Cuatro mitos sobre YPF



Por Martín Tetaz *

Con motivo de la reciente decisión del Gobierno de expropiar el 51% de YPF, han circulado mitos y versiones que, en muchos casos tienen algún asidero, pero en tantas otras oportunidades se encuentran reñidas con la evidencia numérica o el testimonio de la historia. Me propongo en lo siguiente, sin ningún orden particular, debatir algunos de esos mitos aportando datos concretos.
Mito 1: “YPF se estatizó”
Incorrecto. Continúa siendo una sociedad anónima. Lo que hizo el Estado es comprar un porcentaje de las acciones, pero jurídica y económicamente se trata de una sociedad anónima.
Mito 2: “YPF se expropia para recuperar los recursos no renovables, el petróleo y el gas”
Veamos, la realidad es que YPF solo posee 583 millones de barriles de reservas, que significan el 23,17% del total de reservas del País. Puesto que se expropió el 51% de la empresa, el país recuperó el 11,8% de los recursos petroleros.
En gas, las reservas de YPF son 66.827 millones de m3, representando un 17,6% del total del país (378.862 mm3). Un 51% de ese monto significa tan solo el 9% del gas.
En la evidencia de los números entonces, el estado expropió (y deberá pagar por ello) el derecho de explotar el 11,8% del petróleo y el 9% del gas argentino, hasta el vencimiento de las concesiones.
Mito 3: “Ahora la renta petrolera quedará en nuestro país”
Técnicamente, se conoce como renta petrolera a la diferencia entre el precio del hidrocarburo y el costo de extracción del recurso, más un beneficio normal.
El petróleo WTI cotizó en promedio para el 2011 a 94,91 dólares por barril, pero la paridad de exportación, que es el monto que obtendría la Argentina si exportara el recurso (descontando los fletes y gastos de envío al mercado internacional) es un 10% menor haciendo un cálculo conservador (históricamente los costos de transporte, almacenaje, etcétera estuvieron entre los 3 y los 9 dólares por barril). En conclusión la paridad de exportación, que es el negocio de oportunidad del recurso estuvo en U$s 85,42 durante 2011, en promedio.
Sin embargo, según la Secretaría de Energía, los productores recibieron U$s 63,19 en mercado interno y U$s 42 si deseaban exportar el producto. De modo que suponiendo que no exportan (lo cual es la consecuencia directa de la resolución 394/07 del Ministerio de Economía) , pues por la regulación de precios internos sumada a las retenciones a las exportaciones, U$s 22,23 de la renta es apropiada por los consumidores argentinos.
Ahora bien, de acuerdo al último balance de YPF , las utilidades operativas del área de Exploración y Explotación (Upstream) fueron del 19,82% (bastante más baja que el 27% de los dos años anteriores), lo que implica un costo de producción de U$s 50,66 por barril (costo que incluye amortización de inversiones para reposición y descubrimiento de reservas, regalías de las provincias, salarios, etc).
La empresa estaría obteniendo así U$s 12,52 por barril, de ganancias operativas, sobre las que tiene que tributar el 35% de impuestos a las ganancias, quedándose por tanto con U$s 8,14 por barril. A eso luego habrá que descontarle los gastos de funcionamiento de la administración central de la empresa, atribuibles a la explotación, pero como no se encuentran discriminados, usaremos esa cifra como límite superior de nuestra estimación
Entonces, de Cada 100U$s dólares de petróleo que se producen en Argentina, 26,02 son apropiado por los consumidores, vía menores precios gracias a la regulación.
El gobierno se apropia de U$s 20,08 por impuestos (Regalías + retenciones + Ganancias, proporcional al peso del área de explotación en el total de las ganancias)
La empresa se queda con U$s 12.88. Si suponemos una “ganancia normal” de 5% sobre ventas, pues la renta apropiada por los empresarios corresponde s los U$s 7,88 remanentes.
Los costos de producción, netos de impuestos, son de U$s 41,07
En conclusión, 48% de la renta se la apropian los consumidores, 37% el Gobierno y 15% la empresa.
Pues bien, a partir de la expropiación el Gobierno ahora se quedará con un la mitad de la renta que antes se llevaba la empresa; o sea un 7,5% mas.
Mito 4: “Repsol estaba vaciando la empresa”
El Patrimonio neto de YPF era 2,16 veces su pasivo en 2007 y se redujo prácticamente a la mitad, siempre en relación al pasivo, en los últimos 5 años (hoy es un 51,1%).
Puesto en otras palabras, el Activo de la compañía puede ser financiado por dos fuentes: financiación propia (Patrimonio neto) o financiación de terceros (Pasivo). Ypf tenía sus activos financiados en un 66% (2/3 partes) por parte de sus accionistas y solo un 33% (1/3 partes) por parte de terceros, en 2007, pero con el ingreso del Grupo Petersen (Ezkenasi) en 2008 ese ratio se dio vuelta exactamente. Ahora los accionistas solo son “dueños netos” del 33% de los activos.
Este proceso se produjo porque en ese período de tiempo YPF distribuyó dividendos a sus accionistas por 24.193 millones de pesos, pero solo tuvo utilidades por 18.676 millones. Es decir que distribuyó un 29,54% más de lo que ganó. La operación se sustentó en el acuerdo entre Repsol y Petersen de distribuir el 90% de las utilidades, para que los Ezkenasi pudieran devolver el dinero que (entre otros, Repsol) les había prestado para comprar el 25% de la empresa en 2008. El gobierno apoyó y promovió el ingreso de Ezkenasi a YPF, bajo esas condiciones.
¿Pero, como lo hicieron? ¿De dónde salieron los 5.517 millones de más que repartió YPF? Existen dos caminos; podría haber liquidado los activos (vaciado la empresa) o podría haber incrementado los pasivos. Se hizo lo segundo.
Ahora bien, el endeudamiento de una empresa no es per se ni malo ni bueno. No es necesariamente algo que limita la capacidad de producción ni la rentabilidad de una firma. Por el contrario, bien podría darse el caso de que se endeude para financiar inversiones, cuya tasa de retorno sea superior a la tasa de interés que debe pagar por esa deuda.
El problema es que ese incremento del pasivo, no tuvo una contraparte en el activo y por lo tanto se hizo a expensas del patrimonio de la firma, que aumentó su exposición de deuda sin el consiguiente incremento de la capacidad productiva.
Si ese deterioro de solvencia no se notó en la cotización de la acción en los mercados bursátiles fue porque el precio del barril de petróleo WTI pasó de 72 a 95 dólares por barril en ese período y los productores domésticos pasaron de recibir 42,57 dólares por barril en 2007 a embolsar 63,19 en el 2011.
Es importante notar, no obstante, que aún si hubiera continuado ese proceso ad infinitum, la empresa podría haber seguido produciendo sin problemas. Técnicamente, llegado un punto, se habría reducido a cero el valor patrimonial (el valor libros de la empresa), los accionistas no se verían perjudicados porque habrían retirado su posición patrimonial en la forma de dividendos, e incluso la acción conservaría un valor de mercado por las expectativas sobre descubrimientos y beneficios futuros.
* Economista especializado en Economía del Comportamiento, Profesor de la UNLP y la UNNoBA, investigador del IIL e investigador visitante del CEDLAS. Autor de blog Economía y Comportamiento

