Unas 200 personas, fundamentalmente jóvenes y pobres, desaparecieron desde el retorno de la democracia. Más de 4 mil fueron víctimas de violencia institucional en el mismo período. La represión está vigente en el brazo de la Policía y la complicidad de los poderes del Estado. Un documental colectivo, anónimo y militante pone en jaque la concepción de derechos humanos con la que polemizan los políticos en TV. Imagen: “Nunca digas nunca”
Por Nahuel Lag
“Nunca vamos a aceptar la desigualdad.
Nunca vamos a aceptar que nos desaparezcan.”
Sara Hebe y Ramiro Jota, “Nunca digas nunca”
La dictadura militar no fue una guerra, la dictadura fue un genocidio: se violaron los derechos humanos, se desaparecieron a 30 mil militantes, a 30 mil personas. Esta afirmación hoy irrefutable, esa realidad hoy juzgada en los tribunales federales, tardó 30 años en comenzar a ser sanada. Treinta años de una larga batalla política, jurídica y cultural dada por los organismos de derechos humanos. Este 10 diciembre la democracia cumplió 31 como sistema de gobierno en la Argentina, el período más largo en la historia del país, y se lo celebró como el Día de los Derechos Humanos. ¿Pero qué significan para la generación nacida en democracia? ¿Qué es vivir en democracia? Nunca digas nunca, documental independiente, colectivo y anónimo, está hecho por esa generación y para esa generación. Se habla a sí misma, se advierte sobre desapariciones, sobre las 200 ocurridas en democracia, sobre derechos aún no cubiertos en los barrios pobres, sobre un sistema represivo en el que “los desaparecidos de ayer son los excluidos de hoy”. La represión y la desaparición aún están allá afuera, vigentes en el brazo de la Policía y la complicidad de los poderes del Estado.
La masacre de Budge, 1987, que al inicio de la democracia desató las primeras movilizaciones populares por “gatillo fácil”; Walter Bulacio, 1991; Miguel Bru, 1993; Julio López, 2006; Luciano Arruga, 2009; Jonathan “Kiki” Lezcano y Ezequiel Blanco, 2009. “Nuestra cámara apunta adonde nadie quiere ver”, señala una de las voces femeninas en off, parte del colectivo anónimo autor del documental. Estrenado a fines de octubre en el cine Gaumont y en gira militante permanente, el audiovisual recupera el “manifiesto”, práctica de los colectivos documentalistas, y lo aggiorna a estos tiempos: libre circulación, copia y distribución, sin fines comerciales. “El documental es más allá de nosotrxs”, definen.
Vanesa Orieta, hermana de Luciano, señala la herida abierta de la desaparición en democracia. Cuenta la historia de su hermano, mientras el montaje abre ventanas a la plaza del barrio 12 de Octubre, en La Matanza, rebautizada en honor al adolescente. Nunca digas nunca comenzó a rodarse cuando las cámaras no estaban sobre Vanesa ni su madre Mónica Alegre ni su lucha, y se estrenó días después de la aparición del joven, enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. Angélica Urquiza, madre de “Kiki”, también narra su historia, de similares matices: la Policía, la desaparición, la justicia sin respuestas, los gobiernos ausentes, la aparición como NN.
Sobre fondo negro, las entrevistadas, siempre ellas, relatan la violencia institucional, los lazos vigentes entre genocidas y Policía y las prácticas no depuradas. Nilda Eloy, integrante de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos y amiga de Jorge Julio López, y Rosa Schonfeld, madre de Miguel Bru, se suman a Orieta, Alegre y Urquiza. Solo ellas y sus voces, y sus cuerpos, los que ponen cada día en la calle para continuar la lucha. Ellas, las Madres de hoy. “Yo decía ‘Miguel no está’, no decía ‘desaparecido’, me duele tanto la palabra (…). Ni olvido ni perdón: es el mismo sentimiento que el de las Madres”, relata Rosa.
