Bahía Blanca, según las poblaciones nativas, es la Wecuvú Mapu, la tierra del diablo; un territorio hostil de salinas, que provocaban la desesperanza y la desesperación en cualquier persona.
Además en la jurisdicción del V Cuerpo actuaron como fuerzas de la represión ilegal comandos civiles con experiencia represiva en la ciudad entre 1974 y 1975, entre ellos los parapoliciales de la AAA, (la derecha sindical de la CGT), los miembros de la CNU (Concentración Nacionalista Universitaria) adscriptos a Inteligencia que habían tenido actuación en el servicio de vigilancia montado por el rector Remus Tetu interventor de la UNS, designado por la gestión Ivanissevich.
El rectorado de Remus Tetu, es recordado porque en febrero de 1975 ordenó la purga de aproximadamente 170 profesores universitarios y ayudantes de cátedra, principalmente, de los Departamentos de Economía y Humanidades, que fueron torturados en dependencias de la Policía Federal, encarcelados en Villa Floresta y/o trasladados a otras cárceles del país.
El rector, era un fascista que había huido de Rumania luego de la Segunda Guerra Mundial, y que fue designado interventor de la Universidad Nacional del Sur y la Universidad Nacional del Comahue, para desarrollar la conocida “misión Ivanessevich”, impulsada por el Ministerio de Educación de la presidente Isabel Martínez de Perón, con el objeto de “limpiar a las universidades de elementos subversivos”.
Los miembros de la Armada Argentina, se transformaron en los matones que colaboraron con el rector, siendo el jefe de custodia el suboficial Jorge Oscar Argibay, quien esta incriminado de asesinar el día 3 de abril de 1975, alrededor de las 11 de la mañana al alumno David “Watu” Cilleruello, militante de la Federación Juvenil Comunista, en el área de inscripción en las materias en la UNS, un día antes de asumir como secretario general de la Federación Universitaria del Sur.
La persecución ideológica, de jóvenes, y adultos, nada lo justifica, y mucho menos la utilización de la violencia ejercida desde el Estado, sobre sus ciudadanos permanentes o transitorios, aplicando tormentos, torturas, y apropiación de personas, y hasta el robo de sus efectos de valor. Recordemos, que esta persecución a sectores militantes, fue ejercida durante fines 74 en adelante, con elementos parapoliciales, que luego se sumaron como mano de obra útil, para los ámbitos castrenses, que gobernarían a partir de 1976.
Se demonizó la militancia política, social, cultural, partidaria y gremial; y se atacó a los ámbitos de la resistencia popular; hasta la eliminación de las personas. La élite gobernante, se encargó de justificar lo injustificables, y para ello fraguaron actas de defunción, se inventaron enfrentamientos, y se manipuló la información.
La ciudad también se caracterizó, por la existencia de ámbitos de detención en comisarías de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y en delegaciones de la Policía Federal; pero también al menos tres campos de concentración, los más conocidos La Escuelita y el Batallón 181 en sede del V Cuerpo del Ejército y los centros clandestinos de la Base de Infantería de Marina Baterías II y en la Base Naval de Puerto Belgrano, donde además solían usarse como lugar de detención barcos fondeados en el puerto (A.R.A. 9 de Julio).
La Escuelita, era un antigua construcción, donde funcionaba un antiguo tambo, quien luego cobijó, por un breve período a los niños de la inmediación, para la enseñanza primaria; y que por su precariedad, sería desalojada a principio de los setenta. La construcción fue acondicionada, por el personal del ejército, y a partir de 1975, se convertiría en el ámbito donde reinaría el horror y los tormentos. Dicho centro, se ubicaba en la parte posterior del Comando, en proximidades del Centro Fijo de Comunicaciones e Informaciones del Ejército (CICOFE), paralelo a las vías del Ferrocarril General Roca y una ruta conocida como "Camino de la Carrindanga"-. Constaba de diversas construcciones distantes algunos metros unas de otras, y que pese a estar totalmente desmantelado, los testigos aseguran que existen vestigios suficientes, para reconocer el lugar donde estuvieron detenidos sufriendo torturas y vejaciones de todo orden. Por estos días, el predio “La Escuelita”, está siendo investigado por el Equipo de Antropología Forense, dependiente de la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires; que mediante desmalezamiento y excavaciones, lograrán exteriorizar los cimientos, de este centro clandestino de detención; y de esta forma, facilitar las inspecciones oculares de los jueces, querellantes y testigos, siendo estos últimos, quienes transitaron por su interior y que afortunada y milagrosamente sobrevivieron.
Para comprender la dimensión del accionar represivo, y los atropellos efectuados por elementos militares, policiales, parapoliciales, y del servicio penitenciario debemos tener en cuenta algunas cifras. Según varios testimonios, por “La Escuelita”, habrían pasado alrededor de 600 personas; por el Batallón 181, unos 200 ó 300 detenidos; y 40 recluidos en el buque fondeado frente a Baterías, mientras que un número imposible de precisar estuvo retenido en el centro clandestino de la Base Naval de Puerto Belgrano, dado la carencia de sobrevivientes. Si bien no hay cifras definitivas, existen dos datos concretos.