Encontraron los restos de Ana Teresa Diego

Desaparecidos: encontraron los restos de Ana Teresa Diego

 Fueron hallados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en Avellaneda. Fue desaparecida en septiembre de 1976. El recuerdo de Luis, el último amigo que la vio con vida.
 
 
Los restos de Ana Teresa Diego, la estudiante de Astronomía de la Universidad Nacional de La Plata desaparecida el 30 de septiembre del 1976, durante la última dictadura militar, fueron identificados en Avellaneda por el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses.

La información fue confirmada a Diagonales.com por el decano de Astronomía, Adrián Brunini, quien dijo haber hablado con la madre de Ana, Zaira Franz, en las últimas horas.

La noticia causó conmoción en la comunidad educativa platense, que el pasado 22 de marzo le había rendido homenaje en los jardines del Observatorio, con el descubrimiento de una placa en su memoria.

Además, el nombre de la estudiante oriunda de Bahía Blanca quedó resonando en la memoria colectiva cuando la presidente Cristina de Kirchner mencionó su nombre a propósito de la decisión de la Unión Astronómica Internacional de llamar “Anadiego” a un asteroide.
Luis Martorelli, docente de la unidad académica, y el último compañero que vio a Ana con vida, dijo a Diagoanles.com sentirse shockeado con la noticia: “Es una extraña sensación de alegría y tristeza”.

“Después de 35 años, uno tenía de ella una imagen, fantástica; ahora es otra. Y tengo la tranquilidad de tarde o temprano, todo tiene que resolverse”, agregó Martorelli.

Por último, el docente y amigo de Ana, tuvo un párrafo aparte para el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses: “Hemos marcado un camino. Nuestro país no sólo juzga, sino que también, a través de la ciencia, identifica y restituye identidades. Esa gente (por los antropólogos) merecerían el Nobel de la Paz: por su noble tarea y por la tranquilidad que llevan a las familias”, concluyó.

Aún no trascendió cuándo los restos de la estudiante de Astronomía serán restituidos a su familia, cuya madre vive en la localidad bonaerense de Villa Ventana. En la facultad esperan el momento “para participar del acto y acompañar a los familiares”, indicaron.

Ana Teresa Diego era militante de la Federación Juvenil Comunista y fue secuestrada en el Bosque, cuando salía de la facultad.