Mientras en la agenda mediática-política el debate por los derechos humanos gira en torno a chicanas de campaña sobre “curros” o no, el documental recurre al archivo, a la animación y a la entrevista para trazar una línea temporal de represión en democracia, esa represión invisibilizada por el tratamiento mediático: “Los dueños de la verdad, dueños de la mentira”, sostiene el colectivo autor. El eje argumental del audiovisual está sostenido en las voces de María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), y Sergio “Cherco” Smietniansky, abogado de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (Cadep). “La función de la democracia es garantizar Nunca Más poner en riesgo el sistema”, sentencia Verdú en relación a las ideas socialistas que embanderaban a los jóvenes desaparecidos en los ’70.
Imagen: “Nunca digas nunca”
Por su fuerza política y su claridad conceptual, Orieta y Eloy también se transforman en ejes claves del relato crítico hacia el actual sistema de control y represión sobre las clases pobres, que se naturaliza, invisibiliza y olvida. “Cuando el individuo pasa a ser lo cotidiano, ya no necesitás tanto del miedo”, resume Eloy, entre los centros clandestinos de detención para el espíritu colectivo de los ’70 y el nuevo modelo de represión aplicada al fin de la democracia y con la idiosincrasia social instalada con el neoliberalismo. Con la continuidad de la lucha de los organismos de derechos humanos, el documental vuelve a la actualidad con el reconocimiento al kirchnerismo por poner fin a la impunidad de los delitos cometidos por la dictadura, aunque con una mirada crítica sobre la demora en los procesos y penas alcanzadas.
La responsabilidad del poder judicial en relación a los casos de la dictadura es pasada por alto, pero rápidamente los testimonios le dan relevancia en el sistema de impunidad actual: “Gatillo fácil, sobreseimiento fácil”, apunta Smietniansky. Códigos de falta, edictos policiales, contravenciones, detenciones arbitrarias y detenciones por averiguación de antecedentes son enumeradas como las prácticas —contrarias a los tratados internacionales y derechos constitucionales— de la represión en democracia. A los usos y costumbres del brazo policial le siguen “la soledad, estrategia de la impunidad”, cita el colectivo un texto de los abogados de la familia Arruga para resumir el rol de la Justicia y los poderes ejecutivos a nivel local, provincial y nacional frente a las familias víctimas de la violencia institucional.
Las prácticas de impunidad son reconstruidas por César Antillanca, papá de Julián, asesinado por la Policía en 2010, y por varias otras voces surgidas del nutrido registro de movilizaciones, actos y conferencias. Atahualpa Martínez Vinaya, Jorge Pilquiman y Matías Bernhardt son víctimas: sus nombres aparecen, se nombran. “Quien quiera cambiar las cosas es el enemigo interno del Estado”, sentencia Verdú y sostiene sus palabras en los 4.278 asesinatos por violencia institucional registrados por Correpi. En un 51 por ciento de los casos, las víctimas fueron menores de 25 años. Un 45 por ciento son exponentes de gatillo fácil; un 39, de torturas en cárceles, en donde los adolescentes siguen siendo alojados en contra de la ley.
“Somos una generación que nació en democracia”, vuelve a convocar el documental e invita a ponerle nombre a la violencia fuera de la agenda mediática-política para no volver a esperar 30 años. “Genocidio por goteo”, la nombró el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni en un texto reciente y con matices a discutir, pero válido como un primer reconocimiento institucional de la problemática. “¿Cómo se busca en democracia? ¿Cómo, ante un Estado que dice proteger los derechos?”, inquiere la voz en off y aparece otro testimonio fuerte del documental: César González, conocido también como Camilo Blajaquis, seudónimo con el que firmó sus libros de poesía en la cárcel.
Frente al sistema presente de represión la respuesta está “en la presión social”, señalan los familiares. “Muerte al espectador. Rechazamos la inmovilidad frente a las pantallas”, desafía el colectivo en su manifiesto y utiliza el cierre del documental para retratar la respuesta que ya se da en los barrios pobres: organización de base frente a la impunidad. Murgas, música, ayuda escolar, talleres: Asociación Miguel Bru, La Casita de “Kiki”, Espacio para la Memoria Luciano Arruga. “Somos una generación que vive en una democracia que naturaliza la desigualdad y esconde la tortura. Organizarse es tornar real la situación, hacerse cargo de los nos duele.”
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