Algunas certezas, pueden establecerse mediante, el listado de 436 detenidos, acusados con el mote de “elementos subversivos”, quienes pasaron por la Unidad Penitenciaria nº 4 de la cárcel de Villa Floresta, listado que incluía presos políticos legales, y ex detenidos-desaparecidos en centros clandestinos de la región blanqueados y detenidos a disposición del PEN.
Otras precisiones, pueden obtenerse, remitiéndonos al informe final de la CONADEP (Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas), delegación Bahía Blanca y Zonas Aledañas; ente que a partir de mayo de 1984, recepcionó testimonios, que permitieron corroborar los casos de 24 personas fallecidas; 58 desaparecidos; y 66 liberados. Sobre el total anterior; los casos denunciados como ocurridos en Bahía Blanca, son los siguientes: 19 fallecidos; 20 desaparecidos; y 47 liberados. Los restantes casos, corresponden a testimonios recibidos, en la ciudad, pero cuyos hechos sucedieron en otras zonas del país.
Dicho informe, está compuesto por un conjunto de denuncias y testimonios aportados por familiares de víctimas, y ex detenidos, quienes se presentaron espontáneamente, durante los primeros años de restituida la democracia; en cambio otros sectores de la sociedad, optaron por el silencio; es comprensible el temor de los familiares de las víctimas, a escasos años de la feroz práctica represiva, en el marco del plan sistemático, que asoló a la ciudad.
Otros aportes, que contribuyeron a esclarecer lo acontecido, fueron los testimonios de representantes gremiales docentes y alumnos universitarios, quienes sin haber estado en calidad de desaparecidos, habían sido víctimas de la represión. Las fuentes escritas, también lograron arrojar algo de claridad, sobre los procederes más oscuros durante la última dictadura, los artículos periodísticos y editoriales, de revistas de sectores empresariales y del diario "La Nueva Provincia"; medios de comunicación, que justificaron el accionar represivo o se encargaron de distorsionar los acontecimientos, y hasta convertirse en el órgano oficial de difusión de las maniobras fraudulentas, para “blanquear” la aparición de personas fallecidas.
También dichas publicaciones, permitieron obtener datos de estas personas que estuvieron largos períodos detenidos a disposición del P.E.N. o de las autoridades militares.
La complicidad de ámbitos estatales, puede advertirse, mediante el accionar del Juzgado Federal de nuestra ciudad; producto de la investigación, se constató la existencia de más de ciento setenta (170) habeas corpus, originados con motivos de desapariciones o secuestros, en su gran mayoría contestados negativamente.
En dicho tribunal se verificó la existencia de numerosas causas que durante el año 1976 y 1977 se caratulaban: "X.X. s/ Entrega de su Cadáver" y que se formaban al solo y único efecto de entregar cadáveres de personas presuntamente muertas en “enfrentamientos” con Fuerzas de Seguridad.
Otra complicidad manifiesta, se constató, en función de varios testimonios, que refirieron que muchas de esas personas, cuyos cadáveres fueron entregados a través de la Justicia, habrían sido vistas con vida en centros clandestinos de detención, o habrían sido secuestrados de sus domicilios por personal de seguridad.
Un ardid, fue el ocultamiento de los asesinatos posterior a secuestros, torturas y desapariciones, con fraguados enfrentamientos; esta estrategia disminuyó el número de “desaparecidos” de la ciudad. El terror social durante los años oscuros, fue el efecto buscado por los militares;. Tal como declaró el general Vilas, formaba parte de las llamadas “acciones psicológicas de la guerra anntisubversiva”.2 En las sesiones del juicio celebrado en Bahía Blanca 1986, ante la requisitoria del fiscal Hugo Cañón, en general Vilas reconocía la falsedad de un comunicado de su autoría que ocultaba el secuestro y asesinato previo de Mónica Morán: «Se decidió en ese momento al llegar la Policía de la Prov. de Bs. As. y tropa del ejército regular, montar un operativo de acción sicológica —como era costumbre — con el personal militar que había arribado al lugar. Se trasportan varios cuerpos uniformados, aparentando estar muertos, que es personal de la propia tropa, y en una camilla se transporta a Mónica Morán hasta completar cinco. A esto obedece el comunicado publicado en forma oficial y con conocimiento del Comandante del Vto. Cuerpo en LA NUEVA PROVINCIA. Por ello es que se realiza una sola diligencia judicial de entrega de cadáver...» (Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional, Auto propuesta de extradición, Madrid, 19/8/2003).