La lucha de clases

Por:
02 de marzo de 2012

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El ritual, triste, se repite: este año, como cada año, llega el principio de las clases y no hay clases. En este caso las escuelas no abrieron o abrieron poco en ocho provincias donde se educan dos tercios de los chicos argentinos: como todos los años. Hace justo tres escribí una columna que decía, también, que “hoy empiezan las clases y no empiezan las clases: para la mayoría de los alumnos argentinos, esta mañana no hay escuela. Los maestros de medio país van a la huelga para pedir un sueldo que ninguno de nosotros, periodistas, por ejemplo, aceptaría ni para empezar. Son sueldos tan elocuentes, tan didácticos: dicen, antes que nada, que a la sociedad argentina la educación le importa tres carajos. O, más preciso: que a la sociedad argentina le importa tres carajos la educación de sus pobres."
Para bien y para mal soy un producto de la escuela pública argentina, y me gusta que así sea. Mi hijo también fue a la escuela pública, pero en las décadas que pasaron desde que empecé primer grado –inferior– nuestro sistema educativo cambió brutalmente. Cuando yo era chico sólo iban a colegios privados los garcas que querían educarse a fuerza de hostias y los raros que preferían hablar otros idiomas y los vagos que la escuela pública no soportaba más. Pero mis amigos y yo –hijos de la clásica clase media porteña– sabíamos que el sistema de educación estatal era nuestro lugar: la escuela pública era la mejor, la primera opción. Ahora no: mis amigos dudan mucho antes de mandar a sus hijos a una escuela del Estado –y muchos no lo hacen.
“La educación pública ya no es para todos, ni para el que la elige; es para quien no tiene más remedio", decía entonces. "Tres de cada cuatro alumnos estatales pertenecen al tercio más pobre de la población. Entre el 20 por ciento más pobre, nueve de cada diez van a la escuela pública; entre el 20 por ciento más rico, uno de cada siete. Y la tendencia se acelera: en 1997 el 24 por ciento de los chicos acomodados iba a escuelas públicas; en 2006, según un informe del Centro de Estudios de Políticas Públicas, sólo el 15 por ciento. Así que, entre 2003 y 2006, en apenas tres años kirchneristas, 800.000 argentinitos –casi todos los que pueden– pasaron del público al privado. En la escuela sarmientina quedan los que no pueden: los más pobres.”
Ahora, tres años después, la tendencia se mantiene,la privatización aumenta. Según la Encuesta Permanente de Hogares, del 26 por ciento de chicos que iban a escuelas privadas en 2003 se pasó, en 2011, al 37,5 por ciento: la privatización de la educación argentina es una de las tendencias más sostenidas del peronismo kirchnerista.
Por lo que sigue siendo cierto que “el fracaso de la educación pública es el efecto más espectacular del derrumbe del Estado argentino. Solía ser su estandarte: la forma más eficiente de producir esa relativa integración social que nos constituyó como país, en esas aulas donde, bajo los delantales blancos, las clases sociales se mezclaban por un rato y se formaban con las mismas consignas, las posibilidades brevemente emparejadas. La educación pública servía para equilibrar, para integrar, para ‘redistribuir’ -y para producir un país más educado, con mejores posibilidades en todos los terrenos". Ahora parece como si no importara. Porque los poderosos argentinos ya no intentan cohesionar su sociedad con instrumentos tales como escuelas. Han decidido aceptar que un cuarto o un tercio de ella quedarán fuera de cualquier integración: marginados, desechados. La caída de la enseñanza pública es, más que nada, el efecto de un cambio de planes.
Y, para colmo, los que manejan el Estado no tienen ningún interés personal en la educación pública: hace mucho que mandan a sus chicos a colegios privados."Es una característica de muchos estados actuales –sus dirigentes no se incluyen en ellos, no usan sus escuelas y hospitales, no le pagan impuestos, no respetan sus leyes– y es curiosa: ¿quién se imagina al gerente de la cocacola pidiéndose una pepsi?”, decía en 2009 y que, por eso, tenía “una propuesta populista para encarar la cuestión educativa”.
Era una ley, decía, “que habría que votar cuanto antes: ‘Queridos gobernantes, no todo pueden ser alegrías, ganancias extraordinarias, honores merecidos, gratitud popular. Los cargos deben tener alguna carga. Y ésta será modesta pero inflexible: se ordena, so pena de prisión y pedorreta pública, que todos los funcionarios del Estado -de un nivel equis para arriba- manden a sus hijos y nietos, sin excepción, a la escuela estatal más cercana”. Es posible que, entonces, la educación pública mejore seriamente. Así estamos, en la lucha de clases."
Aquel texto circuló. Ahora está entre las fundamentaciones del proyecto de ley que presentará mañana en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires el diputado Alejandro Bodart (MST en Proyecto Sur): Obligatoriedad de todos los funcionarios políticos de educar a sus hijos en escuelas públicas y de atenderse en hospitales públicos.
Artículo 1°. Para ser Jefe/a de Gobierno, Vicejefe/a de Gobierno, Legislador/a o funcionario/a político/a con nivel de Director General o superior del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sea o no electivo su cargo, constituyen requisitos:
La asistencia de sus hijos/as a cargo, en edad escolar obligatoria, a establecimientos educativos públicos de gestión estatal.
Su atención y la de su grupo familiar en el sistema público de salud.
Art. 2°. Todo/a funcionario/a incluido/a en el artículo 1º debe presentar anualmente una declaración jurada en la cual consten los siguientes datos:
Apellido y nombre de sus hijas/os a cargo menores de dieciocho (18) años de edad, si concurren a establecimiento educativo o no; en caso afirmativo, nombre del establecimiento.
Apellido y nombre de los integrantes del grupo familiar; en caso de recibir atención de salud, nombre del establecimiento.
Art. 3°. El plazo de presentación de la declaración jurada vence el día 30 de abril de cada año. Su no presentación en término o el ocultamiento o falseamiento de los datos es causa de las sanciones previstas en el artículo 248 del Código Penal de la Nación, sin perjuicio de otras sanciones que pudieran corresponder.
Art. 4°. Lo establecido en los artículos precedentes es aplicable también a los/as magistrados/as y funcionarios/as del Poder Judicial, a los/as funcionarios/as de los Órganos de Control, a los miembros de las Juntas Comunales y a los/as directores/as del Banco Ciudad, de los organismos descentralizados y entidades autárquicas y de las empresas y sociedades del Estado de la Ciudad, así como de los entes interestaduales y del Hospital de Pediatría SAMIC "Prof. Dr. Juan P. Garrahan".
Art. 5°. Comuníquese, etc.
Cláusula transitoria: Los/as funcionarios/as públicos/as comprendidos/as en los artículos 1º y 4º que se encuentren en ejercicio de su cargo a la fecha de sanción de la presente ley tienen un plazo máximo de doce (12) meses para efectivizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1º.
El proyecto se presentará ante el público hoy viernes 2 de marzo a las 18 horas en el salón Juan Domingo Perón de la Legislatura porteña, con un debate entre el dirigente docente Manuel Gutiérrez (ADEMYS), el dirigente de la salud Jorge Yabkowski (CICOP), el diputado Bodart y yo.
En los días siguientes deberá ser discutido por los legisladores. Aunque los funcionarios porteños no deberían preocuparse. Es improbable que el macrismo o el kirchnerismo lo apoyen, así que el proyecto no tiene muchas posibilidades de convertirse ley. A menos que.

Alta en el cielo...


Si bien el 2010 fue el año del bicentenario del nacimiento de la patria, tras los días de la Revolución de Mayo y el comienzo de la identidad para nuestra Nación, este germen del ser nacional se inició con varias decenas de ciudadanos porteños de la jurisdicción del cabildo de Buenos Aires. Ellos fueron quienes originaron el primer gobierno patrio, la “Primera Junta”, y quienes a posteriori, convocarían a la conformación de la “Junta Grande”, para garantizar la representación (del interior) y afianzar la identidad de la Provincias Unidas del Río de la Plata. En los sucesivos años, se produjeron las importantes batallas entre Españoles Peninsulares (Representantes de la Corona Hispana) y Españoles Americanos. (Representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata) y la derivación del surgimiento de nuevos Gobiernos Patrios como el Primer y Segundo Triunvirato, o la Asamblea del año XIII y el Congreso de Tucumán, de 1816.
 
La bandera celeste y blanca señala la pertenencia al suelo argentino; y todos nosotros, desde el ingreso a la escuela, asociamos este conjunto de colores determinada una bandera en particular que nos convoca e identifica con la idea de nación; a modo de ejemplo: En la Argentina existen cerca de cincuenta mil escuelas, y en todas ellas, los alumnos izan y arrían todos los días la misma bandera.

Esa misma bandera blanca y celeste, fue  enarbolada por Belgrano el 27 de febrero de 1812 en las barrancas del río Paraná, en Rosario; y a partir de ese momento, el único distintivo que llevaban los soldados patriotas para diferenciarse del ejército realista era una escarapela con los colores celeste y blanco.

Según algunos relatos históricos, señalan que el Gral. Manuel Belgrano; en plena  misión de preparar a la tropa para defender los pasos del río Paraná de cualquier ataque realista; ordeno la confección de la insignia patria; con objetivo de entusiasmar a los soldados era contar con una bandera propia, y realizar el juramento, para honrarla y defenderla, como a la Patria misma.

Cuando la nueva bandera flameó frente al Paraná, Belgrano dijo a los soldados: "Esta será la divisa con que marcharán al combate los defensores de la patria".  En esa misma fecha notificó a las máximas autoridades de la Provincias unidas, con asiento en Buenos Aires,   en una carta expresa: "[...] siendo preciso enarbolar bandera, y no teniendo la mandé hacer blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela, espero que sea de la aprobación de V. E.".

