontraban en el acceso al predio y fue en ese momento cuando los acompañantes de Ismael perdieron su rastro.

Según relató la madre, Nancy Sosa, la novia, con quien fue al recital, salió a pedir ayuda cuando no lo encontraba. Recorrió las comisarías y hospitales pero no se registró en ese día ningún detenido ni herido con las características de Ismael.

Crónica de una muerte reiterada

Ismael Sosa tenía 24 años. Se lo llevó la policía el sábado último, mientras el recital de La Renga comenzaba en Villa Rumipal, durante los cacheos previos, cerca de las 21 hs. Ese “cachondeo” siniestro que tanto les gusta a los policías y eventuales agentes de seguridad. Esa ceremonia ritual represiva en la que el abuso de poder está permitido, casi legitimado.

por Facundo Di Cuollo

Fue con la novia al recital, Ismael. Ella pasó el control y siguió adelante, empujada por la vorágine previa y la masa de gente enajenada. Ismael se quedó atrás, tal vez quejándose porque algún policía lo tocó de más, o lo verdugueó impertinentemente, como para no perder la costumbre.

Cuando ella se dio vuelta, Ismael ya no estaba. Había desaparecido. Como en la oscuridad de nuestro pasado reciente, casi. Podemos saber que algunos transeúntes preguntaron a los agentes de seguridad adónde lo llevaban a Ismael, ya ensangrentado y notablemente golpeado. “Lo llevamos a curarse”, habría respondido algún oficial, víctima de un sadismo infinito.

Otra chica que por ahí pasaba, entre tantas, tampoco había superado el “control” de la puerta. “Andate porque se están llevando gente, acá”, le advirtieron, mientras empezaba a quejarse. “Mirá, pendejo, que el lago es grande”, amenazaron a otro detenido eventual, como una declaración de principios en los horrores de un presente cercano.

Había gendarmes, también. Muchos. Por las dudas, al final del recital, cuando paradójicamente la tensión había disminuido, la policía de infantería ya “pegaba de a cuatro” y disparaba balas de goma. Se calcula que hubo entre 15 y 20 detenidos. Algunos fueron liberados, otros aún continúan en cautiverio legal, y algunos desaparecieron. Como Ismael, quien curiosamente fue encontrado, días después, muerto en el lago de Embalse Río Tercero.

La misma noche de su desaparición, Victoria, su novia, salió a buscarlo. Recorrió comisarias y hospitales. (Lo buscó tanto que hasta perdió el micro de vuelta hacia Buenos Aires, que finalmente partió sin ella, a las cinco de la mañana del domingo).

Pero nada. A Ismael se lo había tragado la tierra. O el agua.

Su hermano Facundo también viajó desde Buenos Aires, desde el Oeste, a buscarlo. A averiguar sobre su paradero. Se apersonó en la Comisaría de Río Tercero. No le quisieron tomar declaración. Cuando preguntó “por qué lo retuvieron”, le esquivaron la pregunta. Se comportaban raro. Como si tuvieran algo que esconder, tal vez.

Durante las horas subsiguientes a la búsqueda de Ismael, Facundo fue perseguido, “cargoseado” correspondientemente por la policía en territorio cordobés. Operación de rutina.

Finalmente, el jueves, la familia de Ismael Sosa fue notificada por la Fiscalía de Río Tercero. Habían encontrado un cuerpo.

El cuerpo de Ismael, “el rockero de la bicicleta”. Un cuerpo joven que lleva, hoy, las cicatrices, los golpes y los ultrajes de un aparato policial represivo hasta el paroxismo, amparado (por acción u omisión) por el Estado y el sistema judicial.

Los nombres pasan, las víctimas se actualizan. La Historia oscura se repite, periódica, incansable, como la condena de Sísifo que se proyecta una y otra vez sobre nuestra rebeldía joven.

Quizá sea hora, entonces, de una vez por todas, de empezar a cambiar la Historia.