Otra estadística para remitirnos, quizás la más convenientemente, por ser contemporánea; son las denunciadas formuladas ante la justicia local, y que se constituyó en prueba, para permitir en 2009/2010, la elevación a juicio de varias causas sobre la represión en la jurisdicción del V Cuerpo de Ejército; por intermedio de la Unidad de Investigación de Crímenes de Lesa Humanidad del Juzgado Federal, con asiento en la ciudad.
Según fuentes oficiales, de la citada dependencia, se brindaron precisiones que corroboran, 32 fallecimientos, 14 “desaparecidos” y 53 liberados, sin embargo, ninguna de estas cifras ilumina la real dimensión de la represión; de hecho, los casos denunciados parecen apenas la punta del iceberg y lo mismo podría decirse de aquellos que figuran en los listados de presos en Villa Floresta y/o que fueron trasladados a otras cárceles legales de la dictadura.
También la connivencia, que por estos días persiste, involucra a sectores de la Justicia bahiense, de ciertos magistrados que suelen excusarse, o provocar dilaciones, y efectivizar excarcelaciones; también debemos adicionar el corporativismo de abogados, y funcionarios judiciales, que garantizan la impunidad, y niegan el acceso a la justicia.
Merecen un párrafo aparte, y una reivindicación un número acotado, de abogados que garantizaron, el patrocinio de familiares de desaparecidos, o víctimas, o detenidos, mediante la presentación de Habeas Corpus, en ámbitos jurídicos de la ciudad y la región; la suerte fue dispar en este sentido, algunas de las presentaciones jurídicas, lograron su objetivo; otras en cambio, permiten demostrar que los funcionarios de los juzgados, hicieron caso omiso, y se convirtieron en cómplices de los secuestradores y asesinos, o ser imputados por mal desempeño de funcionarios público.
En este mismo sentido, saludamos la coherencia, de fiscales, jueces y camaristas, quienes celebraron procesos judiciales, antes de la aprobación de las leyes de impunidad de 1986 y 1987, e incluso luego de sancionadas dichas normas, exigieron que se declarasen inconstitucionales a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Idéntico, criterio sostuvieron ante los indultos de amnistía, de la década del ’90.
La designación de jueces, para integrar un tribunal abocado a juzgar los delitos de crímenes de Lesa Humanidad, debe garantizar la imparcialidad, y el derecho al debido proceso. En el caso de Bahía Blanca, la imparcialidad, estuvo viciada, en varias de las designaciones, por los lazos corporativos y las vinculaciones hacia los imputados.
La actual composición del tribunal, integrada por los Doctores Jorge Ferro, José Mario Triputti, Martin Bava, y Oscar Alberto Hergott (sustituto); son un claro ejemplo de la excelencia de magistrados, quienes tienes la responsabilidad de tomar testimonio, formular preguntas y garantizar la veracidad de los dichos; también asegurar la presencia de testigos, familiares y querellantes, quienes por intermedio sus palabras, sus recuerdos, y anécdotas, aportan verdad, establecen memoria y reclaman justicia.
Del excelentísimos tribunal, destacamos la comprensión y el trato humanitario, al momento de indagar a víctimas, familiares de desaparecidos o asesinados; que padecieron los efectos del terrorismo de estado. El derecho internacional, considera al genocidio, como delito imprescriptible y todos los culpables de tales acciones, deben sujetarse a derecho, y ser juzgados, por las infracciones penales, que cometieron.
La ciudad de Bahía Blanca, está presente ante el hecho histórico más importante con relación a la justicia, que significa juzgar con todas las garantías jurídicas que nunca tuvieron sus víctimas, al primer grupo de genocidas que actuaron en jurisdicción del Comando del Quinto Cuerpo de Ejército desde el Centro Clandestino de Detención “La Escuelita”, y según lo establecido en la causa expediente Nº 05/07 “Investigación de delitos de Lesa Humanidad cometidos bajo control operacional del Comando Vto. Cuerpo del Ejército”; y sustanciada como Causa N° 982, que juzga hoy a 19 represores.
Con el apoyo de sobrevivientes, ex-detenidos/desaparecidos, familiares de víctimas de la represión, testigos, compañeros, amigos, militantes por la memoria de distintas organizaciones de derechos humanos y ciudadanos que no quieren convalidar los crímenes cometidos. Ellos se encargaron de armar a lo largo de estos 35 años, un camino hacia la justicia, posicionando pieza por pieza el rompecabezas de la historia reciente, y reconstruyeron las historias de hombres, mujeres y niños, quienes padecieron los embates de la represión, siendo secuestrados, asesinados, y algunos de ellos aún continúan desaparecidos.
La memoria colectiva, la recuperación de la verdad, y el deseo de justicia, son fuentes de la lucha, de un proceso que constituye un fortalecimiento para la democracia, generando instancias reparadoras para las víctimas, haciendo justicia a pesar de los años transcurridos, asegurando que los delitos de Lesa Humanidad sean juzgados y condenados; de esta forma se construyen las bases fundamentales de una realidad con la seguridad jurídica que garantiza que este tipo de crímenes no se repitan NUNCA MAS.
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