La bandera Nacional, fue aprobada por el Congreso de Tucumán en 1816. Como insignia que reemplazaría a la bandera española; y mediante un decreto fechado el 25 de julio de 1816: "Las Provincias Unidas, después de la declaración solemne de su independencia, tomarán como peculiar distintivo la bandera celeste y blanca".


Han transcurrido, 200 años, historia de aquel lejano 27 de febrero, de una acción política, tan emblemática, que no puede pasar desapercibida, y que derivo, en la reacción Independentista de Patriotas, hombres y mujeres, algunos reconocidos como José de San Martín y Manuel Belgrano. Otros algo olvidado como Martín Miguel de Güemes y varios que perduran en total anonimato.

La “Bandera Nacional” es el símbolo, autentico nos une en acto patrio, nos agrupa ante un evento deportivo, nos representa como emblema de Nación.

Gracias,  Gral. Manuel Belgrano, su objetivo se ha cumplido, todos los ciudadanos honraremos su creación, en cada centímetro de la Nación, y consolidaremos esa Patria por la que usted lucho, en cada minuto de su vida.  

Quién es quién en el debate sobre megaminería

Por Maristella Svampa SOCIOLOGA, INTEGRANTE DE PLATAFORMA 2012

Existe pensamiento crítico y credibilidad en provincias y universidades. No así en gobernadores ni en el Estado nacional, en clara alianza estratégica con las mineras.

Lejos de abrir a un “debate serio y responsable”, como decía proponer hace unos días la Presidenta, la reciente Organización Federal de Estados Mineros, que reúne a las provincias mineras, pone en evidencia las intenciones de los gobiernos nacional y provinciales de renovar sus apoyos al modelo extractivo y clausurar cualquier posibilidad de una discusión de fondo sobre la espinosa cuestión de la megaminería , que incluya, entre otras cosas, la modificación de las leyes mineras sancionadas en los `90.
Este “pacto”, decidido de espaldas a la sociedad , se inserta en un escenario marcado por una gran conflictividad social y una escalada represiva en el noroeste argentino, cuyo epicentro se desplazó desde Tinogasta a Andalgalá, donde se implantó un virtual e inédito estado de sitio, sostenido por los sectores promineros.

Existe toda una casuística en las provincias que es necesario valorizar a la hora de pensar críticamente esta problemática. Así, cabe preguntar con qué credibilidad cuentan los gobernadores para hablar de megaminería y desarrollo . Basta mirar Catamarca, que tras 15 años de explotación megaminera presenta índices desastrosos de desarrollo humano, así como la tasa de empleo público más alta del país-25% de la población económicamente activa trabaja en el Estado, según consignaba el diario El Ancasti en 2010-, lo cual se repite en relación a la Asignación Universal por Hijo , para concluir que este modelo está lejos de haberse convertido en “motor de desarrollo” , como pregonan sus defensores.

Asimismo, de qué nuevos desafíos tecnológicos, económicos y ambientales se nos habla, en nombre de las empresas mixtas, si basta examinar la historia de la asociación del Estado catamarqueño con una empresa multinacional a través del YMAD (Yacimientos Mineros Aguas del Dionisio), la cual confirma la inexistencia de controles estatales sobre la extracción minera , a lo cual se suma la opacidad económica de dicha alianza, que incluye a la Universidad Nacional de Tucumán.
Por último, cabe preguntar con qué autoridad política y ética puede hablar la gobernadora Lucía Corpacci, como si ella no tuviera currículum político alguno , cuando en realidad fue vicegobernadora entre 2007 y 2009, durante uno de los mandatos del radical K, Brizuela del Moral, antes de ser senadora nacional por su provincia. Más aún, cómo puede pretender dar cátedra sobre minería, información y democracia, si la misma se ha desentendido de toda responsabilidad política respecto de la brutal represión de Tinogasta y aún hoy acusa un silencio elocuente sobre lo sucedido en Andalgalá.

En segundo lugar, no es verdad, como muchos afirman con ligereza, que no hubo debates sobre megaminería en el país.
Sin tales debates, resultaría muy difícil explicar la sanción de 9 leyes provinciales – dos de ellas, hoy derogadas- en contra de la megaminería . En realidad, los debates acerca de qué entendemos por desarrollo, así como del carácter insustentable de este tipo de minería, se han venido dando al compás de las luchas, a partir de 2003, primero en Esquel, pero con mayor fuerza desde 2006, en diferentes territorios provinciales.
Por último, hay quienes tienden a silenciar que, a partir de 2009, se han llevado a cabo debates en las universidades públicas sobre los controversiales fondos que Bajo la Alumbrera comenzó a distribuir entre las mismas.

Hay que destacar la ejemplar resolución del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, que en diciembre de 2009 rechazó los 3,3 millones de pesos procedentes de la distribución de utilidades de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio. Esta decisión, adoptada después de consultas con profesionales de las más diversas disciplinas, concluyó en una larga y fundamentada resolución en contra de la megaminería , que planteó la necesidad de revisar los contratos mineros y la legislación existente , al tiempo que manifestó su apoyo a las comunidades afectadas por la minería en sus reclamos reivindicatorios. Una declaración similar proviene de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Habrá entonces que acusar de “fundamentalistas” y “dogmáticas” o tildar de “ambientalistas” estas resoluciones avaladas por diferentes universidades, y apoyadas sobre investigaciones independientes y documentación científica? Así, debemos reconocer que, como en tantas otras épocas, el debate comenzó entonces en el interior, para instalarse -de modo tardío- en la agenda política y mediática nacional.

Pero esto no se debe solamente a las lógicas desconexiones entre lo local/provincial y lo nacional, ni tampoco exclusivamente a la matriz productivista que acusa la tradición peronista, sino a los silencios y zonas ciegas que el progresismo oficialista ha venido acumulando sobre la cuestión de la megaminería , a raíz de la alianza estratégica que el Estado nacional, además de los gobiernos provinciales, mantiene con las corporaciones mineras. No es casual que hoy, frente a la nacionalización de la cuestión, consumada por la pueblada de Famatina, todavía estén aquellos que se resisten a reconocer el carácter genuino de estas movilizaciones, al tiempo que buscan desconocer los aportes que desde el pensamiento crítico en toda América latina se vienen elaborando sobre el tema.
Este hecho incontestable nos advierte acerca de las verdaderas dificultades que atraviesa un debate de esta complejidad, pues no todos están dispuestos a llevar a cabo una discusión de fondo sobre qué entendemos hoy por desarrollo, democracia, soberanía y derechos humanos.

Contexto de Bahía Blanca y regiones aledañas

          Bahía Blanca, según las poblaciones nativas, es la Wecuvú Mapu, la tierra del diablo; un territorio hostil de salinas, que provocaban la desesperanza y la desesperación en cualquier persona.



 En marzo de 1976, la ciudad de Bahía Blanca, aglutinaba a las más importantes guarniciones militares, organismos de defensa y seguridad; la Base Naval de Puerto Belgrano (la más importante del país y una de las más grandes de Latinoamérica); la Base Aeronaval Comandante Espora; la Base Naval de Infantería de Marina; el Comando Vto. Cuerpo de Ejército; el Batallón de Comunicaciones Nº 181; la Delegación Sur de Gendarmería Nacional; la Prefectura Naval Argentina; la Delegación del Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE); la Delegación de la Policía Federal Argentina; la Brigada de Investigaciones y la Unidad Regional Quinta de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.1 El Servicio de Inteligencia Naval tuvo una fuerte presencia en la ciudad, al punto que la memoria local registra el paso de figuras como Astiz, el “Tigre” Acosta, Massera y Scilingo. En 1976, Scilingo se desempeñaba como Teniente de Fragata en Puerto Belgrano.



          Además en la jurisdicción del V Cuerpo actuaron como fuerzas de la represión ilegal comandos civiles con experiencia represiva en la ciudad entre 1974 y 1975, entre ellos los parapoliciales de la AAA, (la derecha sindical de la CGT), los miembros de la CNU (Concentración Nacionalista Universitaria) adscriptos a Inteligencia que habían tenido actuación en el servicio de vigilancia montado por el rector Remus Tetu interventor de la UNS, designado por la gestión Ivanissevich.



         El rectorado de Remus Tetu, es recordado porque en febrero de 1975 ordenó la purga de aproximadamente 170 profesores universitarios y ayudantes de cátedra, principalmente, de los Departamentos de Economía y Humanidades, que fueron torturados en dependencias de la Policía Federal, encarcelados en Villa Floresta y/o trasladados a otras cárceles del país.



         El rector, era un fascista que había huido de Rumania luego de la Segunda Guerra Mundial, y que fue designado interventor de la Universidad Nacional del Sur y la Universidad Nacional del Comahue, para desarrollar la conocida “misión Ivanessevich”, impulsada por el Ministerio de Educación de la presidente Isabel Martínez de Perón, con el objeto de “limpiar a las universidades de elementos subversivos”.

         Los miembros de la Armada Argentina, se transformaron en los matones que colaboraron con el rector, siendo el jefe de custodia el suboficial Jorge Oscar Argibay, quien esta incriminado de asesinar el día 3 de abril de 1975, alrededor de  las 11 de la mañana al alumno David “Watu” Cilleruello, militante de la Federación Juvenil Comunista,  en el área de inscripción en las materias en la UNS, un día antes de asumir como secretario general de la Federación Universitaria del Sur.



         La persecución ideológica, de jóvenes, y adultos, nada lo justifica, y mucho menos la utilización de la violencia ejercida desde el Estado, sobre sus ciudadanos permanentes o transitorios, aplicando tormentos, torturas, y apropiación de personas, y hasta el robo de sus efectos de valor. Recordemos, que esta persecución a sectores militantes, fue ejercida durante fines 74 en adelante, con elementos parapoliciales, que luego se sumaron como mano de obra útil, para los ámbitos castrenses, que gobernarían a partir de 1976.

         Se demonizó la militancia política, social, cultural, partidaria y gremial; y se atacó a los ámbitos de la resistencia popular; hasta la eliminación de las personas. La élite gobernante, se encargó de justificar lo injustificables, y para ello fraguaron actas de defunción, se inventaron enfrentamientos, y se manipuló la información.



         La ciudad también se caracterizó, por la existencia de ámbitos de detención en comisarías de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y en delegaciones de la Policía Federal; pero también al menos tres campos de concentración, los más conocidos La Escuelita y el Batallón 181 en sede del V Cuerpo del Ejército y los centros clandestinos de la Base de Infantería de Marina Baterías II y en la Base Naval de Puerto Belgrano, donde además solían usarse como lugar de detención barcos fondeados en el puerto (A.R.A. 9 de Julio).



         La Escuelita, era un antigua construcción, donde funcionaba un antiguo tambo, quien luego cobijó, por un breve período a los niños de la inmediación, para la enseñanza primaria; y que por su precariedad, sería desalojada a principio de los setenta. La construcción fue acondicionada, por el personal del ejército, y a partir de 1975, se convertiría en el ámbito donde reinaría el horror y los tormentos.  Dicho centro, se  ubicaba en la parte posterior del Comando, en proximidades del Centro Fijo de Comunicaciones e Informaciones del Ejército (CICOFE), paralelo a las vías del Ferrocarril General Roca y una ruta conocida como "Camino de la Carrindanga"-. Constaba de diversas construcciones distantes algunos metros unas de otras, y que pese a estar totalmente desmantelado, los testigos aseguran que  existen vestigios  suficientes, para reconocer el lugar donde estuvieron detenidos sufriendo torturas y vejaciones de todo orden. Por estos días, el predio “La Escuelita”, está siendo investigado por el Equipo de Antropología Forense, dependiente de la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires; que mediante desmalezamiento y excavaciones, lograrán exteriorizar los cimientos, de este centro clandestino de detención; y de esta forma, facilitar las inspecciones oculares de los jueces, querellantes y testigos, siendo estos últimos, quienes transitaron por su interior y que afortunada y milagrosamente sobrevivieron.



         Para comprender la dimensión del accionar represivo, y los atropellos efectuados por elementos militares, policiales, parapoliciales, y del servicio penitenciario debemos tener en cuenta algunas cifras. Según varios testimonios, por “La Escuelita”, habrían pasado alrededor de 600 personas;  por el Batallón 181, unos 200 ó 300 detenidos; y 40 recluidos en el buque fondeado frente a Baterías, mientras que un número imposible de precisar estuvo retenido en el centro clandestino de la Base Naval de Puerto Belgrano, dado la carencia de sobrevivientes. Si bien no hay cifras definitivas, existen dos datos concretos.

         Algunas certezas, pueden establecerse mediante, el listado de 436 detenidos, acusados con el mote de “elementos subversivos”, quienes pasaron por la Unidad Penitenciaria nº 4 de la cárcel de Villa Floresta, listado que incluía presos políticos legales, y ex detenidos-desaparecidos en centros clandestinos de la región blanqueados y detenidos a disposición del PEN.



        Otras precisiones, pueden obtenerse, remitiéndonos al informe final de la CONADEP (Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas), delegación Bahía Blanca y Zonas Aledañas; ente que a partir de mayo de 1984, recepcionó testimonios, que permitieron corroborar los casos de 24 personas fallecidas; 58 desaparecidos; y 66 liberados. Sobre el total anterior; los casos denunciados como ocurridos en Bahía Blanca, son los siguientes: 19 fallecidos; 20 desaparecidos; y 47 liberados. Los restantes casos, corresponden a testimonios recibidos, en la ciudad,  pero cuyos hechos sucedieron en otras zonas del país.  


        Dicho informe, está compuesto por un conjunto de denuncias y testimonios aportados por familiares de víctimas, y ex detenidos, quienes se presentaron espontáneamente, durante los primeros años de restituida la democracia; en cambio otros sectores de la sociedad,  optaron por el silencio; es comprensible el temor de los familiares de las víctimas, a escasos años  de la feroz práctica represiva, en el marco del plan sistemático, que asoló a la ciudad.



        Otros aportes, que contribuyeron a esclarecer lo acontecido, fueron los testimonios de representantes gremiales docentes y alumnos universitarios, quienes sin haber estado en calidad de desaparecidos, habían sido víctimas de la represión. Las fuentes escritas, también lograron arrojar algo de claridad, sobre los procederes más oscuros durante la última dictadura, los artículos periodísticos y editoriales, de revistas de sectores empresariales y del diario "La Nueva Provincia"; medios de comunicación, que justificaron el accionar represivo o se encargaron de distorsionar los acontecimientos, y hasta convertirse en el órgano oficial de difusión de las maniobras fraudulentas, para “blanquear” la aparición de personas fallecidas.

         También dichas publicaciones, permitieron  obtener  datos de estas personas que estuvieron largos períodos detenidos a disposición del P.E.N. o de las autoridades militares.




        La complicidad de ámbitos estatales, puede advertirse, mediante el accionar del Juzgado Federal de nuestra ciudad; producto de la investigación, se constató la existencia de más de ciento setenta (170) habeas corpus, originados con motivos de desapariciones o secuestros, en su gran mayoría contestados negativamente. 

        En dicho tribunal se verificó la existencia de numerosas causas que durante el año 1976 y 1977 se caratulaban: "X.X. s/ Entrega de su Cadáver" y que se formaban al solo y único efecto de entregar cadáveres de personas presuntamente muertas en “enfrentamientos” con Fuerzas de Seguridad.



       Otra complicidad manifiesta, se constató, en función de varios testimonios, que refirieron  que muchas de esas personas, cuyos cadáveres fueron entregados a través de la Justicia, habrían sido vistas con vida en centros clandestinos de detención, o habrían sido secuestrados de sus domicilios por personal de seguridad.



         Un ardid, fue el ocultamiento de los asesinatos posterior a secuestros, torturas y desapariciones, con fraguados enfrentamientos; esta estrategia disminuyó el número de “desaparecidos” de la ciudad. El terror social durante los años oscuros, fue el efecto buscado por los militares;. Tal como declaró el general Vilas,  formaba parte de las llamadas “acciones psicológicas de la guerra anntisubversiva”.2 En las sesiones del juicio celebrado en Bahía Blanca 1986, ante la requisitoria del fiscal Hugo Cañón, en general Vilas reconocía la falsedad de un comunicado de su autoría que ocultaba el secuestro y asesinato previo de Mónica Morán: «Se decidió en ese momento al llegar la Policía de la Prov. de Bs. As. y tropa del ejército regular, montar un operativo de acción sicológica —como era costumbre — con el personal militar que había arribado al lugar. Se trasportan varios cuerpos uniformados, aparentando estar muertos, que es personal de la propia tropa, y en una camilla se transporta a Mónica Morán hasta completar cinco. A esto obedece el comunicado publicado en forma oficial y con conocimiento del Comandante del Vto. Cuerpo en LA NUEVA PROVINCIA. Por ello es que se realiza una sola diligencia judicial de entrega de cadáver...» (Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional, Auto propuesta de extradición, Madrid, 19/8/2003).





         Otra estadística para remitirnos, quizás la más convenientemente, por ser contemporánea; son las denunciadas formuladas ante la justicia local, y que se constituyó en prueba, para permitir en 2009/2010, la elevación a juicio de varias causas sobre la represión en la jurisdicción del V Cuerpo de Ejército; por intermedio de la Unidad de Investigación de Crímenes de Lesa Humanidad del Juzgado Federal, con asiento en la ciudad.

         Según fuentes oficiales, de la citada dependencia, se brindaron precisiones que corroboran,   32 fallecimientos, 14 “desaparecidos” y 53 liberados, sin embargo, ninguna de estas cifras ilumina la real dimensión de la represión; de hecho, los casos denunciados parecen apenas la punta del iceberg y lo mismo podría decirse de aquellos que figuran en los listados de presos en Villa Floresta y/o que fueron trasladados a otras cárceles legales de la dictadura.



         También la connivencia, que por estos días persiste, involucra a sectores de la Justicia bahiense, de ciertos magistrados que suelen excusarse, o provocar dilaciones, y efectivizar excarcelaciones; también debemos adicionar el corporativismo de abogados, y funcionarios judiciales, que garantizan la impunidad, y niegan el acceso a la justicia.



         Merecen un párrafo aparte, y una reivindicación  un número acotado, de abogados que garantizaron, el patrocinio de familiares de desaparecidos, o víctimas, o detenidos, mediante la presentación de Habeas Corpus, en ámbitos jurídicos de la ciudad y la región; la suerte fue dispar en este sentido, algunas de las presentaciones jurídicas, lograron su objetivo; otras en cambio, permiten demostrar que los funcionarios de los juzgados, hicieron caso omiso, y se convirtieron en cómplices de los secuestradores y asesinos, o ser imputados por mal desempeño de funcionarios público. 



         En este mismo sentido, saludamos la coherencia, de fiscales, jueces y camaristas, quienes  celebraron procesos judiciales, antes de la aprobación de las leyes de impunidad de 1986 y 1987, e incluso luego de sancionadas dichas normas, exigieron que se declarasen  inconstitucionales a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Idéntico, criterio sostuvieron ante los indultos de amnistía, de la década del ’90.



         La designación de  jueces, para integrar un tribunal abocado a juzgar los delitos de crímenes de Lesa Humanidad, debe garantizar la imparcialidad, y el derecho al debido proceso. En el caso de Bahía Blanca, la imparcialidad, estuvo viciada, en varias de las designaciones, por los lazos corporativos y las vinculaciones hacia los imputados.

         La actual composición del tribunal, integrada por los Doctores Jorge Ferro, José Mario Triputti, Martin Bava, y Oscar Alberto Hergott (sustituto); son un claro ejemplo de la excelencia de magistrados, quienes tienes la responsabilidad de tomar testimonio, formular preguntas y garantizar la veracidad de los dichos; también asegurar la presencia de testigos, familiares y querellantes, quienes por intermedio sus palabras, sus recuerdos, y anécdotas, aportan verdad, establecen memoria y reclaman justicia.

        Del excelentísimos tribunal, destacamos la comprensión y el trato humanitario, al momento de indagar a víctimas, familiares de desaparecidos o asesinados; que padecieron los efectos del terrorismo de estado. El derecho internacional, considera al genocidio, como delito imprescriptible y todos los culpables de tales acciones, deben sujetarse a derecho, y ser juzgados,  por las infracciones penales, que cometieron.



        La ciudad de Bahía Blanca, está presente ante el hecho histórico más importante con relación a la justicia, que significa juzgar con todas las garantías jurídicas que nunca tuvieron sus víctimas, al primer grupo de genocidas que actuaron en jurisdicción del Comando del Quinto Cuerpo de Ejército desde el Centro Clandestino de Detención “La Escuelita”, y según lo establecido en la  causa expediente Nº 05/07 “Investigación de delitos de Lesa Humanidad cometidos bajo control operacional del Comando Vto. Cuerpo del Ejército”; y sustanciada como Causa N° 982, que juzga hoy a 19 represores.



         Con el apoyo de sobrevivientes, ex-detenidos/desaparecidos, familiares de víctimas de la represión, testigos, compañeros, amigos, militantes por la memoria de distintas organizaciones de derechos humanos y ciudadanos que no quieren convalidar los crímenes cometidos. Ellos se encargaron de armar a lo largo de estos 35 años, un camino hacia la justicia, posicionando pieza por pieza el rompecabezas de la historia reciente, y  reconstruyeron las historias de hombres, mujeres y niños, quienes padecieron los embates de la represión, siendo secuestrados, asesinados, y algunos de ellos aún continúan desaparecidos.



         La memoria colectiva, la recuperación de la verdad, y el deseo de justicia, son fuentes de la lucha, de un proceso que constituye un fortalecimiento para la democracia, generando instancias reparadoras para las víctimas, haciendo justicia a pesar de los años transcurridos, asegurando que los delitos de Lesa Humanidad sean juzgados y condenados; de esta forma se construyen las bases fundamentales de una realidad con la seguridad jurídica que garantiza que este tipo de crímenes no se repitan NUNCA MAS.








El mar y la serpiente

Paula Bombara
Buenos Aires, Grupo Editorial Norma, 2005. Colección Zona libre.
Fotografía de tapa: Andrea Fasani.
Diseño de tapa: Daniela Coduto.
"El dolor reclama justicia. El dolor reclama la verdad.
Para los antiguos griegos el antónimo de olvido
no era memoria, era verdad."
Juan Gelman
La novela de Paula Bombara se inicia indudablemente en la tapa, de cuidadoso diseño, en la que aparece un primer plano de una niña pequeña con un libro abierto, sumamente concentrada en el objetivo de desenmarañar su significado. En el fondo, una biblioteca, y allí el título de esta novela para jóvenes: El mar y la serpiente. Ese título dibujado con la desprolijidad propia de la escritura en una servilleta, en un papelito, es una invitación a descifrar este enigma: una niña, una biblioteca, un mar, una serpiente, elementos que naturalmente no imaginamos relacionados. Se trata tal vez de un rompecabezas, un mapa semántico para descifrar, y ese es el desafío del texto. Como la niña de la tapa el lector abrirá este libro y allí la encontrará con sus frágiles frases infantiles anunciando su historia y proponiéndonos ese trabajo, armar su historia.
La novela se compone de tres partes que definen a través de la construcción discursiva los cambios en el crecimiento de la protagonista desde su primera infancia hasta la adolescencia. Los diferentes niveles del lenguaje han logrado un ajuste admirable con las características propias de estas etapas evolutivas. Es el lenguaje el que va colocando y sacando piezas del mapa semántico hasta llegar al escenario final en el que cada personaje ha encontrado su lugar y su sentido dentro del texto. En este proceso la protagonista va componiendo su identidad, crece desde adentro y cuando logra descifrar quién es en verdad y puede decirlo, encuentra un sentido a su existencia, recupera armonía y se convierte en un sujeto social.
La primera parte se anuncia con el título "La niña" y pone en movimiento su palabra que es a la vez su universo cognitivo, su primer contacto con los enunciados de su madre que responde a sus preguntas que dan comienzo a la historia: la desaparición del padre.
"Digo ¿y papá?
Me dice, no sé.
Papá se fue en bici.
Papá se perdió.
Digo, ¿papá se perdió?
Mamá me mira. No habla. Le cae mucha agua de los ojos."
El llanto de los abuelos, de su madre, escenas familiares que evidencian un duelo, son señales para que el lector comprenda la magnitud de la tragedia. Pero desde la protagonista, sólo es posible transitar por su desconcierto, su imposibilidad de comprender lo que ha ocurrido con un texto definitivo. Las mudanzas que comienzan a sucederse no son traducidas, y se muestran como arbitrariedades que la enojan y la entristecen. La información sobre la muerte de su padre llega a medias: un accidente, se le paró el corazón. La madre amortigua el dolor con una explicación religiosa que intenta sostenerla en la pérdida:
"Mamá dice, cuando te morís, el cuerpo no sirve más. Ahora papá nos mira desde el cielo. Dice, no lo vamos a ver más pero él sí nos ve. Desde el cielo."
Su permanencia en una pequeña casa junto al mar se convierte en una construcción reparadora que se verá interrumpida con un nuevo traslado a Buenos Aires. La fantasía de la niña coloca al mar como el sitio de encuentro con el padre y aquí el lector encuentra una pieza fundamental en el armado de la historia.
La segunda parte titulada "La historia" despliega los detalles que van surgiendo de boca de la madre en la medida que la niña, ahora más grande, le va planteando preguntas más detalladas. La curiosidad se vuelve exigencia, y lentamente el diálogo entre las dos amplifica el texto acotado, los fragmentos se reúnen en un nuevo discurso que contiene al que ya el lector conoce, pero los datos puntuales tienen agregados que permiten conocer las causas y el contexto singular de la desaparición de una persona en una fecha exacta, 1974, y responsables nominados, las bandas parapoliciales de la Triple A.
El relato incluye el pasaje del secuestro que retuvo a la madre durante un período en calidad de detenida-desaparecida en 1976. Con dificultad pero con sencillez brota el paisaje de esa detención: la tortura, las humillaciones, los ojos vendados en el "pozo", como se denominaban las celdas en las que transcurrían los días de los detenidos que luego fueron en su mayoría, desaparecidos.
La niña se entrega a la voz de la madre y el relato la conmueve como si no le perteneciera. La serpiente, un juguete precariamente confeccionado con trozos de tela durante el cautiverio de su mamá, cobra vigor, es símbolo del amor y la esperanza de recuperación de un tiempo perdido.
"—Me dieron los pedazos de tela, una aguja y un hilo rojo. Se me ocurrió hacerte la serpiente porque era lo más fácil: un tubo cosido por las puntas, relleno con alpiste..."
Las formas discursivas cobran tal fuerza de realidad que transforman las palabras en sonidos, y la ficción induce al lector a convertirse en auditor de la conversación, en cierta forma en cómplice de las confesiones de la madre. Esta complicidad se sostiene por la permanente insistencia de que todo lo dicho debe ser ocultado, es decir, ese texto que estamos leyendo no debe ser confiado a nadie. En esta segunda parte se refuerza esta inclusión del que lee, como una invitación a tomar parte en la novela en el rol de un personaje testigo de la historia narrada. En cierta medida, un cómplice del secreto compartido entre madre e hija.
Esta manera singular que ha elegido la autora para producir su novela, nos remite a la reflexión sobre la cuestión de la memoria que formuló Elizabeth Jelin, en agosto del año 2000:
"¿Qué importa de todo esto para pensar sobre la memoria? Primero, importa el tener o no tener palabras para expresar lo vivido, para construir la experiencia y la subjetividad a partir de eventos y acontecimientos que nos chocan. Una de las características de las experiencias traumáticas es la masividad del impacto que provocan, creando un hueco en la capacidad de "ser hablado" o contado. Se provoca un agujero en la capacidad de representación psíquica. Faltan las palabras, faltan los recuerdos. La memoria queda desarticulada y sólo aparecen huellas dolorosas, patologías y silencios" (1)
La tercera parte que se titula "La decisión", presenta a la protagonista provista de un desenfado lingüístico que la impulsan a formular apreciaciones sobre su historia, su madre, y la escuela, en términos que definen el pasaje de la niñez a la adolescencia. El discurso corresponde efectivamente a una adolescente en rebeldía contra el sistema escolar, las formalidades y las exigencias que plantea un adulto:

"¿A quién quiero engañar? ¡Si es un embole! Pero la redacción ¿por qué no eligió a la vaca que es tan bonita? Se me ocurren mil cosas sobre las vacas. Encima hay que leerla en el frente. Está loca la profe bueno ¿ella que sabe? Ni se debe imaginar que tiene a una hija de desaparecidos en la clase pero ¿por qué? ¡ni que fuera la única! seguro que hay otros"
Del balbuceo de la primera parte, llegamos a esta locución compleja, fresca, autónoma y con rasgos paródicos de las típicas producciones escritas en el ámbito escolar. Es posible calcular que el tiempo ha pasado no solamente para la niña de la novela, sino para la sociedad en su conjunto que va armando también en un penoso proceso la reconstrucción de la memoria. Y es en este momento de la novela que el lector puede despejar finalmente todas sus dudas porque habrá un tránsito del silencio a la verdad.
A modo de desenlace aparece la carta, ese trabajo de redacción que una profesora le pide porque es "24 de marzo", fecha clave en la historia de la Argentina. El texto aparece escrito en un papel que tiene renglones como las hojas habituales de una carpeta de estudiante. La escritura vuelve a resignificar la totalidad de la novela, que es finalmente eso, la historia de una escritura que se autoproduce y se va cargando de sentido página a página hasta llegar a la verdad sospechada que ahora es enunciado histórico:
"Hoy nos faltan 30.000 personas con nombre y apellido.
30.000 es un montón de gente."
Ahora es posible comprender la relación mar/serpiente, en un presente que puede contener el pasado, y al mismo tiempo prefigurar lo que vendrá. La función de la escuela como el lugar posible en el que se den cita los hechos históricos posibilita cierta forma de reparación para la protagonista porque se incluye en un acontecer colectivo y deja atrás la clandestinidad y el silencio que la habían definido en un terreno de dolor individual y personalizado. Similar proceso recorrerá el lector adolescente: el conocimiento de la verdad que revela la novela es también su propio recorrido. Emergerá del rompecabezas con un mapa semántico cargado de significados.
Este final coloca la escuela en un rol decisivo: transmitir la verdad histórica, posibilitar el diálogo, el debate, la comunión con los que más padecieron la criminalidad en tiempos de la dictadura militar en Argentina (1976-1983). Sobre esta función educativa de las instituciones educativas opinó el conocido teórico del campo literario Tzvetan Todorov:
"...que la historia se escriba, que las instancias políticas tomen posición sobre estas cuestiones, que los manuales escolares, los sitios oficiales de conmemoración reflejen el pasado reciente: ahí sí creo que hay un buen camino. Un pueblo tiene que poder hacer frente a su pasado" (2)
La novela de Paula Bombara tiene un campo de recepción muy amplio entre los jóvenes que hoy se interesan por encontrar en la literatura testimonios de aquello que fue velado, ocultado. Las voces que la autora logró construir, son eficaces porque apelan a lo más hondo de la condición humana y no intentan traspasar la conciencia del Otro. Una virtud en el texto para ser recuperada es —exactamente— el respeto por el receptor y la prevalencia de lo afectivo y lo ético por encima de las controversias racionales de los hechos históricos.
Lidia Blanco
Notas
(1) Jelin, Elizabeth. "Memorias en Conflicto". Conferencia pronunciada en el Encuentro por la Reconstrucción de la Memoria. La Plata, agosto de 2002.
Elizabeth Jelin es profesora de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Investigadora Principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Directora del programa de investigación comparativa y formación de investigadores jóvenes sobre "Memoria colectiva y represión". Es miembro del Comité Científico de la UNESCO, que trabaja en la investigación de situaciones de terrorismo de estado y sus consecuencias sociales y culturales.
(2) Todorov, Tzevetan. Entrevista realizada por Gonzalo Garcés y publicada en la Revista Puentes N° 4; La Plata, Comisión Provincial por la Memoria..Argentina, julio de 2001; pag. 22.